Un artigo de SEVACH
El culebrón de los trienios del personal interino llega a su fin con la Sentencia de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo del 21 de Febrero de 2014. Se trataba en esta ocasión de determinar si el Estado era responsable del pago retroactivo de los trienios al personal interino ya que el Estatuto Básico del Empleado Público (EBEP) fijaba sus efectos desde su vigencia ( Abril de 2007) pese a que la Directiva europea fijaba como límite de transposición al Derecho interno el 10 de Julio de 2001.
2. Algunos funcionarios interinos con sentencias que estimaban su derecho pero con el citado límite temporal no se conformaron, aceptaron la cosa juzgada, pero con la sensación de que el Estado había hecho mal sus deberes, acudieron a pedir responsabilidad patrimonial al Estado legislador. Así, en el caso ahora zanjado por el Supremo intentaron exigir responsabilidad al Estado que con su demora al aprobar el EBEP había esfumado el derecho al pago retroactivo de los períodos anteriores.
3. El Tribunal Supremo en un laboriosa de 21 de Febrero de 2014, aborda la responsabilidad del Estado legislador frente al incumplimiento del Derecho comunitario y analiza los tres requisitos para que prospere.
En primer lugar, el Supremo confirma que hay un incumplimiento formal puesto que el plazo para trasponer la Directiva 1999/70/CE, de 28 de Junio vencía en el año 2001 y el EBEB la transpone el año 2007 (¡!).
En segundo lugar, el Supremo confirma que hay un incumplimiento material porque el EBEP realiza una transposición incorrecta, pues al extender su efecto a los funcionarios interinos limita su eficacia a la entrada en vigor del EBEP, negando su retroactividad. O sea perjuicio económico real.
Y en tercer lugar, el Supremo cambia de tono al examinar el tercer requisito, el relativo a que exista un incumplimiento “suficientemente caracterizado” y ..¡ rechaza que concurra en el presente caso!
4. Recordaremos que el concepto“ incumplimiento suficientemente caracterizado” es un concepto jurídico-comunitario indeterminado y que pretende poner coto a los excesos a la hora de exigir la responsabilidad Estatal por la transposición indebida de las Directivas si estas no estaban claras o dejaban un margen de apreciación. En suma, introduce un curioso concepto de “culpa” para la generación de responsabilidad patrimonial del legislador.
Así la Sala considera en el caso de autos que la Directiva dejaba “un cierto margen de apreciación a las autoridades nacionales para determinar su extensión, pues los términos que empleaba avalaban su aplicación a los trabajadores con un contrato de duración determinada”, de manera que no quedó clara su extensión al personal estatutario hasta la Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 22 de Diciembre de 2010 que, tras la anterior STJUE de 13 de Septiembre de 2007, precisó su alcance retroactivo para el personal estatutario.
En suma, el Supremo no aprecia el tercer requisito para la responsabilidad del Estado pues “no estamos ante una infracción del Derecho de la Unión suficientemente caracterizada, en definitiva, porque no se trata de una situación que ha perdurado tras haberse dictado una sentencia en la que se declaraba la existencia del mismo incumplimiento ahora reprochado ni concurría el grado de claridad suficiente, ni la intencionalidad en la comisión de la infracción denegada”. Se desestima el recurso se imponen las costas en la cifra máxima de 4000 euros.
5. Queda zanjada la cuestión y seguro que está muy clarita en la sentencia que podéis releer aquí. Sin embargo a Sevach le quedan dos dudas:
a) Desde el origen de los tiempos comunitarios toda la normativa comunitaria, Directivas incluidas, aluden con carácter general a “trabajadores” como concepto omnicomprensivo de todo tipo de relación profesional ya que no todos los Estados tienen funcionarios y los que los tienen los limitan a una esfera de poder público muy limitada. ¿Acaso a la hora de aprobar el EBEP, norma estatal y básica, plagada de Comisiones e informes jurídicos, a nadie se le ocurrió recordar que la Directiva Comunitaria sobre igualdad entre temporales y fijos, no distinguía entre laborales y funcionarios?
b) Si el EBEP fijó el plazo de efectos de modo cicatero en su entrada en vigor no fue por candor político ni de buena fe; basta examinar los antecedentes negociadores para percatarse de la realidad. ¿Acaso alguien duda que la “moneda de cambio” para su reconocimiento legal (que ya tardaba) fue la condición de Hacienda de que el arranque de efectos fuere la propia Ley, con ignorancia deliberada del mandato retroactivo de la Directiva?.
6. Solo me queda agradecer al bufete Taus que me remitió la sentencia, no solo por el hábil planteamiento de la demanda ( ya que el buen Derecho nace de los casos difíciles), sino por su generosidad al indicarme que “es conveniente que se conozca, entre otras cosas para que los interesados que tengan un recurso pendiente ante la misma Sala puedan desistir a tiempo para librarse de las costas (cuyo límite máximo no es precisamente bajo, 4.000 €)”.
Con ello avanzamos en la senda del criterio del Tribunal Supremo sobre la responsabilidad del Estado legislador por incumplimiento del Derecho comunitario, un mundo apasionante por estar en juego el pulso entre Poder Judicial, Poder Legislativo (el que rompe los platos) y Poder Ejecutivo (el que debiera pagar los platos rotos). Ya en su día dediqué un post al importante y didáctico dictamen del Consejo de Estado sobre las garantías del Derecho comunitario.
Etiquetas: Interinos , Sentenzas , Trienios
