Sin cobrar el paro por atasco judicial

26 de abril de 2014

Una mujer cuyo despido fue declarado nulo por el Tribunal Supremo espera el subsidio.

Desde hace cuatro años se mantiene en el limbo la ejecución de su sentencia. 


María José Garza. en la cocina de su casa / NACHO GÓMEZ
"Ayer vendí una docena de huevos, pero si los vendo no los comemos nosotros. Ya solo me quedan tres gallinas, porque otras dos se me murieron de hambre. En tiempos llegué a tener cuatro cerdos y 20 o 30 pollos. Pero ahora ni la huerta me da de comer. Este año llovió tanto que se me inundó varias veces, y si quieres que te hagan una obra para remediarlo tienes que pagar. Los niños, al mediodía, comen en el cole, y el viernes se van a casa del padre y ya comen allí. Menos mal. Porque el dilema mío es: o comes o pagas la hipoteca. Este mes, además, tengo que pagar la contribución municipal. Me dicen que hay que estar al día para optar a un abogado de oficio. Así que yo voy pidiendo prestado para la casa, pero debo tres meses. Si el día 1 no pago, el Popular me mandará otra vez la notificación para el embargo”.

María José Garza trabajó como limpiadora, cotizó con ello unos ocho años y tiene derecho a un paro que no cobra y que espera desde 2009. Explica que la empresa que la despidió, la monfortina JC Farmayor (del mismo conglomerado que Celtifarma, un almacén farmacéutico que cayó bajo la lupa de los inspectores de Sanidade, fue investigado por la Guardia Civil por supuesto tráfico de opiáceos y tiene abierta una causa en los juzgados de Monforte por presunto fraude fiscal), nunca la dio de baja. Y por esto, y porque la justicia mantuvo en un limbo —según un portavoz de los tribunales, a causa de un sinfín de escollos— la ejecución de la sentencia que declaró nulo su despido, vive en la pobreza extrema.

Fue la sala de lo Social del Tribunal Superior de Xustiza la que en diciembre de 2010 dictó la nulidad de su despido, un fallo que después ratificó el Supremo al no admitir siquiera el recurso de casación de la empresa. “El juzgado de lo Social número 2 de Lugo tenía que hacer efectiva la ejecución de la sentencia, pero hasta ahora no lo hizo”, explica de manera resumida María José. Un cúmulo de circunstancias, según el portavoz de los juzgados, entorpecieron este desenlace. Entre las muchas que cita, está “la imposibilidad de encontrar bienes embargables” a la empresa, que “sin embargo sigue dada de alta”. “Este no es un problema aislado”, continúa el portavoz: desde que arrecia la crisis, los juzgados de lo Social se encuentran atascados por situaciones parecidas, sobre todo en la provincia de Pontevedra. A expensas de esto y angustiados porque pasa el tiempo, los extrabajadores esperan cobrar mientras algún magistrado ordena “rastrear los movimientos bancarios y el patrimonio” de empresas que a estas alturas ya “no tienen nada a su nombre”. Llegados a este punto, cuando con unos medios que los propios jueces califican de precarios fracasa el intento de “trabar las cuentas” y realizar embargos para saldar las deudas con los empleados, se opta, al fin, por declarar insolventes a las sociedades. El caso de María José es límite. Cuatro años después de la sentencia del Superior, esta parada monfortina que ha quedado al margen del mercado laboral, (atrapada sin encontrarle explicación en algún engranaje del aparato judicial) decidió hacer público su caso. Pidió ayuda a través de los medios. Alguien en los juzgados, según cuenta, le había informado últimamente de que la empresa para la que trabajaba “nunca iba a ser declarada insolvente”.

Sin embargo, una semana después de telefonear este periódico a los tribunales, el pasado día 9, interesándose por su caso, María José ha recibido la buena nueva: desde el mismo juzgado de lo Social, cuenta ahora, le comunicaron este lunes la declaración de insolvencia. “En medio mes”, esta trabajadora podrá “solicitar el paro [le corresponden dos años] y recurrir al Fogasa”, del que calcula que debería recibir 40.000 euros por “la indemnización y los sueldos” que ha dejado de cobrar, aunque probablemente será bastante menos lo que al final ingrese. “A los niños les daba vergüenza que saliese en la prensa, pero es que ya no podía más”, reconoce. La solución llega, pero demasiado tarde, y por el camino María José y su familia han perdido muchas cosas. Al no poder acceder al paro, pidió una ayuda familiar de 426 euros, y cuando esta se agotó se acogió al Fondo de Integración Social, que también se acabó. Desde el 3 de diciembre del año pasado asegura que no percibió ya ningún tipo de subsidio.

Si no fuese porque de momento tiene techo y va pidiendo prestado aquí y allá, esta mujer y los hijos que viven con ella no habrían tenido, en los últimos meses, más que siete euros para “comida y recibos”. El padre de las criaturas les pasa “una pensión alimenticia de 187 euros”, pero 180 se van en la cuota de una hipoteca que ella firmó cuando era mileurista con 12 pagas anuales. Al comprar la casa, esta empleada de limpieza tenía un matrimonio y un trabajo. Ahora ya lleva dos divorcios. El del padre de sus cuatro hijos y el del hombre que más tarde llegó a su vida: “La convivencia”, tras el despido y la agonía judicial que se ha prolongado desde su denuncia, en 2009, “se complicó bastante”. “Reconozco que vivir conmigo, ahora, es dificilillo. Me despierto a las cuatro de la mañana y ya no puedo dormir”, dice María José. “Creo que fue mía la culpa de la separación. Él viene por aquí, e intenta ayudarme en lo que puede, a pesar de que los niños no son suyos. Su madre, mi exsuegra, también me echa una mano: un día me regaló medio cerdo, y de ahí comemos ahora”.

María José tiene cuatro hijos. “El mayor es Guardia Civil en Euskadi, tuvo que pedir un crédito, y ahora va a vender el coche para ayudarme”, contaba hace tan solo unos días, antes de recibir la última buena noticia de los juzgados. “Los otros tres son una chica de 21 años y dos mellizos, niño y niña, de 17. Este año, la verdad es que doy gracias a Dios de que los pequeños repitiesen curso... Así no hubo que comprar libros nuevos”. “La de 21 también pasa lo suyo: tiene fibromialgia, y no le puedo comprar las cosas que necesita”, sigue ahondando María José en las desgracias que le quitan el sueño cada madrugada. Ahora esta hija vive más con su padre que con ella por mera supervivencia. Con siete euros disponibles al mes, dar desayunos y cenas a dos bocas cada día es un infierno.

Empresa subvencionada

María José cuenta que el despido fue repentino: “Llegué como todos los días, en moto, a las siete de la mañana. Y ya no me abrieron. El burofax me lo mandaron luego, a las 11.30”. El grupo político Independientes de Lemos denuncia que tanto JC Farmayor, SL, como “otras cinco firmas relacionadas” figuraban en una lista que publicó el DOG (9 de mayo de 2011) como beneficiarias de otras tantas ayudas de Traballo e Benestar para la “implantación de planes de igualdad” en las empresas.

Las subvenciones iban de los 7.200 a los 8.400 euros. “¡Es tan injusto lo que me toca vivir. Un día de estos me cortan la luz!”, exclamaba antes de Semana Santa esta madre sin amparo. “Y mientras tengo que ver a mis antiguos jefes, gente influyente, con negocios dentro y fuera de Monforte, paseando con su ropa de lujo. ¡Se ríen de mí!”. En casa de María José, los pequeños ya se han acostumbrado a heredar las prendas. Solo en Navidad, cuando los Reyes Magos pasan por según qué casas, el hermano que viene del País Vasco “se lleva a los mellizos a Primark, y les compra ropa interior y alguna camiseta”.


Publicado o 26/04/2014 en www.elpais.com

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