Los jueces del Supremo, contra Gallardón

Debaten informes críticos contra la reforma de la Ley del Poder Judicial - Se suman a las críticas de los magistrados de la Audiencia Nacional, juntas de jueces, abogados y procuradores.

A Gallardón le crecen los opositores. Los magistrados del Tribunal Supremo se unen a varias asociaciones de jueces, consejos autonómicos de la abogacía, colegios de abogados, procuradores y funcionarios en su rechazo a la reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ) que plantea el Gobierno central. En ciudades como Vigo, que no son capital de provincia, se pone el acento en los daños que ocasionará la desaparición de los partidos judiciales y la centralización de infraestructuras en las capitales, pero en la carrera judicial se observan con preocupación los profundos cambios que imprime el texto en la organización del trabajo, el reparto de competencias o la cuestión jurisprudencial previa, que es el tema central analizado ayer por los jueces de la Sala Tercera del Tribunal Supremo, la primera que se reúne en Pleno para debatir el proyecto.

Sobre la mesa ya cuentan con una decena de informes de magistrados, algunos muy críticos con determinados aspectos de la reforma como los redactados por Diego Córdoba, José Manuel Bandrés, Margarita Robles o José Díaz Delgado, según ha trascendido en los últimos días. A estos argumentos de base se podrán sumar nuevas aportaciones durante la sesión del Pleno.

Esta Sala Tercera aprobará un informe que se sumará a los emitidos por el resto de Salas y por el definitivo que presente la Sala de Gobierno del Supremo, que ha creado cinco grupos de trabajo para analizar el anteproyecto siguiendo las indicaciones del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). Hasta entonces, desde el alto tribunal español no se informará del pronunciamiento oficial del conjunto de sus magistrados, que deberá producirse en las próximas semanas.

Junto a los nuevos requisitos para la admisión de recursos y la unificación de doctrina, fuentes del Supremo han señalado que algunos de los informes de sus miembros se extienden a aspectos más generales, cuestionando desde la propia filosofía de la nueva LOPJ al nuevo modelo de CGPJ o la atribución de la instrucción penal. Uno de los cambios fundamentales del anteproyecto es que cada tres meses, cada Sala del Supremo decidirá cuál es su jurisprudencia vinculante y se publicará en el Boletín Oficial del Estado. La casación se abre a cualquier resolución de los demás tribunales en materia Civil y Contenciosa cuando exista un interés casacional o sea conveniente para alcanzar la unificación de doctrina, donde hasta ahora se necesitaba que la demanda alcanzara cierto importe para poder llegar al alto tribunal.

Los jueces del Supremo son los últimos en mostrar su intención, por ahora de forma extraoficial, a la reforma de Gallardón a la que ya se han opuesto los jueces instructores de la Audiencia Nacional, fiscales y secretarios judiciales, además de las principales asociaciones de jueces a nivel nacional. Ya en el ámbito político, a la firme oposición de los ayuntamientos donde se suprimen los partidos judiciales, el Consejo General de la Abogacía de Cataluña y la propia Generalitat rechazaron los cambios, al igual que todo el sector de la justicia en el área de Vigo y el Consello da Avogacía Galega, al que se sumó la Junta de Jueces de Vigo, la Junta de Fiscales del Área de Vigo, Colegio de Abogados, Colegio de Procuradores, patronal, sindicatos y funcionarios. Hoy mismo el alcalde se reúne con el presidente de la Cámara de Comercio para analizar los efectos de la reforma.


Publicado o 06/05/2014 en www.farodevigo.es

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