Los jueces del Supremo quieren enmendar la reforma de Gallardón

5 de maio de 2014

Varias salas pedirán modificaciones en la Ley Orgánica del Poder Judicial.

El establecimiento de jurisprudencia vinculante, una de las primeras objecciones. 


El presidente del Tribunal Supremo y del CGPJ, Carlos Lesmes, jura su cargo ante Gallardón. POOL
Numerosos jueces del Alto Tribunal no comparten el mecanismo propuesto en la reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial para concretar la jurisprudencia que será vinculante, uno de los pilares del anteproyecto del Ministerio de Justicia, que pretende acabar con la contradicción de criterios judiciales sobre supuestos similares. Más aún, algunos magistrados ni siquiera estiman conveniente que exista doctrina vinculante al considerar que puede vulnerar la independencia judicial, convertir a los jueces en «creadores del Derecho» y devaluar la jurisprudencia no vinculante.

En el Supremo también se cree inconveniente la desaparición de las categorías judiciales -que incluso se califica de inconstitucional-, la instrucción penal colegiada, la restricción de la libertad de expresión de los jueces y sus asociaciones y algunos aspectos de la configuración de los recursos de casación y de la organización de los Tribunales Provinciales de Instancia, otro de los puntos troncales de la reforma.

Los 34 actuales magistrados de la Sala Tercera (de lo Contencioso-Administrativo) están convocados para hoy por su presidente, José Manuel Sieira, para escuchar sus opiniones sobre el anteproyecto, que en estos momentos se encuentra en fase de consulta a los organismos que tienen que informar sobre la iniciativa. Entre ellos figura el Consejo General del Poder Judicial, que ha abierto un trámite de audiencia a toda la carrera y a las Salas de Gobierno, destacadamente, por su relevancia, a la del Supremo.



La Sala III teme volver a colapsarse por la configuración de la casación

El criterio que la Sala Tercera llevará a la Sala de Gobierno sobre el proyecto más importante de los abordados por el actual Ministerio de Justicia será el que resulte del Pleno que comienza hoy. También se reunirán en plenario los ocho magistrados de la Sala Quinta (de lo Militar), aunque sólo para pronunciarse sobre los aspectos que afectan a esa singular jurisdicción. En otras Salas, como la Segunda (de lo Penal) y la Cuarta (de lo Social), los presidentes han pedido la opinión de los magistrados individualmente. Los miembros de la Sala Primera (de lo Civil) se reunieron el pasado miércoles y en los próximos días quedarán redactadas sus conclusiones para trasladarlas a la Sala de Gobierno.

Un despliegue de esta envergadura es inusual, pero se corresponde con la entidad de la modificación que se plantea. El anteproyecto, 666 artículos, es mucho más que una reforma: se trata de un cambio revolucionario de la Administración de Justicia que afecta a su estructura, a su funcionamiento y al modelo de carrera judicial. Desaparecen los Juzgados y Audiencias provinciales y se crean los Tribunales Provinciales de Instancia, entidades que rompen con el esquema decimonónico de partido judicial. Se instaura un sistema de reparto provincial de asuntos que equiparará la carga de trabajo de los jueces buscando una mayor rapidez en la resolución de los asuntos. Se suprimen las categorías judiciales, de forma que todos los miembros de la carrera serán jueces y el título de magistrado se ostentará a título honorífico. Se implanta la instrucción colegiada de los procesos penales complejos y se establece la obligada sujeción a la doctrina a la que el Tribunal Supremo otorgue el rango de jurisprudencia vinculante.

Este último aspecto y la regulación de los recursos de casación son objeto de atención preferente por parte de los magistrados de la Sala Tercera que han adelantado sus criterios por escrito.



La instrucción colegiada de los asuntos complejos se ve disfuncional

La mayoría de ellos expone una visión crítica del mecanismo previsto en el anteproyecto para conformar la doctrina vinculante al considerar inviable una selección trimestral entrecomillada de los fundamentos de Derecho de las numerosas resoluciones dictadas en ese período, desvinculadas de los matices del caso concreto que las motiva.

En todo caso, los magistrados consideran muy importante que la futura Ley Orgánica del Poder Judicial someta a las Administraciones Públicas a la doctrina vinculante y objetan que ello no se garantiza en el anteproyecto, según el cual los poderes públicos pueden apartarse de la jurisprudencia vinculante si lo justifican.

Muchos magistrados creen distorsionador que se establezca una distinción entre dos tipos de jurisprudencia, la vinculante y la que no lo es, devaluando a la segunda como si no debiera ser seguida. En este mismo sentido se han pronunciado los miembros de la Sala Civil.

Tampoco se considera del todo acertada la configuración del recurso de casación para unificación de doctrina, que, a su parecer, puede conducir al colapso de la Sala de lo Contencioso-Administrativo cuando está a punto de actualizarse en cuanto a la pendencia de asuntos. Sí se elogia, sin embargo que el Alto Tribunal pueda pronunciarse sobre todos aquellos asuntos, al margen de su materia y cuantía, que sean jurídicamente relevantes.

'No' a suprimir las categorías


Magistrados de las Salas Segunda y Tercera creen innecesaria e inconveniente la desaparición de las categorías judiciales. De acuerdo con el anteproyecto, todos los miembros de la Judicatura pasarán a ser jueces con el fin de que se les reconozca «la significación institucional de cada uno de ellos independientemente de su destino».

Algunos ven en ello el deseo del legislador de conformar una «Judicatura plana». Otros estiman que la medida sería una «desconsideración» a los magistrados -especialmente, a los del Supremo-, ya que los únicos magistrados que quedarían serían los del Tribunal Constitucional (así llamados en virtud de su ley orgánica).

Algunos como Jorge Rodríguez-Zapata, magistrado de la Sala Tercera y ex miembro del TC, sostienen que esa medida es contraria a la Constitución, que habla de «jueces y magistrados» y de «categorías judiciales», exigiendo la de magistrado para acceder al Constitucional.

Otras valoraciones críticas sobre el anteproyecto se refieren a la prohibición de que los jueces y sus asociaciones hagan valoraciones en los medios sobre asuntos pendientes en los tribunales (se piensa que podría atentar contra la libertad de expresión) y a la instrucción penal colegiada, que se estima disfuncional. Se califica de «especial gravedad» que la Sala de Asuntos Generales de un Tribunal Provincial de Instancia pueda imponer, en cualquier momento, la instrucción colegiada sin que medie petición del instructor unipersonal que esté llevando el asunto.

Algunos magistrados proponen la regulación de aspectos no incluidos en el anteproyecto, como los conflictos generados por la «invasión» de la jurisdicción ordinaria por el TC.


Publicado o 05/05/2014 en www.elmundo.es

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