Todos contra la reforma de Gallardón

7 de mayo de 2014



Todos contra a Gallardón

Jueces, fiscales, abogados, alcaldes y fuerzas políticas rechazan suprimir partidos judiciales. El anteproyecto de ley supondría la desaparición de 41 de los 45 partidos judiciales gallegos. 


Todos contra Gallardón


Gallardón está alumbrando consensos insólitos, pero en su contra. La apuesta por la «completa provincialización de la Justicia» que defiende el anteproyecto de Ley Orgánica del Poder Judicial, y que supondría liquidar 41 de los 45 partidos judiciales de Galicia, ha provocado el rechazo de todos los estamentos profesionales, sociales y políticos. Jueces, fiscales, abogados, empresarios, partidos políticos y el municipalismo en pleno se revuelven contra una reforma que tampoco satisface al Ejecutivo de Feijoo, pese a que mantiene una posición más tibia.

El borrador que el Consejo de Ministros aprobó hace un mes es una bomba de relojería. Si prospera tal como está redactado, ese nuevo marco normativo dará un vuelco al mapa judicial. De los actuales partidos judiciales se pasará a los tribunales provinciales de instancia, con lo que Galicia solo conservaría uno por provincia. De este modo, Vigo, Santiago, Ferrol, Ourense, Pontevedra y Lugo se quedarían de un plumazo sin partidos judiciales, pese a la elevada litigiosidad que atienden sus juzgados. El caso más sangrante es el de Vigo, que en el 2012 fue la décima ciudad española que atendió más casos (87.636). La alternativa que se le ofrece es convertirse en sede delegada de un tribunal provincial que estaría en una ciudad, Pontevedra, con una población y un volumen de asuntos despachados mucho menor (18.601). En una tesitura similar quedaría Santiago. La capital gallega, que atiende 32.859 casos al año, perdería también la sede de la Audiencia Provincial. Y el impacto sería aún más demoledor en los núcleos rurales, cuyos vecinos tendrían que desplazarse en algunos casos cientos de kilómetros para acceder a la Justicia.

Por estas y otras razones, la judicatura se rebela contra la reforma de Alberto Ruiz-Gallardón. Critica que el ministro ofrece un profundo retroceso a un sector que lleva años demandando avances, con un refuerzo de salas y de profesionales que alivie unos juzgados que en muchas ciudades bordean el colapso. El rechazo es pleno. El Consello da Avogacía Galega ya denunció que la reforma representa otro palo en la misma rueda, «un fito máis no camiño emprendido polo Goberno para afastar ao cidadán da Xustiza». También los decanos de los colegios de abogados han alzado la voz. Incluso los que entienden que la reforma de la planta judicial es necesaria apostillan que las cabeceras de los partidos judiciales no deben desaparecer.

En el plano político, el anteproyecto de Gallardón ha suscitado en Galicia el mismo rechazo unánime que ya concitó la reforma local de Montoro. Como entonces, el municipalismo gallego ha cerrado filas «sen importar a cor política» para advertir que no aceptarán «de ningunha maneira» una reforma que los alcaldes entienden que puede mermar un derecho constitucional como el de acceso a la Justicia. El presidente de la Fegamp, José Manuel Rey, aplaude que, además de los colectivos profesionales del ámbito judicial, también el Gobierno autónomo se opone. «Alívianos saber que a Xunta demanda cambios», manifestó.

Y lo hace, pero sin ruido. Como hizo con la reforma local de Montoro o la regulación energética de Soria, el Ejecutivo de Feijoo prefiere acomodar sus discrepancias en un discurso conciliador. Considera que la reforma es necesaria, pero sostiene que debe preservar los partidos judiciales de las siete ciudades y atender las «peculiaridades» de una comunidad con una elevada dispersión poblacional.


El ministro: «No se va a cerrar un solo juzgado»


El ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, destacó ayer en el pleno del Senado que con la reforma del poder judicial «no se va a cerrar un solo juzgado en España» al afirmar que los órganos existentes quedarán incluidos en los tribunales provinciales de instancia.

El titular de Justicia respondió así a una pregunta de la senadora de CiU Eva Parera sobre las consecuencias de la eliminación de los juzgados de paz y de primera instancia, tal y como está previsto en el anteproyecto de ley orgánica del Poder Judicial. «No se va a cerrar un solo juzgado en España, ni en Cataluña, ni en el País Vasco, ni en Madrid, ni en Andalucía», insistió el ministro.

En este sentido, Ruiz-Gallardón explicó que el nuevo modelo crea los tribunales provinciales de instancia, en los cuales «se integran todos los órganos existentes, entre ellos, los que se encuentran fuera de la capital de la provincia.

«El ciudadano no va a ver desaparecer su juzgado», añadió el ministro, porque el tribunal provincial va a decidir «qué número de jueces está en cada momento en cada población», explicó. Gallardón atribuyó estos cambios a criterios de «flexibilización y especialización».

Iniciativa en O Hórreo


En su intervención, la senadora de CiU puso en duda que no se cierren ni los juzgados de paz ni ninguna otra sede, ya que, opinó, el objetivo de la reforma «es reducir el número de litigios imponiendo a los ciudadanos más obstáculos». Por ello abogó por disponer de mayor número de jueces y medios materiales para mejorar la justicia en lugar de optar «por la supresión de juzgados y el alejamiento de la justicia del ciudadano».

Mientras, el Parlamento gallego aprobaba por unanimidad una iniciativa de la diputada del PSOE Beatriz Sestayo con la que la Cámara reclama que se mantengan todos los partidos judiciales que existen en la comunidad autónoma en la actualidad.


Antonio Piña: «Este anteproyecto tiene grandes lagunas»


El juez decano de Ourense, Antonio Piña, cree que el anteproyecto de ley «sería bueno» si se limitara a la creación de los tribunales de instancia y se acometiera una reorganización ajustada a los tiempos y a la carga de trabajo efectivo. A modo de ejemplo, considera difícil de justificar que Celanova y Bande sean dos partidos judiciales diferentes como actualmente. Lo que más llama la atención de Antonio Piña, activo dirigente de la Asociación Profesional de la Magistratura, es que no se haya hecho también una ley de demarcación y planta, «imprescindible para saber dónde se van a suprimir sedes y dónde no: estamos teorizando y discutiendo sobre algo que desconocemos».

Aprecia este juez «grandes lagunas» en el terreno práctico, como que no se defina si las secciones civiles de las audiencias provinciales se trasladarán físicamente al TSXG para recuperar el viejo concepto de las audiencias territoriales, o si, aún dependiendo de los tribunales superiores, se mantienen como ahora, a modo de secciones desplazadas, «que sería lo mismo con distintos nombres: algo absurdo». Se trata, en opinión del juez decano, de una ley en la práctica inconclusa.

La jerarquización de la carrera, con el nombramiento de presidentes de tribunales de instancia por parte del CGPJ, sumada a la eliminación de la representación de los jueces en sus decanos, la anulación de las juntas de jueces y la restricción de la capacidad de opinar e informar, son aspectos que tampoco agradan a Antonio Piña. (El propio blog del juez debería someterse a una cura de adelgazamiento, o desaparecer). Lamenta, finalmente, que el anteproyecto no haya salido de un gran pacto.


Alfonso Álvarez Gándara: «Vemos absurdo que Vigo sufra tal degradación»


El decano del Colegio de Abogados de Vigo, Alfonso Álvarez Gándara, dice que el anteproyecto aprobado por el Gobierno se trata de un texto de 666 artículos por lo que es «imposible comentar la ley entera». En el orden de las novedades territoriales, para Gándara, supone un «vuelco y una transformación traumática». Aunque ni siquiera el Gobierno quiere que sea de aplicación inmediata, la propia ley se remite a una ley futura que es la de demarcación y planta, que es donde se contendrán los principales detalles para su aplicación. El decano admite que el Gobierno no se plantea cerrar ningún edificio actual de la Administración de Justicia, previsión que «lógicamente se cumplirá aunque solo sea porque no estamos en tiempos para ponernos a levantar otras edificaciones y dejar sin uso las que con tanto sacrificio económico se han construido». Gándara advierte que la exposición de motivos de la reforma indica que, a largo plazo, todo lo que hoy son juzgados de civil, social, contencioso, penal o instrucción se concentraría en la sede de los tribunales de instancia, y a la vez estos tribunales son provinciales con sede en la capital porque habría uno por provincia y las apelaciones irían a un tribunal autonómico. «Vemos en el horizonte que una ciudad como Vigo quedaría carente de edificios y personal de Justicia aunque existiría el concepto de unidades desplazadas, pero es una prótesis muy insatisfactoria», dijo. Añadió que la judicatura «ve absurdo que por el hecho de que Vigo no sea capital de provincia sufra tal degradación en tan ambiciosa reforma». Propone crear un tribunal norte y otro sur en la provincia de Pontevedra o fijar la sede en Vigo.


Jorge Cid: Una reforma «inviable» y que «no sería operativa»


Santiago sería una de las ciudades más perjudicadas por la reforma de la Justicia que pretende llevar a cabo Alberto Ruiz-Gallardón. Por eso el ministro tiene en Compostela la indisimulada oposición de todos los partidos políticos, incluido el suyo, el PP, y de todos los colectivos judiciales, entre ellos el de los jueces, cuyo decano, Jorge Cid Carballo, considera que la medida acaba con la justicia de cercanía porque «es una traba más» tras la aprobación de las polémicas tasas. Cree que la reforma sería «inviable» y «no operativa» y dice no creerse que «se vaya a dejar a Santiago sin juzgados» al crear un único tribunal de instancia en A Coruña, como propone el anteproyecto de ley del Poder Judicial que recientemente ha aprobado el Consejo de Ministros. «Además, tener que hacer tantos desplazamientos provocaría muchísimas suspensiones de vistas, por lo que creo que las sedes en las ciudades grandes como Santiago o Ferrol se van a mantener», explica.

Audiencias provinciales


Hay otras cuestiones que le preocupan, como que desaparezcan las audiencias provinciales, porque Santiago tiene una sección, la sexta, que perdería, ya que la reforma prevé que el Tribunal Superior, que está en A Coruña, asuma esas competencias. También que desaparezcan los jueces decanos, porque habría un solo presidente del futuro tribunal de instancia que nombraría el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), «no como los decanos, que los eligen directamente los jueces entre sí», algo que provocaría «más control político». Y advierte que espera ver una «oposición real» y «no simbólica» en la Xunta.


Justicia más lejana y más cara


Los críticos con la reforma sostienen que dificultará el acceso a la Justicia a muchos ciudadanos

El anteproyecto de Ley Orgánica del Poder Judicial no cambia nada, al menos de momento. A esta lectura se aferran los que consideran que dar por hecho el cierre de juzgados resulta alarmista y poco riguroso. Pero, aunque se trata del borrador de una reforma que está todavía en una fase embrionaria, el texto incluye una inequívoca declaración de intenciones al acuñar el concepto de «sedes desplazadas». Esa es la clave de una nueva regulación que, bajo el propósito de la necesaria agilización de la Justicia, busca borrar del mapa los partidos judiciales. La repercusión en Galicia sería colosal. En las ciudades, de manera obvia. Pero también en los concellos menos poblados. Una vez más, la obcecación en aplicar el mismo molde a todas las comunidades perjudica en mayor medida a las que presentan singularidades. La dispersión poblacional que caracteriza a Galicia provocará que la reforma que pretende reducir los tiempos para resolver los casos se convierta en un embudo que aleje de la Justicia a los ciudadanos, especialmente a los que residen en las provincias de Lugo y Ourense. UGT calcula que la mitad de los ourensanos se quedarían sin juzgado en su localidad, tanto si son de paz como de primera instancia o instrucción.

Pérdida de empleos


Sería una Justicia más lejana y también más cara, ya que los desplazamientos revertirán en el bolsillo de los usuarios. Esa es la tecla que tocan, entre otros, los alcaldes, cuando critican que el plan de Gallardón «pode dificultar o acceso á Xustiza de moitos galegos». Otro frente de preocupación es la pérdida de empleos. Este asunto ocupó ayer a representantes de ocho de los nueve concellos de Lugo que son partido judicial, en un encuentro en Mondoñedo al que asistió el decano del Colegio de Abogados de Lugo, informa Inmaculada Eiroa. Acordaron reivindicar el actual mapa judicial y llevar a los plenos municipales una moción como la que ha aprobado la Diputación de Lugo.


Publicado o 07/05/2014 en www.lavozdegalicia.es

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