Recta final a la LOPJ, los jueces españoles muy críticos con esta reforma de Gallardón

4 de xuño de 2014

El Tribunal Supremo señala que la llamada jurisprudencia vinculante puede tener visos de inconstitucionalidad. 


Consello Xeral do Poder Xudicial
Este mes de junio será clave para una de las reformas claves que impulsa el Ministro Gallardón. Se trata de la LOPJ, Ley Orgánica del Poder Judicial que pretende impulsar una nueva forma de organización de la administración de justicia e introducir cambios en la carrera judicial. El Consejo General del Poder Judicial que abrió el debate a los propios jueces a través de un formulario online, recibió un total de 1.428 aportaciones al informe al Anteproyecto de Ley Orgánica del Poder Judicial. 304 de los 667 artículos del Anteproyecto, que también consta de ocho disposiciones adicionales, doce disposiciones transitorias, disposición derogatoria y cinco disposiciones finales, han merecido alguna opinión de los aproximadamente dos centenares de magistrados que han utilizado esta vía de comunicación con el Consejo. También se han conocido los informes críticos del Tribunal Supremo y de la APM (Asociación Profesional de la Magistratura), la de mayor influencia entre los jueces. Y en los próximos días las otras tres asociaciones judiciales de forma conjunta presentarán públicamente sus propuestas. Por su parte, los vocales del Consejo, tras el plazo que acaba el 23 de junio votarán en Pleno Ordinario del dia 26 el citado informe de este órgano judicial.

La nueva reforma de la LOPJ pretende adaptar la carrera judicial y los recursos de la administración de justicia a los nuevos tiempos. Cuestiones como los tribunales de instancia, donde los jueces decanos serán sustituidos por otros presidentes, nombrados por el CGPJ ha generado mucha polémica por poder interferir la independencia de los propios jueces.

En el informe que hemos conocido en la tarde de ayer de la Sala de Gobierno del Tribunal Supremo se indica la preocupación por la jerarquización que transmite la reforma. Hablar en este caso de tribunales inferiores al Supremo que se someten al CGP no es acertado, ya que a juicio de los magistrados eso puede suponer falta de independencia de cara a terceros.

Igual de controvertida es la llamada jurisprudencia vinculante del Supremo que pretende aplicarse. Cada tres meses el Pleno de cada Sala decidirá cuál es su jurisprudencia vinculante y se publicará en el Boletín Oficial del Estado. A ella también se incorporará la doctrina creada en los recursos de casación en interés de ley y la resultante de una cuestión jurisprudencial previa cuando así se establezca en la sentencia.

"La Sala de Gobierno no considera conveniente la incorporación de la noción de jurisprudencia vinculante, en la medida que puede llegar a alterar el sistema de fuente establecido", aducen los magistrados del alto tribunal, que sugieren regular de forma más adecuada el modelo de casación de modo que se permitan pronunciamientos en plazos razonables.

También otro asunto que la levantado suspicacia es el que tiene que ver con convertir en colegiado el fallo penal de la Audiencia Nacional. Los jueces consultados sostienen que dejar las investigaciones en manos de un tribunal colegiado formado por tres instructores supondrá "un retraso" en los procedimientos, en lugar de agilizarlos. Desde su punto de vista esta propuesta "incumple la Ley de Enjuiciamiento Criminal", que establece que los casos los llevará un juez de instrucción, y no un tribunal instructor.

Por otro lado, a los jueces del Supremo la supresión de categorías judiciales -sólo habrá jueces y ya no magistrados-, porque en el caso de los de tribunales superiores o el propio Supremo sus miembros "ocupan un lugar en la carrera judicial más significado y elevado" que los jueces de otros órganos y "resulta lógico, razonable e incluso inevitable que se reconozca esa realidad"

Sondeo abierto en el CGPJ


Respecto al sondeo que ha hecho el CGPJ podemos señalar que los artículos referidos al ingreso y la promoción profesional; la selección, nombramiento y capacitación; la estructura de los tribunales; la composición y competencias de las Salas de Gobierno; la jurisprudencia vinculante y la libertad de expresión están entre los que más aportaciones han recibido.

Estas propuestas serán tenidas en cuenta por el CGPJ a la hora de redactar su informe al Anteproyecto, para el que también se ha recabado la opinión de los órganos de gobierno del Tribunal Supremo –cuya Sala de Gobierno ha remitido hoy su informe al Consejo-, de la Audiencia Nacional y de los Tribunales Superiores de Justicia, así como de una representación de los Jueces Decanos y de las asociaciones judiciales.

La Comisión Permanente del CGPJ celebrará el próximo 12 de junio una reunión monográfica en la que se perfilará la propuesta de informe al Anteproyecto de LOPJ.

Los vocales del Consejo tendrán luego de plazo hasta el mediodía del 23 de junio para realizar alegaciones al texto, que finalmente será debatido y votado en el pleno ordinario previsto para el jueves 26 de junio.

Asociaciones judiciales, críticas


Respecto a las Asociaciones Judiciales, salvando la Asociación Profesional de la Magistratura que ha presentado un informe donde señalaban posibles injerencias del poder legislativo en el judicial. De hecho el articulo que permite al Ministerio de Justicia pedir al CGPJ que inspeccione determinado juzgado o actuación del juez, es para este colectivo de jueces inadmisible y debería ser suprimido.

Desde la propia APM se ve como un incremento de la politización de imagen de la justicia que en la nueva LOPJ se fije la proposición de que un presidente de tribunal pueda ser cesado por "pérdida de confianza" si así lo solicitan tres quintos de los vocales del pleno del Poder Judicial. Una medida que, además, según explicarán "proyectará una mayor influencia partidista en los tribunales que dependen de esos presidente.

En este informe, que puede estudiarse aquí, http://goo.gl/arDwWk la APM también critica que el anteproyecto de reforma intente recortar los derechos de las asociaciones judiciales, consideran que limita su libertad de expresión "de forma innecesaria" al prohibir a jueces y asociaciones hacer valoraciones en medios de comunicación sobre procedimientos judiciales.

Curiosamente desde esta publicación diferentes magistrados de notorio prestigio han llamado la atención sobre que en esta reorganización de nuestra justicia hay dos elementos que el legislador aún no ha comentado nada. El primero, la parte económica, qué inversión habrá que hacer para reestructurar nuestros tribunales. Y la otra, el diálogo con las CCAA, no hay que olvidar que gran parte de las competencias están transferidas en Justicia. Sin ese diálogo nos podríamos encontrar en la situación tecnológica de seis sistemas interoperables, como son los que existen en nuestra justicia, apuntan dichas fuentes.

Queda por saber, y eso será la próxima semana, seguramente en una rueda de prensa conjunta, cuando Asociación de Jueces Francisco de Vitoria, Jueces para la Democracia y Foro Judicial independiente presenten su postura común frente a esta reforma de la LOPJ. Sabemos que cada asociación se ha encargado de estudiar una parte de esta voluminosa reforma y que previsiblemente el próximo 11 de junio en Madrid tendrá el encuentro con los medios informativos y su postura común.


Publicado o 04/06/2014 en www.lawyerpress.com