Sobre el tema de las nacionalidades y el "éxito" del plan de Gallardón

Publicado en http://justiciadigital.blogspot.com.es/

Hace unas semanas, un diputado de Entesa en el Senado preguntó a Gallardón sobre una cuestión realmente grave pero que ha pasado inadvertida a pesar de que algunos sindicatos y funcionarios lo denunciaron. Estoy hablando de la denegación de nacionalidades por caducidad de la documentación no imputable al solicitante sino a la lenta tramitación del expediente. Este hecho no es nuevo, el de la caducidad me refiero, y en los Registros civiles se tenía como regla la de evitar la denegación de nacionalidad en estos casos. Pues bien, alguien no se lo dijo a los Registradores y ya tenemos el lío montado. Ahora dice el Ministro que en vía de recurso se resolverá esta cuestión. Es decir, se obliga al ciudadano a reclamar para obtener lo que debería haber obtenido a la primera y, encima, se quedan tan tranquilos en el Ministerio.

Y es que este es uno de los muchos problemas que la "ideica" de Gallardón y su equipo ha creado en el tema de las nacionalidades y que habría tenido mejor solución si en vez de derrochar el dinero a manos llenas, a los políticos de turno les hubiera dado por cumplir con su deber que no es otro que dotar a los funcionarios públicos de los medios suficientes para realizar su trabajo. Un dato: mientras en España la población ha crecido en los últimos veinte años en 7 millones de personas; las plantillas de los Registros civiles no han crecido ni en un sólo efectivo. Así, se explican muchos de los problemas del Registro civil. Bueno, así y la precariedad de medios materiales.

Ahora bien, lo que contaba el diario digital 20 minutos hace unos días me parece mucho más grave y nos da una pista sobre lo que hay detrás de este proceso de privatización del Registro civil. Titula el diario digital que "El Colegio de Registradores afín a Justicia pagó 5 millones de euros a la firma de un asesor de Gallardón".

Como cada uno ya es mayorcito para leer y extraer conclusiones evitaré hacer comentarios al respecto y que cada cual extraiga sus conclusiones. Solo espero que éste no sea el modelo de adjudicación de la plataforma digital del Registro civil que se prevé en el RDL 8/2014 porque si no vamos apañados. Tan sólo haré un par de aclaraciones que me parecen relevantes y plantearé un par de cuestiones.

En cuanto a las primeras, estos hechos se producen cuando aún no se ha producido la Asamblea General de Registradores de Zaragoza que rechazó la propuesta de Gallardón sobre Registro civil y provocó la caída de la Junta del Colegio afín al Ministerio de Justicia y que defendía el proyecto del Ministro sobre Registro civil. Sólo se apoyaría este proyecto si se garantizaba una fuente estable de financiación ligada a la prestación del servicio (arancel), si se separaban los dos negocios: el tradicional de la propiedad y mercantil y el del Registro civil; si existía un amplio consenso social y político sobre el proyecto.

En cuanto a las segundas, ahí van las preguntas:

Además de la obvia que se desprende del texto del artículo sobre la ética de quien parece se erige en juez y parte de la concesión y de quien lo permite y patrocina, hay otras que afectan a la esencia del proyecto del Ministerio y que planteo a continuación.

¿No resulta chocante que mientras un funcionario de Justicia no pueda ser administrador de ninguna empresa, un Registrador de la propiedad si pueda serlo?.

En consecuencia, ¿no estará mejor garantizada la imparcialidad y objetividad en la prestación del servicio público si se realiza a través de un funcionario de Justicia que no puede tener otros intereses sino los propios del Registro civil?.


Publicado o 06/08/2014 en http://justiciadigital.blogspot.com.es/

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