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La Cenicienta de la Justicia y el príncipe azul

9 de setembro de 2014

Por Joaquim Bosch, portavoz de Jueces para la Democracia.


Se inicia un nuevo año judicial que acompañará al último de legislatura. Es un buen momento para analizar brevemente las innovaciones que han tenido lugar durante esta etapa. Y debemos comenzar expresando que el balance es decepcionante. La administración de justicia siempre ha sido tratada como la Cenicienta de nuestros servicios públicos, la hermana pobre a la que nunca se ha prestado atención, postergada a favor de otras áreas que proporcionan mayores réditos electorales. Ello ha provocado el deterioro de nuestro sistema judicial, infradotado de medios materiales y personales, y también ha generado cierto abandono legislativo de nuestra realidad procesal y organizativa.

Gallardón parecía el príncipe azul que iba a redimir esta sinrazón histórica. Reunía características suficientes para impulsar la gran transformación que requiere nuestra Justicia. A diferencia de ministros anteriores, contaba con un notable peso político en el ejecutivo, lo cual hacía suponer que podría recabar el apoyo del Gobierno para un proyecto renovador. Venía con las credenciales de varias décadas en cargos de gestión de evidente relevancia institucional. Y, además, su propio partido contaba con una mayoría absoluta en el ámbito parlamentario que permitía abordar todas las modificaciones legales para modernizar nuestra Justicia.

Sin embargo, el paso de estos tres años pone de manifiesto que las carencias estructurales de la administración de Justicia no solo se mantienen, sino que han empeorado sensiblemente, sin que desde el Gobierno se hayan marcado las prioridades oportunas. El ministro Gallardón solo ha realizado aportaciones en ámbitos vinculados a un espíritu de privatización del servicio público, como la entrega de los registros civiles a los Registradores Mercantiles o la agresiva implantación de las tasas judiciales, que está afectando sensiblemente al derecho fundamental a la tutela judicial efectiva. De mejoras en la realidad diaria de nuestros juzgados y tribunales no sabemos nada.

Por el camino ha quedado la apuesta por una profundización efectiva en la nueva oficina judicial, así como la necesaria reforma de nuestro proceso penal, que tiene sus bases en el siglo XIX. Los cambios repentinos, injustificados y no explicados sobre los principios de un nuevo sistema de investigación penal muestran las características más marcadas en la actuación ministerial en esta etapa: la improvisación en las actuaciones y la falta de un modelo riguroso para fundamentar esas iniciativas. En este ámbito, puede resultar incluso delirante el cambio de la propuesta inicial de un fiscal investigador, que ha sido sustituido recientemente por un colegio de tres jueces instructores para algunos procedimientos, un artefacto procesal que sería único en todo el planeta.

El último cartucho se presenta con una propuesta de Ley Orgánica del Poder Judicial a deshora, cuando apenas queda tiempo para su tramitación parlamentaria. Aunque lo más probable es que acabe en el cajón de los proyectos olvidados, se puede detectar con facilidad que, en lugar de con un texto sistemático, nos encontramos ante un conjunto precipitado de parches, entre los que destacan medidas para actuar contra la independencia judicial y subordinar la judicatura al poder político.

No se puede afirmar que no hayan existido afanes ministeriales, pero han sido ajenos a la mejora del servicio púbico. El ministro Gallardón se ha esforzado ostensiblemente en otras materias, más vinculadas a su proyección pública, pero abiertamente contrarias a nuestra realidad social, como una reforma legal del aborto que nos devolverá a tiempos predemocráticos. También ha ocupado un espacio relevante la regresiva reforma en trámite del Código Penal, centrada fundamentalmente en criminalizar las protestas ciudadanas y en un injustificado y populista endurecimiento de las penas, hasta el extremo de incluir una versión de la cadena perpetua de dudosa constitucionalidad. El cuadro de medidas innecesarias se completa con la concesión de indultos abusivos, sin ninguna motivación, ante casos especialmente reprochables desde una perspectiva pública, como los de políticos corruptos, agentes que han torturado o personas con conexiones con el poder.

Ante este vacío de medidas transformadoras se puede pensar que la situación económica no permitía margen de maniobra. La realidad es que no solo se obtienen mejoras con dinero, sino también con imaginación, interés y eficacia en la gestión, aspectos que han brillado por su inexistencia. Los mismos recursos pueden estar bien organizados para que el servicio público funcione más adecuadamente. Pero ha dado la impresión de que las grandes batallas mediáticas y políticas han dejado en un inmerecido segundo plano los problemas del sistema judicial que preocupan de verdad a la ciudadanía. Siguen sin resolverse cuestiones tan básicas como que se asignen medios para que los procesos se resuelvan en unos tiempos razonables o que nuestros órganos judiciales puedan actuar de forma eficaz contra la corrupción. Probablemente, la realidad ha demostrado una vez más que los príncipes azules solo existen en los cuentos de otras épocas.


Publicado o 08/09/2014 en http://www.confilegal.com/

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