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La exfiscal jefe de A Coruña se siente perseguida por un colega

10 de setembro de 2014

Esther Fernández considera irregular la investigación realizada por una juez que pide su imputación.


Esther Fernández García
La actual fiscal superior de Asturias, Esther Fernández García, asegura que no sabía nada de que un juzgado coruñés abrió hace ya casi dos años un proceso penal contra ella para averiguar si cometió un delito, estando al frente de la Fiscalía provincial de A Coruña, en la tramitación del expediente que acabó por propiciar la primera expulsión de la carrera de un representante del ministerio público, la de Juan Antonio Frago. Fernández se enteró por los medios de que una juez de Instrucción de A Coruña, la titular del número 3, ha pedido su imputación al Tribunal Supremo al considerar que hay indicios de que incurrió en falsedad documental en el proceso que llevó al fiscal del Estado a echar a Frago. Una expulsión que luego fue anulada por la Audiencia Nacional.

Fernández denuncia una persecución de su excolega, que está de nuevo ejerciendo en A Coruña. “Ni estoy imputada, ni he participado en ilícito penal alguno”, se defiende en un comunicado. Y subraya las supuestas irregularidades y pasos erróneos que dio la juez de instrucción Elena Rodríguez Molpeceres en su insólito proceso contra la ahora fiscal superior de Asturias. La Audiencia coruñesa tendrá que pronunciarse sobre el auto enviado al Supremo ya que fue recurrido por la Fiscalía.

Fernández recuerda que un juez de instrucción no tiene competencias para incoar un proceso penal contra un juez, magistrado o fiscal, ni admitir una querella, ni una denuncia. Tampoco puede, en alusión a lo que hizo Rodríguez Molpeceres, inhibirse a un tribunal superior sino enviarle una “exposición razonada” después de oír al fiscal, “lo que no ha sucedido en este caso”, remacha la fiscal.

Fernández acusa a Frago de haber emprendido “toda una campaña de desprestigio”. Y todo comenzó, añade, antes incluso del proceso que la Inspección fiscal abrió de oficio contra él y que desembocó en su expulsión —luego anulada— de la carrera judicial. Esther Fernández asegura que Frago presentó contra ella, sin conseguir nunca que fuesen admitidas, una larga lista de demandas: una queja por discriminación; una demanda por discriminación por razón de sexo; una querella por falsedad que rechazó el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia y luego también el Supremo; así como una demanda ante la jurisdicción social que tampoco prosperó.


Publicado o 09/09/2014 en www.elpais.com

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