En cuanto a la reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial, la principal novedad del proyecto de ley que será aprobado por el Consejo de Ministros en las próximas semanas será el mantenimiento de los partidos judiciales aunque se establecerán sistemas alternativos de reparto de cargas de trabajo tras el diseño de un mapa de la Justicia que identifique los puntos que presentan un mayor problema. Es decir, que Catalá abandona el nuevo diseño de la planta judicial que pretendía Gallardón.
También habrá algunos cambios en la Ley de Enjuiciamiento Criminal pero la reforma también distará mucho del ambicioso Código Penal Procesal de Gallardón. El ministro ha explicado que se establecerán mecanismos para conseguir la agilización en los macroprocesos, al evitar la concatenación de hechos que deben investigarse en el mismo procedimiento según prevé la legislación actual. También se agilizará la tramitación de los delitos de conducción en estado de embriaguez; y se mejorarán las técnicas de investigación. Otro de los cambios que tendrá la ley será la la doble instancia penal, que ha sido exigida reiteradamente a España por instancias internacionales.
Entre otras reformas legislativas pendientes, Catalá también se ha referido al Código Penal, que están en tramitación parlamentaria y para el que se pretende conseguir acuerdos, el Estatuto de la Víctima y la ley de custodia compartida.
Catalá también ha recordado que se destinarán 55,5 millones de euros de los presupuestos del Estado con el objetivo de lograr un proyecto de gestión procesal que basándose en las nuevas tecnologías permita mejorar la coordinación y colaboración con las comunidades autónomas.
En la Ley de Justicia Gratuita, el ministro se ha comprometido a trabajar con la máxima transparencia y colaboración con las comunidades autónomas, a las que ha anunciado que se trabaja para firmar con ellas convenios de cofinanciación durante la tramitación de los presupuestos generales del Estado. En cuanto a las tasas, se ha comprometido a analizar la información de la Agencia Tributaria y los datos del Consejo General del Poder Judicial para con ellos revisar el sistema actual y ver si procede alguna modificación.
Publicado o 06/11/2014 en www.diariojuridico.com
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