De forma previa a aprobarse el real decreto, el CGPJ, el que fija los módulos de carga de trabajo y de ingreso de asuntos recomendados, emitió un informe. Y, entre otras recomendaciones, aconsejó que en Vigo, además del nuevo magistrado para la Sección Quinta penal -plaza que sí se ha creado-, también se dotase de otro juez a la Sexta. "En relación con la Audiencia Provincial de Pontevedra se estiman convenientes dos plazas para las secciones con sede en Vigo (secciones 5ª y 6ª), pues vienen soportando un ingreso de asuntos que supera el indicador de entrada (un 146% del indicador y un 110%, respectivamente, en el primer trimestre de 2014)", reza el informe del Poder Judicial. Se destaca también la "elevada" pendencia de ambas salas: la penal tenía 738 causas a la espera de dar trámite en el primer trimestre del año y la civil, 935. En este último caso, la cifra actual se sitúa en 818 casos.
Y mientras, se siguen sucediendo las reacciones ante la no creación de la demandada plaza en la Sección Sexta. La Junta de Gobierno del Colegio de Abogados de Vigo, en un comunicado, transmitió que la abogacía viguesa "lamenta profundamente" que Justicia no haya aprobado este nuevo juez, "desaprovechando la oportunidad de aliviar el colapso que viene padeciendo esta sala desde su creación y de intentar igualar la carga de trabajo existente en la sección civil de Vigo con la carga hoy existente en sus homólogas de Pontevedra".
Para el colegio, es "desalentador" que el ministerio recurra a criterios territoriales e históricos para crear nuevas plazas distribuyéndolas por comunidades autónomas, "en vez de aplicar criterios de racionalidad atendiendo a las necesidades concretas de los órganos judiciales más abrumados por la carga de trabajo de España, entre los que está la Sección Sexta". Y muestra su preocupación por la posibilidad de que se suprima el juez de refuerzo que hay en este tribunal: afirma que esta medida de apoyo es "absolutamente necesaria" para evitar que el retraso en la resolución de recursos de apelación vuelva a prorrogarse hasta una media de dos años, "dilación intolerable en un Estado de Derecho".
Y SOS Xustiza emitió un comunicado denunciando que la exclusión de esta plaza del real decreto se debe a "razones de carácter estrictamente económico", y no desde un punto de vista "de búsqueda de mayor agilidad y eficacia de la justicia".
Publicado o 14/11/2014 en www.farodevigo.es
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