El Gobierno gallego se compromete a que se buscará un juez de refuerzo para Pilar de Lara y se mantendrán los dos puestos de funcionarios que se iban a suprimir.
El Gobierno gallego dará marcha atrás a los recortes del personal que amenazaban con ahogar al juzgado de instrucción número 1 de Lugo, el encargo de instruir la mayor causa anticorrupción en la comunidad, el caso Pokémon. Tras una reunión extraordinaria de la comisión mixta entre responsables de la Dirección Xeral de Xustiza y del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia que se ha celebrado esta mañana, la Xunta se ha comprometido a mantener dos funcionarios de refuerzo desde este mes de marzo a la espera de que las autoridades judiciales, como han garantizado también, rubriquen además el nombramiento de un nuevo juez de apoyo.
La marcha atrás de la Xunta se produce después de que la titular del juzgado, Pilar de Lara, enviase un escrito al Gobierno gallego en el que denunciaba que los recortes de personal la habían dejado “sin justificación alguna” en una “absoluta situación de desamparo”. El vicepresidente gallego, Alfonso Rueda, alegó que las dos funcionarias, que recibieron la orden de marchar a finales de esta semana, formaban parte de un equipo encabezado de refuerzo encabezado por una juez nombrada por el Consejo General del Poder Judicial que abandonó el puesto tras consumir la tercera y última prórroga de seis meses en ese puesto el pasado 1 de enero. Rueda, secretario general del PP de Galicia, negó que la retirada de las funcionarias fuese "un castigo” al juzgado que investiga, entre otros asuntos, la supuesta financiación ilegal del PP de Ourense, y defendió que obedece “a criterios objetivos” que no fue capaz de precisar. Hoy la Xunta ha decidido dar marcha atrás a la medida.
Publicado o 25/02/2015 en www.elpais.com
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