Una oficina del Registro Civil, en Madrid. SAMUEL SÁNCHEZ
La propuesta de reforma garantiza una oficina por comunidad y deja en manos del ministerio o de cada autonomía que se mantengan las 8.000 restantes.
Alternativas na Xustiza-CUT, una central asentada en Galicia, uno de los territorios con la población más dispersa y de más edad, el proyecto supone, no solo la amortización de un montón de plazas de empleo público, sino "el alejamiento absoluto de la justicia para los ciudadanos". Para esta central, los cambios impulsados por el Gobierno de Rajoy conllevarán tarde o temprano el fin de los juzgados de paz —Galicia cuenta con 272— al vaciarlos de competencias.
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