El subsecretario del Ministerio ha afirmado en la Comisión de Justicia del Congreso de los Diputados que el plazo de la entrada en vigor de esta norma "se prorrogará" a través del "mecanismo legal oportuno" mientras el Gobierno del PP estudia un nuevo modelo que gira sobre dos premisas: la gratuidad de los actos de inscripción y emisión de certificaciones y el mantenimiento de los puestos de trabajo.
Eso sí, el subsecretario no ha desvelado a quién encomendará su gestión. Durante estos meses, ha barajado entregar los registros civiles a secretarios judiciales o registradores, a los cuales defiende como funcinarios públicos.
Este responsable de Justicia ha recordado que los más de 3.000 funcionarios que prestan servicio en los registros civiles "no van a quedarse en la calle" y ha añadido que, "sea cual sea" el modelo escogido, seguirán realizando funciones en la Administración de Justicia, "sin perjuicio de la reasignación que corresponda en cada caso". "Siempre respetando en la medida de lo posible la localidad, tal y como se preveía en la ley vigente", ha añadido.
Respecto al personal interino, el subsecretario ha mostrado su "pleno compromiso" de que los funcionarios que trabajen en el territorio del Ministerio de Justicia --en las comunidades sin las competencias transferidas-- tendrán garantizados "al cien por cien" sus empleos, "con la correspondiente reasignación de funciones".
"No pueden ver ni verán peligrado su puesto de trabajo. Es completamente incorrecto hablar de posible despido de trabajadores que están realizando funciones en los registros civiles", ha respondido al ser preguntado por esta cuestión por el diputado del PSOE Félix Lavilla.
Publicado o 11/06/2014 en http://noticias.juridicas.com/
