La sala de gobierno emite un informe crítico con el proyecto de reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial del ministro Ruiz-Gallardón
La sala de gobierno del Tribunal Supremo ha redactado un informe crítico con el proyecto del ministro Alberto Ruiz-Gallardón para reformar la Ley Orgánica del Poder Judicial, en el que le acusa de "condicionar" la independencia judicial con sus postulados y medidas. También tachan de inconstitucional la previsión de que la doctrina del Tribunal Supremo sea automáticamente vinculante para el resto de órganos judiciales de España.
"A propósito de la independencia judicial, pese al énfasis con el que la proclama, contiene afirmaciones y medidas que pueden condicionarla". Con esta frase, la sala de gobierno del Tribunal Supremo rubrica un informe crítico con el proyecto del ministro Alberto Ruiz-Gallardón para reformar la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ) y, por extensión, la justicia española. Acusan al anteproyecto de reforma de "relativizar la justicia y al propio Poder Judicial" a través de su redacción, postulados y medidas, y también de poner sobre la mesa "una idea de jerarquización que debilita la independencia judicial".
Las críticas más generales y contundentes contra este anteproyecto de reforma de la LOPJ llegan en lo relativo al estatuto constitucional de jueces y magistrados: indican que "prevé medidas que pretende condicionar la independencia judicial", señalan que expresiones como "órgano judicial inferior" introducen una idea de jerarquización en la justicia, y definen como "inoportuno e innecesario" que la ley señale que jueces y magistrados se someten a la autoridad del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). Según su opinión, traslada la idea de "lo más contrario que cabe imaginar a la independencia y la sujeción únicamente al imperio de la ley".
En cuanto al Consejo General del Poder Judicial, piden que la nueva normativa "proclame explícitamente la defensa de la independencia judicial como su primera función". También considera "innecesario e inapropiado" que los secretarios judiciales pasen a denominarse "letrados de la Administración de Justicia".
Los jueces del Tribunal Supremo apuntan a la posible inconstitucionalidad de una de las medidas contenidas en el anteproyecto: el carácter vinculante de la doctrina del Tribunal Constitucional, es decir, que todos los órganos judiciales españoles tengan que asumir automáticamente los postulados del Tribunal Supremo, sin espacio para la interpretación de la jurisprudencia del alto tribunal. Señala el informe que existe una "difícil compatibilidad de la jurisprudencia vinculante con el principio de legalidad en materia penal, que indica que el juez penal está sujeto únicamente a la ley y no a otras fuentes del ordenamiento jurídico", señalando que este precepto podría alterar el sistema de fuentes.
El informe, en la misma línea en la que ya criticó este precepto la mayoritaria y conservadora Asociación Profesional de la Magistratura, critica que el anteproyecto limite la capacidad de un juez o una asociación para valorar resoluciones judiciales en medios de comunicación: consideran que en la actualidad los magistrados no llevan a cabo este tipo de comentarios, y que en cualquier caso ya existe una vía disciplinaria para estudiar cualquier exceso que pudiera cometer un juez en este aspecto.
Además critican que ésta es una prohibición demasiado abierta: "¿Dónde está la frontera?", se preguntan los jueces del Supremo.
"Falta de sincronía" en la aprobación del Gabinete
La sala de gobierno también se pronuncia sobre la reforma que propone el anteproyecto sobre el Gabinete Técnico, y señalan a una "falta de sincronía" entre la puesta en marcha del nuevo marco organizativo, y la definición de un Gabinete Técnico que pueda asistir al Tribunal Supremo en este nuevo escenario. Señalan que según el anteproyecto, elementos como el nuevo régimen de la casación entraría inmediatamente en vigor mientras que el proyecto de ley que regularía la composición del Gabinete, la Ley de Demarcación y Planta Judicial, para el cual existe un proyecto de dos años.
A propósito de este Gabinete Técnico del Tribunal Supremo, los jueces de la sala de gobierno también opinan sobre otro elemento del anteproyecto: la cuestión jurisprudencial previa que podrán plantear los jueces del Supremo cuando crean que la doctrina que van a aplicar en un caso concreto contradice la Constitución Española. Para el informe, es una opción "útil" que podría "contribuir", pero exigen que se refuerce el Gabinete Técnico, por la mayor carga de trabajo que supondría, y también que la doctrina que resulte de estas cuestiones jurisprudenciales no se convierta en vinculante.
Es un informe de la sala de gobierno del Tribunal Supremo que ha llegado este martes al Consejo General del Poder Judicial. Con este documento encima de la mesa, el próximo 26 de junio el órgano de gobierno de los jueces debatirá el que será su informe definitivo sobre este anteproyecto de reforma de la LOPJ, que enviará al Gobierno para su estudio.
"A propósito de la independencia judicial, pese al énfasis con el que la proclama, contiene afirmaciones y medidas que pueden condicionarla". Con esta frase, la sala de gobierno del Tribunal Supremo rubrica un informe crítico con el proyecto del ministro Alberto Ruiz-Gallardón para reformar la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ) y, por extensión, la justicia española. Acusan al anteproyecto de reforma de "relativizar la justicia y al propio Poder Judicial" a través de su redacción, postulados y medidas, y también de poner sobre la mesa "una idea de jerarquización que debilita la independencia judicial".
Las críticas más generales y contundentes contra este anteproyecto de reforma de la LOPJ llegan en lo relativo al estatuto constitucional de jueces y magistrados: indican que "prevé medidas que pretende condicionar la independencia judicial", señalan que expresiones como "órgano judicial inferior" introducen una idea de jerarquización en la justicia, y definen como "inoportuno e innecesario" que la ley señale que jueces y magistrados se someten a la autoridad del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). Según su opinión, traslada la idea de "lo más contrario que cabe imaginar a la independencia y la sujeción únicamente al imperio de la ley".
En cuanto al Consejo General del Poder Judicial, piden que la nueva normativa "proclame explícitamente la defensa de la independencia judicial como su primera función". También considera "innecesario e inapropiado" que los secretarios judiciales pasen a denominarse "letrados de la Administración de Justicia".
Posible inconstitucionalidad
Los jueces del Tribunal Supremo apuntan a la posible inconstitucionalidad de una de las medidas contenidas en el anteproyecto: el carácter vinculante de la doctrina del Tribunal Constitucional, es decir, que todos los órganos judiciales españoles tengan que asumir automáticamente los postulados del Tribunal Supremo, sin espacio para la interpretación de la jurisprudencia del alto tribunal. Señala el informe que existe una "difícil compatibilidad de la jurisprudencia vinculante con el principio de legalidad en materia penal, que indica que el juez penal está sujeto únicamente a la ley y no a otras fuentes del ordenamiento jurídico", señalando que este precepto podría alterar el sistema de fuentes.
El informe, en la misma línea en la que ya criticó este precepto la mayoritaria y conservadora Asociación Profesional de la Magistratura, critica que el anteproyecto limite la capacidad de un juez o una asociación para valorar resoluciones judiciales en medios de comunicación: consideran que en la actualidad los magistrados no llevan a cabo este tipo de comentarios, y que en cualquier caso ya existe una vía disciplinaria para estudiar cualquier exceso que pudiera cometer un juez en este aspecto.
Además critican que ésta es una prohibición demasiado abierta: "¿Dónde está la frontera?", se preguntan los jueces del Supremo.
"Falta de sincronía" en la aprobación del Gabinete
La sala de gobierno también se pronuncia sobre la reforma que propone el anteproyecto sobre el Gabinete Técnico, y señalan a una "falta de sincronía" entre la puesta en marcha del nuevo marco organizativo, y la definición de un Gabinete Técnico que pueda asistir al Tribunal Supremo en este nuevo escenario. Señalan que según el anteproyecto, elementos como el nuevo régimen de la casación entraría inmediatamente en vigor mientras que el proyecto de ley que regularía la composición del Gabinete, la Ley de Demarcación y Planta Judicial, para el cual existe un proyecto de dos años.
A propósito de este Gabinete Técnico del Tribunal Supremo, los jueces de la sala de gobierno también opinan sobre otro elemento del anteproyecto: la cuestión jurisprudencial previa que podrán plantear los jueces del Supremo cuando crean que la doctrina que van a aplicar en un caso concreto contradice la Constitución Española. Para el informe, es una opción "útil" que podría "contribuir", pero exigen que se refuerce el Gabinete Técnico, por la mayor carga de trabajo que supondría, y también que la doctrina que resulte de estas cuestiones jurisprudenciales no se convierta en vinculante.
Es un informe de la sala de gobierno del Tribunal Supremo que ha llegado este martes al Consejo General del Poder Judicial. Con este documento encima de la mesa, el próximo 26 de junio el órgano de gobierno de los jueces debatirá el que será su informe definitivo sobre este anteproyecto de reforma de la LOPJ, que enviará al Gobierno para su estudio.
Publicado o 03/06/2014 en www.cadenaser.com
