- El suplente previsto para sustituir a la dimitida Mercè Pigem en el Poder Judicial es Antonio María Álvarez-Buylla Ballesteros, decano del Colegio de Procuradores de Madrid.
- Álvarez-Buylla fue designado a propuesta del PP y está actualmente imputado en el juzgado de Instrucción número 30 de Madrid, acusado de falsedad en documento público.
- Si su nombramiento prospera, su caso tendría que pasar al Supremo porque se convertiría en aforado.
- La dimisión de Pigem refuerza el control del PP sobre el CGPJ a semanas de que se decida sobre la renovación de Pablo Ruz.
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| Ignacio Escolar |
Álvarez-Buylla es el decano del Colegio de Procuradores de Madrid y se enfrenta –junto al secretario del Colegio de Procuradores, Ramiro Reynolds Martínez– a un proceso penal que actualmente está llevando el juzgado número 30 de instrucción de Madrid. La Asociación para la Defensa del Procurador se querelló contra ambos por manipular el estatuto del Colegio de Procuradores.
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| Antonio Alvarez-Buylla (primero por la izquierda) junto con los otros dos suplentes del Consejo General del Poder Judicial elegidos por el Senado: Maria Isabel Valldecabres y Jose María Macías. EFE. |
Según la querella, a la que ha tenido acceso eldiario.es, el texto que los procuradores madrileños aprobaron en una junta general no coincide con el que, días después, fue inscrito en el Registro de Colegios Profesionales y publicado en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid. La segunda versión, dice la querella, modificó un artículo que afecta a las cuotas que los procuradores tienen que pagar al Colegio.
Según la Asociación para la Defensa del Procurador, la nueva redacción añadió un párrafo sobre el texto que había aprobado la junta general, estableciendo una especie de cuotas variables que dependen de lo que gane cada procurador. Este cambio ha elevado en gran medida estas cuotas, que anualmente suponen alrededor de cuatro millones de euros. Desde que ese nuevo estatuto está en vigor, varios procuradores han sido también expulsados del colegio por negarse a pagar.
La querella fue presentada el 14 de junio de 2013 y, en un primer momento, fue sobreseída por el juzgado número 30 de instrucción. Sin embargo, la Asociación para la Defensa del Procurador recurrió la decisión y la Audiencia Provincial de Madrid falló a su favor. Hace unos meses, el 20 de marzo, la Audiencia Provincial ordenó en un auto la reapertura de la investigación y "la declaración de los querellados en calidad de imputados", a pesar de que la Fiscalía se oponía.
El auto es muy contundente y en él la Audiencia Provincial llega a asegurar que "los hechos imputados en la querella revisten los caracteres de un delito de falsedad en documento público previsto y penado en el artículo 390.3" del Código Penal. Dicho artículo conlleva penas de tres a seis años de prisión.
Si el imputado Antonio María Álvarez-Buylla acaba finalmente como nuevo vocal del Poder Judicial, su caso pasaría al Tribunal Supremo porque se convertiría en aforado.
Una dimisión que afecta a la continuidad de Pablo Ruz
La salida de Mercè Pigem y su probable sustitución por Álvarez-Buylla ha alterado también el equilibrio de fuerzas en el Poder Judicial. Pigem, propuesta por CiU, formaba parte de la comisión permanente: el órgano donde se toman las decisiones más importantes. Desde CiU, se ha insinuado que la filtración a la prensa de que había sido sorprendida con 9.500 euros en la frontera responde a otros motivos. “No todo el mundo que viaja a Andorra al cabo de cinco minutos se encuentra una noticia en un periódico”, ha asegurado Jordi Turull, portavoz de CiU en el Parlament catalán.
La comisión permanente de la que sale Pigem tendrá que decidir en las próximas semanas sobre la continuidad de Pablo Ruz al frente del juzgado número cinco de la Audiencia Nacional donde se instruyen los delicados sumarios del caso Gürtel y Bárcenas. Antes de la salida de Pigem, los magistrados nombrados por el PP tenían la mayoría, pero solo por el voto de calidad –que cuenta como dos en caso de empate– del presidente del CGPJ, Carlos Lesmes.
Con la dimisión de Pigem y su probable sustitución por Álvarez-Buylla, los magistrados nombrados por el PP tendrán una mayoría mucho más holgada y no será necesario usar el voto de calidad de Lesmes para decidir el futuro del juez Ruz y el caso Bárcenas.
Publicado o 30/11/2014 en www.eldiario.es
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