El Congreso aprueba la ley que obliga a eliminar el papel en los Juzgados a partir de 2016 y la "privatización" de los actos de comunicación

La Comisión de Justicia del Congreso de los Diputados aprueba, con competencia legislativa plena, el Proyecto de Ley de reforma de la Ley de Enjuiciamiento Civil que marca la obligación de que los Juzgados trabajen exclusivamente a través de medios electrónicos a partir del 1 enero de 2016.

El proyecto, para el que Justicia tiene previsto destinar 47,6 millones de euros durante este año con cargo a su presupuesto, pretende la implantación del uso de las tecnologías de la información y la comunicación en diferentes trámites y procesos judiciales. Tras su aprobación hoy, el texto pasará al Senado para su tramitación correspondiente.

La nueva norma obliga a que las comunicaciones entre profesionales de los órganos judiciales se realicen de forma exclusiva a través de medios informáticos a partir del próximo año y en todos los órdenes jurisdiccionales.

Así, los jueces podrán emplear datos de correo electrónico y de número de teléfono para localizar a los demandados. De esta forma, el Ministerio de Justicia defiende que se hará habitual en la Administración de Justicia la recepción electrónica de las notificaciones que hasta ahora se recibían en papel. Además, se podrá informar mediante aviso por SMS al teléfono móvil de la persona interesada de que se le ha de practicar una notificación.

En relación a los profesionales que colaboran con la Administración de Justicia, los colegios de procuradores estarán obligados a habilitar los medios necesarios de forma que pueda garantizarse el envío y recepción de notificaciones electrónicas en todo el territorio nacional.

En cuanto a la presentación de escritos y documentos, a partir del 1 de enero de 2016, tanto los profesionales como los órganos judiciales estarán también obligados a emplear los medios electrónicos existentes para realizar esta actividad. Para hacerlo efectivo, la administración competente deberá de habilitar los medios técnicos necesarios antes de dicha fecha.

Además, el Ministerio prevé un ahorro gracias a otra de las novedades introducidas en la Ley de Enjuiciamiento Civil dirigida a dotar de nuevas funciones a los procuradores, que tendrán la capacidad de realizar actos de comunicación si sus clientes así lo solicitan.

ASOCIACIONES DE VÍCTIMAS

La Ley de Enjuiciamiento Civil incluirá, además, una serie de enmiendas presentadas por el grupo parlamentario del PP sobre la justicia gratuita y que, en un inicio, se incorporaron en otra norma que finalmente no se tramitará.

Entre ellas se encuentra una disposición que permitirá a las asociaciones de víctimas del terrorismo disfrutar de justicia gratuita con independencia de sus recursos económicos. El partido del Gobierno plantea modificar la norma de 1996 que regula la asistencia gratuita para ampliar este derecho a los colectivos que tengan como fin «la promoción y defensa de los derechos de las víctimas del terrorismo».

En esta adición al texto, el PP, que cuenta con mayoría absoluta, confirma también que las víctimas individuales de delitos terroristas así como las de violencia de género y de trata de seres humanos, pueden disfrutar de la asistencia de abogados de oficio, como ya venía sucediendo desde la aprobación, en la etapa del exministro Alberto Ruiz-Gallardón, de un decreto ley en este sentido.


Publicado o 18/06/2015 en http://diariolaley.laley.es/

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El anteproyecto de Ley de Colegios profesionales prevé la liberalización de los aranceles de los procuradores

La Ley de Servicios y Colegios Profesionales puede suponer una rebaja importante de aranceles para los procuradores. Si finalmente el texto es aprobado como proyecto de ley por el Consejo de Ministros, los aranceles dejarán de ser una tarifa fija para convertirse en la cuantía máxima que estos profesionales podrán cobrar por sus servicios, abriendo la puerta a una liberalización de precios.


Según un artículo firmado por Almudena Vigil en el diario Expansión, así aparece reflejado en el último texto del Anteproyecto que circula actualmente y con el que podrían estar negociando los diferentes ministerios implicados. El texto tiene fecha del 11 de noviembre y va acompañado por una memoria de impacto normativo de la misma fecha.

Esta última versión contempla la aprobación de un real decreto que, “con el fin de incentivar la competencia entre procuradores y evitar aranceles desproporcionados y prácticamente ilimitados”, regule el arancel de acuerdo con una serie de parámetros. En este sentido, la cuantía del mismo tendrá carácter de máximo y los procuradores estarán obligados a entregar un presupuesto previo a sus clientes en el que conste expresamente la disminución ofrecida respecto del tope previsto en la normativa. En caso de que no haya disminución, también tendrá que reflejarse este hecho.

Además, la cuantía global que podrán cobrar por un mismo asunto, actuación o proceso no podrá exceder de 75.000 euros, una cifra que se ha visto reducida respecto al texto que circulaba el pasado mes de julio, con el tope en 150.000 euros. En la regulación vigente, el límite está en 300.000 euros.

Respecto a los procesos concursales, el anteproyecto apunta que “la base para regular los derechos que se devenguen será el 50% del pasivo resultante de la lista definitiva de acreedores presentada por la administración concursal”.

Sin embargo, todas estas medidas dependen de la aprobación de un real decreto tras la entrada en vigor de la nueva ley. Mientras, la reforma establece medidas que serán de aplicación inmediata una vez aprobada la norma. Es el caso de la rebaja generalizada de la cuantía de los aranceles.

Rebaja de aranceles

La cantidad a pagar disminuirá en un 10% cuando la cuantía del procedimiento sea de hasta 601.012 euros –es decir, la gran mayoría de los pleitos–; en un 30%, cuando la cuantía esté comprendida entre 601.012, 01 euros y 10 millones de euros; en un 40%, cuando sea de entre 10 millones de euros y 50 millones; en un 50%, para pleitos de entre 50 millones y 100 millones de euros, y en un 60%, cuando la cuantía supere los 100 millones de euros.

En la actualidad, la norma que regula el arancel permite un incremento o disminución de hasta 12 puntos porcentuales cuando así lo acuerde expresamente el procurador con su cliente.

El texto ha descartado la opción de eliminar por completo el arancel, que sí aparecía inicialmente. La razón, según apunta la memoria de impacto, es que ello podría hacer que se fijaran tarifas por encima de lo debido: “Un escenario de formación libre de precios en un contexto oligopolístico no permite esperar que existan presiones para una formación eficiente de precios”.

Pero no todo son malas noticias para los procuradores. El texto incluye un importante éxito del colectivo en uno de los temas más delicados que ponía en peligro el futuro de la profesión: se mantiene la incompatibilidad entre abogados y procuradores, algo que el Ministerio de Economía, del que depende esta ley, insistía en suprimir. La cartera del ministro Luis de Guindos cedería en este punto manteniendo la prohibición de que una misma persona lleve la representación y defensa en juicio. Según explica la memoria de impacto, en esta decisión ha influido el informe del Consejo de Estado, que lo desaconsejaba.

Escepticismo

En declaraciones a Expansión, el presidente del Consejo General de Procuradores, Juan Carlos Estévez, se ha mostrado escéptico respecto a la aprobación definitiva de este polémico texto, que no da por bueno. Aun así, sostiene que en él se incluyen mejoras para los procuradores respecto a la versión del pasado julio, como la mencionada sobre la incompatibilidad entre abogados y procuradores, o la irretroactividad de las medidas sobre los aranceles.

La aprobación de esta reforma de la Ley de Servicios está resultando muy polémica. El texto, que depende de Economía, está generando importantes tensiones con otras carteras ministeriales, entre ellas la de Justicia, lo que puede dificultar su aprobación definitiva.

Puede consultarse un análisis más detallado de esta versión del anteproyecto, en el artículo de Manuel Merelles "La nueva versión del Anteproyecto de Ley de Servicios y Colegios Profesionales", que publicamos en Noticias Jurídicas.


Publicado o 24/11/2014 en http://noticias.juridicas.com/

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Una enmienda al proyecto de ley de asistencia jurídica gratuita reduce a dos horas el plazo para que comparezca el abogado o procurador designado de oficio

Una enmienda presentada por el Partido Popular al proyecto de ley de asistencia jurídica gratuita propone excluir del Turno de Oficio durante un mínimo de cinco años a los abogados que incumplan su deber de estar disponibles en los servicios de guardia permanentes o no comparezcan en dos horas desde que fueran requeridos, siempre que no concurran "causas debidamente justificadas" ni se haya excusado antes como marca la ley.

De esta manera, se propone reducir de tres a dos horas el plazo para que comparezca el abogado o procurador para atender este servicio.

Los abogados no tendrán que estar colegiados en el territorio donde presten servicios para garantizar la libre competencia, aunque el plazo de dos horas permite llamar solo a aquellos que pueden trasladarse a tiempo para prestar el asesoramiento.

Otras enmiendas propuestas

El Grupo Parlamentario Popular pide además que las organizaciones medioambientales disfruten de la justicia gratuita y que el servicio de orientación jurídica no conlleve ningún coste aunque al solicitante finalmente no le sea reconocido este derecho.

Además, propone que las Administraciones puedan suscribir convenios de colaboración con los colegios de abogados para que las cárceles puedan prestar este asesoramiento y orientación jurídica. (EUROPA PRESS)


Publicado o 20/07/2014 en http://noticias.juridicas.com/

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Economía y Justicia chocan por el papel de los procuradores

El Consejo de Estado cree que la Ley de Enjuiciamiento Civil y la de Servicios Profesionales son incompatibles porque los abogados no deberían asumir las competencias adjudicadas recientemente a los procuradores.

Publicado en www.expansión.com

El anteproyecto de Ley de Servicios y Colegios Profesionales, impulsado por el Ministerio de Economía vuelve a encontrar piedras en su camino. El Consejo de Estado plantea objeciones al texto en lo que respecta a la posible supresión de la incompatibilidad entre abogados y procuradores, y lo hace sobre todo teniendo en cuenta las nuevas competencias que prevé asignar a estos últimos el Ministerio de Justicia a través de la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Civil (LEC), que recibió el visto bueno del Consejo de Ministros en mayo de 2013.