La carga de trabajo afecta en especial a los tribunales de lo social, que están señalando fechas para solucionar procesos de despido para dentro de casi dos años.
Una funcionaria de la Audiencia Provincial de Lugo apura con un dedal de plástico el paso de las hojas de una de las causas que se acumulan sobre su mesa. La montaña de folios llega en un carrito de la compra empujado por otra funcionaria de uno de los juzgados de instrucción que hay al otro lado de la calle. «Ves todo lo que tenemos que hacer, mira las cajas que llegan de toda la provincia», comenta mostrando las que se acumulan en las estanterías y debajo de las mesas. «Como el programa informático no es compatible con el del resto de juzgados hay que volver a volcar los datos de los imputados... Eso solo pasa aquí en Lugo», se queja esta funcionaria.
No es la única. La secretaria respalda su argumento: «Lo más grave de todo es que este edificio se rehízo en el 2007. ¿No podían haber instalado un ordenador central compatible? Estamos duplicando o triplicando el trabajo por esto. Ahora, además, tampoco es como hace años porque la media de imputados que tienen las causas no baja de los 12 o los 15, cuando antes tenían uno o dos».
Lo que ocurre en la Audiencia de Lugo es solo un ejemplo del caos judicial que se respira en toda Galicia. Un informe elaborado el año pasado por el Servicio de Inspección del Consejo General del Poder Judicial con datos relativos al 2013 muestra cómo de los 255 juzgados que hay en la comunidad gallega, 88 (un 34,51 %) superan en más de un 150 % la carga de trabajo marcada por ese organismo para cada uno de ellos. En el conjunto de España el panorama es parecido porque son un 43,53 % de los juzgados los que superan en un 150 % su carga.
Los culpables del problema, aseguran, son la falta de dinero para personal y la escasez de medios para los diferentes cuerpos que están implicados en cada causa y el notable incremento del número de imputados por cada caso. También influyen el alza de los delitos por Internet (más complicados de investigar), la dependencia de varias Administraciones, como el Consejo General del Poder Judicial, la Xunta y el Ministerio de Justicia, y la crisis, culpable del incremento de algunos procesos en los juzgados de Familia. En eso coinciden tanto fuentes de los diferentes estamentos de la Administración de Justicia como los sindicatos UGT, CC. OO. y Alternativas na Xustiza-CUT.
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