Reconoce que en los vídeos se aprecia "una presión organizada" para evitar que se vote pero no observa delito dado que ningún funcionario ratificó que se sintiera intimidado.
La Fiscalía de Pontevedra emitió en los últimos días un decreto mediante el cual procede al archivo de las diligencias de investigación penal abiertas a raíz de una denuncia presentada por un delegado sindical de Ourense por presuntas coacciones a raíz de los hechos ocurridos durante el pasado 27 de abril de este año en las votaciones de los funcionarios de Justicia que deberían ratificar, o no, el acuerdo alcanzado por varios sindicatos con la Xunta para poner fin a la huelga. Un pacto que fue calificado como traición por parte de los sindicatos que se rechazaban el mismo.
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