El Gobierno gallego dará este año un nuevo impulso al expurgo judicial, proceso por el que la documentación judicial que lleve archivada definitivamente, al menos cinco años, una vez grabados en una aplicación informática es analizada por la junta de expurgo, órgano que decide la conservación de aquellos expedientes con relevancia histórico-documental y la destrucción de los restantes.
Este año, la Administración autonómica destinará a este fin una partida por importe de 240.000 euros para desarrollar las acciones de limpieza "en los archivos de ciudades y pueblos en las instalaciones que más lo necesiten".
Para la realización del proceso se cuenta con PERSONAL TÉCNICO DE ARCHIVOS y a través de la Xunta de Expurgo, entidad constituida por representantes del Poder Xudicial, del Ministerio Fiscal y del Gobierno gallego, y que se encarga de determinar los criterios de conservación de documentos.
El objetivo es "descongestionar las instalaciones judiciales y organizar la documentación, lo que redunda en una mejora de la gestión diaria".