Hay denuncias que, unidas a la demora a lo largo de su instrucción, tardan hasta seis años en tener una sentencia definitiva.
La justicia se acompasa a paso lento durante las instrucciones penales pero, cuando llega a los órganos jurisdiccionales encargados de dictar las sentencia, aún apresura menos la zancada. En Ourense, los pleitos que desembarcan en los dos juzgados de lo penal se amontonan a cientos porque tienen las agendas completamente colapsadas. En la actualidad, 1.000 casos están a la espera de un fallo.Ambos juzgados acaban de consumir ya toda la agenda de 2014 cuando el año aún tan siquiera agotó su primer trimestre. Ello significa que todos los pleitos que entren a partir de ahora no llegarán a juicio hasta 2015.
En el Penal 1, por ejemplo, según aseguran sus funcionarios, las causas que se verán a partir de enero del año próximo hacen referencia a denuncias cuya instrucción comenzó en 2010, 2011 o 2012. "Habrá causas que tardarán casi cinco años en ser sentenciadas desde que la denuncia llega por primera vez al juzgado de instrucción", afirma el personal. Pero el ciclo vital del pleito aún se prolongará medio año más si finalmente la decisión del magistrado que falla el asunto es recurrida en apelación ante la Audiencia provincial. En total, casi seis años.
El descontrol en la jurisdicción penal, puesto en conocimiento del Consejo General del Poder Judicial por parte de las dos magistradas a principios de diciembre del pasado año, adquirió mayor dimensión en estos primeros meses. De hecho, tanto Caterina González como Susana Pazos no dudaron en tildar la situación de los señalamientos como "crítica". El Penal 1 ha pasado de señalar de un máximo de cinco meses vista a 10, esto es, el doble. Y, tal como aseguran en ese juzgado, es bastante probable que en muy poco tiempo se haga a un año vista o incluso más.
Pero más crítica es la diagnosis de la situación del Penal 2 pues aún tiene pendiente de fijar fecha para parte de los pleitos que le llegaron el pasado año a excepción de las causas con preso y las de violencia doméstica o de género.
Y todo ello, según enfatizan las magistradas, pese al esfuerzo que hace todo el personal de las oficinas judiciales. De hecho, ellas mismas están desarrollando alrededor de 24 juicios a la semana (con un promedio de siete causas cada uno de los tres días que desarrollan juicios). Y cuando no están en sala, dictan sentencias a un ritmo frenético: algo más de un millar entre los dos.
Sin olvidar la otra tarea importante que tienen encomendada esa jurisdicción: los decretos (resoluciones de los secretarios) o las ejecutorias que velan por los cumplimientos de las sentencias.
Piña: ‘La esperanza está en un juez de adscripción territorial'
La situación de colapso judicial no es nueva ya que en los últimos años la carga de trabajo que soportaban ambos juzgados sobrepasaban los módulos establecidos por el CGPJ.
Pero pese a ello, el remedio brilló por su ausencia. Solamente, la plantilla se reforzó con un funcionario.El juez decano de Ourense cree que la situación se aliviará a partir en abril porque, según dice, "tengo la esperanza de que habrá jueces de adscripción territorial (JAT) con las dos últimas promociones y se espera que a Galicia vengan en torno a 12 o 15", uno de ellos -añade- para el Penal 2 de Ourense. Pero esta solución simplemente sería un parche si no hay más funcionarios de refuerzo por medio, algo que, a juicio de Piña, se negociaría con la Xunta.
El decano es consciente del diagnóstico crítico, máxime porque los abogados defensores pueden interesar la aplicación de la atenuante de dilaciones indebidas por la demora en la tramitación de un procedimiento, lo que lleva aparejada una reducción de la pena en las sentencias o incluso el fantasma de la prescripción. "La justicia que se dilata en el tiempo siempre es preocupante", apostilla.
Ocho años en resolver una estafa con pólizas
Las demoras de los casos por su compleja instrucción tienen consecuencias prácticas todos los días.
El Juzgado de lo Penal 2 todavía verá el año que viene un caso que le acaba de entrar por la puerta cuya tramitación comenzó el Juzgado de Instrucción 1 de la ciudad en 2007.En el banquillo estarán Martha María R.V. (45 años) y Telmo S.V. (55), acusados de un delito continuado falsedad en documento mercantil en concurso con una estafa, para los que la fiscal reclama una pena de casi dos años de prisión y una multa de nueve meses (seis euros al día), además de indemnizaciones que suman 91.700 euros.
Según asegura la acusación pública, ambos se pusieron de acuerdo para apropiarse del dinero que distintas personas les entregaban para concertar seguros en la oficina de Progreso 66, simulando que representaban a la compañía Axa. La acusada, en septiembre de 2004, había suscrito un contrato como mediadora con la compañía Wintherthur, actualmente Axa Seguros Generales Sociedad Anónima de Seguros y Reaseguros, pero que se rescindió a instancias de la aseguradora en octubre de 2006. El acusado, según la acusación pública, también intervenía a la hora de suscribir pólizas y llevaba funciones administrativas y comerciales de distinto tipo.
La trama urdida, según consta en la instrucción, consistía en aprovecharse de forma ilícita de la cobertura que les daba representar a una aseguradora para incorporar a su patrimonio las las cantidades de dinero que los clientes les entregaban. Dice la fiscal que los contratos suscritos nunca fueron puestos en conocimientos de la compañía, pese a que a los 18 perjudicados les extendían el correspondiente recibo.
Durante el tiempo en que se desplegó esta actuación delictiva se originó un accidente en dos ocasiones, lo que dio lugar a que la aseguradora, aunque no hubiera suscrito las pólizas, tuviera sufragar los gastos, derivándose unos perjuicios a la misma que junto a las cantidades que no fueron entregadas por los supuestos contratos alcanzaron los 82.475 euros.
Publicado o 23/03/2014 en www.laregion.es
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Etiquetas: Ourense , Prensa
