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Comunidad Valenciana: Justicia a velocidad de carrito

1 de setembro de 2014

Los documentos de los juzgados tardan varios días en recorrer un edificio inteligente.


Acceso principal de la Ciudad de la Justicia de Valencia. / TANIA CASTRO
La justicia a un golpe de clic está muy lejos de ser una realidad en pleno siglo XXI, el de la revolución tecnológica. En el tercer milenio, los expedientes de los juzgados de la Comunidad Valenciana siguen viajando a través de los pasillos de los edificios judiciales en un carrito de supermercado, lo que lastra el funcionamiento de la justicia. En su itinerario de ida y vuelta, los documentos pueden tardar hasta cinco días en recorrer escasos metros en un mismo edificio como la Ciudad de la Justicia de Valencia.

La pasada semana, el fiscal general del Estado, Eduardo Torres-Dulce, reclamaba medios materiales y personales para un mejor funcionamiento de la justicia. “No todos tienen auténtico interés en que la justicia sea rápida y eficaz”, reivindicaba en una entrevista concedida a EL PAÍS. Pero las dificultades van más allá de contratar más personal o comprar más ordenadores, si el principal problema no se resuelve: la indefinición del modelo judicial y la incompatibilidad de los sistemas informáticos.

El decano de los Juzgados de Valencia, Pedro Viguer, recordaba esa reivindicación ya histórica en España. “Los juzgados y la fiscalía no se hablan”, decía aludiendo a la incompatibilidad de las intranet (redes informáticas que utilizan la tecnología de internet) para compartir los archivos digitales.

De un lado, el sistema informático de la fiscalía, el Fortuny, depende del Ministerio de Justicia y permite a todas las fiscalías trabajar con el mismo registro, información y tramitación. No obstante, este sistema es totalmente incompatible con el que utilizan las comunidades autónomas que, por otro lado, también son incompatibles entre sí. En el caso de la Comunidad Valenciana, el sistema informático Cicerone impide cualquier tipo de contacto con la Fiscalía de Valencia, que ocupa las mismas instalaciones en la Ciudad de la Justicia.

Carrito usado para el traslado de expedientes.
Todo ello lleva al absurdo de tener que comunicarse en papel, algo obsoleto en la mayoría de las Administraciones públicas. Así, los expedientes y resoluciones que salen de la Ciudad de la Justicia viajan en valija judicial en otros medios de locomoción, pero los que se reparten en el mismo edificio se quedaron en el invento de la rueda y se trasladan por los pasillos en un carrito de supermercado que, se supone, ha sido adquirido previamente (alguno de ellos aún lleva la marca de un conocido establecimiento valenciano).

Si tenemos que trazar el itinerario de ida y vuelta que da una sentencia desde que el juez la firma hasta que se la comunica al fiscal, haremos un recorrido de varios días por los inmaculados pasillos de la Ciudad de la Justicia de Valencia, un edificio inteligente con techos de cristal inaugurado hace poco más de diez años.

Cuando un juez tiene que notificar una sentencia a un fiscal, es imposible que la remita por correo electrónico o por una intranet. El funcionario deja este documento en la bandeja o estante del “papel de salida” que se encuentra en su juzgado. Un agente judicial, hoy llamado tramitador, lo recoge en su carrito y lo lleva al decanato. Allí se clasifica en otra estantería (con más de 100 casilleros divididos por juzgados, registros, fiscalía, etcétera). Otro funcionario del decanato lo recoge del estante marcado como “Fiscalía” y lo lleva a las oficinas de la Fiscalía de Valencia, que se encuentran ubicadas a unos 300 metros de distancia en línea recta y en la misma planta.


Viguer: “Utilizamos el mismo sistema de reparto de papel que en el siglo XIX”

Un tramitador de la fiscalía lo clasifica de nuevo y lo reparte a las mesas de los funcionaros de gestión. Éstos registran el documento y se reparte en otro carrito por los despachos de los fiscales. En estos momentos pueden haber pasado de tres a cinco días para que la sentencia llegue a la mesa del fiscal que la solicitó.

Pero la documentación que sale de fiscalía también emprende el mismo el viaje de vuelta. Cuando el fiscal despacha sus diligencias, las deja en la bandeja de salida. El tramitador pasa con su carrito, las recoge y las lleva a la mesa del gestor, que registra el documento de salida.

Este documento vuelve a viajar por los pasillos de la fiscalía hasta llegar a las estanterías, donde se clasifica por juzgados. El tramitador lo recoge de las estanterías y hace paquetes, según su destino, atados con un cordel. Los paquetes se dejan en la estantería de salida hasta que pasa el funcionario de decanato e inicia el camino de vuelta.

Cuando llega al decanato, en su correspondiente carrito de cuatro ruedas, es de nuevo clasificado por juzgados en la estantería correspondiente dispuesto para su reparto. El tramitador lo lleva de nuevo en su carrito al juzgado para su archivo en el expediente.

Seguimos utilizando el mismo sistema de reparto de papel que en el siglo XIX”, se lamenta el decano de Valencia. Excepto las notificaciones a los letrados a través de procurador, que utilizan un sistema informático llamado LexNet, el resto de notificaciones de expedientes va en papel de mostrador en mostrador o por valija judicial de ciudad en ciudad.

Ello supone un gasto ingente en tinta, papel, horas de los funcionarios instalaciones como el archivo de Riba-roja —antes estaba en Moncada—, “donde lo que cabe en una nave de 200 metros lo podríamos llevar en el bolsillo en un USB”, explica Pedro Viguer. El decano ponía como ejemplo que, “En la época en que hacemos la declaración de renta vía telemática, la justicia sigue comunicándose en papel porque no tiene los medios con que cuenta la Agencia Tributaria”, lamenta el decano. De hecho, añadía Viguer, “es difícil encontrar una Administración Pública en peores condiciones que la de Justicia”.


“Es difícil encontrar una Administración que funcione peor que la de Justicia”

A ello se añaden los 500 jueces de las últimas promociones que van rodando por España sin un juzgado propio. Se trata de los llamados JAT (jueces de adscripción territorial) que son destinados al refuerzo de los juzgados porque no tienen destino definitivo. Con la excusa de la crisis, se revocó la previsión de creación de nuevos juzgados aprobada en 2009 por el Consejo General del Poder Judicial.

Crear nuevas plazas judiciales y dotarlas con funcionarios y material vale dinero. Tal vez, se podría paliar esta situación de extrema lentitud de la justicia, explican fuentes judiciales, “si se duplicaran los juzgados con dos jueces y la misma plantilla, para desatascar la mesa del juez”. Ello supondría comenzar a aplicar las reformas aprobadas por Ley Orgánica del Poder Judicial en 2003 para la nueva oficina judicial, que sigue paralizada. La situación de tránsito actual, de tener jueces de instancia sin un juzgado propio, denota una “indefinición del modelo judicial que se quiere perpetuar”, añade Pedro Viguer.


Publicado o 31/08/2014 en www.elpais.com

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