El fiscal general ha recordado que los fiscales de la Audiencia Nacional le hicieron llegar un escrito en el que se ponía de manifiesto que la reforma “podría dificultar la investigación de casos de narcotráfico y terrorismo” y ha asegurado que Justicia “ha tomado nota de los aspectos de la ley que se puedan mejorar”.
Por su parte, el ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Galladón, encargado de presentar a Torres-Dulce en el acto ha asegurado que “nunca ha violentado la necesaria imparcialidad” del Fiscal General del Estado, a quien se ha referido como uno de “los mejores servidores del Estado”, y que precisamente por esta “imparcialidad absoluta” en todas sus actuaciones es por lo que el Gobierno promovió su designación para el cargo.
Gallardón ha señalado que es consciente de las “controversias y dificultades” que rodean la figura del Fiscal General y ha recordado que ésta se regula en el mismo título de la Constitución en el que se habla del Poder Judicial, aunque su designación sea a propuesta del Ejecutivo. “El del Fiscal General es el único nombramiento en el que participan los tres poderes del Estado, ya que su designación, a propuesta del Gobierno, se realiza oído el Consejo General del Poder Judicial y superado el trámite de comparecencia en el Parlamento”, ha relatado.
Ante estas afirmaciones, Torres-Dulce, al tomar la palabra, ha reconocido que el ministro de Justicia siempre ha concebido el ministerio fiscal como un “órgano dotado de total autonomía” y que ha defendido de forma “completa” esta autonomía en el ámbito de actuación de la Fiscalía General del Estado.
Abuso de la acción popular
Preguntado por la introducción en un borrador de la reforma prevista en la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ) de medidas que limiten la acción popular, Torres Dulce ha contestado.A lo largo de su intervención, el fiscal general ha eludido responder a las preguntas referidas al problema migratorio y se ha limitado señalar que se trata de un fenómeno que “humanamente es una tragedia” pero que debe ser tratado siempre “con los instrumentos del Estado de Derecho”. Ha recordado que se dispone de una Fiscalía, la de Inimigración “muy especializada” que se ocupa de estas cuestiones y tampoco ha querido opinar sobre las denominadas “devoluciones en caliente”, ya que su regulación corresponde a criterios “políticos y legislativos”·