"publicado no BOE"
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Rexistro Civil; Instrucción sobre a intervención do M. Fiscal
20 de xullo de 2021
"publicado no BOE"
Vense de publicar no BOE; Instrucción de 9 de julio de 2021, de la Dirección General de Seguridad
Jurídica y Fe Pública, sobre la intervención del Ministerio Fiscal en los
procedimientos del Registro Civil tras la entrada en vigor de la Ley 20/2011,
de 21 de julio, del Registro Civil.
La presente Instrucción establece indicaciones para los Encargados de los Registros
Civiles y personal al servicio de dicho servicio público en cuanto al traslado de
expedientes gubernativos e intervención del Ministerio Fiscal en los procedimientos del
Registro Civil, con independencia de la situación de puesta en marcha o no de DICIREG
en que se encuentren.
"A responsabilidade da Xunta é rematar co conflito da Xustiza e non dilatalo"
9 de abril de 2018
"A responsabilidade de solucionar o conflito é da Xunta que, paradoxalmente, dilata os prazos para reunirse", di Álvaro García Ortiz, da Unión Progresista de Fiscais
Superados os dous meses de folga do persoal da Administración de Xustiza en Galicia, con ducias de milleiros de trámites e xuízos suspendidos, con máis de dous millóns de euros en salarios perdidos polos traballadores e unha nova exhibición de forza e unidade na última manifestación, o conflito permanece enquistado. O Goberno galego teima en non mudar a súa actual proposta de suba de entre 135 e 105 euros ao mes para cada traballador en función da súa categoría. O comité de folga, que comezara reclamando unha suba de 225 euros, mantense no incremeno de 180 euros. Pero a última reunión celebrouse hai dúas semanas e a Xunta segue sen convocar a outra. O tempo pasa e o persoal recibe o apoio de xuíces e fiscais, que empezaron tamén coas súas reivindicacións e ameazan cunha folga a partir do 22 de maio.
Etiquetas: #FolgaXustiza , Fiscais , Prensa
Santiago: Precariedade e falta de medios na fiscalía contra a violencia machista
31 de outubro de 2016
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| [Imaxe: Cadena Ser] Pilar Fernández |
A fiscala especialista en violencia de xénero Pilar Fernández denuncia a precariedade e a falta de medios “patética” que se padece na fiscalía de Santiago, cidade en que non existe oficina de atención ás vítimas e en que as mulleres teñen que esperar na biblioteca da fiscalía a seren atendidas.
Etiquetas: Fiscais , Santiago , Violencia de xénero , Xulgados
Traballo na fiscalía e non o sabía
6 de xuño de 2016
En toda guerra, o maior número de vítimas sempre cae do lado dos cidadans inocentes, que nada teñen que ver cos motivos da Guerra.
Unha situación similar, por sorte sen mortes, ocorre como consecuencia da modificación da Lei de Axuizamento Criminal, a chamada lei de punto final, "improvisada" polo Goberno, que limita o tempo das instrucións dos procedementos a 6 meses e a 18 meses as causas que se declaren complexas.
Etiquetas: Alternativas , Fiscais
Unha situación similar, por sorte sen mortes, ocorre como consecuencia da modificación da Lei de Axuizamento Criminal, a chamada lei de punto final, "improvisada" polo Goberno, que limita o tempo das instrucións dos procedementos a 6 meses e a 18 meses as causas que se declaren complexas.
Etiquetas: Alternativas , Fiscais
Los fiscales sortean la orden de Catalá de examinar cientos de miles de sumarios en siete días
1 de xuño de 2016
Publicado en www.eldiario.es
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| El ministro de Justicia, Rafael Catalá, en una comparecencia pública EFE |
La Fiscalía General del Estado ordena a los fiscales declarar "complejas" todas las causas sin analizarlas ante la imposibilidad de revisar todos los procesos penales en una semana.
Etiquetas: Fiscais , PrensaAtaque cracker a la Fiscalía de A Coruña
5 de febreiro de 2015
Publicado por Salvador Viada en "Justicia Imparcial".
Me dicen que han hackeado los ordenadores de una importante fiscalia española; leí hace un tiempo que la misma Fiscalía Anticorrupción habría sufrido ataques (y en particular alguno de los más brillantes fiscales de esa fiscalía); me comentan fiscales que hay Fiscalías en las que no funciona ni la aplicación informática, ni el correo electrónico ni el video de las videoconferencias; que los ordenadores en algunas fiscalías se desconectan solos si no se trabaja en ellos; todo son rumores sobre las brechas de seguridad; hoy recibimos un email donde desde la Fiscalía General nos anuncian que hay operaciones de "mantenimiento y modificación de la aplicación" durante los próximos seis meses, por lo que se suspende la obligación de introducir datos por ese plazo. ¿Seis meses de mantenimiento? ¿Es que todo está fallando? ¿Nadie sale a tranquilizar a los fiscales, a dar explicaciones? ¿Nadie tiene la culpa de nada? ¿No tiene esto arreglo?
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Ataque cracker a la Fiscalía de La Coruña: JUSTICIA IMPARCIAL: ¿PERO QUE CLASE DE BROMA ES ESTA? http://t.co/X31HjQYDwE vía @salviada
— Juan Antonio (@alegrameeeldia) febrero 4, 2015Etiquetas: Fiscais , Informatización
Oposicións para ingreso nas Carreiras Xudicial e Fiscal
30 de xaneiro de 2015
No Boletín Oficial do Estado número 26, do 30 de xaneiro de 2015, publícase o Acordo do 28 de xaneiro de 2015, da Comisión de Selección á que se refire o artigo 305 da Lei Orgánica do Poder Xudicial, polo que se convocan probas selectivas para a provisión de prazas de alumnos da Escola Xudicial, para o seu posterior acceso á Carreira Xudicial pola categoría de Xuíz, e prazas de alumnos do Centro de Estudos Xurídicos, para o seu posterior ingreso na Carreira Fiscal pola categoría de Avogado Fiscal.
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Etiquetas: Fiscais , Oposicións , Xuíces
Ataques informáticos en los ordenadores de fiscales del 'caso Gürtel' o 'Emperador'
26 de decembro de 2014
Anticorrupción pone en manos de la Unidad de Investigación Tecnológica de la Policía la investigación sobre movimientos inusuales detectados en los ordenadores personales de varios fiscales de Madrid y Barcelona.
La Fiscalía Anticorrupción puso en conocimiento hace un año del Cuerpo Nacional de Policía la pérdida de documentos y los movimientos inusuales detectados en los ordenadores personales de varios fiscales de Madrid y Barcelona, según informaron fuentes de la investigación.
Los ataques informáticos se produjeron en las cuentas de fiscales que investigan la trama de corrupción Gürtel, la mafia china destapada en el caso Emperador, y también de otros que no llevan asuntos tan mediáticos.
La Fiscalía Especial contra la corrupción y la criminalidad organizada denunció los hechos ante la Policía, cuyos agentes han rastreado los ordenadores para localizar a los hackers y han dado instrucciones sobre seguridad informática a los representantes del Ministerio Público. La investigación está en manos de la Unidad de Investigación Tecnológica de la Policía.
Los fiscales anticorrupción detectaron en los últimos meses intromisiones en sus sistemas informáticos, que provocaron la desaparición de carpetas de los ordenadores y entradas en sus correos electrónicos desde servidores rusos.
Concretamente, el fiscal de Barcelona Fernando Bermejo detectó que una dirección rusa había entrado en su correo electrónico cuando investigaba casos relacionados con la mafia de este país.
Otro presunto ataque lo sufrió el fiscal de Madrid Juan José Rosa, a quien le desaparecieron tres o cuatro carpetas de su ordenador, que tenía guardadas también en un disco duro externo y por tanto no perdió. Algunas de esas carpetas estaban relacionadas con Hervé Falciani, el informático que sustrajo unas bases de datos que había obtenido cuando trabajaba para HSBC Suiza con información sobre más de 130.000 defraudadores.
En el último mes se ha detectado también un problema en el servidor que usa la Fiscalía Anticorrupción para compartir archivos, aunque las fuentes fiscales lo atribuyen en principio a un error y no a piratas informáticos.
La mayoría de los fiscales de este área, han detallado las fuentes, suelen sin embargo trabajar con discos duros externos para salvaguardar los datos, y cuando tratan con ellos desconectan sus equipos de internet para que no haya intromisiones.
Publicado o 26/12/2014 en www.publico.es
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Etiquetas: Fiscais , Prensa
El Gobierno elige a Consuelo Madrigal como fiscal general del Estado
19 de decembro de 2014
El Gobierno ha propuesto a Consuelo Madrigal Martínez-Pereda, actualmente al frente de la Fiscalía de la Sala Coordinadora de Menores, como nueva fiscal general del Estado, en sustitución de Eduardo Torres-Dulce. Con esta decisión, el Gobierno cierra en menos de 24 horas la crisis abierta por la salida de Torres-Dulce, quien ha dejado el cargo por sus desavenencias con el Ejecutivo.
De confirmarse este nombramiento, se convertiría en la primera mujer que ocupa la máxima responsabilidad en la Fiscalía General del Estado, un cargo que este jueves ha dejado vacante Torres-Dulce alegando "motivos personales".
El nombramiento, una vez que sea anunciado, deberá someterse al dictamen del Consejo General del Poder Judicial y volver al Consejo de MInistros. La aspirante debe someterse a examen en la Comisión de Nombramientos del Congreso y, si es aprobado, ser definitivamente nombrado por el Gobierno.
Madrigal cuenta con una experiencia dilatada como fiscal. En junio de 2013, Eduardo Torres-Dulce le propuso que continuara en su cargo al frente de la Fiscalía de la Sala Coordinadora de Menores durante un nuevo periodo de cinco años. Una decisión que fue refrendada por el entonces ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón.
Con anterioridad, fue fiscal destinada en la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo. Ingresó en la Carrera Fiscal hace más de treinta años y se hizo cargo de la Fiscalía de Menores cuando fue creada en 2007 dentro de la reforma del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal.
Uno de los objetivos de la Sala Coordinadora de Menores era agrupar los protocolos de actuación en la protección de los derechos fundamentales de los menores, aunando también criterios de actuación.
Publicado o 19/12/2014 en www.elpais.com
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Etiquetas: Fiscais
Dimite el fiscal general del Estado, Eduardo Torres-Dulce
18 de decembro de 2014
El enfrentamiento entre Fiscalía General y Gobierno por Cataluña puso fecha de caducidad al mandato de Torres Dulce en el ministerio público.
El fiscal general del Estado, Eduardo Torres-Dulce, acaba de presentar su renuncia al ministro de Justicia, Rafael Catalá, después de tres años en el cargo. Torres-Dulce sostiene en un escueto comunicado de cuatro líneas que ha hecho público la Fiscalía que su dimisión se debe a "motivos personales".
Torres-Dulce, que relevó a Cándido Conde-Pumpido en el puesto cuando fue nombrado por el Consejo de Ministros el 27 de enero de 2012, era antes fiscal de sala en el Tribunal Constitucional y pertenece a la conservadora Asociación de Fiscales. Comparado con su antecesor, que estuvo ocho años en el puesto, su permanencia ha sido corta.
La trayectoria de Torres-Dulce al frente de la Fiscalía, ha estado marcada por las tensiones con los responsables del ministerio de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón y Rafael Catalá, a raíz, sobre todo, de la instrucción del caso Gürtel y los papeles de Bárcenas.
El último gran enfrentamiento de Torres Dulce con el Gobierno fue por Cataluña. En medio del debate soberanista, el Fiscal General desatendió las órdenes del Gobierno depresentar una querella contra artur Más y miembros de su Gobierno por seguir adelante con el proceso de participación que sustituyó a la consulta que prohibió el Tribunal Constitucional.
En los últimos meses las relaciones entre Fiscalía General y Gobierno se habían enfriado hasta un punto irreparable. Sin embargo, Rajoy no podía destituir a Torres Dulce porque los cambios legales incoporados por su precedesor impedían al ejecutivo el cese del titular del ministerio público. Según fuentes jurídicas, la salida de Torres Dulce "es una dimisión inducida".
NOTA DE PRENSA
El Fiscal General del Estado, Eduardo Torres-Dulce, ha presentado su renuncia
al cargo por motivos personales. Ha comunicado su decisión al ministro de
Justicia.
Torres-Dulce regresará a su plaza en la Fiscalía ante el Tribunal Constitucional.
18 de diciembre de 2014
Publicado o 18/12/2014 en www.eldiario.es
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Etiquetas: Fiscais
Falece o fiscal xefe de Lugo, Juan José Begué
25 de novembro de 2014
Ocupaba o cargo na capital lucense desde o verán do pasado ano.
O mundo xudicial de Lugo levantouse consternado esta mañá coa noticia do falecemento do fiscal xefe de Lugo, Juan José Begué, que morría no seu domicilio da Coruña. Begué ocupaba o cargo de fiscal xefe de Lugo desde o verán do pasado ano e baixo o seu mandato fóronse desenvolvendo algunhas das macrooperaciones que están en marcha na cidade. Juan José Begué, nacido en Huesca en 1970, comezou a súa carreira como fiscal en 1997, cando foi destinado á Fiscalía Provincial de Xirona. No 2008 incorporouse á Fiscalía Provincial da Coruña.
Publicado o 25/11/2014 en www.lavozdegalicia.es
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Etiquetas: Fiscais
O mundo xudicial de Lugo levantouse consternado esta mañá coa noticia do falecemento do fiscal xefe de Lugo, Juan José Begué, que morría no seu domicilio da Coruña. Begué ocupaba o cargo de fiscal xefe de Lugo desde o verán do pasado ano e baixo o seu mandato fóronse desenvolvendo algunhas das macrooperaciones que están en marcha na cidade. Juan José Begué, nacido en Huesca en 1970, comezou a súa carreira como fiscal en 1997, cando foi destinado á Fiscalía Provincial de Xirona. No 2008 incorporouse á Fiscalía Provincial da Coruña.
Publicado o 25/11/2014 en www.lavozdegalicia.es
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Etiquetas: Fiscais
Asociaciones de Jueces y de Fiscales suscriben un manifiesto contra la corrupción y a favor de la regeneración democrática
6 de novembro de 2014
Dotar de medios a la justicia, tanto materiales como humanos así como cambios legislativos en reforma procesal penal o Ley del Suelo y contratación pública, claves de esta lucha.
La sociedad española atraviesa por una situación de máxima alarma ante las continuas noticias sobre casos de corrupción política que nos sobresaltan en los últimos tiempos. Las asociaciones de Jueces y Fiscales no pueden permanecer ajenas a esta grave situación y han convenido emitir el presente comunicado, apelando a la lealtad institucional y sentido del deber y responsabilidad constitucional de los poderes públicos para, de una vez por todas, atajar esta situación. Los continuos episodios de corrupción política que han visto la luz en los últimos tiempos socavan la confianza de los ciudadanos en nuestro sistema democrático y generan un evidente riesgo de colapso de nuestro Estado de Derecho. En este contexto Asociación de Jueces y Magistrados Francisco de Vitoria; Foro Judicial Independiente; Jueces para la Democracia y las asociaciones de fiscales Unión Progresista de Fiscales y Asociación Profesional e Independiente de Fiscales han suscrito un manifiesto para luchar de forma clara contra la corrupción
La corrupción sigue siendo un elemento que junto al paro y la crisis económica preocupa a todos los españoles. Ya nuestra publicación realizó un reportaje entre juristas sobre cómo combatirla http://goo.gl/ipQZZI . También se esperan que en los próximos días, Gobierno, PSOE y otras fuerzas políticas presenten sus medidas para frenar esta lacra que está socavando nuestra convivencia democrática.
Para los firmantes de este manifiesto, el desarrollo del modelo constitucional de Poder Judicial realizado por las sucesivas legislaturas democráticas ha ido pervirtiendo el modelo de separación de poderes que toda Constitución debe salvaguardar, tratando los partidos políticos -de uno y otro signo- de preservar relevantes facultades de control sobre quienes eventualmente tienen el deber juzgarles. Igualmente, el presupuesto destinado a Justicia dista mucho del existente en países de nuestro entorno.
La consecuencia que de ambas circunstancias se deriva no es otra que el debilitamiento del Poder Judicial, único garante de corregir las desviaciones de poder, que con escandalosa frecuencia avergüenzan a la sociedad española.
Sin embargo, la responsabilidad de la necesaria regeneración democrática no puede recaer en exclusiva en la Justicia penal.
El Derecho penal es una herramienta necesaria e ineludible para la lucha contra la corrupción, si bien son precisas medidas en otros ámbitos, así como la implicación de la totalidad de los poderes públicos del Estado.
Por ello, las asociaciones firmantes entienden que resulta necesaria la adopción de las siguientes medidas de carácter inmediato:
- Evitar inaceptables injerencias del poder político en la elección de los integrantes del órgano de gobierno del Poder Judicial.
- Incremento inmediato del presupuesto destinado a Justicia, equiparando el número de Jueces y Fiscales en España a la media europea.
- Dotación de medios materiales adecuados a los funcionarios públicos con competencias en la lucha contra la corrupción, reforzando especialmente el auxilio de los órganos judiciales y fiscales que investigan causas de este tipo (unidades de Policía Judicial, de auxilio de la Agencia Tributaria y de la Intervención General del Estado).
- Instauración de un nuevo modelo procesal penal, apto y eficaz para combatir las formas de criminalidad del siglo XXI y, especialmente, los complejos casos de delincuencia organizada y corrupción.
- Revisión del Código Penal a fin de sancionar como delito la financiación ilegal de partidos políticos.
- Mejora de la eficacia de la lucha contra el fraude fiscal, con el consiguiente incremento de medios personales y materiales en la inspección de la Agencia Tributaria.
- Reducción del número de aforados en el ámbito político y limitación de su aforamiento a los delitos cometidos en el ejercicio del cargo.
- Reforma de la Ley del Suelo y de las leyes que regulan la contratación pública para lograr una mayor transparencia en su ejecución.
Publicado o 06/11/2014 en http://www.lawyerpress.com/
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Etiquetas: Fiscais , Xuíces
La sociedad española atraviesa por una situación de máxima alarma ante las continuas noticias sobre casos de corrupción política que nos sobresaltan en los últimos tiempos. Las asociaciones de Jueces y Fiscales no pueden permanecer ajenas a esta grave situación y han convenido emitir el presente comunicado, apelando a la lealtad institucional y sentido del deber y responsabilidad constitucional de los poderes públicos para, de una vez por todas, atajar esta situación. Los continuos episodios de corrupción política que han visto la luz en los últimos tiempos socavan la confianza de los ciudadanos en nuestro sistema democrático y generan un evidente riesgo de colapso de nuestro Estado de Derecho. En este contexto Asociación de Jueces y Magistrados Francisco de Vitoria; Foro Judicial Independiente; Jueces para la Democracia y las asociaciones de fiscales Unión Progresista de Fiscales y Asociación Profesional e Independiente de Fiscales han suscrito un manifiesto para luchar de forma clara contra la corrupción
La corrupción sigue siendo un elemento que junto al paro y la crisis económica preocupa a todos los españoles. Ya nuestra publicación realizó un reportaje entre juristas sobre cómo combatirla http://goo.gl/ipQZZI . También se esperan que en los próximos días, Gobierno, PSOE y otras fuerzas políticas presenten sus medidas para frenar esta lacra que está socavando nuestra convivencia democrática.
Para los firmantes de este manifiesto, el desarrollo del modelo constitucional de Poder Judicial realizado por las sucesivas legislaturas democráticas ha ido pervirtiendo el modelo de separación de poderes que toda Constitución debe salvaguardar, tratando los partidos políticos -de uno y otro signo- de preservar relevantes facultades de control sobre quienes eventualmente tienen el deber juzgarles. Igualmente, el presupuesto destinado a Justicia dista mucho del existente en países de nuestro entorno.
La consecuencia que de ambas circunstancias se deriva no es otra que el debilitamiento del Poder Judicial, único garante de corregir las desviaciones de poder, que con escandalosa frecuencia avergüenzan a la sociedad española.
Sin embargo, la responsabilidad de la necesaria regeneración democrática no puede recaer en exclusiva en la Justicia penal.
El Derecho penal es una herramienta necesaria e ineludible para la lucha contra la corrupción, si bien son precisas medidas en otros ámbitos, así como la implicación de la totalidad de los poderes públicos del Estado.
Por ello, las asociaciones firmantes entienden que resulta necesaria la adopción de las siguientes medidas de carácter inmediato:
- Evitar inaceptables injerencias del poder político en la elección de los integrantes del órgano de gobierno del Poder Judicial.
- Incremento inmediato del presupuesto destinado a Justicia, equiparando el número de Jueces y Fiscales en España a la media europea.
- Dotación de medios materiales adecuados a los funcionarios públicos con competencias en la lucha contra la corrupción, reforzando especialmente el auxilio de los órganos judiciales y fiscales que investigan causas de este tipo (unidades de Policía Judicial, de auxilio de la Agencia Tributaria y de la Intervención General del Estado).
- Instauración de un nuevo modelo procesal penal, apto y eficaz para combatir las formas de criminalidad del siglo XXI y, especialmente, los complejos casos de delincuencia organizada y corrupción.
- Revisión del Código Penal a fin de sancionar como delito la financiación ilegal de partidos políticos.
- Mejora de la eficacia de la lucha contra el fraude fiscal, con el consiguiente incremento de medios personales y materiales en la inspección de la Agencia Tributaria.
- Reducción del número de aforados en el ámbito político y limitación de su aforamiento a los delitos cometidos en el ejercicio del cargo.
- Reforma de la Ley del Suelo y de las leyes que regulan la contratación pública para lograr una mayor transparencia en su ejecución.
Publicado o 06/11/2014 en http://www.lawyerpress.com/
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Etiquetas: Fiscais , Xuíces
El fiscal superior demanda que los procesos sin autor conocido no lleguen a la vía judicial
18 de outubro de 2014
“O dato que é máis chamativo é que pouco máis do 5% dos procedementos tramitados foron a xuízo”. El fiscal superior de Galicia, Carlos Varela, fue tajante al responder a la pregunta de qué resultados de la memoria de 2013 de la Fiscalía le resultan más preocupantes. En este sentido considera que la Justicia está dando cabida a delitos sin autor conocido que, en la mayoría de los casos, acaban por ser sobreseídos o archivados. Por ello, reclama un cambio en el sistema que impida que estos casos pasen el primer filtro. El objetivo es reducir el gasto en recursos.
Varela recordó ayer que partiendo de una cifra de 247.655 procedimientos a los que aportar una resolución, “casi 40.000 fueron sin autor conocido”. Esto implica que, tal y como recoge el informe, gran parte del trabajo de los funcionarios fue a parar a saco roto.
Y es que mientras se dictan sentencias para un 5,5% de las ilegalidades, un 48% de las tramitaciones iniciadas en 2013 terminaron archivadas.
La mayoría responden al grupo penal vinculado a los crímenes sobre el patrimonio y socioeconómicos porque no se detecta a los culpables. En su mayoría se trata de “roubos ou furtos”. Lo curioso es que, en paralelo, representan la segunda tipología delitiva más representativa en el marco de la labor de la Fiscalía.
“Os casos sen autor coñecido non deberían chegar ao procedemento xudicial porque hai que dispor recursos para algo que vai ir ao arquivo”, insistió el fiscal, que considera que esto demuestra el “desperdicio de recursos”.
En opinión del representante “hai que corrixir” esta problemática para malgastar menos presupuesto, personal y esfuerzo para nada. “Si desaparecesen se aliviaría moito a carga que pesa sobre os xulgados”, explicó, insistiendo en la necesidad de una “modificación legal”.
En todo caso, se ve una pequeña luz al final del túnel del papeleo que no lleva a ninguna parte. “Cando exista o expediente xudicial electrónico eses casos irán a unha vía morta electrónica e nese caso non habería que destinar recursos persoais á xestión dese papel”, augura.
No obstante, el colectivo al que representa aún tiene esperanzas de que los legisladores escuchen sus propuestas, porque trabajan a “pie de obra”, y actúen en consecuencia.
Así lo espera también en el caso de lo que llama “criminalidad compleja”, en la que engloba los delitos contables, documentales o vinculados a movimientos financieros irregulares, entre otras prácticas ilegales.
“É un tema que temos pendente e precisaríamos peritos moi especializados: tería que haber unha policía xudicial para esta temática e peritos expertos adscritos a este apartado”, exigió Varela, que ayer mostró una amplia cartera de reclamaciones de cara a la Administración.
Así reiteró que “sería interesante ter a capacidade para poder facer máis neste ámbito procesual”.
En su comparecencia, el máximo responsable de la Fiscalía Superior de Galicia también habló de su posible ratificación en el puesto. Ante las preguntas, explicó que depende de que el anuncio salga publicado en el Boletín Oficial del Estado (BOE).
En lo relativo a otras cuestiones como el cambio constante de ministros en el área de Justicia se mostró mucho más cauto y aclaró que “iso é o que hai” para trabajar. Respecto a la falta de receptividad política para hacer cambios, remarcó que son las herramientas que existen.
Publicado o 18/10/2014 en www.elidealgallego.es
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Etiquetas: Estatísticas , Fiscais
Varela recordó ayer que partiendo de una cifra de 247.655 procedimientos a los que aportar una resolución, “casi 40.000 fueron sin autor conocido”. Esto implica que, tal y como recoge el informe, gran parte del trabajo de los funcionarios fue a parar a saco roto.
Y es que mientras se dictan sentencias para un 5,5% de las ilegalidades, un 48% de las tramitaciones iniciadas en 2013 terminaron archivadas.
“Robos ou furtos”
La mayoría responden al grupo penal vinculado a los crímenes sobre el patrimonio y socioeconómicos porque no se detecta a los culpables. En su mayoría se trata de “roubos ou furtos”. Lo curioso es que, en paralelo, representan la segunda tipología delitiva más representativa en el marco de la labor de la Fiscalía.
“Os casos sen autor coñecido non deberían chegar ao procedemento xudicial porque hai que dispor recursos para algo que vai ir ao arquivo”, insistió el fiscal, que considera que esto demuestra el “desperdicio de recursos”.
En opinión del representante “hai que corrixir” esta problemática para malgastar menos presupuesto, personal y esfuerzo para nada. “Si desaparecesen se aliviaría moito a carga que pesa sobre os xulgados”, explicó, insistiendo en la necesidad de una “modificación legal”.
Vía morta electrónica
En todo caso, se ve una pequeña luz al final del túnel del papeleo que no lleva a ninguna parte. “Cando exista o expediente xudicial electrónico eses casos irán a unha vía morta electrónica e nese caso non habería que destinar recursos persoais á xestión dese papel”, augura.
No obstante, el colectivo al que representa aún tiene esperanzas de que los legisladores escuchen sus propuestas, porque trabajan a “pie de obra”, y actúen en consecuencia.
Así lo espera también en el caso de lo que llama “criminalidad compleja”, en la que engloba los delitos contables, documentales o vinculados a movimientos financieros irregulares, entre otras prácticas ilegales.
“É un tema que temos pendente e precisaríamos peritos moi especializados: tería que haber unha policía xudicial para esta temática e peritos expertos adscritos a este apartado”, exigió Varela, que ayer mostró una amplia cartera de reclamaciones de cara a la Administración.
Así reiteró que “sería interesante ter a capacidade para poder facer máis neste ámbito procesual”.
En su comparecencia, el máximo responsable de la Fiscalía Superior de Galicia también habló de su posible ratificación en el puesto. Ante las preguntas, explicó que depende de que el anuncio salga publicado en el Boletín Oficial del Estado (BOE).
En lo relativo a otras cuestiones como el cambio constante de ministros en el área de Justicia se mostró mucho más cauto y aclaró que “iso é o que hai” para trabajar. Respecto a la falta de receptividad política para hacer cambios, remarcó que son las herramientas que existen.
Publicado o 18/10/2014 en www.elidealgallego.es
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La Fiscalía detecta un incremento en los delitos de corrupción en Galicia de un 21%
Las distintas tramas de corrupción detectadas por los jueces en el ámbito político manchan ya la otrora reducida sección de delitos de corrupción incluida en la memoria de la Fiscalía Superior de Galicia. Su máximo responsable, Carlos Varela, alertó ayer de que el número de delitos de este tipo incoados en la comunidad se ha disparado en el último año. Según el informe del Ministerio fiscal relativo a 2013, los “delitos relacionados coa corrupción sufriron unha variación interanual dun 21,05%”.
Operaciones como la Pokémon, con su ramificación coruñesa bajo el nombre de Pikachu, no solo provocan el escándalo social sino también la mala imagen judicial de Galicia. La memoria de la Fiscalía Superior de 2013, que fue presentada ayer por el fiscal Carlos Varela, refleja que tan solo el año pasado se incoaron 184 delitos vinculados a la corrupción “sempre de plena actualidade”.
Aunque el máximo responsable del organismo subrayó que hay que tener en cuenta que los datos son reducidos, no deja de ser destacable el hecho de que esta tipología se incrementara en un 21,05% en 2013 con respecto a todo el año 2012. En total 26 de los delitos fueron calificados (un 44,44% más) y 10 sentenciados (un 25% más).
Durante el acto, Varela recalcó que entre las incoaciones más representativas “destaca con moito a prevaricación administrativa”. Más del 56% de los procedimientos abiertos se debieron a este problemática, mientras que el 13% estuvieron relacionados con el blanqueo de capitales y el 12% con el tráfico de influencias.
Sin embargo, los fiscales dieron la vuelta a la lista como se observa al analizar aquellas infracciones en la medida en que fueron “obxecto de acusación” por parte del colectivo profesional. “Os delitos cualificados foron nun 26,92% por blanqueo de capitais; nun 26,92% por prevaricación administrativa e un 19,23% por malversación de fondos”, desgranó Varela.
Este aclaró que el baile de cifras se debe fundamentalmente a que “nalgúns casos no 2013 se rematou a primeira fase de incoacción e pasan a ser calificados, é dicir, seguen tramitándose”. Insistió en que la variación en los números es totalmente “normal” porque “este tipo de procedementos acostuman a dilatarse no tempo”.
En el caso de las sentencias que se dictaron, el 60% estuvieron relacionadas con el blanqueo de dinero mientras que tan solo se resolvieron un 20% de los procesos abiertos por prevaricación.
Invitado a concretar más sobre algunos de estos casos –que resultan de interés para la opición pública–, Varela aseguró que solo dispone de los datos estadísticos, pues la información se envía a la Fiscalía desde sus cuatro homólogas provinciales. Por ello descartó hacer alusión a alguna institución política.
No obstante sí reconoció que dentro de este apartado de corruptelas se concentran aquellos delitos tipificados por “contratacións de persoal que se fan sen respetar o procedemento legal ou adxudicacións de contratos e obras sen realizar concurso público”. “Están á orde do día”, reconoció.
Al margen de lo puramente estadístico, el máximo representante de la Fiscalía habló de esos “macroprocesos xudiciais” por corrupción que están causando estragos en el sistema. “Como consecuencia das insvestigacións, os casos comezan a ramificarse e se fan interminables”, lamentó.
En su opinión el sistema español debería “introducir o principio de oportunidade penal e desbotar condutas que non teñen interés social para investigar o núcleo duro central do procedemento e levalo a xuízo moito máis rápido”.
“Os procesos de anos se acortarían moito no tempo porque as instruccións de seis ou sete anos significan baixadas penais que poden chegar a cambiar a prisión por multas”, criticó.
De esta manera invitó al legislador a curarse en salud y evitar que se tumben tramas como la Pokémon, tal y como ocurrió con la Operación Rei o el caso de las multas de Lugo gracias a las reclamaciones de los defensores. En tal caso, la Fiscalía recurrirá las resoluciones ante el Tribunal Supremo como ya ha hecho con la primera.
Publicado o 18/10/2014 en www.elidealgallego.com
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Etiquetas: Estatísticas , Fiscais , Prensa
Operaciones como la Pokémon, con su ramificación coruñesa bajo el nombre de Pikachu, no solo provocan el escándalo social sino también la mala imagen judicial de Galicia. La memoria de la Fiscalía Superior de 2013, que fue presentada ayer por el fiscal Carlos Varela, refleja que tan solo el año pasado se incoaron 184 delitos vinculados a la corrupción “sempre de plena actualidade”.
Aunque el máximo responsable del organismo subrayó que hay que tener en cuenta que los datos son reducidos, no deja de ser destacable el hecho de que esta tipología se incrementara en un 21,05% en 2013 con respecto a todo el año 2012. En total 26 de los delitos fueron calificados (un 44,44% más) y 10 sentenciados (un 25% más).
Más del 56%
Durante el acto, Varela recalcó que entre las incoaciones más representativas “destaca con moito a prevaricación administrativa”. Más del 56% de los procedimientos abiertos se debieron a este problemática, mientras que el 13% estuvieron relacionados con el blanqueo de capitales y el 12% con el tráfico de influencias.
Sin embargo, los fiscales dieron la vuelta a la lista como se observa al analizar aquellas infracciones en la medida en que fueron “obxecto de acusación” por parte del colectivo profesional. “Os delitos cualificados foron nun 26,92% por blanqueo de capitais; nun 26,92% por prevaricación administrativa e un 19,23% por malversación de fondos”, desgranó Varela.
Este aclaró que el baile de cifras se debe fundamentalmente a que “nalgúns casos no 2013 se rematou a primeira fase de incoacción e pasan a ser calificados, é dicir, seguen tramitándose”. Insistió en que la variación en los números es totalmente “normal” porque “este tipo de procedementos acostuman a dilatarse no tempo”.
"Á orde do día"
En el caso de las sentencias que se dictaron, el 60% estuvieron relacionadas con el blanqueo de dinero mientras que tan solo se resolvieron un 20% de los procesos abiertos por prevaricación.
Invitado a concretar más sobre algunos de estos casos –que resultan de interés para la opición pública–, Varela aseguró que solo dispone de los datos estadísticos, pues la información se envía a la Fiscalía desde sus cuatro homólogas provinciales. Por ello descartó hacer alusión a alguna institución política.
No obstante sí reconoció que dentro de este apartado de corruptelas se concentran aquellos delitos tipificados por “contratacións de persoal que se fan sen respetar o procedemento legal ou adxudicacións de contratos e obras sen realizar concurso público”. “Están á orde do día”, reconoció.
Dudas con la pokémon
Al margen de lo puramente estadístico, el máximo representante de la Fiscalía habló de esos “macroprocesos xudiciais” por corrupción que están causando estragos en el sistema. “Como consecuencia das insvestigacións, os casos comezan a ramificarse e se fan interminables”, lamentó.
En su opinión el sistema español debería “introducir o principio de oportunidade penal e desbotar condutas que non teñen interés social para investigar o núcleo duro central do procedemento e levalo a xuízo moito máis rápido”.
“Os procesos de anos se acortarían moito no tempo porque as instruccións de seis ou sete anos significan baixadas penais que poden chegar a cambiar a prisión por multas”, criticó.
De esta manera invitó al legislador a curarse en salud y evitar que se tumben tramas como la Pokémon, tal y como ocurrió con la Operación Rei o el caso de las multas de Lugo gracias a las reclamaciones de los defensores. En tal caso, la Fiscalía recurrirá las resoluciones ante el Tribunal Supremo como ya ha hecho con la primera.
Publicado o 18/10/2014 en www.elidealgallego.com
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La exfiscal jefe de A Coruña se siente perseguida por un colega
10 de setembro de 2014
Esther Fernández considera irregular la investigación realizada por una juez que pide su imputación.
La actual fiscal superior de Asturias, Esther Fernández García, asegura que no sabía nada de que un juzgado coruñés abrió hace ya casi dos años un proceso penal contra ella para averiguar si cometió un delito, estando al frente de la Fiscalía provincial de A Coruña, en la tramitación del expediente que acabó por propiciar la primera expulsión de la carrera de un representante del ministerio público, la de Juan Antonio Frago. Fernández se enteró por los medios de que una juez de Instrucción de A Coruña, la titular del número 3, ha pedido su imputación al Tribunal Supremo al considerar que hay indicios de que incurrió en falsedad documental en el proceso que llevó al fiscal del Estado a echar a Frago. Una expulsión que luego fue anulada por la Audiencia Nacional.
Fernández denuncia una persecución de su excolega, que está de nuevo ejerciendo en A Coruña. “Ni estoy imputada, ni he participado en ilícito penal alguno”, se defiende en un comunicado. Y subraya las supuestas irregularidades y pasos erróneos que dio la juez de instrucción Elena Rodríguez Molpeceres en su insólito proceso contra la ahora fiscal superior de Asturias. La Audiencia coruñesa tendrá que pronunciarse sobre el auto enviado al Supremo ya que fue recurrido por la Fiscalía.
Fernández recuerda que un juez de instrucción no tiene competencias para incoar un proceso penal contra un juez, magistrado o fiscal, ni admitir una querella, ni una denuncia. Tampoco puede, en alusión a lo que hizo Rodríguez Molpeceres, inhibirse a un tribunal superior sino enviarle una “exposición razonada” después de oír al fiscal, “lo que no ha sucedido en este caso”, remacha la fiscal.
Fernández acusa a Frago de haber emprendido “toda una campaña de desprestigio”. Y todo comenzó, añade, antes incluso del proceso que la Inspección fiscal abrió de oficio contra él y que desembocó en su expulsión —luego anulada— de la carrera judicial. Esther Fernández asegura que Frago presentó contra ella, sin conseguir nunca que fuesen admitidas, una larga lista de demandas: una queja por discriminación; una demanda por discriminación por razón de sexo; una querella por falsedad que rechazó el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia y luego también el Supremo; así como una demanda ante la jurisdicción social que tampoco prosperó.
Publicado o 09/09/2014 en www.elpais.com
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La actual fiscal superior de Asturias, Esther Fernández García, asegura que no sabía nada de que un juzgado coruñés abrió hace ya casi dos años un proceso penal contra ella para averiguar si cometió un delito, estando al frente de la Fiscalía provincial de A Coruña, en la tramitación del expediente que acabó por propiciar la primera expulsión de la carrera de un representante del ministerio público, la de Juan Antonio Frago. Fernández se enteró por los medios de que una juez de Instrucción de A Coruña, la titular del número 3, ha pedido su imputación al Tribunal Supremo al considerar que hay indicios de que incurrió en falsedad documental en el proceso que llevó al fiscal del Estado a echar a Frago. Una expulsión que luego fue anulada por la Audiencia Nacional.
Fernández denuncia una persecución de su excolega, que está de nuevo ejerciendo en A Coruña. “Ni estoy imputada, ni he participado en ilícito penal alguno”, se defiende en un comunicado. Y subraya las supuestas irregularidades y pasos erróneos que dio la juez de instrucción Elena Rodríguez Molpeceres en su insólito proceso contra la ahora fiscal superior de Asturias. La Audiencia coruñesa tendrá que pronunciarse sobre el auto enviado al Supremo ya que fue recurrido por la Fiscalía.
Fernández recuerda que un juez de instrucción no tiene competencias para incoar un proceso penal contra un juez, magistrado o fiscal, ni admitir una querella, ni una denuncia. Tampoco puede, en alusión a lo que hizo Rodríguez Molpeceres, inhibirse a un tribunal superior sino enviarle una “exposición razonada” después de oír al fiscal, “lo que no ha sucedido en este caso”, remacha la fiscal.
Fernández acusa a Frago de haber emprendido “toda una campaña de desprestigio”. Y todo comenzó, añade, antes incluso del proceso que la Inspección fiscal abrió de oficio contra él y que desembocó en su expulsión —luego anulada— de la carrera judicial. Esther Fernández asegura que Frago presentó contra ella, sin conseguir nunca que fuesen admitidas, una larga lista de demandas: una queja por discriminación; una demanda por discriminación por razón de sexo; una querella por falsedad que rechazó el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia y luego también el Supremo; así como una demanda ante la jurisdicción social que tampoco prosperó.
Publicado o 09/09/2014 en www.elpais.com
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Benito Montero Prego: ´Probablemente son o primeiro fiscal da historia que empregou o galego nos seus escritos´
7 de setembro de 2014
"Ao principio foi admitido con certos reparos, pero dixen: nen un paso atrás".
Unha importante representación do mundo da Xustiza en Galicia darase cita o próximo 3 de outubro en Cambados na homenaxe que organiza a Fiscalía de Pontevedra a un dos seus membros máis destacados, Benito Montero Prego, quen se xubila o próximo día 11. Son 44 anos adicados ao Ministerio Público, pero tamén a defensa da lingua e a cultura galega. Unha labor que iniciou cando todavía había moitas reticencias a empregar a lingua propia nos xulgados, sendo o primeiro fiscal en empregar o galego nos seus escritos.
-A súa xubilación vai supoñer un parón nese activismo en prol do galego que o caracterizou na súa traxectoria como fiscal?
-Non, todo o contrario. Sempre estiven moi atento a actividade cultural galega en xeral. Esta comenzou hai 30 anos cando decidín facer todos os meus escritos como fiscal en galego, pero ese activismo tamén chegou a outros ámbitos da sociedade, como na Revista Xurídica Galega, o Couto Mixto, os Premios da Crítica, todos como socio fundador. En fin, que estiven inmerso na actividade cultural galega dende sempre e agora é certo que vou dispor de máis tempo para adicarlle a todas estas cousas, aínda que tamén espero persoalmente ter tempo para ler máis, profundar máis en certos estudios e dentro do que poida, seguir axudando a normalización da nosa lingua e a expansión e ao fomento da nosa cultura.
-E ten algún proxecto en mente no que traballar?
-Cando vas deixar un traballo tan absorbente coma este, entón agólpanse na cabeza moitísimas cousas que un ten pendentes. Penso escribir bastante, ler, estar máis activo nas sociedades en defensa da cultura galega das que participo, pero tamén espero ter tempo para as cousas pequenas, como xogar ao golf, adicarme a miña finca de Carballedo para que as árbores dean bos froitos e cultivar flores ben bonitas para regalarllas a miña muller, aos fillos e a miña neta.
-E pensa que ese traballo que fixo a prol da normalización da lingua galega na Xustiza floreceu como os seus frutais de Carballedo?
-Penso que si. Probablemente eu fun o primeiro fiscal da historia que empregou o galego nos seus escritos e hoxe son xa uns sete ou oito fiscais en Pontevedra que fan todo o seu traballo na nosa lingua. Anteriormente non se facía nada. A única luz, o único facho, era o maxistrado José Juan Barreiro que cando eu empecei él xa estaba facendo cousas en galego. Pero na Fiscalía, ninguén o fixera. En fin, foi algo admitido con certos reparos pero como tiña da miña parte a Constitución pois dixen: "nen un paso atrás, vou facer todo en galego dende agora". Incluso me recomendaban que o fixese en galego pero tamén en castelán pero non quixen porque eu tiña ese dereito. Non son grandes avances pero da nada ao algo hai moito camiño.
-Imaxino que aínda hai grandes dificultades para desenvolverse en galego na administración de Xustiza...
-A nivel de medios materiais si. Especialmente a nivel informático. Se os poderes públicos teñen a obriga de fomentar a lingua propia, indubidablemente a Xunta está a facer moi pouco neste aspecto. E máis, penso que a veces foi incluso contraria a auténtica normalización e utilización do galego na Xustiza. O sistema informático non está en galego e os funcionarios, aínda que queiran, non poden empregar este idioma. Esperemos que a Xunta teña traducido en pouco tempo todo o sistema informático e que cada un utilice o idioma galego ou castelán, o que prefira.
-Hoxe en día hai atrancos para empregar o galego nos tribunais?
-A miña experiencia dime que ningún. Nunca ninguén me puxo obstáculo para empregar o galego. Hai trinta anos, nos primeiros momentos, si que o meu xefe daquela me dicía que igual o tiña que facer tamén en castelán pero eu insistín en facelo so en galego.
-Aínda así, o nivel de emprego do galego na Xustiza está moi lonxe do que vostede desexaría...
-Si, moi lonxe. A miña ilusión sería unha utilización do cento por cento e estamos a falar dun 7, un 8, un 12 por cento. E certo que é moi pouco, un porcentaxe reducido. Pero hai 40 anos non se coñecía na Xustiza nen unha palabra en galego. Hai que remontarse á Idade Media para atopar textos legais en galego, cando era a lingua culta. Hoxe en día son xa miles de sentenzas, providencias, calificacións dos fiscais e escritos dos avogados. Teñamos a esperanza de que a lingua vaia por camiños abondosos e se vaia normalizando o seu uso.
-Son 44 anos de traxectoria profesional como fiscal; toda aquí, en Pontevedra?
-Non. O meu primeiro destino foi en Asturias, onde cheguei no ano 1971. Despois de cinco anos trasladeime a Vigo, onde estiven entre o ano 1976 e 1984. Foi unha etapa preciosa, entre outras cuestións porque coincidiu coa lei do divorcio. Eu trouxen aquelas actividades culturais e sociais que organizara aquel secretario de estado de Xustiza, Enrique Linde, que desenvolvera a lei do divorcio e indubidablemente, moitos compañeiros fiscais daquela época denostaban aquela lei como algo horroroso que traían os socialistas e que iba a acabar coa sociedade. Tiven mesmo algún enfrontamento moi serio pero logrei saír adiante con aquelo e gracias a iso Linde, sabedor da miseria de medios materiais que tiñamos no xulgado de instrución 3 de Vigo (celebrábamos os xuízos nunha cociña dun piso que empregábamos como xulgado) pois concedeume o presuposto para un novo xulgado se eu atopaba os locais. E así foi, o Concello cedeume uns locais detrás do Pazo de Xustiza e Vigo tivo un novo xulgado, o número 3. Como cousa curiosa podo dicir que que foi a primeira vez que nun xulgado había un despacho dun fiscal e mesmo con teléfono. Logo estiven un ano en Tenerife, outra época moi bonita, e finalmente en Pontevedra a partir de 1985.
-Escribindo en galego, apoiando a lei do divorcio..., viña vostede con una nova visión de ver as cousas da existente ata entón, non o miraban naquel tempo como unha cousa rara?
-Un pouco raro si. Por poñer outra anécdota. Naquel momento, calquera delito cometido por un drogadicto esta circunstancia era unha agravante. Penso que eu fun o primeiro fiscal en expoñer na Audiencia a necesidades de cambiar isto de forma radical e solicitaba menos pena para o acusado ao considerar que esta circunstancia era unha atenuante. O drogadicto ten todas as súas capacidades volitivas e intelectivas diminuídas e había que rebaixar a pena. Esto causou certo asombro entre algúns compañeiros e xuíces, non de todos, pero si de algún. E iso ao final foise impoñendo hasta ser recollido no Código Penal. E logo estaba iso de escribir en galego. Era como un bicho raro, rarísimo, en certos aspectos. Despois, do resto, cada un é como é. Eu penso que hai que respectar ao delincuente porque é unha persoa que debe ter sitio na nosa sociedade, e merece o mellor trato da Xustiza de cara a súa reinserción. Por iso eu aparteime da costume que había de utilizar palabras grosas ou ofensivas contra eles.
-Que lle parecen as reformas que se están tramitando no ámbito da Xustiza?
-A dicir verdade non profundei moito nestas reformas porque o meu tempo nesta profesión se acaba e van ser outros aos que lles toque sufrilas ou gozalas. De todas formas hai reformas que me parecen un paso atrás. A lei de taxas é unha delas. Penso que moitos cidadáns non acoden á Xustiza porque lles é cara e polo tanto xa non é universal e para todos. Non digo que non houbera que cortar certos abusos. A lei do aborto creo que é un paso atrás e regresivo. A reforma da LOPJ, ten aspectos beneficiosos e outros regresivos. O que si boto de menos é que estas reformas non se fagan por consenso coa oposición e os xuíces e fiscais.
-Nado en Cambados, fillo adoptivo en Poio..., ten vostede o corazón dividido e co Monte Castrove no medio.
-Home, Cambados é Cambados. Eu sempre dixen que non podía nacer noutro sitio porque é o que levo dentro. Cambados son eu e eu son Cambados. Penso enterrarme en Santa Mariña, ao lado dos meus pais e mirando á Ría de Arousa. En Poio levo 15 anos vivindo e a miña defensa da lingua foi o que levou ao Concello a concederme esta distinción. Tamén lles estou moi agradecido, é o lugar onde vivo e farei o que esté na miña man por Poio. Ambas non son contraditorias.
Publicado o 06/09/2014 en www.farodevigo.es
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Unha importante representación do mundo da Xustiza en Galicia darase cita o próximo 3 de outubro en Cambados na homenaxe que organiza a Fiscalía de Pontevedra a un dos seus membros máis destacados, Benito Montero Prego, quen se xubila o próximo día 11. Son 44 anos adicados ao Ministerio Público, pero tamén a defensa da lingua e a cultura galega. Unha labor que iniciou cando todavía había moitas reticencias a empregar a lingua propia nos xulgados, sendo o primeiro fiscal en empregar o galego nos seus escritos.
-A súa xubilación vai supoñer un parón nese activismo en prol do galego que o caracterizou na súa traxectoria como fiscal?
-Non, todo o contrario. Sempre estiven moi atento a actividade cultural galega en xeral. Esta comenzou hai 30 anos cando decidín facer todos os meus escritos como fiscal en galego, pero ese activismo tamén chegou a outros ámbitos da sociedade, como na Revista Xurídica Galega, o Couto Mixto, os Premios da Crítica, todos como socio fundador. En fin, que estiven inmerso na actividade cultural galega dende sempre e agora é certo que vou dispor de máis tempo para adicarlle a todas estas cousas, aínda que tamén espero persoalmente ter tempo para ler máis, profundar máis en certos estudios e dentro do que poida, seguir axudando a normalización da nosa lingua e a expansión e ao fomento da nosa cultura.
-E ten algún proxecto en mente no que traballar?
-Cando vas deixar un traballo tan absorbente coma este, entón agólpanse na cabeza moitísimas cousas que un ten pendentes. Penso escribir bastante, ler, estar máis activo nas sociedades en defensa da cultura galega das que participo, pero tamén espero ter tempo para as cousas pequenas, como xogar ao golf, adicarme a miña finca de Carballedo para que as árbores dean bos froitos e cultivar flores ben bonitas para regalarllas a miña muller, aos fillos e a miña neta.
-E pensa que ese traballo que fixo a prol da normalización da lingua galega na Xustiza floreceu como os seus frutais de Carballedo?
-Penso que si. Probablemente eu fun o primeiro fiscal da historia que empregou o galego nos seus escritos e hoxe son xa uns sete ou oito fiscais en Pontevedra que fan todo o seu traballo na nosa lingua. Anteriormente non se facía nada. A única luz, o único facho, era o maxistrado José Juan Barreiro que cando eu empecei él xa estaba facendo cousas en galego. Pero na Fiscalía, ninguén o fixera. En fin, foi algo admitido con certos reparos pero como tiña da miña parte a Constitución pois dixen: "nen un paso atrás, vou facer todo en galego dende agora". Incluso me recomendaban que o fixese en galego pero tamén en castelán pero non quixen porque eu tiña ese dereito. Non son grandes avances pero da nada ao algo hai moito camiño.
-Imaxino que aínda hai grandes dificultades para desenvolverse en galego na administración de Xustiza...
-A nivel de medios materiais si. Especialmente a nivel informático. Se os poderes públicos teñen a obriga de fomentar a lingua propia, indubidablemente a Xunta está a facer moi pouco neste aspecto. E máis, penso que a veces foi incluso contraria a auténtica normalización e utilización do galego na Xustiza. O sistema informático non está en galego e os funcionarios, aínda que queiran, non poden empregar este idioma. Esperemos que a Xunta teña traducido en pouco tempo todo o sistema informático e que cada un utilice o idioma galego ou castelán, o que prefira.
-Hoxe en día hai atrancos para empregar o galego nos tribunais?
-A miña experiencia dime que ningún. Nunca ninguén me puxo obstáculo para empregar o galego. Hai trinta anos, nos primeiros momentos, si que o meu xefe daquela me dicía que igual o tiña que facer tamén en castelán pero eu insistín en facelo so en galego.
-Aínda así, o nivel de emprego do galego na Xustiza está moi lonxe do que vostede desexaría...
-Si, moi lonxe. A miña ilusión sería unha utilización do cento por cento e estamos a falar dun 7, un 8, un 12 por cento. E certo que é moi pouco, un porcentaxe reducido. Pero hai 40 anos non se coñecía na Xustiza nen unha palabra en galego. Hai que remontarse á Idade Media para atopar textos legais en galego, cando era a lingua culta. Hoxe en día son xa miles de sentenzas, providencias, calificacións dos fiscais e escritos dos avogados. Teñamos a esperanza de que a lingua vaia por camiños abondosos e se vaia normalizando o seu uso.
-Son 44 anos de traxectoria profesional como fiscal; toda aquí, en Pontevedra?
-Non. O meu primeiro destino foi en Asturias, onde cheguei no ano 1971. Despois de cinco anos trasladeime a Vigo, onde estiven entre o ano 1976 e 1984. Foi unha etapa preciosa, entre outras cuestións porque coincidiu coa lei do divorcio. Eu trouxen aquelas actividades culturais e sociais que organizara aquel secretario de estado de Xustiza, Enrique Linde, que desenvolvera a lei do divorcio e indubidablemente, moitos compañeiros fiscais daquela época denostaban aquela lei como algo horroroso que traían os socialistas e que iba a acabar coa sociedade. Tiven mesmo algún enfrontamento moi serio pero logrei saír adiante con aquelo e gracias a iso Linde, sabedor da miseria de medios materiais que tiñamos no xulgado de instrución 3 de Vigo (celebrábamos os xuízos nunha cociña dun piso que empregábamos como xulgado) pois concedeume o presuposto para un novo xulgado se eu atopaba os locais. E así foi, o Concello cedeume uns locais detrás do Pazo de Xustiza e Vigo tivo un novo xulgado, o número 3. Como cousa curiosa podo dicir que que foi a primeira vez que nun xulgado había un despacho dun fiscal e mesmo con teléfono. Logo estiven un ano en Tenerife, outra época moi bonita, e finalmente en Pontevedra a partir de 1985.
-Escribindo en galego, apoiando a lei do divorcio..., viña vostede con una nova visión de ver as cousas da existente ata entón, non o miraban naquel tempo como unha cousa rara?
-Un pouco raro si. Por poñer outra anécdota. Naquel momento, calquera delito cometido por un drogadicto esta circunstancia era unha agravante. Penso que eu fun o primeiro fiscal en expoñer na Audiencia a necesidades de cambiar isto de forma radical e solicitaba menos pena para o acusado ao considerar que esta circunstancia era unha atenuante. O drogadicto ten todas as súas capacidades volitivas e intelectivas diminuídas e había que rebaixar a pena. Esto causou certo asombro entre algúns compañeiros e xuíces, non de todos, pero si de algún. E iso ao final foise impoñendo hasta ser recollido no Código Penal. E logo estaba iso de escribir en galego. Era como un bicho raro, rarísimo, en certos aspectos. Despois, do resto, cada un é como é. Eu penso que hai que respectar ao delincuente porque é unha persoa que debe ter sitio na nosa sociedade, e merece o mellor trato da Xustiza de cara a súa reinserción. Por iso eu aparteime da costume que había de utilizar palabras grosas ou ofensivas contra eles.
-Que lle parecen as reformas que se están tramitando no ámbito da Xustiza?
-A dicir verdade non profundei moito nestas reformas porque o meu tempo nesta profesión se acaba e van ser outros aos que lles toque sufrilas ou gozalas. De todas formas hai reformas que me parecen un paso atrás. A lei de taxas é unha delas. Penso que moitos cidadáns non acoden á Xustiza porque lles é cara e polo tanto xa non é universal e para todos. Non digo que non houbera que cortar certos abusos. A lei do aborto creo que é un paso atrás e regresivo. A reforma da LOPJ, ten aspectos beneficiosos e outros regresivos. O que si boto de menos é que estas reformas non se fagan por consenso coa oposición e os xuíces e fiscais.
-Nado en Cambados, fillo adoptivo en Poio..., ten vostede o corazón dividido e co Monte Castrove no medio.
-Home, Cambados é Cambados. Eu sempre dixen que non podía nacer noutro sitio porque é o que levo dentro. Cambados son eu e eu son Cambados. Penso enterrarme en Santa Mariña, ao lado dos meus pais e mirando á Ría de Arousa. En Poio levo 15 anos vivindo e a miña defensa da lingua foi o que levou ao Concello a concederme esta distinción. Tamén lles estou moi agradecido, é o lugar onde vivo e farei o que esté na miña man por Poio. Ambas non son contraditorias.
Publicado o 06/09/2014 en www.farodevigo.es
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La juez abre causa ante el TS a la Fiscal Superior de Asturias por falsear documentos para sancionar a un subordinado
El auto ha sido recurrido por el Ministerio Público.
La juez de Instrucción número 3 de A Coruña, Elena Rodríguez Molpeceres, ha dictado auto en el que imputa a la actual Fiscal Superior de Asturias, Esther Fernández García, por un presunto delito de falsedad documental relacionado con el expediente que propició la primera expulsión de la Carrera de un fiscal en democracia. La separación del servicio del fiscal Juan Antonio Frago fue anulada posteriormente por la Audiencia Nacional.
El auto de la juez, que ha sido recurrido por el Ministerio Público, es el paso previo a la remisión al Tribunal Supremo del caso, al gozar la fiscal de Asturias de aforamiento ante el alto tribunal.
La investigación se inició tras una denuncia del propio Frago y de ella se deduce que la fiscal Fernández, cuando ejercía este cargo en Galicia y una de las funcionarias de la Fiscalía de A Coruña podrían haber manipulado documentos para dar a entender que el fiscal que luego fue sancionado había actuado a sus espaldas remitiendo documentos a los juzgados sin el visado de su superior.
Según el auto al que ha tenido Europa Press ha podido comprobarse que los citados documentos "no se corresponden con los originales, pues han sido modificados y alterados, sirviendo los mismos para producir efectos jurídicos en el procedimiento disciplinario abierto y base además de la consiguiente sanción que en el mismo recayó".
Entre las irregularidades encontradas en los documentos supuestamente remitidos por Frago a espaldas de su jefa el auto de la juez Rodríguez Molpereces destaca ausencia de firma o alteraciones en la misma, encabezado y letra no utilizados habitualmente por el denunciante , ausencia de los datos propios del envío por fax , envíos realizados en el periodo en que se encontraba de baja etcétera.
Esta conducta, según la juez de A Coruña, pudiera se tipificada como un posible delito de falsedad documental cometida por funcionario público.
En el caso de no prosperar el recurso interpuesto por la propia Fiscalía contra una de sus responsables el asunto será remitido al Supremo en virtud del artículo 35.2 del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal.
Este artículo dispone que los Fiscales Superiores de las Comunidades Autónomas y los Fiscales Jefes de las fiscalías provinciales tendrán la categoría equiparada a la de los presidentes de los tribunales superiores de Justicia y Presidentes de las audiencias provinciales, que responden ante el alto tribunal según lo dispuesto en la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ).
En la causa también ha resultado imputada una de las funcionarias de la Fiscalía de A Coruña, Mercedes G., quien podría haber incurrido igualmente en delitos relativos a la custodia de documentos y en falsedad documental.
El fiscal, ya reincorporado a la Carrera tras anularse su expulsión, había sido sancionado por la comisión de "varias faltas de carácter muy grave", algunas de ellas relacionadas con comportamientos de "falta de respeto" a su superior, la fiscal jefa de esa provincia María Esther Fernández.
En octubre del pasado año la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional anuló la expulsión de Frago, que había sido instada decreto firmado por el fiscal general del Estado Eduardo Torres-Dulce. Afirmaba la Audiencia que se vulneraron sus derechos fundamentales en la tramitación del expediente y hubo también infracción del principio de legalidad.
Frago fue separado del servicio por resolución del Ministerio de Justicia el 25 de marzo de 2013 y la decisión de la Audiencia, que no fue recurrida, obligó a reponerle "en su condición de funcionario miembro del Ministerio Fiscal con todas las consecuencias administrativas y económicas derivadas de ello", según señalaba la Audiencia Nacional.
Se le sancionó concretamente por falta continuada muy grave del artículo 62.2 del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal, consistente en el incumplimiento de las órdenes particulares y requerimientos personales dirigidos por escrito "cuando de aquel se haya derivado perjuicio en el proceso o alteración relevante en el funcionamiento interno de la Fiscalía".
En su día, la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales (APIF) denunció que el procedimiento sancionador que puede aplicarse a este colectivo, especialmente ante el castigo disciplinario más grave que puede imponerse que es el de separación del servicio (expulsión), por presentar "graves deficiencias en lo que se refiere a garantías procesales".
Publicado o 07/09/2014 en www.europapress.es
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La juez de Instrucción número 3 de A Coruña, Elena Rodríguez Molpeceres, ha dictado auto en el que imputa a la actual Fiscal Superior de Asturias, Esther Fernández García, por un presunto delito de falsedad documental relacionado con el expediente que propició la primera expulsión de la Carrera de un fiscal en democracia. La separación del servicio del fiscal Juan Antonio Frago fue anulada posteriormente por la Audiencia Nacional.
El auto de la juez, que ha sido recurrido por el Ministerio Público, es el paso previo a la remisión al Tribunal Supremo del caso, al gozar la fiscal de Asturias de aforamiento ante el alto tribunal.
La investigación se inició tras una denuncia del propio Frago y de ella se deduce que la fiscal Fernández, cuando ejercía este cargo en Galicia y una de las funcionarias de la Fiscalía de A Coruña podrían haber manipulado documentos para dar a entender que el fiscal que luego fue sancionado había actuado a sus espaldas remitiendo documentos a los juzgados sin el visado de su superior.
Según el auto al que ha tenido Europa Press ha podido comprobarse que los citados documentos "no se corresponden con los originales, pues han sido modificados y alterados, sirviendo los mismos para producir efectos jurídicos en el procedimiento disciplinario abierto y base además de la consiguiente sanción que en el mismo recayó".
Entre las irregularidades encontradas en los documentos supuestamente remitidos por Frago a espaldas de su jefa el auto de la juez Rodríguez Molpereces destaca ausencia de firma o alteraciones en la misma, encabezado y letra no utilizados habitualmente por el denunciante , ausencia de los datos propios del envío por fax , envíos realizados en el periodo en que se encontraba de baja etcétera.
Esta conducta, según la juez de A Coruña, pudiera se tipificada como un posible delito de falsedad documental cometida por funcionario público.
FISCAL AFORADA ANTE EL SUPREMO
En el caso de no prosperar el recurso interpuesto por la propia Fiscalía contra una de sus responsables el asunto será remitido al Supremo en virtud del artículo 35.2 del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal.
Este artículo dispone que los Fiscales Superiores de las Comunidades Autónomas y los Fiscales Jefes de las fiscalías provinciales tendrán la categoría equiparada a la de los presidentes de los tribunales superiores de Justicia y Presidentes de las audiencias provinciales, que responden ante el alto tribunal según lo dispuesto en la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ).
En la causa también ha resultado imputada una de las funcionarias de la Fiscalía de A Coruña, Mercedes G., quien podría haber incurrido igualmente en delitos relativos a la custodia de documentos y en falsedad documental.
El fiscal, ya reincorporado a la Carrera tras anularse su expulsión, había sido sancionado por la comisión de "varias faltas de carácter muy grave", algunas de ellas relacionadas con comportamientos de "falta de respeto" a su superior, la fiscal jefa de esa provincia María Esther Fernández.
En octubre del pasado año la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional anuló la expulsión de Frago, que había sido instada decreto firmado por el fiscal general del Estado Eduardo Torres-Dulce. Afirmaba la Audiencia que se vulneraron sus derechos fundamentales en la tramitación del expediente y hubo también infracción del principio de legalidad.
Frago fue separado del servicio por resolución del Ministerio de Justicia el 25 de marzo de 2013 y la decisión de la Audiencia, que no fue recurrida, obligó a reponerle "en su condición de funcionario miembro del Ministerio Fiscal con todas las consecuencias administrativas y económicas derivadas de ello", según señalaba la Audiencia Nacional.
Se le sancionó concretamente por falta continuada muy grave del artículo 62.2 del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal, consistente en el incumplimiento de las órdenes particulares y requerimientos personales dirigidos por escrito "cuando de aquel se haya derivado perjuicio en el proceso o alteración relevante en el funcionamiento interno de la Fiscalía".
En su día, la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales (APIF) denunció que el procedimiento sancionador que puede aplicarse a este colectivo, especialmente ante el castigo disciplinario más grave que puede imponerse que es el de separación del servicio (expulsión), por presentar "graves deficiencias en lo que se refiere a garantías procesales".
Publicado o 07/09/2014 en www.europapress.es
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La ex fiscal-jefa de A Coruña es sospechosa de ser autora, coautora o cómplice de un delito penal
Publicado por Im-Pulso.
Hace tres meses, cuando la escandalosa gestión de la fiscalía coruñesa ya era innegable, Esther Fernández García fue trasladada a la Audiencia de Asturias.
[A última hora de anteayer viernes, fuentes funcionariales y jurídicas me comentaron la decisión del juez-instructor y al filo de la pasada medianoche, totalmente comprobada la veracidad de la información, ahí va:]
El titular del Juzgado de Instrucción número 3 de A Coruña ha remitido a la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo las diligencias correspondientes a la denuncia presentada por una falsificación documental perpetrada en la Fiscalía de A Coruña, según constata el examen pericial. De modo que tras las pesquisas realizadas el juez-instructor ha reiterado que hay indicios racionales de delito y, por tanto, corresponde imputar a la ex fiscal-jefa de la Audiencia de A Coruña, Esther Fernández García, como autora, coautora o cómplice en la comisión del delito penal denunciado en noviembre de 2012.
La sospechosa trabaja actualmente en Asturias, adonde fue trasladada [real decreto 431/13] en calidad de fiscal-jefa de esa audiencia provincial tras haber trascendido públicamente las singulares circunstancias que agitaban y desprestigiaban el órgano que esa profesional de la Justicia dirigía en la ciudad gallega.
Adjunto copia facsímile del primer folio del auto más un párrafo posterior que resulta especialmente esclarecedor.
Fernández sería la segunda imputada en las diligencias por falsificación, pues el instructor ya había decretado la imputación de una persona: Mercedes Gallo Fernández, funcionaria que cuando se produjeron los hechos investigados laboraba a las órdenes de Esther Fernández, tal como "info-comenté" en ImP el pasado 25 de junio:
La previsible imputación de la hoy fiscal-jefa de Asturias ha obligado al juez instructor de A Coruña a remitir las diligencias al Supremo, pues la sospechosa está aforada en virtud del artículo 35.2 del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal, que ordena trasladar a esa instancia jurisdiccional todas las instrucciones y enjuiciamientos que afecten a los fiscales de los tribunales superiores de las comunidades autónomas y a los fiscales-jefes provinciales, medida idéntica a la que se adopta cuando se trata de presidentes de los tribunales superiores de Justicia o presidentes de audiencias provinciales.
Para quienes no hayan seguido tan enrevesado episodio, es útil leer los tres post precedentes, relacionados aquí por orden cronológico:
* 6 diciembre 2012: «La pugna entre dos funcionarios ilumina la "cocina" de la Fiscalía de A Coruña»;
* 30 enero 2013: «El funcionario que denunció irregularidades en la Fiscalía de A Coruña ha sido despedido» (expulsión que posteriormente fue declarada contraria a Derecho y anulada), y
* 26 junio 2014: «La imputación de una funcionaria por falsedad confirma que en la Fiscalía de A Coruña hay o había "lodo"».
Publicado o 07/09/2014 en http://im-pulso.blogspot.com.es
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Etiquetas: Fiscais , Prensa
Hace tres meses, cuando la escandalosa gestión de la fiscalía coruñesa ya era innegable, Esther Fernández García fue trasladada a la Audiencia de Asturias.
[A última hora de anteayer viernes, fuentes funcionariales y jurídicas me comentaron la decisión del juez-instructor y al filo de la pasada medianoche, totalmente comprobada la veracidad de la información, ahí va:]
El titular del Juzgado de Instrucción número 3 de A Coruña ha remitido a la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo las diligencias correspondientes a la denuncia presentada por una falsificación documental perpetrada en la Fiscalía de A Coruña, según constata el examen pericial. De modo que tras las pesquisas realizadas el juez-instructor ha reiterado que hay indicios racionales de delito y, por tanto, corresponde imputar a la ex fiscal-jefa de la Audiencia de A Coruña, Esther Fernández García, como autora, coautora o cómplice en la comisión del delito penal denunciado en noviembre de 2012.
Epicentro actual: Oviedo
La sospechosa trabaja actualmente en Asturias, adonde fue trasladada [real decreto 431/13] en calidad de fiscal-jefa de esa audiencia provincial tras haber trascendido públicamente las singulares circunstancias que agitaban y desprestigiaban el órgano que esa profesional de la Justicia dirigía en la ciudad gallega.
Adjunto copia facsímile del primer folio del auto más un párrafo posterior que resulta especialmente esclarecedor.
Fernández sería la segunda imputada en las diligencias por falsificación, pues el instructor ya había decretado la imputación de una persona: Mercedes Gallo Fernández, funcionaria que cuando se produjeron los hechos investigados laboraba a las órdenes de Esther Fernández, tal como "info-comenté" en ImP el pasado 25 de junio:
«Tal como el represaliado [el fiscal Frago] alegaba, hay gato encerrado. El asunto tiene miga y debe (o debería) desembocar en la adopción de medidas (quizá ceses).
«Estos días es noticia que una subalterna de la fiscal-jefa de A Coruña ha sido imputada por el Juzgado número 3 de A Coruña, acusada de ser autora o coautora de un delito de falsedad documental, ardid en el que estarían basadas las medidas adoptadas contra el fiscal Juan Antonio Frago, que durante unos meses ostentó el honor de ser el primer acusador público expulsado del cuerpo [sanción que fue anulada por la Sala de lo Contencioso-administrativo de la Audiencia Nacional, que algo debía saber o sospechar... ¿o no?]»
La previsible imputación de la hoy fiscal-jefa de Asturias ha obligado al juez instructor de A Coruña a remitir las diligencias al Supremo, pues la sospechosa está aforada en virtud del artículo 35.2 del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal, que ordena trasladar a esa instancia jurisdiccional todas las instrucciones y enjuiciamientos que afecten a los fiscales de los tribunales superiores de las comunidades autónomas y a los fiscales-jefes provinciales, medida idéntica a la que se adopta cuando se trata de presidentes de los tribunales superiores de Justicia o presidentes de audiencias provinciales.
Para quienes no hayan seguido tan enrevesado episodio, es útil leer los tres post precedentes, relacionados aquí por orden cronológico:
* 6 diciembre 2012: «La pugna entre dos funcionarios ilumina la "cocina" de la Fiscalía de A Coruña»;
* 30 enero 2013: «El funcionario que denunció irregularidades en la Fiscalía de A Coruña ha sido despedido» (expulsión que posteriormente fue declarada contraria a Derecho y anulada), y
* 26 junio 2014: «La imputación de una funcionaria por falsedad confirma que en la Fiscalía de A Coruña hay o había "lodo"».
Publicado o 07/09/2014 en http://im-pulso.blogspot.com.es
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Homenaxe ao fiscal Benito Montero pola súa xubilación
5 de setembro de 2014
A Fiscalía de Pontevedra prepara unha homenaxe a un dos seus membros máis destacados con motivo da súa xubilación, o fiscal Benito Montero Prego. Montero xubílase o próximo día 11 e o 3 de outubro o mundo da Xustiza pontevedresa arrouparao nunha comida homenaxe en Cambados. Montero destaca polo seu importante labor en favor da normalización do uso do galego na Xustiza a través da Irmandade Xurídica Galega.
Publicado o 05/09/2014 en www.farodevigo.es
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