La revisión de la Jurisdicción Universal ha provocado que el nivel de defensa de los Derechos Humanos en España sea inexistente, según el jurista.
Para el exmagistrado de la Audiencia Nacional, que ordenó la extradición del dictador chileno Augusto Pinochet para ser juzgado por presuntos delitos de genocidio, terrorismo y tortura, y que, en 2012, fue inhabilitado por el Tribunal Supremo por un delito de prevaricación en el caso Gürtel, los españoles están perdiendo derechos adquiridos y España se ha colocado "en un estadio de defensa de los Derechos Humanos prácticamente inexistente".
Garzón entiende que se está cometiendo un error al legislar de manera puntual, respondiendo en caliente a acontecimientos concretos, como pretende el ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, con las redes sociales.
"Es inaceptable que en la Red se lleve a cabo la incitación al odio o el antisemitismo, pero tampoco es normal que se quieran criminalizar, con más normas agresivas, determinadas afirmaciones en las redes sociales. Ya sean graves o simplemente discrepantes", apunta.
Interpretación
Para el exmagistrado, en el Código Penal español ya existen todas las figuras jurídicas necesarias para perseguir este tipo de delitos y son los jueces los que tienen que interpretarlas y aplicarlas correctamente. "Lo que sucede es que si los jueces no las interpretan como quiere el Gobierno, pues parece que no gusta".
La reforma de la Jurisdicción Universal se ha hecho de la noche a la mañana, a espaldas de ciudadanos e instituciones
"Las leyes deberían ser disposiciones generales que resuelvan casos generales y no hechos puntuales. La última reforma de la JU ha sido un grave error, porque se ha generado una preocupante desprotección para las víctimas, ha acabado con la tutela judicial efectiva, ha provocado que se quebranten los tratados internacionales firmados por España y, además, sólo parece responder a una situación particular, las presiones de China. Esto sin hablar de la posible usurpación de funciones, ya que no se ha respetado la separación de poderes y se ha impuesto a los jueces lo que tenían que hacer en los procesos de JU".
Para Garzón, que explica que la Jurisdicción Universal se lleva aplicando desde hace 18 años en España y no ha roto la estructura de ningún país, lo alarmante es que esta reforma se haya realizado "del día a la mañana, sin ningún tipo de debate y a espaldas de todos, de los ciudadanos y de las propias instituciones de nuestro país".
Lucha contra la reforma
Sin embargo, el exmagistrado está convencido de que este cambio legislativo será invalidado. "El recurso de inconstitucionalidad que va a plantear el PSOE tiene todas las posibilidades de prosperar y el Tribunal Constitucional terminará dándole la razón sí o sí". Otra razón para mostrarse optimista en esta batalla es que todos los jueces, "de una ideología u otra", han mostrado su disconformidad, han reaccionado y han afirmado, "con unos argumentos u otros, que no puede cerrarse de esta manera la Jurisdicción Universal".
España se ha colocado en un estadio de defensa de los Derechos Humanos prácticamente inexistente
Pero, mientras se decide si es o no constitucional, "lo que no que no se puede es dejar en indefensión a las víctimas. Los jueces tienen que tomar unas medidas para garantizar su defensa. Y esa es otra de las increíbles barbaridades de la reforma de la Jurisdicción Universal, que su disposición transitoria imponga que sean sobreseídos los asuntos pendientes", concluye el exmagistrado.
"El Gobierno no está facilitando la lucha contra la corrupción"
Baltasar Garzón observa, con preocupación, todos los asuntos de corrupción que están apareciendo en España y las complicaciones que están encontrando los jueces para investigarlos.
"Si el Gobierno diera un mensaje a la sociedad de verdadero compromiso para combatir la corrupción y si ofreciera una transparencia real, la ciudadanía creería en la labor de la Justicia. Pero no se está facilitando una respuesta real en la lucha contra la corrupción desde el Gobierno. Lo normal sería que el Ejecutivo hiciese todo lo posible para activar los procedimientos en curso, que apoyara su investigación y facilitara medios para hacerlo, y no pusiera palos en las ruedas".
No se puede criminalizar, con leyes agresivas, las afirmaciones discrepantes en las redes sociales
Sin embargo, Garzón considera que "la independencia del poder judicial está garantizada y que los jueces tienen todos los mecanismos necesarios para rechazar cualquier tipo de presión, venga de donde venga".
En este sentido, y para mejorar la lucha "contra esta lacra de la sociedad", el jurista asegura que se necesita que las instituciones gubernamentales apuesten definitivamente por la transparencia, que se creen normas claras y sencillas y que éstas tengan como único objetivo agilizar las investigaciones.
Publicado o 26/05/2014 en www.expansion.com
