La revisión de la Jurisdicción Universal ha provocado que el nivel de defensa de los Derechos Humanos en España sea inexistente, según el jurista.
"La situación actual es muy preocupante. Todas las reformas legislativas que se están llevando a cabo no están sirviendo para ampliar derechos, sino para restringirlos drásticamente". Con estas palabras resume Baltasar Garzón (Torres, Jaén, 1955) su sentir frente a los cambios normativos llevados a cabo por el Gobierno durante esta legislatura.
Para el exmagistrado de la Audiencia Nacional, que ordenó la extradición del dictador chileno Augusto Pinochet para ser juzgado por presuntos delitos de genocidio, terrorismo y tortura, y que, en 2012, fue inhabilitado por el Tribunal Supremo por un delito de prevaricación en el caso Gürtel, los españoles están perdiendo derechos adquiridos y España se ha colocado "en un estadio de defensa de los Derechos Humanos prácticamente inexistente".
Garzón entiende que se está cometiendo un error al legislar de manera puntual, respondiendo en caliente a acontecimientos concretos, como pretende el ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, con las redes sociales.
"Es inaceptable que en la Red se lleve a cabo la incitación al odio o el antisemitismo, pero tampoco es normal que se quieran criminalizar, con más normas agresivas, determinadas afirmaciones en las redes sociales. Ya sean graves o simplemente discrepantes", apunta.
Interpretación
La reforma de la Jurisdicción Universal se ha hecho de la noche a la mañana, a espaldas de ciudadanos e instituciones
"Las leyes deberían ser disposiciones generales que resuelvan casos generales y no hechos puntuales. La última reforma de la JU ha sido un grave error, porque se ha generado una preocupante desprotección para las víctimas, ha acabado con la tutela judicial efectiva, ha provocado que se quebranten los tratados internacionales firmados por España y, además, sólo parece responder a una situación particular, las presiones de China. Esto sin hablar de la posible usurpación de funciones, ya que no se ha respetado la separación de poderes y se ha impuesto a los jueces lo que tenían que hacer en los procesos de JU".
Lucha contra la reforma
España se ha colocado en un estadio de defensa de los Derechos Humanos prácticamente inexistente
Pero, mientras se decide si es o no constitucional, "lo que no que no se puede es dejar en indefensión a las víctimas. Los jueces tienen que tomar unas medidas para garantizar su defensa. Y esa es otra de las increíbles barbaridades de la reforma de la Jurisdicción Universal, que su disposición transitoria imponga que sean sobreseídos los asuntos pendientes", concluye el exmagistrado.
"El Gobierno no está facilitando la lucha contra la corrupción"
"Si el Gobierno diera un mensaje a la sociedad de verdadero compromiso para combatir la corrupción y si ofreciera una transparencia real, la ciudadanía creería en la labor de la Justicia. Pero no se está facilitando una respuesta real en la lucha contra la corrupción desde el Gobierno. Lo normal sería que el Ejecutivo hiciese todo lo posible para activar los procedimientos en curso, que apoyara su investigación y facilitara medios para hacerlo, y no pusiera palos en las ruedas".
No se puede criminalizar, con leyes agresivas, las afirmaciones discrepantes en las redes sociales
Sin embargo, Garzón considera que "la independencia del poder judicial está garantizada y que los jueces tienen todos los mecanismos necesarios para rechazar cualquier tipo de presión, venga de donde venga".
En este sentido, y para mejorar la lucha "contra esta lacra de la sociedad", el jurista asegura que se necesita que las instituciones gubernamentales apuesten definitivamente por la transparencia, que se creen normas claras y sencillas y que éstas tengan como único objetivo agilizar las investigaciones.