22/07/2014. Las comunidades autónomas no se dan por aludidas cuando les preguntan por los nuevos recortes que ha recabado Hacienda en un documento para discutir en el próximo Consejo de Política Fiscal y Financiera que se celebrará el 31 de julio. Lo curioso es que esas propuestas han partido de las propias comunidades, aunque no se pueda saber quién sugirió qué recorte en concreto. Entre las pistas para ahorrar (una cuantía que no se recoge) se incluye, entre otras, el cobro por largas estancias en hospitales, multas por no ir a recoger unos análisis o por no asistir a una cita médica concertada, reducción de las ayudas de libros o de comedor, incremento de las horas de trabajo de los funcionarios y reducción de sus días de descanso. Son 255 medidas para "la racionalización del gasto" sobre algunas de las cuales, dice Hacienda, ni siquiera se debatirá.
El Gobierno vasco “no reivindica ni se identifica con ninguna” de las 255 medidas remitidas por el Ejecutivo central a los autonómicos para reducir el déficit en las comunidades, un documento que, ha subrayado, ha nacido de las propuestas de algunos gobiernos autónomos y del propio Ministerio de Hacienda. El portavoz Josu Erkoreka, ha criticado las medidas, entre las que se encuentran diversos copagos sanitarios o el aumento del número de alumnos por maestro en la escuela, y ha asegurado que en la Administración autonómica hay “preocupación con respecto al aprovechamiento por parte del Gobierno central de la coartada de la crisis económica para adoptar medidas recentralizadoras que están laminando las competencias”. Esta es precisamente una de las cuestiones que el lehendakari, Iñigo Urkullu, quiere tratar en un nuevo encuentro con el presidente del Gobierno, una solicitud en la que también se incorporan las cuestiones relacionadas con la paz y la convivencia y sobre la que aún no ha obtenido respuesta. Erkoreka cree que el equipo de Mariano Rajoy está adoptando un “perfil peligroso” para quienes defienden el autogobierno, con un discurso y con medidas “revestidas de racionalidad”. “Estamos francamente preocupados”, ha insistido.
Desde la Comunidad Valenciana, su portavoz, María José Català, ha reiterado que no se puede aceptar el recorte “porque supondría tocar el eje social”. El presidente de la Generalitat valenciana, Alberto Fabra, ha reiterado que no hará recortes que puedan afectar a la prestación de servicios sociales esenciales. La pretensión del ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, es que la Generalitat Valenciana recorte 1.100 millones más a sus exhaustas y deficitarias cuentas, aproximadamente 600 millones en sanidad y otros 500 millones en educación.
El problema es que Fabra ve cómo se desmorona su discurso desde que proclamó a finales de 2013 que este sería el año del nuevo modelo de financiación autonómica. Este lunes mismo, el líder de los socialistas valencianos estimó en unos 2.000 millones el saldo negativo para la Comunidad Valenciana que arrojarán las balanzas fiscales, o cuentas territorializadas, que se harán públicas este miércoles. Intervenida de facto por el Gobierno, del que depende para pagar, y con las principales organizaciones empresariales pidiendo a Rajoy inversiones estatales acordes al peso de la Comunidad Valenciana, la Generalitat se ampara en la reclamación improbable de un fondo transitorio de compensación y se aferra a la negativa a hacer más recortes como a un clavo ardiendo.
También en Andalucía están "radicalmente en contra" del nuevo documento redactado por el Ministerio de Hacienda. “En Andalucía no va a ver más recortes en educación, ni en sanidad ni a los empleados públicos. Eso es una garantía de este Gobierno, es un compromiso”, ha afirmado el portavoz andaluz Miguel Ángel Vázquez, tras la reunión del Consejo de Gobierno. Vázquez ha señalado que les consta que la oposición a ese documento no solo es de esta comunidad sino de otras tantas, entre ellas, ha mencionado a Asturias. Y ha agregado: “A nosotros el documento no nos representa. Vamos a estar en contra de cualquier recorte que quiera imponer el Gobierno de la nación porque estos recortes son consecuencia de las políticas del PP”, ha precisado tras criticar medidas como la reforma fiscal. “[Rajoy] hace una reforma fiscal que mete la mano en los bolsillos de los parados, que beneficia a los ricos y además anuncia nuevos recortes en materia de copago, pidiendo el aumento de la ratio en las aulas…”, ha enumerado. “Esto es un despropósito absoluto”, ha agregado.
Vázquez ha reiterado que Andalucía va a estar enfrente de las nuevas medidas, una oposición, ha matizado, “que Montoro ya sabe”. Sobre la reducción del 10% del complemento de los profesores, el consejero de Educación, Luciano Alonso, ha afirmado que “el esfuerzo del profesorado público no se puede volver a tocar. Han hecho un esfuerzo sin precedentes y este equipo y este Gobierno estará con el profesorado”.
El Gobierno gallego no se da por aludido cuando se habla de nuevos recortes
El Gobierno gallego no se da por aludido cuando se habla de nuevos recortes. La consejera de Hacienda, Elena Muñoz (PP), asegura que el documento que se debatirá en el Consejo de Política Fiscal y Financiera de la próxima semana recoge medidas de aplicación "voluntaria" dirigidas a las comunidades autónomas que no cumplen con los límites de déficit, ente las que no se encuentra Galicia. El Gobierno de Alberto Núñez Feijóo cerró el año pasado en un déficit del 1,1% del PIB, una décima por debajo del tope, y confía en ser cumplidor también en 2014. "El hecho de que Galicia cumpla con su objetivo de estabilidad presupuestaria desde 2009 trae consigo que no tengamos que tomar medidas que obligatoriamente tienen que adoptar otras comunidades para cumplir con la ley" ha afirmado esta mañana Muñoz.
Al otro lado del mapa, en Cataluña, el consejero de Presidencia, Francesc Homs, ha acusado al Gobierno central de mantener una "actitud voraz" respecto a los recortes y ha asegurado que la prioridad ahora debe ser la de los ingresos. "No sé si el ministro Montoro es consciente de cómo se están debilitando los servicios públicos; en ocasiones tenemos la sensación de que no lo es, porque el Gobierno central no gestiona estos servicios".
Homs ha insistido en que Cataluña ya ha aplicado muchos recortes y que "la batalla central debe ser la de los ingresos", aunque se ha abierto a debatir sobre medidas de eficiencia. Homs no ha querido concretar qué propuestas ha hecho la Generalitat al documento del Ministerio de Hacienda.
En la Comunidad de Madrid son reacios a los recortes que estudia aplicar el Estado. El Ejecutivo de Ignacio González, del PP al igual que el de la Administración central, ha insistido en las últimas semanas en que no pedirá “más esfuerzos” a los ciudadanos para controlar el déficit. Tras cerrar el ejercicio pasado con un déficit del 1,01%, por debajo de lo que el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, exigía a Madrid, el objetivo para este año es del 1%. Esto es, prácticamente ya lo tiene cumplido.
González, que pese a sus pretensiones sigue sin saber si será el candidato de su partido en las elecciones autonómicas del año que viene, se estrenó al frente de la Comunidad con un tajo de 2.700 millones de euros. A un año de la cita electoral trata de mejorar su imagen congelando tarifas como las del transporte público, el agua, las escuelas infantiles o los grados y másters de las universidades públicas. Todas ellas experimentaron subidas notorias los dos años anteriores. “Razón de más”, según las fuentes consultadas, por la que en Madrid subrayan que la nueva tanda de recortes estaría pensada para aquellas autonomías que "no cumplen de forma sistemática" con los topes del déficit.
Publicado en www.elpais.com
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