El secretario de Estado de Justicia, Fernando Román, ha anunciado este martes que su departamento convocará cien nuevas plazas de jueces y fiscales, mientras que implementará medidas para "estandarizar" los sistemas informáticos de los juzgados y desarrollar las aplicaciones que utilizan las Fiscalías, la Oficina de Atención a Víctimas de Terrorismo y el Servicio de Orientación para la recuperación de niños robados.
El 'número dos' del Ministerio, que ahora dirige Fernando Catalá, ha acudido al Congreso de los Diputados para detallar el gasto del presupuesto que el Gobierno dedicará a este departamento, el cual se incrementa un 1,2% hasta los 1.475,56 millones de euros y "por primera vez" representa un cambio de tendencia al alza con respecto a las cuentas de años anteriores.
Román ha citado el "rigor" y la "austeridad" como los elementos que caracterizan el nuevo presupuesto y ha achacado su mayor disponibilidad al "esfuerzo de racionalización y de máximo aprovechamiento de los recursos" efectuado en los últimos años. Por ejemplo, ha hablado del "coste desmesurado" que suponía el gasto de jueces y fiscales sustitutos, un gasto "que no nos podíamos permitir".
"Nos habremos ahorrado más de 18 millones de euros en concepto de sustituciones", ha expuesto Román, refiriéndose al ahorro logrado desde la aprobación del decreto que puso las vacantes en manos de los jueces y fiscales titulares y recalcando que el próximo año podrá ofertarse una subida de reposición de personal en la función pública del 50 por ciento.
"En 2015 se convocan 100 plazas para jueces y fiscales a pesar de las fuertes restricciones en materia de oferta de empleo público", ha indicado, para enfatizar que los sustitutos deben ser "la excepción de la excepción".
UNA MEJOR INTERCONEXIÓN INFORMÁTICA
El secretario de Estado ha destacado el aumento de las partida de modernización tecnológica, que contarán con 59,27 millones; los 18,28 millones de euros destinados a las obras de rehabilitación y ampliación de la Audiencia Nacional y otras sedes judiciales y edificios administrativos; la cifra de 1,18 millones de euros que se dedicará a la asistencia a víctimas de delitos y los 34,94 millones para justicia gratuita, un 2,3% más.
El Ministerio se plantea actualizar las aplicaciones e infraestructuras tecnológicas, estandarizará el Expediente Judicial Electrónico y el nuevo Sistema Integrado de Justicia y trabajará en la evolución de los sistemas de Fiscalías, de la Oficina de Atención a Víctimas de Terrorismo y del Servicio de Orientación para la Recuperación de niños robados. CSIF, sindicato mayoritario en Justicia, denunció la pasada semana la falta de interconexión y el caos informático entre los nueve sistemas de gestión procesal.
Desde las filas de la oposición, el diputado de CiU Jordi Jané y el parlamentario del PSOE Pablo Martín Peré han pedido la derogación de la Ley de Tasas y han considerado insuficiente la convocatoria de plazas mientras han recordado que el PP exigía en la oposición hasta 450 nuevos puestos, según decía entonces Federico Trillo.
"La Administración de Justicia tiene hoy 215 millones de euros, esa es la huella que ha dejado el Gobierno con la delirante trayectoria del señor Gallardón al frente de este Ministerio", ha destacado el socialista Martín Peré, para calificar de "ridícula" la subida del 1% que experimenta su presupuesto y denunciar los "desequilibrios" generados entre ciudadanos.
El portavoz de Justicia del PP en el Congreso, José Miguel Castillo, ha hecho hincapié en que las cuentas públicas caminan por la senda de la recuperación económica, de la credibilidad y la confianza de los ciudadanos. "Nos hubiera gustado un mayor incremento en Justicia pero una cosa es lo deseable y otra lo posible, si queremos afianzar los logros, las cuentas deben ser responsables aplicando los recursos con la máxima eficiencia y optimización", ha concluido.
Publicado o 07/10/2014 en www.europapress.es
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