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Para que ningún ciudadano resulte perjudicado en cuanto a los tiempos de respuesta de los órganos judiciales se establecerán nuevos criterios para el reparto provincial de asuntos sin que desaparezcan los partidos judiciales. Así, cuando un juzgado supere el máximo de la carga de trabajo prevista, con la finalidad de evitar retrasos y demoras, se repartirán los asuntos a otros próximos con carga inferior.
Además, la LOPJ incorporará un criterio de especialización en materia tributaria en el ámbito de lo Contencioso, lo que contribuirá a fortalecer la confianza de los ciudadanos y de las Administraciones encargadas de los procedimientos de gestión y recaudación tributaria, e incrementará la seguridad jurídica.
La reforma incluye también otros aspectos de índole organizativa pensados para dar mejor respuesta a los ciudadanos. Estas modificaciones alcanzarán a la Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial. Después de un año de experiencia se ha entendido conveniente que esté compuesta por siete vocales en vez de los cinco actuales.
La LOPJ también contemplará que el Tribunal Supremo podrá reunir a las secciones que componen una Sala para fijar criterios comunes de carácter vinculante a petición de la mayoría sus integrantes, lo que evitará que haya resoluciones dispares en asuntos similares. Con ello se reforzará la seguridad jurídica.
Catalá ha destacado, además, la importancia de adecuar la plantilla judicial a las necesidades reales de los ciudadanos. En este sentido ha recordado que, según el reciente informe de la Comisión Europea para la Eficacia de la Justicia, España tiene 11,2 jueces por cada 100.000 habitantes lo que nos sitúa en torno a la media europea; muy cerca de Holanda (14,4), Bélgica (14,3), Suecia (11,8) y por delante de otros
países como Noruega (11), Francia (10,7), Italia (10,6) o Reino Unido (4).
Tasas
La reforma de las tasas judiciales ha sido otro de los asuntos abordados por el ministro en el Senado. Catalá ha propuesto estudiar los datos y la información aportados por el Consejo General del Poder Judicial, de los Puntos de Estadística Judicial y de la Agencia Tributaria para “asegurarnos que las tasas nunca puedan generar una limitación al derecho de acceso a la justicia por los ciudadanos”.
Lucha contra la corrupción
Rafael Catalá ha destacado el reto que supone para todas las Administraciones luchar contra la corrupción, una lucha en la que ha subrayado la “batería histórica de reformas” que anunció el pasado jueves el presidente del Gobierno en su comparecencia del Congreso de los Diputados.
Entre esas medidas, el ministro ha recordado que, por primera vez en democracia, se crea el delito específico de financiación ilegal de los partidos políticos, se agravan las penas de inhabilitación y se aumentan los plazos de prescripción de los delitos relacionados con corrupción.
En materia procesal, la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal permitirá agilizar las causas más complejas para hacer posible instruir y juzgar delitos sin necesidad de concatenar piezas e impedir así que los procesos se alarguen durante años. Además, la reforma fijará un plazo máximo de instrucción y se regulará de nuevo el comiso a través de la modificación de la carga de la prueba que contribuirá a que la
sociedad vea cómo el delincuente devuelve los bienes que se le encuentran y que no es capaz de justificar.
Diálogo
El ministro Catalá ha concluido su intervención en la Comisión de Justicia del Senado reiterando su oferta de diálogo sincero, abierto al consenso con los representantes de los grupos parlamentarios de la Cámara Alta, para sacar adelante las reformas que mejoren y modernicen la Justicia.
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Etiquetas: Nova Lei do Poder Xudicial , Taxas
