Galicia recibe 346.000 euros para reformar a Xustiza

No Boletín Oficial do Estado número 123, do 23 de maio de 2015, publícase a Orde JUS/937/2015, de 22 de maio, pola que se publica o Acordo do Consello de Ministros de 22 de maio de 2015, polo que se formalizan os criterios de distribución e a distribución resultante entre as comunidades autónomas, con traspasos de medios materiais para o funcionamento da Administración de Xustiza, do crédito de 6.000.000 € incluído nos presupostos do Ministerio de Xustiza para 2015, dentro do Programa de Reforma da Administración de Xustiza, que foron acordados polo Pleno da Conferencia Sectorial.

Texto

Compromisos financieros: Las Comunidades Autónomas beneficiarias del crédito se comprometen a destinar el mismo a la reforma de la Administración de Justicia, y en concreto entre otras, a la mejora de la asistencia jurídica gratuita, al impulso de las nuevas tecnologías y/o en la dotación de medios materiales necesarios para el mantenimiento de la organización judicial e incentivar mejoras que incidan en un servicio público de calidad, en los términos que se acuerden en los correspondientes convenios o resoluciones que se dicten al amparo del artículo 86.2.cuarta de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria.

En conexión con el uso de las nuevas tecnologías operado en nuestra sociedad hay que ofrecer una Justicia acorde a estas necesidades, para ello es preciso desarrollar tres líneas clave para conseguir una Justicia ágil, accesible y de calidad:

– Justicia digital: El objetivo es alcanzar el papel cero en los juzgados y tribunales, avanzándose en la implantación del expediente digital.

– Justicia abierta: El objetivo es entablar una relación más sencilla y efectiva con el ciudadano y con los operadores jurídicos.

– Justicia innovadora: El objetivo es seguir en la línea de actuación de implantar la oficina judicial y fiscal en todo el territorio nacional.

En definitiva, se apuesta por una Justicia como servicio público, la mejora de la organización judicial debe ir apoyada por un uso masivo de las tecnologías, reto en el que no solo está implicado el Ministerio de Justicia sino todas las Comunidades Autónomas con traspaso de medios materiales, que han de avanzar hasta conseguir:

– Sistemas de Gestión Procesal compatibles entre sí que permitan la plena interoperabilidad.

– Digitalización de los procesos de tramitación y gestión procesal así como la conexión digital de las oficinas judiciales con los diferentes actores que intervienen en los procedimientos. Esta integración tecnológica permitirá entre otras cosas la remisión electrónica desde los juzgados y tribunales a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad requisitorias y medidas cautelares que precisen de su actuación.

La implementación de la Oficina Judicial y Fiscal es otro de los retos de la Administración de Justicia. Este modelo de organización y funcionamiento de los órganos judiciales facilita el mejor aprovechamiento tanto de los recursos humanos como materiales de la Administración de Justicia, elevando cualitativa y cuantitativamente la actividad de los distintos órganos judiciales en funcionamiento. En este objetivo las Comunidades Autónomas con traspaso de medios tienen una implicación directa para facilitar la implantación del nuevo modelo organizativo en cada uno de sus territorios.

En lo que se refiere a la Justicia como pilar del Estado de Derecho, la otra gran demanda de la sociedad española en el siglo XXI se centra en el incremento de las garantías de los derechos de los ciudadanos inmersos en los procesos judiciales.

El Ministerio de Justicia y las Comunidades Autónomas con traspaso de medios, siempre dentro del planteamiento de la Justicia como servicio público, tienen especial interés en que nadie se quede sin ejercer su derecho a la tutela judicial efectiva por falta de recursos. Prueba de ello es la ampliación del número de beneficiarios de la asistencia jurídica gratuita, un mayor apoyo a las víctimas de los delitos y la lucha más eficaz contra la violencia de género.

Por último, no hay que olvidar que la Justicia supone un factor de competitividad vinculado a la seguridad jurídica que ofrece un país, lo que facilita el tráfico económico y jurídico.

Uno de los compromisos de un Estado de Derecho es ofrecer la seguridad jurídica necesaria con el fin de conseguir mayores oportunidades de atraer el capital y los recursos productivos que se requieren para crear riqueza y generar puestos de trabajo. En consecuencia, si se consigue que la Administración de Justicia mejore sus tiempos de resolución de los asuntos ingresados, así como su funcionamiento general, con un marco normativo claro y una gestión eficiente de los recursos, se darán las condiciones para trasladar un mensaje de confianza para aquellos que tienen que buscar y analizar cuál es el escenario más apropiado para establecer su actividad de negocio en un entorno tan global y competitivo como el actual. En la búsqueda de este objetivo tanto el Ministerio de Justicia como las Comunidades Autónomas con traspaso de medios han de tener una implicación directa, dotando de los recursos humanos y los medios materiales necesarios para garantizar el funcionamiento de la Administración de Justicia.

Por todo ello, todas las comunidades autónomas representadas en el Pleno de la Conferencia Sectorial de Administración de Justicia se comprometen a destinar las cuantías que les correspondan por la distribución acordada del crédito del Programa de reforma de la Administración de Justicia, al cumplimiento de uno o varios de los objetivos arriba señalados.

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