La Xunta no incluyó la dotación en el decreto -"Se incumple la ley y se vulneran los derechos de las personas afectadas por delitos", denuncia una de las trabajadoras, que secundan el paro
En mayor o menor medida, pero todos los juzgados y demás dotaciones judiciales de Vigo cuentan
con servicios mínimos en el marco de la huelga de funcionarios que mañana cumple un mes. Con la excepción de una. Se trata de la Oficina de Atención a la Ciudadanía y Asistencia a la Víctima, que permanece cerrada a cal y canto desde el pasado 7 de febrero debido a que las tres trabajadoras que integran la misma secundan el paro. La Xunta no incluyó este servicio en la orden en la que se fijaron los trámites de obligado cumplimiento para garantizar "los servicios esenciales" ante la huelga convocada. Y no son pocas las personas afectadas por delitos que pasan por esta oficina semana tras semana. A lo largo de 2017 las funcionarias prestaron asistencia integral a 186 víctimas -esta cifra no incluye a aquellas personas que acuden para obtener información inmediata o para realizar trámites puntuales-. La mayoría son mujeres que afrontan una situación de violencia de género, pero también se atiende a afectadas o afectados por cualquier otro tipo de ilícito.
"En Galicia, además de la de Vigo, hay otras seis oficinas de atención a la ciudadanía y a las víctimas", explica Mercedes Vázquez, trabajadora de la que está ubicada en la urbe olívica. Ella secunda la huelga desde el inicio, pero considera que esta dotación debe estar incluida en los servicios mínimos.
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