El ministro Catalá abandona el proyecto de Gallardón de una nueva Ley del Poder Judicial, pero mantiene la privatización del Registro Civil

El ministro de Justicia, Rafael Catalá, convocará durante la primera quincena de noviembre una mesa sindical para discutir la reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial antes de llevarla al Consejo de Ministros. El texto abandonará las principales propuestas de Alberto Ruiz-Gallardón e implementará "pequeñas modificaciones" en el modelo actual.

Así se lo ha trasladado el titular de Justicia a los representantes de los sindicatos CCOO y UGT durante la primera reunión mantenida para escuchar sus reivindicaciones y manifestarles la intención de llevar a cabo medidas de "carácter organizativo" para conseguir mejoras en la Administración de Justicia.

El ministro ha garantizado el mantenimiento de los juzgados de paz y ha defendido la gestión del Registro Civil de manos de los registradores mercantiles. La idea inicial es que haya una oficina en las capitales del Registro Civil mientras, en el resto del territorio, los ciudadanos puedan acercarse a sus juzgados para tramitar cuestiones del Registro.

Los sindicatos han manifestado su negativa a esta cesión y esperan ser convocados en "dos o tres semanas" a participar en una mesa de negociación para hablar sobre ideas concretas del nuevo proyecto de ley, según han informado a Europa Press fuentes sindicales.

El ministro mantuvo este miércoles un encuentro con CSIF a quien garantizó que se mantendrán los empleos de los funcionarios y no habrá movilidad forzosa fuera del municipio, según informó la central sindical.


Publicado o 23/10/2014 en www.europapress.es

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Políticos y mundo judicial vigués creen que la ley de Justicia se archivará

La dimisión de Ruiz Gallardón como ministro de Justicia es valorada postivamente de forma unánime

La dimisión de Alberto Ruiz-Gallardón como ministro de Justicia suscitó una respuesta unánime en Vigo, donde sus decisiones habían sido muy criticadas, en especial el anteproyecto de Ley Orgánica del Poder Judicial, pese a que en el último momento se logró un acuerdo favorable a los intereses de la ciudad al conseguir la excepcionalidad requerida, que conllevaría disponer también en el futuro de un tribunal de instancia propio en lugar de juzgados provinciales. La supuesta marcha atrás, asegurada a la Xunta, fue una promesa de palabra de Gallardón en Galiciay no hay nada en papel. No obstante hay convicción de que, a la espera de la llegada de Rafael Catalá, hasta ahora número 2de Fomento, dicha ley también "ha caducado".


ABEL CABALLERO. El más duro fue Abel Caballero, quien tachó de "nociva" para la ciudad la etapa de Ruiz Gallardón al frente de Justicia. Caballero señaló en rueda de prensa que la trayectoria de Gallardón como ministro supuso "una seria amenaza" para Vigo, que le "tuvo que torcer el pulso" para retener su sede judicial. "No fue un buen ministro para la ciudad", abundó Caballero, quien ve "finiquitado" el proyecto de reforma de la Ley del Poder Judicial en lo que a la redefinición del mapa judicial se refiere. El alcalde dio "por supuesto" que ese proyecto legislativo queda "definitivamente triturado" con la dimisión de Gallardón y que se ve ratificada la estructura judicial actual, con sede de la audiencia provincial en la ciudad.


MERCEDES VÁZQUEZ, portavoz de Alternativas Xustiza, de funcionarios de los juzgados, aseguró ayer que si bien la dimisión de Gallardón supone un alivio, “el mal para la Justicia ya está hecho, puesto que se ha marchado dejando una Ley de Tasas que está haciendo mucho daño al ciudadano y la privatización del Registro Civil”.


JORGE CONDE (PP). El portavoz de justicia del PP vigués cree que lo mejor de Gallardón es que "por lo menos dimitió algo difícil en este país" y cree que para Vigo la situación ya no cambia: "si el Gobierno sigue con el anteproyecto tendrá que cumplir la palabra del presidente del Gobierno y de la Xunta y Vigo mantendrá su partido judicial. Pero es posible que siga en el cajón y parece muy complicado que salga adelante".


PROCURADORES: MANUEL CASTELLS. Los procuradores son también escépticos. "Creo que no va a haber grandes novedades, imagino que el nuevo ministro será una prolongación aunque con menos intencionalidad política porque es más bien técnico, por tanto no creo que vaya a haber grandes cambios". Sobre la continuidad de la ley, recordó que el descontento "ha sido absoluto por todos los operadores jurídicos".


ABOGADOS: ÁLVAREZ GÁNDARA. El decano del Colegio de Abogados de Vigo, está convencido de que la dimisión marcará un punto y aparte. "Sobre el anteproyecto de ley orgánica del Poder Judicial, en principio la última postura de Gallardón como es sabido se adaptaba a lo que había solicitado el Consello da Avogacía y la Xunta de Galicia, los mínimos, en el sentido de que comprendía la necesidad de crear tribunales de instancia en al menos siete poblaciones de Galicia, es un mínimo que supongo que no va a desconocerse por el nuevo ministerio". Por otra parte, señala Gándara que el anteproyecto "es tan inconcreto y tropieza con tantos obstáculos de tipo ideal y de tipo práctico" que entra en lo probable "que se le tenga por caducado con la propia dimisión de Gallardón, no sólo por las razones territoriales, las que más podrían inquietar a la ciudadanía de Vigo y los profesionales, sino por otros defectos considerables que implicaban un pensamiento regresivo sobre la importancia del CGPJ, sobre la amplitud de sus resoluciones y en especial sobre la libertad de expresión de los jueces". Su pronóstico, por tanto es que como la reforma del aborto "podría haber caducado de forma tácita. En realidad, tampoco abandono la esperanza de que queden igualmente en el archivo para siempre todas las demás iniciativas de Gallardón".


AVOGADOS NOVOS. Su presidente, Javier de Cominges, no oculta su felicidad. "Estamos encantados con la dimisión, es una pena que no se haya ido antes". Sobre la ley, cree que el Gobierno ya mira hacia las elecciones, "así que espero que acabe en un cajón y no siga adelante. El nuevo ministro era el número 2 de Fomento, así que lo lógico es que quede paralizado". ¿Es bueno para Vigo? "Entiendo que sí, aunque habíamos conseguido el tribunal de instancia, fue una buena noticia en un panorama negro, porque al desaparecer las audiencias, las segundas instancias nos obligarían ir a Coruña. Tengo la sospecha de que se paralizará".


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Publicado en www.atlantico.net

Gallardón a la brasa

Ya podemos añadir con todos los honores al ministro Gallardón a la larga lista de personajes que han tardado en enterarse de que Mariano Rajoy no nació ayer, que te mata de manera tan suave y silenciosa que siempre eres el último en enterarte. Mariano Rajoy ha dejado hacer a Gallardón, le ha ayudado a quemarse en su propio fuego hasta que ha podido servirlo a la brasa, bien churruscado, como le gusta 

Por Anton Losada

Ya podemos añadir con todos los honores al ministro Gallardón a la larga lista de personajes que han tardado en enterarse de que Mariano Rajoy no nació ayer, que te mata de manera tan suave y silenciosa que siempre eres el último en enterarte. Después de pasearse por media España impartiendo lecciones de ética y feminismo a todas las mujeres, aborten o no, crean o no, ahora cuentan en los mentideros que medita su dimisión vagando por los ampulosos pasillos del Ministerio de Justicia.


Seguramente el caballero Gallardón, el cruzado del nasciturus, se las prometía muy felices aclamado por los mismos obispos y votantes fieles que antes le afeaban sus presuntas veleidades centristas. Todo eran ventajas. Quedaba como un paladín cristiano y de paso iba a poder presentarse como el único miembro del Ejecutivo que había cumplido una promesa electoral. En su maquiavélico plan al pobre Rajoy le reservaba el papel de ese presidente blando y escaso de principios que sólo tenía incumplimientos para explicar ante un electorado hambriento de nuevo liderazgo.


Mariano Rajoy le ha dejado hacer, le ha ayudado a quemarse en su propio fuego hasta que ha podido servirlo a la brasa, bien churruscado, como le gusta. Cuanto más se abrazaba el ministro al cardenal Rouco y a los antiabortistas más fervorosos, más silencio guardada a Rajoy para que quedase claro que eran empeños de Gallardón. Cuantas más voces se alzaban dentro del partido contra un proyecto de repenalización del aborto que sólo gusta a la derecha de la derecha del PP, más apelaba el presidente en público a la moderación y al sentido común.


El miedo guarda la viña y perder las elecciones provoca más pánico que las homilías de los obispos o las amenazas de boicot del Foro de la Familia. Las malas perspectivas de alcaldes y presidentes autonómicos populares han acabado de enterrar al nasciturus de Gallardón. Nadie está dispuesto a asumir el elevado coste electoral de una contrarreforma que medio partido ni siquiera entiende.


Una vez más Mariano Rajoy sale al final de un melodrama Popular interpretando su papel favorito. Ese agradecido rol del líder sensato, tranquilo y cabal que sabe cuando hay que parar y dejar de enredar con asuntos que ya empiezan a irritar a su votante medio. Aunque no tiene con quién porque nadie le da dicho una palabra, Gallardón se ha enfadado y se ha encerrado en su habitación. Pero como siempre sucede con los niños, cuando se le pase el berrinche, acabará comprendiendo que todo ha sido por su propio bien.



Publicado en www.eldiario.es

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Gallardón se siente desautorizado por Moncloa y baraja saltar del Gobierno

La polémica reforma de la ley del aborto sigue en los cajones de la Moncloa. Alberto Ruiz Gallardón, su promotor y artífice, anunció que se enviaría a las Cortes "durante el verano". Para que se cumpliera su palabra, el Consejo de Ministros tendría que darle luz verde el próximo viernes. Ya no hay más fechas. Parece que no será así y que finalmente Soraya Sáenz de Santamaría le ha ganado el pulso. Una vez más, Gallardón sale tocado.

La reforma de la ley del aborto permanecerá en un cajón. Sáenz de Santamaría le ha ganado el pulso a Gallardón, quien baraja en estas horas transmitirle a Rajoy su voluntad de abandonar el Gobierno.

La polémica reforma de la ley del aborto sigue en los cajones de la Moncloa. Alberto Ruiz Gallardón, su promotor y artífice, anunció que se enviaría a las Cortes "durante el verano". Para que se cumpliera su palabra, el Consejo de Ministros tendría que darle luz verde el próximo viernes. Ya no hay más fechas. Parece que no será así y que finalmente Soraya Sáenz de Santamaría le ha ganado el pulso. Una vez más, Gallardón sale tocado. Pero en esta ocasión, en el caso de que no haya cambios de última hora, también resultará clamorosamente desautorizado.

Mariano Rajoy perdió su fe en Gallardón durante el asunto Bárcenas, cuando el ministro de Justicia fue incapaz de orientar la marcha de las famosas fiscales en el episodio más sensible de cuantos haya tenido que afrontar el PP desde que está en el Gobierno. "Ya no confía en él, le ha dejado por imposible", decían en el partido.


Reformas fallidas

Tampoco sacó adelante su reforma de la Justicia, anunciada a bombo y platillo tanto en el programa del partido como por el propio ministro. Se pretendía despolitizar uno de los tres puntales de la estructura democrática y no fue así. La reforma resultó un fiasco, se mantuvo la injerencia de las fuerzas políticas en el nombramiento del Consejo del Poder Judicial y no se cumplió nada de lo prometido. Una detrás de otra, las iniciativas de Gallardón resultaban auténticos fracasos. Su reforma judicial produjo un efecto de rechazo general, con un rosario de huelga de jueces, fiscales, funcionarios.... Un desastre.

Pero la nueva ley del aborto era una piedra de toque para su gestión. En privado, el ministro decía una y otra vez que se trataba de una iniciativa del propio presidente, que mostraba un apoyo total al proyecto y que finalmente vería la luz. Pero no contaba el titular de Justicia con la revuelta del partido, con el presidente extremeño a la cabeza.

Monago abrió el fuego contra le ley y le siguieron desde todos los puntos de España. La nueva ley abría un frente de polémica en el seno de la formación en el Gobierno. Y no agradaba a casi nadie. Por una vez, Sáenz de Santamaría y Cospedal estaban de acuerdo. Y Pedro Arriola, el gurú demoscópico de Rajoy, alimentaba el fuego. Con esa ley, nos pegamos un batacazo electoral, advertía. Ese proyecto no podía salir. En un principio, se pretendía retirar de la ley de Zapatero la posibilidad de que las menores de 16 a 18 años pudieran abortar sin consentimiento paterno. Una atrocidad que producía un unánime rechazo. Pero fue más allá. Siempre con la anuencia de Rajoy, según el ministro. Y posiblemente era así.

Pero las encuestas jugaban en su contra y la vicepresidenta, viernes a viernes, daba largas a la posibilidad de remitirla al Congreso. Gallardón ya no sabía qué cara poner. En fechas previas a las vacaciones dijo aquello de que el proyecto "se remitiría al Congreso antes de que acabe el verano". Sólo le quedaba una bala: el próximo Consejo de Ministros. Y parece que tampoco se cumplirá su vaticinio, según ha trascendido este fin de semana. Rajoy no ha dicho su última palabra, pero no parece que vaya a acelerar el proceso. No es su estilo.


Ana Botella, segunda edición

Gallardón se siente desautorizado, molesto, irritado y fatigado. Como Botella, pero en grado superlativo. El ministro de Justicia, que milita en la formación desde los 25 años, es arrogante y prepotente y no parece capaz de digerir este revés estruendoso.

En su círculo más próximo comentaban estos días que está barajando seriamente la idea de abandonar el Ejecutivo, de hablar esta semana con Rajoy, enemigo de cambios y mudanzas, para informarle de que no puede seguir al frente de su cartera. Se siente traicionado y preterido. Quizás sea una reacción pasajera. Una lógica salida airada producida por el calentón de la gran bofetada. Pero es evidente que, si el Gobierno no envía al Parlamento la ley del aborto, Gallardón quedará en muy mal lugar ante sus compañeros del Consejo, sus subordinados y todo el partido. Y dado que entramos en tiempos preelectorales y que esta iniciativa legal produce más polémicas que adhesiones, lo razonable es que Rajoy escuche a Arriola y la deje dormir hasta mejor momento. A partir del próximo viernes, todos los focos estarán puestos en Gallardón. ¿Habrá crisis de Gobierno al margen de los planes de Rajoy? Todo es posible.


Publicado o 15/09/2014 en www.vozpopuli.com

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La Cenicienta de la Justicia y el príncipe azul

Por Joaquim Bosch, portavoz de Jueces para la Democracia.

Se inicia un nuevo año judicial que acompañará al último de legislatura. Es un buen momento para analizar brevemente las innovaciones que han tenido lugar durante esta etapa. Y debemos comenzar expresando que el balance es decepcionante. La administración de justicia siempre ha sido tratada como la Cenicienta de nuestros servicios públicos, la hermana pobre a la que nunca se ha prestado atención, postergada a favor de otras áreas que proporcionan mayores réditos electorales. Ello ha provocado el deterioro de nuestro sistema judicial, infradotado de medios materiales y personales, y también ha generado cierto abandono legislativo de nuestra realidad procesal y organizativa.

Gallardón parecía el príncipe azul que iba a redimir esta sinrazón histórica. Reunía características suficientes para impulsar la gran transformación que requiere nuestra Justicia. A diferencia de ministros anteriores, contaba con un notable peso político en el ejecutivo, lo cual hacía suponer que podría recabar el apoyo del Gobierno para un proyecto renovador. Venía con las credenciales de varias décadas en cargos de gestión de evidente relevancia institucional. Y, además, su propio partido contaba con una mayoría absoluta en el ámbito parlamentario que permitía abordar todas las modificaciones legales para modernizar nuestra Justicia.

Sin embargo, el paso de estos tres años pone de manifiesto que las carencias estructurales de la administración de Justicia no solo se mantienen, sino que han empeorado sensiblemente, sin que desde el Gobierno se hayan marcado las prioridades oportunas. El ministro Gallardón solo ha realizado aportaciones en ámbitos vinculados a un espíritu de privatización del servicio público, como la entrega de los registros civiles a los Registradores Mercantiles o la agresiva implantación de las tasas judiciales, que está afectando sensiblemente al derecho fundamental a la tutela judicial efectiva. De mejoras en la realidad diaria de nuestros juzgados y tribunales no sabemos nada.

Por el camino ha quedado la apuesta por una profundización efectiva en la nueva oficina judicial, así como la necesaria reforma de nuestro proceso penal, que tiene sus bases en el siglo XIX. Los cambios repentinos, injustificados y no explicados sobre los principios de un nuevo sistema de investigación penal muestran las características más marcadas en la actuación ministerial en esta etapa: la improvisación en las actuaciones y la falta de un modelo riguroso para fundamentar esas iniciativas. En este ámbito, puede resultar incluso delirante el cambio de la propuesta inicial de un fiscal investigador, que ha sido sustituido recientemente por un colegio de tres jueces instructores para algunos procedimientos, un artefacto procesal que sería único en todo el planeta.

El último cartucho se presenta con una propuesta de Ley Orgánica del Poder Judicial a deshora, cuando apenas queda tiempo para su tramitación parlamentaria. Aunque lo más probable es que acabe en el cajón de los proyectos olvidados, se puede detectar con facilidad que, en lugar de con un texto sistemático, nos encontramos ante un conjunto precipitado de parches, entre los que destacan medidas para actuar contra la independencia judicial y subordinar la judicatura al poder político.

No se puede afirmar que no hayan existido afanes ministeriales, pero han sido ajenos a la mejora del servicio púbico. El ministro Gallardón se ha esforzado ostensiblemente en otras materias, más vinculadas a su proyección pública, pero abiertamente contrarias a nuestra realidad social, como una reforma legal del aborto que nos devolverá a tiempos predemocráticos. También ha ocupado un espacio relevante la regresiva reforma en trámite del Código Penal, centrada fundamentalmente en criminalizar las protestas ciudadanas y en un injustificado y populista endurecimiento de las penas, hasta el extremo de incluir una versión de la cadena perpetua de dudosa constitucionalidad. El cuadro de medidas innecesarias se completa con la concesión de indultos abusivos, sin ninguna motivación, ante casos especialmente reprochables desde una perspectiva pública, como los de políticos corruptos, agentes que han torturado o personas con conexiones con el poder.

Ante este vacío de medidas transformadoras se puede pensar que la situación económica no permitía margen de maniobra. La realidad es que no solo se obtienen mejoras con dinero, sino también con imaginación, interés y eficacia en la gestión, aspectos que han brillado por su inexistencia. Los mismos recursos pueden estar bien organizados para que el servicio público funcione más adecuadamente. Pero ha dado la impresión de que las grandes batallas mediáticas y políticas han dejado en un inmerecido segundo plano los problemas del sistema judicial que preocupan de verdad a la ciudadanía. Siguen sin resolverse cuestiones tan básicas como que se asignen medios para que los procesos se resuelvan en unos tiempos razonables o que nuestros órganos judiciales puedan actuar de forma eficaz contra la corrupción. Probablemente, la realidad ha demostrado una vez más que los príncipes azules solo existen en los cuentos de otras épocas.


Publicado o 08/09/2014 en http://www.confilegal.com/

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Gallardón

Por Ignacio Bermúdez de Castro. 

02/08/2014. Tanto ha sido el daño que Ruiz-Gallardón ha provocado a la Administración de Justicia española, que me niego en redondo a reconocerle mérito alguno en su quehacer como ministro. Ni siquiera en este caso. Como si de un emperador romano se tratase, ha indultado a los partidos judiciales gallegos, que pretendía lanzar a unos leones que se han quedado con la miel en los labios, y consiguientemente a los de todo el territorio nacional. Tengo en gran estima al presidente Feijoo, y nada malo puedo esgrimir contra el vicepresidente de la Xunta, pero que tampoco nos hagan comulgar con ruedas de molino. Para ese viaje no hacían falta tales alforjas. Ruiz-Gallardón, por las razones que sea, decidió comunicar a los medios en Santiago que su proyecto de masacrar definitivamente a nuestra Justicia se demoraba una temporada, y todo ello tras reunirse con los dos políticos citados. Si Feijoo y Rueda le han hecho cambiar de opinión, pues mi más cordial enhorabuena para ambos, pues quizás todavía no sean conscientes del gran favor que le han hecho al país. Habrían evitado que nuestra dama ciega tuviera definitivamente vista de lince. Pero nada me quita de la cabeza que aterrizó en Galicia con la decisión tomada, y que todo fue un paripé para echarle un cabo a sus correligionarios gallegos.


Publicado en www.lavozdegalicia.es

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A quen beneficia o acordo entre Gallardón e CSIF-STAJ-UGT?

Hai uns días STAJ, CSI-F, e UGT vendían a todo meter que chegaran a un acordo con Gallardón sobre a reforma da Lei Orgánica do Poder Xudicial.


Dende Alternativas na Xustiza-CUT (AXG) entendemos, tras a lectura do acordo, agora si por escrito, QUE O GRAN BENEFICIADO coa sinatura do acordo por CSI-F, STAJ e UGT é Gallardon....


Dende o noso punto de vista o acordo forma parte da estratexia de Gallardon para alcanzar o modelo de xustiza que pretendeu dende o primeiro momento: UNHA XUSTIZA CALADA E SOMETIDA A CRITERIOS POLÍTICOS, sen independencia xudicial e controlada a través do nomeamento a dedo dos postos das cúpulas xudiciais.


E será nunha segunda fase, a través da Lei de Demarcación e Planta, cando se supriman ou erradiquen unha grande parte dos partidos xudiciais e dos xulgados de paz coa consecuente redución de cadros de persoal.


PARA MOSTRA DO QUE DICIMOS AS DECLARACIÓNS DO PRESIDENTE DO CGPX, nomeado polo goberno de Gallardon:

"Si no se va a suprimir ningún partido judicial, no se entiende muy bien en qué va a consistir esta reforma, cuando en realidad lo que se pretende es concentrar los tribunales en unas demarcaciones superiores a las 432 se vienen arrastrando desde el año 1834".

Antes do “acordo”, Gallardon estaba sendo atacado por todos os medios de comunicación, os Sindicatos -incluídos os que asinaron este acordo-, os propios Rexistradores Mercantís. A sinatura deste acordo foi unha bomba de osixeno para o Ministro. NON SE PODE ASINAR ACORDO NINGÚN SE NON paraliza a privatización e garante os postos de traballo dos Rexistros Civís en todo o Estado


Os outros grandes beneficiados do “acordo” son os alcaldes das cidades, que poden “vender” nas eleccións que terán lugar no ano 2015 que non se vai a SUPRIMIR o seu Partido Xudicial. Reiteramos que será coa Lei de Demarcación e Planta onde se fará a PODA de partidos xudiciais.


Gallardon non negociou ningún dos proxectos (Lei aborto, Lei Seguridade Cidadá, Modificación Codigo Penal, Lei Taxas Xudiciais). O que conseguiu coa conivencia de STAJ, UGT e CSI-F foi dividir o colectivo xudicial que estaba máis unido que NUNCA (funcionarios, avogados, procuradores, cidadáns, etc)


PODEN uns Sindicatos negociar cun Ministro que acaba de poñer nas mans dos Rexistradores da Propiedade o Servizo Público do Rexistro Civil?. E cando NON están garantidos todos os postos de traballo, nin de titulares nin de interinos, menos nas Comunidades Transferidas?.


No acordo so se fala de COMPROMISOS. ALGUEN PODE CONFIAR NO COMPROMISO DO MINISTRO DO ABORTO, DA CRIMINALIZACIÓN DA MOBILIZACIÓN, DO INDULTO AOS “AMIGOS”, ETC.?


Ninguén debe esquecer que en Galicia a Xunta de Galicia amortizou 106 prazas das Audiencias, Xulgados de Paz, Contenciosos, etc sen necesidade de modificar NADA.


Dende Alternativas continuaremos mobilizándonos contra a PRIVATIZACIÓN DO REXISTRO CIVIL , na defensa dos PARTIDOS XUDICIAIS, XULGADOS DE PAZ e CADROS DE PERSOAL ACTUAIS e pola derrogación das TAXAS XUDICIAS.


O resto que se dedique a vender Seguros, en vez de recorrer o Decreto de IT, ou a facerlle o xogo ós partidos políticos afíns....

HAI ALTERNATIVAS NA XUSTIZA GALEGA

El Colegio de Registradores afín a Justicia pagó 5 millones a la firma de un asesor de Gallardón

El registrador Javier Angulo fue el director de un equipo nombrado por Justicia para desatascar el colapso de los expedientes de nacionalidad.

Ese equipo decidió que el Colegio de Registradores pagara 5,1 millones por el software que diseñó una empresa privada llamada Futuver.

El administrador de la filial rumana de Futuver era Javier Angulo, es decir, que Angulo decidió que los registradores contrataran el software de su empresa.

Este negocio dividió a la Junta de Gobierno del Colegio, controlada por registradores afines de Gallardón.

Una auditoría del Colegio reveló después que la contratación de Futuver se realizó "por encima de los precios de mercado".

Fue el negocio redondo para unos pocos. Pero fue un negocio que provocó un agujero económico importante en el Colegio de Registradores, y una división en un colectivo que aglutina a poco más de 1.000 profesionales con carácter de funcionarios, aunque de un tipo particular: acceden por oposición y dependen del Gobierno, pero no cobran un sueldo público sino aranceles a sus clientes, contratando a sus propias plantillas. En junio de 2012, el Colegio de Registradores recibió una encomienda del ministerio de Justicia para hacerse cargo de la tramitación de los expedientes de nacionalidad, que acumulaban entonces varios años de retraso y colapsaban el ministerio. Fue un servicio por el que los registradores no cobraron, todo lo contrario, tuvieron que pagar. Justicia, a través de la Dirección General de Registros y del Notariado, pactó con el Colegio el tipo de software que debían utilizar para tramitar esos expedientes, una plataforma tecnológica que había diseñado una empresa privada por la que el Colegio desembolsó 5,15 millones de euros. Curiosamente, uno de los administradores de esa empresa era el registrador 'fichado' por Justicia para dirigir desde el ministerio el equipo que decidió que los registradores debían pagar por ese software.

En enero de 2012, el Director General de los Registros y del Notariado, Joaquín Rodríguez Hernández, creó un equipo de trabajo para intentar agilizar la tramitación de los expedientes de nacionalidad, ya que por aquel entonces había unos 480.000 en listas de espera. Para ello nombró a un registrador, Javier Angulo Rodríguez, como Jefe de Proyecto de Gestión de Expedientes de Nacionalidad. "El extraordinario incremento del flujo de inmigrantes que se ha producido en los últimos años ha superado la capacidad de tramitación del órgano administrativo y es inaplazable dar solución a este problema", fue la conclusión de este equipo asesor del ministerio.

Para reducir el colapso se diseñó el Plan Intensivo de Tramitación, que se basaba en la conversión de los expedientes en papel, unos 480.000, en expedientes electrónicos, mediante su digitalización. Se iban a crear más de 25 millones de documentos electrónicos. Para todo este proceso se creó "una aplicación de gestión para la tramitación de los expedientes". Justicia pactó con el Colegio de Registradores contratar esa aplicación, un software de gestión, a pesar de que el director general, Joaquín Rodríguez, conocía a la perfección que el servicio informático del Colegio, que cuenta con casi 300 profesionales, desarrolla la mayoría de los software que utilizan los registradores de la propiedad y mercantiles. Y lo sabía porque el propio Joaquín Rodríguez había dirigido en el pasado ese servicio, el SSI. A pesar de ello, se decidió ir al mercado a comprar ese software en lugar de encargárselo al servicio informático del Colegio.

La empresa Futuver Consulting fue la elegida para desarrollar el software por encargo del ministerio de Justicia, y el Colegio pagó por esa aplicación 5,15 millones de euros. Futuver tiene una filial en Rumanía que se llama Futuver Rumanía, cuyo administrador solidario fue hasta mayo de 2012 Javier Angulo Rodríguez, el registrador que dirigió el equipo asesor del ministerio. Javier Angulo Rodríguez estuvo en Futuver Rumanía hasta mayo de 2012, cuando ya llevaba cinco meses al frente de este equipo asesor y un mes antes de que Justicia encargara al Colegio la encomienda de los expedientes de nacionalidad.

Por encima de los precios de mercado

En 2012, Justicia tenía muy buena relación con la Junta de Gobierno del Colegio, una junta bautizada como "oficialista" que defendía la reforma de los registros que planeaba por entonces Justicia. Joaquín Rodríguez, alto cargo de Justicia, había estado en esa junta antes de pasar al ministerio, y es amigo de Enrique Rajoy, también registrador y hermano del presidente del Gobierno, según varias fuentes consultadas. El acuerdo entre Justicia, el Colegio y Futuver fue redondo para los intereses de Futuver y lesivo para las arcas del colegio, teniendo en cuenta que una auditoría externa posterior encargada por el Colegio a la consultora Hitachi reveló que la Dirección General del Registro y del Notariado "decidió unilateralmente que el software de gestión de los expedientes de nacionalidad fuese adjudicado directamente y sin concurrencia a la empresa Futuver, sin que se compararan otras posibilidades". La auditoría también destaca que la contratación de Futuver se realizó por importes que "o bien quedan claramente por encima de los precios de mercado…o bien parecen totalmente fuera de cualquier regla habitual de mercado".

La auditoría fue encargada porque la Junta de Gobierno empezaba a mostrar fisuras y se dividió en dos. Se votó entonces que se encargara este informe externo sobre el pago de cinco millones a favor de Futuver. Luego, en octubre de 2013, hubo elecciones en el Colegio de Registradores. Joaquín Rodríguez y Enrique Rajoy hicieron campaña a favor de la candidatura que perdió, la del antiguo decano Alfonso Candau. Ganó los comicios Gonzalo Aguilera, que representa a las bases del colectivo descontentas con las reformas que quiere introducir el Ministerio de Justicia. Las elecciones fueron muy reñidas. Aguilera logró hacerse con un total de 489 votos, frente a los 424 de su oponente. En la candidatura de los derrotados estaba la nuera del ministro de Justicia Alberto Ruiz-Gallardón: Teresa Touriñan Morandeira, registradora de la Propiedad de Villalba. Un cuñado de Gallardón, el hermano de su mujer, José Antonio Utrera, también es registrador.

La candidatura de Aguilera ganó así el pulso a la línea oficialista, que ya había recibido un primer varapalo en abril de 2013, cuando los registradores descontentos con la deriva de su Colegio forzaron la convocatoria de una asamblea cuyo alcance frenó la reforma registral que planeaba Gallardón. La cita era importante, ya que desde que se colegiaron en 1934 los registradores solo se habían reunido en asamblea en dos ocasiones: en 1935 y 1988. Esa tercera cita fue forzada por 309 firmas (cuando solo eran necesarias 250) y con el aval de 427 registradores. El resultado fue sorprendente: el 80% votó a favor de que el máximo órgano del colectivo, la Junta, le transmitiera a Justicia que no quería la reforma.

Más de 500.000 expedientes

Desde junio de 2012 el Colegio ha tramitado más de 502.000 expedientes de nacionalidad. La encomienda terminó el 31 de diciembre de 2013, aunque el Colegio siguió tramitando los expedientes que se presentaron antes de esa fecha. Una vez acabado su trabajo de asesoramiento para el ministerio, Javier Angulo Rodríguez volvió a su plaza de registrador. Antes era el titular del registro número 2 de Estepona (Málaga). Desde febrero de 2014 está destinado en Lleida. Sigue en la empresa privada. Ahora es administrador de la empresa Consultoría de Análisis e Inversiones para Rumania, según el Registro Mercantil. No ha querido atender a este diario.

Este diario ha intentado hablar, sin éxito, con un portavoz de Futuver para que explicara la funciones que tenía Javier Angulo en la filial de Rumanía y si este trabajo era compatible con las funciones de asesoramiento que desempeñaba para el ministerio. "Es nuestra política y sujeto a los términos de confidencialidad del contrato que rige con nuestro cliente, el Colegio de Registradores de la Propiedad y Mercantiles de España, no realizar comunicaciones", señaló un portavoz de Futuver.

A preguntas de este diario, la nueva Junta de Gobierno, la de Gonzalo Aguilera, que se encontró con el contrato y el pago a Futuver ya ejecutado, asegura que no va a iniciar ningún tipo de acción contra la anterior Junta "porque fue una decisión política que adoptó la anterior Junta de Gobierno y fue avalada por la Asamblea de Decanos Territoriales y Autonómicos". Aunque su portavoz sí quiere dejar claro que "el sistema informático de gestión de expedientes de nacionalidad podría haber costado sobre 300.000 ó 400.000 euros", 12 veces menos que lo que se pagó. "El sistema costó tan caro porque se sobredimensionó y porque inexplicablemente se adjudicó a una empresa privada sin dar oportunidad de desarrollarlo al Colegio, a través de nuestro servicio de información. Todo desarrollo tecnológico referente al sistema registral debería confiarse al Colegio, que ha demostrado de sobra su capacidad tecnológica sin ninguna incidencia de seguridad, y que podría asumirlo con sus propios medios"


Publicado o 30/07/2014 en www.20minutos.es

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La mitad del Poder Judicial emite votos contrarios al informe de la 'ley Gallardón'

Once vocales del Consejo General del Poder Judicial firman votos particulares contrarios al informe sobre la reforma judicial de Gallardón 

Publicado en www.cadenaser.com 


Once de los veintiún miembros del Consejo General del Poder Judicial han firmado votos particulares contrarios al informe que el órgano de gobierno de los jueces aprobó sobre la reforma judicial propuesta por el ministro Alberto Ruiz-Gallardón. Algunos vocales consideran que el anteproyecto de Ley Orgánica del Poder Judicial de Gallardón se ha realizado "sin explicar ni el qué ni el cómo ni por qué" y otros se centran en aspectos más técnicos del informe como la presidencia de la Comisión de Igualdad.

Más de la mitad del Poder Judicial no quedó completamente satisfecha con el informe final de este organismo sobre el proyecto de reforma judicial de Alberto Ruiz-Gallardón. Once de los veintiún vocales que componen el Consejo General del Poder Judicial han emitido diversos votos particulares contrarios a este informe, que en líneas generales daba el aprobado al anteproyecto de reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial, criticando algunos la totalidad de la reforma por considerarla "injustificada e innecesaria", dudando de la operatividad del proyecto, y otros algunos aspectos más técnicos de un informe sobre un anteproyecto que suma más de seiscientos artículos en su redacción actual.

Los vocales que han firmado estos 7 votos particulares con Clara Martínez de Careaga, María Ángeles Carmona, Álvaro Cuesta, Enrique Lucas, Mercè Pigem, Roser Bach, María Victoria Cinto, Rafael Mozo, Concepción Sáez, Pilar Sepúlveda y Gerardo Martínez Tristán.

El voto particular más contundente lo firman Pigem y Lucas: después de afirmar que el informe final del Poder Judicial "adolece de carencias importantes", proceden a hacer una enmienda a la totalidad de la futura Ley. Sostienen estos vocales que el nuevo modelo que propone Ruiz-Gallardón para la justicia española "trastoca profundamente elementos sin explicar ni el qué ni el cómo ni el porqué de tan drásticos cambios ni lo que es casi más preocupante, sin aclarar en lo más mínimo como se efectuará el tránsito de un modelo a otro ni con qué coste", criticando también que su estructura y redacción sean "deficientes" y den la sensación de "ser fruto de una redacción atropellada". Estos dos vocales también apuntan a lo que consideran una falta de previsión: "Son cambios profundos que no se acompañan de los estudios y análisis previos de cada uno de ellos, que pudieran justificarlos, ni de los problemas y los plazos que pueda requerir su implantación práctica".

Igual de contundente es el escrito firmado por la vocal Roser Bach y otros cinco de sus compañeros, en el que se acusa al Gobierno de proponer una reforma "que choca frontalmente con los mandatos constitucionales sobre el poder judicial: los de independencia, determinación legal, inamovilidad, responsabilidad y sumisión únicamente al imperio de la ley". Acusan también al anteproyecto de proponer un sistema de "dudosa operatividad".

"Suprimamos las limitaciones legales para nombrar a quien nos interese"

El informe cuenta con un voto particular significativo de la presidenta de la Comisión de Igualdad, Clara Martínez de Careaga, quien critica que sus compañeros hicieran la siguiente recomendación: "No parece apropiado que se imponga que la presidencia recaiga sobre una mujer", afirmación realizada en base a la ampliación de competencias que una reciente modificación parlamentaria atribuye a esta Comisión. Arranca con dureza esta vocal a criticar este aspecto del informe, acusando a la mayoría conservadora del Consejo de "suprimir las fastidiosas limitaciones legales para poder nombrar a quien nos interese". Para Martínez de Careaga, esta propuesta de sus colegas no es conveniente: "Basta decir que de las cuatro comisiones del Consejo, sólo una está presidida por una mujer".

A favor de la jurisprudencia vinculante del Supremo

El voto particular del vocal conservador Gerardo Martínez Tristán incide sobre uno de los puntos que el informe final aprobado criticó con contundencia: la posibilidad de que parte de la doctrina del Tribunal Supremo pase a ser vinculante para el resto de jueces españoles. Entiende el vocal que, en contra de lo considerado por el informe, esta medida "potencia la mayor uniformidad de las resoluciones judiciales, reduciendo las contradicciones e incrementando la seguridad jurídica, fortificando la función unificadora del Tribunal Supremo". Para Martínez Tristán, el Consejo tendría que haber avalado esta medida aunque acompañándola de varias propuestas que aseguren su buen funcionamiento.

El texto del vocal Álvaro Cuesta cree que el Consejo tendría que haber propuesto al Gobierno la introducción de la jurisdicción civil en la Audiencia Nacional, "que sería muy oportuna para el enjuiciamiento, por ejemplo, de acciones en materia de protección de consumidores", así como propone ampliar la competencia penal de este organismo a delitos relacionados con la delincuencia organizada.

El voto particular María Ángeles Carmona se centra en la recomendación que hace el informe sobre la inclusión de letrados de la Administración de Justicia en las Unidades de Apoyo Directo a jueces, y también en la denominación que los vocales proponían para los letrados de la Administración de Justicia.

Un último voto, firmado por tres vocales, pone en tela de juicio la oportunidad y viabilidad de la modificación propuesta para el régimen de sustituciones: "No procede sino realizar una valoración negativa de la degradación normativa a que se ven sometidas cuestiones vinculadas a la correcta prestación del servicio público de la justicia", en alusión al cambio drástico que el Gobierno propone para la figura de los sustitutos.


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Álvaro García Ortiz, fiscal: «Gallardón ha conseguido un consenso generalizado, pero contra él»

García Ortiz recibió ayer la Cruz de San Raimundo de Peñafort por su trabajo en el caso «Prestige»

Álvaro García Ortiz, fiscal delegado de Medio Ambiente y presidente de la Unión Progresista de Fiscales, recibió ayer de manos del fiscal general del Estado, Eduardo Torres-Dulce, la Cruz de San Raimundo de Peñafort, que premia «hechos distinguidos o servicios relevantes en el campo del Derecho». Su labor en el caso Prestige o en la lucha contra los incendios explican en buena medida esta recompensa, concedida a propuesta del Consejo Fiscal. En el acto recordó las palabras de Mangouras al final del juicio, cuando pidió perdón a todos los gallegos.


¿Está contento?

-Sí. Es el galardón más importante para los que trabajamos en la Administración de Justicia y es a propuesta de mis compañeros del Consejo Fiscal, y eso es muy bonito, la verdad.


-Usted es el jefe de los fiscales progresistas y el premio se lo entrega Torres-Dulce, nombrado por el Gobierno del PP. Quizás el factor ideológico no es tan importante en la carrera fiscal.

-Es muy poco importante cuando hablamos de asuntos institucionales. Hay que desterrar esa idea de que el color político condiciona los procesos judiciales. Condiciona nuestra opinión fuera del proceso. Pero ante todo somos profesionales. Nuestras disputas ideológicas no interfieren en nuestro trabajo.


-Pero la Fiscalía es un cuerpo jerárquico y supongo que hay decisiones que debe acatar aunque no esté de acuerdo.

-Depende de qué decisiones. La jerarquía de la carrera fiscal no está militarizada. No hay una orden que yo deba acatar. La jerarquía tiene un sentido: el principio de unidad. No podemos ser una Fiscalía diferente en Galicia o el País Vasco. Nuestros criterios deben estar unificados. Pero tenemos cauces internos y a veces públicos para mostrar nuestro desacuerdo.


-Pero hay dudas sobre la actuación del fiscal en el caso de la imputación de la infanta.

-Ahora le hago yo la pregunta. ¿Por qué hay dudas?


-Existe la creencia de que fue presionado para que se oponga a la imputación.

-Lo dicen los que rechazan que no se impute a la infanta, pero no hay ninguna base para pensar eso. El fiscal se ha posicionado, lo ha explicado jurídicamente y tiene las ideas muy claras desde el principio.


-Y ha atacado duramente al juez que lleva el caso.

-Eso una cuestión diferente.


-Pues vamos con ella.

-Efectivamente se opone al auto del juez en términos muy duros, no hay que esconderlo. El juez le ha contestado a través de los medios de comunicación. Esa dinámica no es buena para la Justicia. Jueces y fiscales debemos tenernos respeto. Hay que rebajar el tono.


-Su reacción vehemente ante estas preguntas quizás tenga que ver con que sospecharon lo mismo de usted en el caso «Prestige», al no acusar al Gobierno.

-Sí. Fue así. Estamos sometidos a la opinión pública, como no podía ser menos. Es lógico que nos critiquen. Lo que no está tan bien es cuando las críticas están fundadas en rumores y opiniones a la ligera. Tomamos las decisiones y nos podemos equivocar, pero lo hacemos con toda la honestidad profesional posible y todas las consecuencias personales que a veces tiene, como en el caso de Horrach o el mío. No nos guía ningún interés oscuro más allá de lo que consideramos la legalidad.


-Supongo que no hay que dejarse llevar por lo que es políticamente correcto en cada caso.

-A veces la posición del fiscal coincide con lo que es políticamente correcto. Otras veces no. En función de eso nos acusan de algo o nos dejan de acusar. Es muy curioso.


-¿Qué opina de la reforma de Gallardón?

-Es muy negativa. Pero depende de qué reforma hablemos, porque ha ido tocando muchos palos y lo que ha conseguido es un consenso generalizado, pero contra él. Por un lado en asuntos de naturaleza legislativa, como el aborto, por otro, en asuntos procesales. No se está legislando bien. Se está haciendo sin consenso y en una ley orgánica del Poder Judicial debería haberlo. Pero lo peor es la oportunidad que se está perdiendo para dar un salto legislativo y ordenar el proceso penal.


-¿Qué hay detrás de esa recentralización de la Justicia, que en Galicia, donde hay más dispersión, tiene consecuencias tan negativas?

-Hay un debate entre la eficiencia de la Justicia y la Justicia de proximidad. Pero creo que es compatible la existencia de sedes judiciales dispersas con la eficiencia. No se puede quitar a los ciudadanos estos servicios y dejarles sin nada. Si haces eso a cambio tienes que acercar la Justicia al ciudadano. Hay muchas formas de hacerlo. El asunto de la concentración provincial responde a un modelo anticuado de España, organizada en torno a las comunidades autónomas. Deben ser ellas, que conocen mejor sus territorios, las que determinen esas necesidades. En Galicia el modelo de servicio podría inspirarse en el del Sergas.


-Usted defiende que los fiscales instruyan las causas.

-Sí. No se debe desconfiar de los fiscales a la hora de hacer una instrucción autónoma, como no se debe desconfiar de los jueces. El fiscal ahora hereda en el juicio la investigación del juez instructor. Y a veces no estás de acuerdo con ella. La tienes que asumir a la fuerza.


Publicado o 05/07/2014 en www.lavozdegalicia.es

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El Consejo de la Abogacía busca un "clamor social" contra las leyes de Gallardón

Pretende movilizar en julio a los 83 decanos y a los 800 miembros de las Juntas de Gobierno de los colegios de abogados contra las leyes de Gallardón relacionadas con la justicia, entre ellas la de la justicia gratuita.

"La Ley de Tasas perjudica gravísimamente a los ciudadanos, a su economía y a la convivencia social", asegura el presidente del consejo, Carlos Carnicer.

Trajeado y con una chapa en la solapa en la que se leía la leyenda "No a las tasas", el presidente del Consejo de la Abogacía Española, Carlos Carnicer, ha cargado contra la producción legislativa del Gobierno del PP relacionada con la justicia, en total 14 leyes. Algunas ya aprobadas, como es el caso de la Ley de Tasas, una norma que "perjudica a la ciudadanía y a la convivencia social" ha señalado Carnicer, y otras en periodo de enmiendas en el Congreso de los Diputados, como el caso de la Ley de justicia gratuita. Un servicio público -el de la justicia gratuita- dirigido a las personas con menos recursos y que tiene un coste medio para los españoles de dos euros y al que "se sigue regateando" fondos por parte de la Administración, ha censurado el máximo responsable de los abogados en España,.

La ley que se tramita ahora en el congreso -se ha ampliado el plazo para la presentación de enmiendas hasta el próximo 8 de julio-, lejos de solucionar los problemas endémicos de la justicia gratuita, los agrava, según Carnicer. "El proyecto en ninguna parte resuelve los problemas relacionados con el pago de los honorarios a los abogados que prestan un servicio público, ni hay una actualización automática [de los baremos], ni se asegura el pago dentro de un plazo razonable", ha denunciado.

El Consejo de la Abogacía no solo apoya la concentración del próximo 17 de julio en Madrid convocada por la Asociación de Abogados del Turno de Oficio en protesta por la nueva legislación proyectada por el ministro Gallardón -Carnicer ha valorado positivamente esa manifestación durante la presentación del XVIII congreso de la Confederación Española de Abogados Jóvenes, que celebra estos días su cónclave en Bilbao-. Además, se ha convocado una asamblea en la capital española para el 24 de julio en la que participarán los 83 decanos de los colegios de abogados y a la que se ha convocado también a los 800 miembros de las Juntas de Gobierno de esos colegios con el objetivo de "analizar las posibles acciones" contra la producción legislativa del Ejecutivo del PP relacionada con la justicia: desde la Ley del Poder Judicial, la ley de Planta, la ley de justicia gratuita..., así hasta 14 leyes. "Solicitaremos el clamor social contra esas leyes", ha avanzado Carnicer.

Reformas legislativas prescindibles

Algunas de esas reformas legislativas son completamente prescindibles, ha apuntado Carnicer. Y ha puesto como ejemplo la de la justicia gratuita. "La actual norma, aprobada en 1996, no ha sido noticia negativa en todos estos años, salvo por el pago tardío o por los recortes en los pagos a los abogados", ha denunciado. Mientras que se han tramitado un millón de asuntos relacionadas con las justicia gratuita en España, de las 4.000 quejas y denuncias plantedas por la ciudadanía a la Defensora del Pueblo en 2013 en relación con la Administración de Justicia, únicamente seis tienen que ver con ese servicio público, ha revelado Carnicer.

El presidente de la Abogacía también ha sido muy duro con los efectos de la ley de Tasas, el denominado 'tasazo Gallardón'. "La Ley de Tasas perjudica gravísimamente a los ciudadanos, a su economía y a la convivencia social", ha apuntado, al tiempo que ha mostrado su confianza en que el Tribunal Constitucional -que tiene encima de la mesa cinco recursos contra esa norma- "corrija este verdadero expolio del derecho de acceso a la justicia para miles y miles de ciudadanos de esa clase media que no aguanta más palos a los problemas de su economía".



Publicado o 03/07/2014 en www.eldiario.es

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Gallardón promete acabar coa Xustiza en catro anos

Gallardón dice que es posible que dentro de cuatro años los asuntos de la Justicia se resuelvan en los plazos legales.

El ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, ha afirmado que el reto de conseguir que dentro de cuatro años los asuntos que reciben los juzgados y tribunales españoles se resuelvan dentro de los plazos legales, un objetivo que se han marcado este miércoles los secretarios judiciales, es "posible" y que el Gobierno va a trabajar para que se alcance.

Durante la presentación del informe 'El secretario judicial en cifras', en el que el Colegio Nacional de Secretarios Judiciales detalla la actividad de estos profesionales durante 2013, su presidente, Rafael Lara, ha manifestado el compromiso de "poner al día en cuatro años la ejecución en los tribunales", de manera que para entonces las ejecuciones de las resoluciones "se resolverán en los plazos legales".

En su intervención, Gallardón ha destacado que, según este informe --que indica que se resuelven 200.000 ejecuciones más de las que ingresan--, el atasco de la Justicia está disminuyendo "a pesar de la crisis", en un contexto en el que "no aumenta el presupuesto" y hay "mucha dificultad" para incrementar los medios materiales y personales.

Puesto que actualmente ya "están saliendo de los tribunales más asuntos de los que entran", considera que el reto que se han marcado los secretarios judiciales es "posible" y se puede "asumir". Aunque es "un pronóstico muy optimista", el Ministerio "va a contribuir en todo lo que esté en su mano para que se cumpla", ha dicho luego en declaraciones a los periodistas.

En su opinión, "en un plazo de cuatro años la Justicia en España puede alcanzar unos niveles de celeridad de respuesta que, unidos a la calidad de las resoluciones judiciales, la pongan en el más alto nivel de los servicios públicos en España".

ESTUDIARÁ LAS REIVINDICACIONES DE LOS SECRETARIOS

Por otro lado, Gallardón ha calificado de "muy legítimas" las reivindicaciones de los secretarios judiciales y les ha transmitido el compromiso del Ministerio de "estudiar la viabilidad" de las propuestas incluidas en el informe de cara a la reforma de la Administración de Justicia.

De hecho, ha afirmado que en la nueva la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ) "se van a incluir muchas de las oportunidades" que abre el informe y también "algunas de las reclamaciones" de los secretarios judiciales.

Concretamente, ha mencionado el cambio de denominación de estos profesionales (que en el futuro se llamarán "letrados") y varias "mejoras" en la regulación y el Estatuto de los miembros del cuerpo "conforme a las inquietudes" que han expresado en los últimos años, por ejemplo en cuanto a la "discriminación negativa" que sufren.

Además, ha señalado que el anteproyecto de ley recoge ya la profesionalización del cuerpo y un régimen de sustituciones y que, con la entrada en funcionamiento de los futuros tribunales de instancia, que suponen "una apuesta por los colegios frente a los órganos unipersonales", la oficina judicial será "absolutamente determinante".

Gallardón también ha afirmado que, pese al "escepticismo" que surge ante "toda innovación" en España, se está avanzando "a una velocidad muy satisfactoria" en la implantación de la Justicia electrónica.

REGISTRO CIVIL

En otro orden de cosas, Gallardón ha defendido su decisión de encomendar la gestión de Registro Civil a los registradores mercantiles, argumentando que, en un momento de crisis en el que el Gobierno no puede incrementar la plantilla judicial como le "gustaría", los jueces deben dedicarse a "juzgar y hacer ejecutar lo juzgado" mientras "otros funcionarios igualmente cualificados" realizan las tareas del Registro Civil.

Además, ha reiterado que el Registro Civil "seguirá siendo gratuito, exactamente igual que lo ha sido hasta la fecha", por lo que "ninguna inscripción o certificación le costará ni un euro a los ciudadanos o a las administraciones públicas.

APOYO DE MIEMBROS DEL CGPJ AL JUEZ CASTRO

Sobre lo que no ha querido hablar el ministro es sobre el comunicado emitido por seis vocales progresistas del Consejo General del Poder Judicial en el que piden respeto para la labor del juez instructor del 'caso Nóos', José Castro, frente a las criticas del fiscal Pedro Horrach por la imputación de la Infanta Cristina.

Es un asunto que, al estar en tramitación en los juzgados, "es estrictamente competencia del poder judicial", así que, "por respeto a la independencia del poder judicial y a la autonomía del Ministerio Fiscal y del Gobierno, no voy a hacer ninguna valoración", ha dicho.


Publicado o 02/07/2014 en www.telecinco.es

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Conflicto abierto entre los registradores y Gallardón por el Registro Civil

El cambio de gestión decidido por Justicia pone en pie de guerra al colectivo

El cambio de gestión del Registro Civil, que ahora está en manos de jueces y va a ser delegado en un centenar de registradores mercantiles, ha provocado un enfrentamiento abierto entre el Colegio de Registradores y el Ministerio de Justicia dirigido por Alberto Ruiz-Gallardón. El decano del Colegio, Gonzalo Aguilera, ha convocado hoy una rueda de prensa para acusar al Gobierno de idear una fórmula que, en su opinión, derivará en un mal funcionamiento del servicio público y que, al repercutir todos los costes en los registradores mercantiles, acabará repercutiéndolos, a través de ellos, en los usuarios de los registros mercantiles.

Aguilera ha arremetido contra Justicia por intentar provocar un "cisma en el seno del Colegio", entre los registradores de la propiedad (que son la inmensa mayoría y rechazan asumir el Registro Civil) y los mercantiles (una minoría con la que el ministerio ha hablado de forma individual y en los que finalmente ha decidido delegar el servicio). "Este es un único cuerpo, el de registradores de la propiedad y mercantiles, y el Colegio es el único órgano autorizado para expresar la opinión de todos ellos. Esa opinión es que no queremos asumir la gestión del Registro Civil. Somos funcionarios públicos, cumpliremos lo que el Gobierno decida. Pero, si nos preguntan, no queremos asumir el Registro Civil", ha aseverado el decano.

Aguilera va a pedir de inmediato una reunión con el ministerio. En ella insistirá en que el Colegio no quiere gestionar el Registro Civil, pero a la vez pedirá participar en el diseño del proyecto. Y subrayará en que, a su juicio, si el "modelo de gestión" del Registro Civil va a cambiar, no pueden cambiar solo los gestores sino también el modelo de financiación, estableciendo el pago de aranceles por ciertos trámites. Esa propuesta no tiene muchos visos de prosperar, porque es lo que el Colegio de Registradores defendió durante meses y finalmente provocó el pasado marzo la ruptura de negociaciones con el ministerio, que había decidido mantener la gratuidad. Tras esa ruptura, Justicia renunció a delegar el servicio en los 1.000 registradores de la propiedad y negoció individualmente con los 120 mercantiles. El Registro Civil, en el que los ciudadanos inscriben nacimientos, defunciones, matrimonios, divorcios y otros muchos actos de su vida civil, mueve cada año 3,3 millones de trámites, entre inscripciones, certificados y copias.

Financiación a costa de los registros

El decano ha deslizado sus dudas de que un servicio que ahora se gestiona por jueces en más de 400 juzgados y 8.000 juzgados de paz vaya a poder ser asumido por un centenar de registradores mercantiles, a título individual, sin la participación del Colegio. Ha dicho, además, que no solo los registradores de la propiedad se resistían a asumir ese nuevo servicio sino también "la inmensa mayoría de los registradores mercantiles", y ha apuntado a que son "los registradores que trabajan o colaboran con el ministerio" los que han impulsado la medida. El director general de Registros del ministerio es registrador. Por otro lado, Aguilera ha señalado que la obligación que se impone a los registros de financiar todo el coste de funcionamiento del nuevo Registro Civil supone que el dinero que ingresan con aranceles los registros mercantiles acabará financiando otro servicio, el civil, y que eso podría vulnerar la normativa europea.

El subsecretario de Estado de Justicia, Juan Bravo, ha respondido a Aguilera que "por supuesto" se reunirá con él en cuanto lo pida, pero ha insistido en que la decisión de delegar la gestión del Registro Civil en los registradores mercantiles está tomada, y la de mantener la gratuidad también. Según Bravo, no es cierto que la inmensa mayoría de los registradores mercantiles estén en contra de esa decisión. "Hemos hablado con la mayoría de ellos y entienden que son funcionarios públicos y que tienen que asumir ese nuevo cometido", ha dicho. Bravo ha negado también que se vulnere normativa europea. El cambio de gestión del Registro Civil no será una realidad hasta dentro de uno o dos años.


Publicado o 26/06/2014 en www.elpais.com

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El Consejo afronta un espinoso debate sobre la reforma judicial de Gallardón

El pleno del Consejo General del Poder Judicial debate su informe definitivo sobre la reforma de Ruiz-Gallardón para la Ley Orgánica del Poder Judicial

Este jueves el Consejo General del Poder Judicial se reúne en pleno para redactar su informe definitivo sobre el proyecto de reforma del Gobierno para la futura Ley Orgánica del Poder Judicial. Sobre la mesa, informes críticos como el del Supremo y más de 70 enmiendas propuestas por los propios vocales del órgano de gobierno de los jueces.




El Consejo General del Poder Judicial se reúne este jueves para debatir su informe definitivo sobre uno de los proyectos estrella del ministro Alberto Ruiz-Gallardón: la reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial, que implica una reforma global de la justicia. Fuentes del Consejo no tienen ninguna esperanza de que el debate se pueda solventar en unas pocas horas: sobre la mesa tendrán gran cantidad de informes, enmiendas y textos que proponen una infinidad de retoques para la propuesta de Ruiz-Gallardón para reformar el marco judicial de nuestro país. El resultado será el informe definitivo que envíen al Ministerio de Justicia de cara a la aprobación de la nueva ley.

Prueba de fuego para los vocales del Consejo, que hasta el momento sólo han conseguido ponerse de acuerdo en torno a la Ley de Seguridad Ciudadana, la renovación del juez Ruz en la Audiencia Nacional y el acceso de los invidentes a la carrera judicial, protagonizando votaciones extremadamente divididas en debates más ideológicos como el de la futura ley del aborto.

Este jueves, como primer elemento de debate, el pleno del órgano de gobierno de los jueces tendrá que estudiar las 74 enmiendas que han presentado sus propios vocales, algunas de ellas enmiendas a la totalidad por considerar que el anteproyecto de Gallardón "choca frontalmente con los mandatos constitucionales". Además, los vocales tendrán que estudiar, entre otros, los informes del Consejo Fiscal, del Tribunal Supremo, la Audiencia Nacional, los jueces decanos, asociaciones judiciales y una infinidad de propuestas de jueces de toda España. De entre estos informes destaca el del Tribunal Supremo, extremadamente crítico con la reforma propuesta por el titular de la cartera de justicia, en el que se acusa a Ruiz-Gallardón de querer "condicionar" la independencia judicial.

Y mientras tanto la base del debate será el borrador del informe del propio Poder Judicial, benevolente en líneas generales con la reforma, que los vocales tendrán que conjugar con todos los textos críticos remitidos desde los demás organismos judiciales. Fuentes del Consejo dan por hecho que el pleno se extenderá por la tarde, y no descartan que tenga que retomarse incluso el viernes dada la cantidad de informes y enmiendas que tienen que estudiar los vocales.

Los puntos más polémicos de la futura LOPJ

El anteproyecto de reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial que empezarán a debatir este jueves en el Poder Judicial cuenta con cientos de artículos (667), pero algunos de ellos han centrado las críticas de los informes que se han ido conociendo hasta el momento. Las mayores dudas de constitucionalidad las ha cosechado la propuesta de que parte de la doctrina del Tribunal Supremo se convierta en automáticamente vinculante para todos los jueces españoles, así como el artículo que establece que las investigaciones de macrocausas se llevarán a cabo por tres jueces en vez de uno. También han recibido críticas las prohibiciones a jueces y asociaciones de opinar sobre procedimientos judiciales abiertos.

Más de 1.400 aportaciones

Además de todos los informes antes citados de organismos judiciales, el Consejo ha recibido en las últimas semanas 1.428 aportaciones de jueces de todo el país al debate: los artículos referidos al ingreso y la promoción profesional, la selección, nombramiento y capacitación, la estructura de los tribunales, la composición y competencias de las Salas de Gobierno, la jurisprudencia vinculante y la libertad de expresión están entre los que más aportaciones han recibido.


Publicado o 26/06/2014 en www.cadenaser.com

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Nota informativa del Colegio de Registradores de la Propiedad y Mercantiles

El ministro de Justicia impone a los registradores la llevanza del Registro Civil 

El Colegio de Registradores de la Propiedad y Mercantiles de España, tras el anuncio del ministro de Justicia de asignar a los registradores mercantiles la llevanza del Registro Civil, quiere manifestar su absoluta disconformidad con la decisión adoptada.

Los registradores ya tuvieron la oportunidad de manifestar su oposición a la asunción del Registro Civil en la Asamblea General celebrada en Zaragoza en abril de 2013, así como en las distintas reuniones mantenidas con el Ministerio.

No obstante lo anterior, y ante la pretensión del Ministerio, el Colegio ha presentado distintas propuestas que, a diferencia de la decisión adoptada, respondían, a juicio de este Colegio, a las verdaderas demandas de los ciudadanos en cuanto al eficaz funcionamiento del Registro Civil. Además el anuncio del ministro pone de relieve el desconocimiento de la estructura del cuerpo de registradores, formado por un cuerpo único de funcionarios, que sirven indistintamente tanto Registros de la Propiedad como Registros Mercantiles.

Precisamente, a causa de este desconocimiento, la decisión puede originar problemas jurídicos, de organización y de funcionamiento, además de entrar en colisión con normas del Derecho Comunitario y su jurisprudencia.

El Colegio lamenta que una decisión de este calado no se haya adoptado con el mismo consenso jurídico y político con el que se aprobó la ley del Registro Civil en 2011, cuya inminente entrada en vigor ahora se aplaza. Asimismo expresa su preocupación y malestar por esta forma de proceder por parte del Ministerio -que puede provocar un cisma en el cuerpo de registradores- después de la colaboración que en todo momento ha prestado este colectivo financiando y gestionando, en poco más de un año, casi medio millón de expedientes de adquisición de nacionalidad por residencia, sin coste alguno para los ciudadanos.

La Junta de Gobierno de este Colegio, una vez que tenga conocimiento completo y detallado de esta decisión, -de la cual ha tenido noticia a través de los medios de comunicación- estudiará y, en su caso, adoptará las medidas que estime más adecuadas para la defensa de los intereses profesionales de los registradores, sin detrimento del interés general.

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Contra a privatización do Rexistro Civil

O anuncio feito onte no Senado por Gallardón de que o Rexistro Civil pasará ás mans dos rexistradores mercantís en 2015 ou 2016 é a culminación da política de desprezo aos dereitos dos cidadáns e ás condicións laborais dos traballadores da administración de Xustiza que puxo en práctica dende a súa chegada ao poder o PP e, moi especialmente, o seu ministro de Xustiza, Alberto Ruiz-Gallardón.

A privatización do Rexistro Civil é tan só un paso máis no proceso de control político da administración de Xustiza para sometela aos seus intereses políticos e ideolóxicos e para beneficiar aos seus amigos. Non é o único. A aplicación de taxas xudiciais, que na práctica impiden o exercicio dos seus dereitos á cidadanía, a modificación no sentido máis restritivo posible da Lei do aborto, cun contido fortemente moralizante e ideolóxico, que supón un desprezo ao dereito a decidir das mulleres, a reforma, xa aplicada, do Consello Xeral do Poder Xudicial para convertelo nunha mera Dirección Xeral do Ministerio de Xustiza e nun medio de control dos xuíces a través dos expedientes disciplinarios e da política de promocións e ascensos, e a nova Lei orgánica do Poder Xudicial, que afastará a xustiza dos cidadáns e suporá o máis grave atentado aos dereitos dos funcionarios de xustiza xamais cometido, pero que, ademais, esconde no seu articulado todo o programa político do PP de recorte dos dereitos e das liberdades e de control das institucións e, moi especialmente da Xustiza, para poñelas ao seu servizo, son chanzos nun programa político que pretende ocultar a súa corrupción e o roubo dos nosos dereitos e dos nosos salarios

Falan da necesidade de aforamentos e de salvar os bancos, pero en realidade están lexislando para garantirse a impunidade dos seus actos e a repartición do botín cos seus amigos.

Ímosllo permitir?

A resposta a estas agresións ten que ser xa, e dunha vez por todas, o suficientemente contundente para que o medo cambie de bando. É a hora de mostrar abertamente o noso rexeitamento ás súas políticas e comportamentos coa nosa presenza activa na rúa, nas mobilizacións e nas folgas.

Nada é inevitable. Nada é definitivo. Pero temos que actuar.

Por suposto que hai alternativas ás políticas actuais. E na Xustiza, tamén.

Son os nosos dereitos os que están en xogo.

Alternativas na Xustiza Galega

El Colegio de Registradores muestra su "absoluta disconformidad" y rechaza la "imposición" sobre el Registro Civil

El Colegio de Registradores de la Propiedad y Mercantiles de España ha mostrado su "absoluta disconformidad" a la "imposición" del ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, que ha anunciado que serán estos profesionales los que se encarguen de la gestión del Registro Civil.


Los registradores han recordado que ya manifestaron su oposición a la asunción del Registro Civil en su asamblea general celebrada en Zaragoza en abril de 2013, así como en las distintas reuniones mantenidas con el Ministerio.

Además, lamenta que no se hayan atendidos sus propuestas que, "a diferencia de la decisión adoptada respondían a las a las verdaderas demandas de los ciudadanos en cuanto al eficaz funcionamiento del Registro Civil".

Según este colegio, el anuncio de Gallardón pone de relieve su "desconocimiento" sobre la estructura del cuerpo de registradores, "formado por un cuerpo único de funcionarios que sirven indistintamente tanto registros de la propiedad como registros mercantiles".

"Precisamente, a causa de este desconocimiento, la decisión puede originar problemas jurídicos, de organización y de funcionamiento, además de entrar en colisión con normas del Derecho Comunitario y su jurisprudencia", añaden.

SIN CONSENSO

El colegio ha lamentado que una decisión de este calado no se haya adoptado con el mismo consenso jurídico y político con el que se aprobó la ley del Registro Civil en 2011, "cuya inminente entrada en vigor ahora se aplaza".

Asimismo ha expresado su "preocupación y malestar" por esta forma de proceder por parte del Ministerio que, ha avisado, puede provocar un "cisma" en el cuerpo de registradores después de "financiar y gestionar, en poco más de un año, casi medio millón de expedientes de adquisición de nacionalidad por residencia, sin coste alguno para los ciudadanos".

La Junta de Gobierno de los registradores ha añadido que, una vez que tenga conocimiento completo y detallado de esta decisión de Justicia, estudiará y adoptará las medidas que estime más adecuadas para la defensa de los intereses profesionales de los registradores, "sin detrimento del interés general".


Publicado o 24/06/2014 en www.telecinco.es

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A privatización do Rexistro Civil. Nota de prensa do Ministerio de Xustiza

Nota de propaganda do Ministerio de Xustiza

Ruiz-Gallardón anuncia que los registradores mercantiles asumirán la gestión del Registro Civil y mantendrán la gratuidad para el ciudadano

• Estos funcionarios se encargarán de desarrollar una plataforma electrónica que será de titularidad pública y evitará los desplazamientos y las colas en los registros

• La ley hará mención expresa a la gratuidad de las inscripciones y certificaciones

• Justicia garantiza el mantenimiento de todos los puestos de trabajo en el territorio Ministerio

• La ley de 2011 se prorrogará para desarrollar la nueva organización del Registro y la plataforma digital y así afianzar el correcto funcionamiento de la nueva estructura

• La reforma permitirá asegurar oficinas del Registro Civil en todas las capitales de provincia y no sólo una por Comunidad Autónoma como preveía la ley de 2011

24 de junio de 2014.- El ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, ha anunciado esta tarde en el pleno del Senado que el Gobierno ya ha tomado una decisión respecto a quiénes serán los encargados del Registro Civil. La Ley 20/2011, del Registro Civil, aprobada por el PSOE, desjudicializaba el Registro Civil, pero sin determinar qué funcionario se haría cargo de ello. Finalmente, se encomendará esta gestión a los registradores mercantiles, que pasarán a denominarse registradores civiles y mercantiles, y que, en línea con el objetivo anunciado por el Ministerio, tramitarán todos los certificados y expedientes de forma gratuita para el ciudadano.

El Ejecutivo se ha decantado definitivamente por este colectivo frente a los registradores de la propiedad o los secretarios judiciales por tres razones principales: su experiencia en las funciones registrales, su capacidad para hacerse cargo de la inversión que supone la creación de una plataforma digital y su conformidad con una de las líneas rojas del Ministerio, la gratuidad de los trámites para los ciudadanos.

Los registradores mercantiles se encargan ya de un registro muy similar al modelo que quiere establecer el Ministerio y que ya apuntaba la ley de 2011, que se basará en las personas y no en los actos que deban ser inscritos. Actualmente, los registradores mercantiles -que según los artículos 274 de la Ley Hipotecaria y 536 del Reglamento Hipotecario tienen carácter de funcionarios públicos, dependientes del Ministerio de Justicia a través de la Dirección General de los Registros y del Notariado- se encargan de la llevanza de registros de personas jurídicas y con la puesta en marcha de esta reforma asumirán también los de las personas físicas.

La reforma ahora anunciada continúa con el espíritu de la ley de 2011 para tratar de frenar los problemas que plantean los registros civiles, cuyos ejemplos de colapso quedan patentes en las largas colas que se acumulan en las puertas de estos centros o en el hecho de que en algunos casos se estén dando citas para 2019. Situaciones como éstas explican por qué estos órganos acumularon en 2012 uno de los mayores porcentajes de quejas presentadas contra la Administración de Justicia, hasta un 44%, según la Memoria del año 2013 del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).

Para paliar estas disfunciones y garantizar un servicio público efectivo, el Ministerio considera indispensable dar un paso más en la informatización de los datos y aparcar el papel. Por eso los registradores mercantiles realizarán esta gestión a través de una plataforma digital, que financiarán ellos mismos sin coste alguno para el Ministerio y el ciudadano, pero que siempre se mantendrá bajo titularidad pública, en la que se abrirá un folio o historial a cada persona, no a cada acto que realice (como el nacimiento, el matrimonio, un cambio de apellidos o la propia defunción). El tratamiento de los datos de esta plataforma de gestión pública tendrá un sistema de seguridad superior a los actualmente existentes para garantizar la privacidad de los mismos y el Ministerio garantiza que todos los libros del Registro Civil, legajos e índices, así como la base de datos única en las que se depositen los asientos electrónicos, sus documentos y archivos complementarios o relacionados seguirán perteneciendo a la Administración General del Estado.

Gracias a la interoperabilidad entre Administraciones que permitirá este sistema informático, el 85% de las certificaciones que se expiden actualmente en el Registro Civil, unas tres millones al año, serán innecesarias y evitarán que el ciudadano tenga que acercarse físicamente al registro a realizar sus trámites.

Tras analizar en profundidad los problemas reales de ejecución que presenta la ley aprobada en 2011, se ha decidido incluir algunas modificaciones, motivo por el que su entrada en vigor inicial, prevista para el próximo 22 de julio, se prorrogará en los próximos días.

Gratis total para el ciudadano

Entre los cambios que se introducirán figura la gratuidad tanto de las inscripciones como de las certificaciones que se realicen, una circunstancia que la ley de 2011 no garantizaba. De hecho, a la hora de decidir quién se haría cargo del Registro Civil, una vez que en cumplimiento de esa ley quedara desjudicializado, también ha pesado que los registradores mercantiles asumirán esta responsabilidad aceptando que todos los trámites serán gratuitos, algo a lo que no pudo comprometerse el Colegio de Registradores en su día porque las circunstancias de los mercantiles y los de la propiedad son distintas.

La reforma también da un paso más sobre la ley de 2011 respecto a la cercanía de estos servicios al ciudadano. Pese a apostar por un verdadero desarrollo informático que permita al ciudadano no tener que desplazarse al Registro Civil, se garantizará que haya una oficina en cada capital de provincia, mientras que la ley que debería entrar en vigor sólo fijaba una por cada Comunidad Autónoma. La reforma, además, completa el mapa del Registro Civil estableciendo que allá donde no exista un registro mercantil, las notarías o las oficinas de los juzgados de paz que con la modificación de la LOPJ quedarán integradas en los ayuntamientos desarrollarán labores del Registro.

El nuevo modelo del Registro Civil permitirá también que los jueces, secretarios y funcionarios que actualmente se dedican en exclusiva o de forma compartida a prestar este servicio pasen a realizar su actividad en el ámbito de la función jurisdiccional, lo que reforzará la Administración de Justicia. El Ministerio se ha comprometido desde el inicio de la legislatura a mantener el empleo existente, incluido el personal interino, dentro del territorio que es de su competencia. Y así se les ha comunicado a los sindicatos en las reuniones mantenidas con ellos.


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A privatización do Rexistro Civil: Actualización da información

Los registradores mercantiles se encargarán del Registro Civil

Gallardón aseguró que los certificados y expedientes se tramitarán de forma gratuita

El Ejecutivo se ha decantado por este colectivo frente a los registradores de la propiedad

La reforma se propone paliar el colapso que sufren estas oficinas

El Mundo

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Gallardón privatiza el Registro Civil pero promete que será gratis

Anuncia que será gestionado por los registradores mercantiles. Sus empleados contratados custodiarán la vida jurídica de todos los españoles, como los nacimientos, defunciones o incapacitaciones

El Registro Civil de España está digitalizado y costó a las arcas públicas un total de 130 millones de euros. Los libros digitalizados se remontan desde 1870 hasta la actualidad.

El Ministerio planea que los funcionarios que hay ahora en los Registros Civiles será distribuidos entre los juzgados, siempre y cuando estén en las comunidades autónomas cuyos medios materiales gestiona el ministerio. Los sindicatos temen que provoque el despido de unos 3.500 interinos que trabajan ahora en los juzgados y que serán desplazados por los funcionarios de los registros.

Los registradores de la propiedad y mercantiles está regulados por la legislación hipotecaria. Cada uno tiene su propia empresa y contrata a sus empleados, que no dependen del Estado ni tienen vinculación alguna.

Los registradores de la propiedad y mercantiles tienen una estrecha relación con el Gobierno actual. Se da la circunstancia de que el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, es registrador de la propiedad, como lo son también dos hermanos suyos. Además una nuera de Alberto Ruiz-Gallardón es también registradora.

La digitalización de los registros civiles, que costó 130 millones de euros, se llamó Inforeg y duró casi cuatro años. El Ministerio de Justicia ha estado trabajando de forma discreta en un proyecto llamado Futureg que supone la unificación de todos los registros en un único programa. Ahora, anuncia que los registradores mercantiles realizarán una plataforma digital y que será gratuita para el erario público.

Las razones de Gallardón

El ministro ha defendido en el Senado que los registradores mercantiles tienen carácter de funcionarios públicos dependientes del Ministerio de Justicia, a través de la Dirección General de los Registros y del Notariado, según los artículos 274 de la Ley Hipotecaria y 536 del Reglamento Hipotecario.

Según ha explicado, este colectivo pasará a denominarse "registradores civiles y mercantiles" y ha sido elegido por el Gobierno para gestionar el Registro Civil frente a los registradores de la propiedad o los secretarios judiciales por tres razones principales.

En concreto, ha dicho, por su experiencia en las funciones registrales, por su "capacidad" para hacerse cargo de la inversión que supone la creación de una plataforma digital, así como por su "conformidad" con una de las "líneas rojas" establecidas por el Ministerio, como era la gratuidad de los trámites para la ciudadanía.

Los sindicatos temen el despido de 3.500 interinos de los juzgados, que serán desplazados por los funcionarios de los Registros También ha pesado que los registradores mercantiles asumirán esta responsabilidad aceptando que todos los trámites serán gratuitos, algo a lo que no pudo comprometerse el Colegio de Registradores en su día porque las circunstancias de los mercantiles y los de la propiedad son distintas.

En la actualidad, los registradores mercantiles llevan los registros de las personas jurídicas y, en el futuro, pasarán a asumir también los de las personas físicas.



Publico.es

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Gallardón anuncia que los registradores mercantiles gestionarán el Registro Civil

«Será un registro civil público, gratuito, universalmente accesible, más cómodo y cercano para el ciudadano», ha asegurado el ministro

ABC

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Los registradores mercantiles gestionarán el Registro Civil

Justicia dice que la plataforma digital con los datos de los ciudadanos seguirá siendo pública

El Ministerio de Justicia ha terminado de deshojar la margarita. Tras casi dos años de idas y venidas en la negociación, el ministro Alberto Ruiz-Gallardón ha anunciado hoy que la gestión del Registro Civil pasará a manos de los registradores mercantiles, previsiblemente en 2015 o 2016. Esa delegación, según Justicia, no tendrá ningún efecto para el ciudadano porque la titularidad seguirá siendo pública y porque todos los trámites que realiza el registro —y que ahora están en manos de jueces y funcionarios judiciales— seguirán siendo gratuitos. La opción de dejar el Registro en manos de los registradores de la propiedad (mucho más numerosos en España), que fue la primera opción de Justicia, fue descartada hace cuatro meses. Lo asumirán, definitivamente, un centenar de registradores mercantiles, que pasarán a llamarse “registradores civiles y mercantiles”. El ministerio insiste en que no es un paso hacia la privatización.

"Vamos a hacer un Registro Civil público, gratuito, universalmente accesible, seguro y que garantiza que no se destruirá un solo puesto de trabajo. Estará a cargo de los registradores mercantiles, que tienen una experiencia contrastada. Y siempre bajo supervisión del Ministerio de Justicia", ha dicho Gallardón en el Senado, en respuesta a una pregunta del PSOE.

En la actualidad hay 430 oficinas del Registro Civil repartidas por toda España y solo existen 60 registros mercantiles. Justicia niega que eso vaya a suponer un problema: el ministro ha afirmado que, allí donde no haya un registro mercantil, el notario o el juzgado de paz harán de correa de transmisión entre el ciudadano y el registrador.

El Gobierno asegura que la nueva gestión reducirá el colapso y las colas de ciudadanos a las puertas de los registros, donde “en algunos casos se están dando citas para 2019”. Se acabará, según Justicia, con los trámites en papel y se creará una “plataforma digital” que “financiarán los propios registradores”. En ella se abrirá un historial para cada ciudadano, en el que irán añadiéndose todos los actos civiles que este inscriba. El tratamiento de esos datos, según el ministerio, tendrá “un sistema de seguridad superior a los actualmente existentes”. “El Ministerio garantiza que todos los libros del Registro Civil, legajos e índices, así como la base de datos única en las que se depositen los asientos electrónicos, sus documentos y archivos complementarios o relacionados seguirán perteneciendo a la Administración General del Estado”, dice la nota de prensa.

El Registro Civil es el lugar ante el cual los ciudadanos inscriben nacimientos, defunciones, matrimonios, divorcios, adopciones, nacionalidad, tutelas, cambios de apellidos y otros muchos actos relativos a su estado civil. Todos los trámites son gratuitos, y todos se gestionan en los juzgados de primera instancia o en los cerca de 7.800 juzgados de paz (no profesionales). Al frente de cada oficina de registro hay un juez (o un juez de paz) que, salvo excepciones, compagina esa función con la judicial. En total, se mueven en el Registro Civil, cada año, unos tres millones de trámites administrativos, entre inscripciones, certificados y copias de certificados.

Cuando Gallardón anunció, a finales de 2012, que traspasaría la gestión, muchos colectivos vieron en ese anuncio la amenaza de privatización de un servicio público. En realidad, el cambio de gestión había sido aprobado por unanimidad en el Congreso un año antes, en 2011, en una ley impulsada por el PSOE que obligaba a que, a partir de julio de 2014, el Registro Civil pasara a ser gestionado por funcionarios no judiciales; el objetivo era sacar esas tareas puramente administrativas de los juzgados, para que los jueces se concentraran en juzgar. Pero Gallardón anunció en 2012 que finalmente delegaría el servicio en los registradores de la propiedad, y eso es lo que disparó las alarmas.

Los registradores, como los notarios, son formalmente funcionarios públicos (según la Ley Hipotecaria y la Ley del Notariado), pero de un tipo muy particular: aunque acceden al cargo por oposición y están a las órdenes del Gobierno, sus ingresos no provienen de los Presupuestos Generales del Estado sino de los aranceles que cobran a sus clientes, y además contratan a sus propias plantillas.

Trámites gratuitos

Justicia, que al principio contempló la posibilidad de que los registradores pudieran cobrar arancel por algunos trámites del Registro, acabó renunciando a eso ante el torrente de críticas: en octubre de 2013, el subsecretario de Estado, Juan Bravo, garantizó que “todos los trámites”, inscripciones y copias de certificados, seguirían siendo gratuitos, y en marzo de este año lo confirmó Gallardón. Se complicó entonces la negociación con el Colegio de Registradores, que se resistían a asumir ese nuevo servicio sin cobrar un céntimo por ello. Finalmente, el pasado marzo, Justicia y el Colegio rompieron las conversaciones y el ministerio empezó de cero.

Hoy Gallardón ha anunciado la solución definitiva: el Registro Civil lo gestionarán los registradores mercantiles. Con ellos la negociación ha sido más fácil, según Justicia, porque este colectivo se ha visto menos afectado por la crisis económica que el de los registradores de la propiedad y está dispuesto a asumir ese trabajo extra sin cobrar aranceles por ello e, incluso, a pagar de su bolsillo la inversión tecnológica inicial que el Gobierno quiere acometer en los registros para modernizarlos. El ministerio afirma que la gratuidad del Registro quedará expresamente recogida en la ley, asegura que los registradores mercantiles no recibirán nada a cambio y subraya que estos profesionales son funcionarios y por tanto tienen que aceptar cualquier nuevo cometido que se les encomiende, máxime cuando ellos no han sufrido la congelación de sueldos públicos que el resto de funcionarios ha sufrido durante la crisis. Este argumento, sin embargo, no se utilizó para obligar a lo mismo a los registradores de la propiedad.

Los registradores mercantiles son 120 en toda España (diez veces menos que los de la propiedad). Ellos, con las plantillas de sus oficinas, se ocuparán de un servicio que ahora realizan —aunque compatibilizándolo con las tareas judiciales— unos 5.000 funcionarios de los juzgados. Desde el ministerio sostienen que este cambio no supondrá una peor prestación del servicio, porque la inversión tecnológica y de informatización que se va a acometer en el Registro Civil compensará la reducción de la plantilla. "Cuando la plataforma digital esté en funcionamiento, la mayoría de los ciudadanos no tendrán que desplazarse al registro para hacer una inscripción, sino que esta se gestionará informáticamente entre administraciones", afirman estas fuentes.

Junto al temor de una privatización encubierta, los sindicatos han denunciado durante meses que el cambio de gestión supondrá el despido de cientos de trabajadores interinos que ahora están empleados en labores de registro en los juzgados. Gallardón se ha comprometido hoy a que "no se destruirá un solo puesto de trabajo". Desde el ministerio se ha matizado después que ese compromiso se refiere solo a "mantener el empleo existente, incluido el personal interino, dentro del territorio que es de competencia del ministerio”. Y ese territorio es muy limitado: solo cinco de las 17 comunidades autónomas. Justicia confía, sin embargo, en que en el resto de comunidades tampoco habrá despidos, porque las comunidades llevan meses diciendo que necesitan más personal para realizar tareas judiciales.


Publicado o 24/06/2014 en www.elpais.com

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