Revista de prensa: A nova Lei do Poder Xudicial

11 de abril de 2014

Selección de novas de prensa sobre o anteproxecto de nova Lei do Poder Xudicial. 

La supresión de los juzgados afectaría al 32% de la plantilla. 

Los representantes de los trabajadores creen que la reforma amortizará puestos de trabajo en Xustiza.

La supresión de ocho de los nueve partidos judiciales que ahora existen en la provincia llevaría acarreada la movilidad de en torno a un centenar de funcionarios (gestores, tramitadores y auxilios), secretarios y jueces que desempeñan sus cometidos en O Barco, Trives, Verín, Xinzo, Bande, Celanova, Carballiño y Ribadavia.

Según los datos que manejan los representantes de los trabajadores, los funcionarios que trabajan en los juzgados de las villas, un total de 81, sin tener en cuenta los secretarios y magistrados, representan hoy en día el 32% de total de la plantilla de Ourense, según los datos del último censo electoral de 2011. Para José Antonio Sotelo, representante en la provincia de CSIF-Justicia, además del hecho evidente que la reforma contemplada en el anteproyecto de Ley Orgánica del Poder Judicial aleja la Administración de Justicia del ciudadano, "contempla una amortización encubierta de las plazas de funcionarios". De hecho, considera que conlleva implícitamente "una reducción de la oferta de empleo público".

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“Es otro paso para alejar a la gente de la justicia”, dicen los abogados.

El Consello da Avogacía Galega rechazó la propuesta de reforma de los partidos judiciales ya que considera que “el modelo actual funciona pacíficamente y está plenamente aceptado por la sociedad”. A través de un comunicado, recuerda que “no se han generado quejas” de ningún operador jurídico y que, en todo caso, éstas “siempre se han producido por la escasez de medios humanos y materiales y especialmente por el insuficiente número de jueces, que produce inaceptables dilaciones en la respuesta que la Justicia debe dar al ciudadano”.

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Feijóo respalda a las ciudades contra la reforma judicial de Gallardón. 

Abel Caballero exige para Vigo la mitad del Tribunal Superior de Xustiza.

El clamor en Vigo, Santiago y Ferrol contra la última reforma judicial del ministro Gallardón, que centraliza la administración de justicia en las capitales de provincia y suprime el resto de partidos judiciales, encontró ayer eco en el presidente de la Xunta. Alberto Núñez Feijóo evitó las críticas directas al Gobierno central y recordó que la iniciativa es de momento un simple anteproyecto de ley, pero al mismo tiempo abogó claramente por mantener los servicios judiciales en las siete principales ciudades gallegas. Y con respecto a los partidos judiciales agregó: “En Galicia tenían una razón de ser y esa razón de ser permanece”.

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SOS Xustiza se moviliza por la «excepcionalidad» de Vigo.

La asociación aprobará un paquete de medidas contra la Ley de Gallardón.

La asociación de ámbito nacional SOS XUSTIZA se ha sumado a las diversas iniciativas que hay en Vigo en defensa del partido judicial. La organización celebrará hoy a partir de las 20.00 horas, una reunión de urgencia de su junta directiva para tratar como único punto del orden del día la pretendida desaparición del partido judicial de Vigo, tras la aprobación el pasado día 4 de abril del Anteproyecto de Ley de Reforma del Poder Judicial, que aboga por la «provincialización» de la administración de justicia.

En la reunión la junta directiva aprobará el paquete de medidas que tiene previsto llevar a cabo desde la plataforma para que el anteproyecto de ley sea modificado en sede parlamentaria y prevea la excepcionalidad del caso de Vigo, único en toda España.

La asociación SOS Xustiza ya había elaborado a finales de 2013 un informe alertando de los perniciosos efectos que la reforma del Ministro Gallardón tendría con respecto al partido judicial de Vigo.

En su informe, que ha sido remitido al Ministro de Justicia, al Presidente del Consejo General del Poder Judicial, al juez decano y a otros jurista y autoridades, SOS Xustiza defiende el excepcional caso del partido judicial vigués, que quintuplica en número de asuntos al de Pontevedra, lo triplica en población y presenta el nivel de litigiosidad más alto de Galicia y de ciudades de similar tamaño.