Por Jesús Villegas.
El señor Ministro desea pasar a la historia. Y así será, desde luego, si logra imponerse a los que rechazan su futura reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial que, dicho sea de paso, son casi todos los sectores jurídicos, desde abogados a jueces. Aun así, la propaganda gubernamental ha atinado a presentar este empeño personal de su Excelencia, don Alberto, como una épica lucha contra las inercias conservadoras que lastran su audaz proyecto progresista. ¿Un nuevo Alonso Martínez?
La respuesta no es sencilla. Y es que algunos aspectos del anteproyecto son escandalosos, sin paliativos, como la laminación de la democracia judicial o los ataques contra la libertad de expresión de los magistrados. Tan groseramente anticonstitucionales que hay que hacer un gran esfuerzo para creerse que vayan en serio. Más bien diriáse que obedecen a una clásica técnica de regateo: tras una negociación, serán retirados; eso sí, a cambio de conservar lo que en el fondo importa.
Y lo que importa es la supresión de los juzgados actuales para ser reemplazados por unos nuevos órganos llamados “tribunales de instancia”. Serían estructuras colegiadas que agruparían a los magistrados según un modelo muy próximo al de la Fiscalía. Aquí está la clave “progresista” del proyecto, pues convierte a Su Señorías (hasta ahora “jefes” en sus oficinas) en algo muy próximo a meros empleados, pues su carga de trabajo vendrá determinada por el Presidente del Tribunal, que se convertirá así en su superior estatutario. Entre pasillos, se justifica la medida en la necesidad de aumentar la productividad de los jueces, a los que se les imputa el atasco procesal. No es de extrañar, pues, que la reacción togada se revuelva con uñas y dientes.
Pues bien, y he aquí lo fascinante de esta historia, la mayoría de los colectivos judiciales (decanos y asociaciones judiciales inclusive) han aceptado el modelo de “Tribunales de Instancia”. Sus críticas no inciden sobre el sistema en sí, sino sólo sobre el modo de ponerlo en práctica. Y ello pese a constituir un ataque frontal contra los intereses profesionales (¿o acaso “corporativos”?) de los jueces, pues perderían estos, entre otros derechos adquiridos, su plaza, destino y capacidad de autoorganización laboral. En realidad, pese a las apariencias, el Ministerio y la jerarquía judicial se hallan muy próximos, aun escenificando, bien jaleados por la prensa, un ruidoso ritual de enfrentamiento.
Entonces, quizás el ciudadano debiera estar orgulloso de sus magistrados, los cuáles, a diferencia de otros trabajadores, estarían dispuestos a renunciar a sus derechos laborales. Un ejemplo de sacrificio patriótico. Pero tampoco. Y es que ninguno de los colectivos judiciales tan gozosamente adheridos a la empresa gallardonil ha consultado previamente a sus bases. Simplemente, se reúnen entre ellos, negocian y luego publican sus conclusiones como si correspondieran al sentir mayoritario de la magistratura. Pocos saben que en el Poder Judicial español no hay democracia interna. Sus integrantes son gobernados por un órgano, el CGPJ, que ha sido escogido por los políticos. Carece de cauces para expresar su voluntad unitaria.
Pero, ¿qué más da? si, a la postre, la casta judicial va a ser desposeída de sus medievales privilegios. Mejor para los ciudadanos. Tampoco son tan simples las cosas, empero. Nuestro país está dotado de un número de jueces proporcionalmente muy inferior a la media europea e, incluso así, su productividad es mayor. Por eso la acusación de pereza judicial sólo se hace en voz baja. Igualmente, la inmensa mayoría de nuestros magistrados son ajenos a la podredumbre de la corrupción, lo que no cabe decir de algunos otros. Por otro lado, la distribución de los asuntos entre los órganos jurisdiccionales se efectúa en la actualidad mediante criterios objetivos, según aleatorias normas de reparto. Si mire por donde se mire, no se comprende por qué se convierte a los jueces en culpables.
Es necesario hilar más fino. Los partidos judiciales, con sus juzgados, al frente, representan una conquista de los movimientos progresistas decimonónicos que anhelaban una justicia independiente frente al poder político. Por eso instituyeron dichos órganos, auténticos refugios amurallados frente al nepotismo, el pucherazo y otras plagas que entonces fustigaban a una nación atrasada, pero no por ellos menos impaciente por subir al tren de la modernidad. La desaparición de los juzgados supone echar las manecillas del reloj hacia atrás, retornando a una época de nefando concubinato entre justicia y política. A la postre, los que más han de temer no son los jueces (al fin y al cabo funcionarios que cobran al final de mes la misma paga) sino los justiciables, al relajarse los controles sobre el reparto de asuntos y, por ende, quedar a merced de los poderosos. Se avecinan tiempos en que será muy conveniente contar con buenos amigos entre los que mandan. Por lo menos para aquellos infortunados que no tengan más remedio que vérselas ante un tribunal.
La Plataforma Cívica por la Independencia Judicial (asociación ajena al poder político y económico que agrupa a toda clase de profesionales, no sólo jueces o abogados) advierte a la ciudadanía de que los miembros del Poder Judicial español están mudos. Otros hablan por ellos. No nos traguemos, pues, el falaz mensaje de que los jueces españoles están a favor de la desaparición de los tradicionales partidos. Eso lo dicen otros, que no se representan más que a sí mismos. Las bases no han sido consultadas.
Bien pensado, Alonso Martínez regresa de su tumba. Pero no cuál el intelectual progresista que fue en vida, sino como un agusanado cadáver reanimado por las artes mágicas de los hechiceros políticos al servicio del poder oligárquico. Los Tribunales de Instancia serán la mortaja de la Justicia independiente. Su Excelencia mediante, claro está.
Publicado o 17/06/2014 en http://hayderecho.com/
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Etiquetas: Nova Lei do Poder Xudicial , Opinión
