Frente al modelo uniprovincial, respalda sede propia para urbes como Vigo y crear tribunales de base.
Publicado en ww.farodevigo.es
El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) advierte de que el nuevo modelo de tribunales provinciales de instancia (TPI) del anteproyecto de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ) "incide y vulnera de forma directa" atribuciones propias de las comunidades autónomas con competencias en Justicia, entre las que está la Xunta, al corresponderle a éstas elaborar las propuestas de las demarcaciones judiciales de sus respectivos ámbitos y determinar "la capitalidad" de estas circunscripciones. Una situación que lleva al órgano de gobierno de los jueces a instar a que la futura norma "mantenga" la participación de estas autonomías como la gallega en la "fijación" de la demarcación y planta judicial. Esta cuestión es una de las alegaciones que el CGPJ realiza en su informe a la reforma de Gallardón, el mismo documento en el que, frente a las tesis del ministro, se respalda que ciudades como Vigo tengan sede propia pese a no ser capital provincial. Y en el que frente al mapa uniprovincial del anteproyecto se propone otro donde -además de esos tribunales de instancia principales en capitales y en urbes que como la olívica cumplan criterios demográficos, territoriales o de litigiosidad- se creen en más poblaciones otros niveles de rango inferior: tribunales de base "de ámbito local o comarcal" para asuntos menores, así como sedes, en este caso desplazadas, de los TPI en al menos todas las ciudades que tienen ahora salas desplazadas de audiencias provinciales.
Tras ser aprobado el 27 de junio por el Pleno del Poder Judicial, ayer trascendió el contenido íntegro del informe con las alegaciones del órgano de gobierno de los jueces a la reforma de Gallardón. Un texto de 713 páginas en el que, entre otras muchas cuestiones del anteproyecto, se hace una extensa valoración del nuevo modelo de los TPI. Si bien lo ve como una "organización idónea y adecuada" -ya que conllevaría "aspectos positivos" para la Administración de Justicia como "una mayor racionalización y economía" de los medios o el favorecimiento de la "especialización" de los órganos judiciales-, el CGPJ realiza a continuación toda una serie de alegaciones. Y lo hace tras referir que la supresión de partidos judiciales que proyecta el ministerio, cuestión que ve "delicada", es también "uno de los aspectos más controvertidos" del anteproyecto, recordando las "severas críticas" vertidas por administraciones locales, así como colegios de abogados y procuradores, con respecto a que su eliminación supondrá un alejamiento de la Justicia a quienes no vivan en las capitales. Sin olvidar al respecto las obras realizadas en los últimos años en numerosos edificios judiciales.
Uno de los puntos sobre los que llama la atención el Poder Judicial es que los nuevos TPI vulneran competencias de comunidades que -como la gallega- tienen asumidas competencias en Justicia, por lo que alerta de que toda nueva norma que afecte a la organización judicial -la LOPJ y en el futuro la Ley de Demarcación y Planta Judicial- debe evitar estas "injerencias". "Por ello, resulta necesario mantener, recogiéndose así en la ley proyectada, la participación de las comunidades autónomas en la demarcación y planta judicial en los términos previstos en los artículos 35.2 y 6 de la vigente LOPJ", se señala. Y aquí se refiere a que corresponde a las comunidades elaborar una propuesta fijando las demarcaciones judiciales de su territorio y que, además, les compete "por ley" "determinar la capitalidad" de de estas circunscripciones judiciales.
Y frente al modelo de Gallardón, el Poder Judicial propone otro que rompe con esa centralización y que permitiría la pervivencia de más partidos judiciales. Y es que además de los TPI de las capitales y de los tribunales también autónomos y con su presidente en ciudades como Vigo -que agruparían a los "municipios más próximos" y que llevarían el nombre de la localidad donde se ubiquen -, el CGPJ respalda que en el nuevo mapa, y por debajo de estos, pervivan otros órganos de rango inferior. Así, plantea "tribunales de base" como primer escalón de la Justicia, con jueces que lleven asuntos civiles, penales y contenciosos "de menor entidad y complejidad". Y también respalda sedes desplazadas de los TPI al menos en todas las ciudades que ahora tienen audiencia provincial, así como sedes también delegadas de "unidades judiciales" en otras poblaciones. Ello, se señala en todo caso, "no puede significar un mantenimiento exacto de la situación actual". Se refiere así a que no se pueden conservar "todas y cada una" de las actuales cabeceras de partidos judiciales, ya que pervivirían "vicios" que "lastran" la efectividad judicial.
Ya lo advirtió el Consejo Fiscal. Y también lo hace el CGPJ. Un norma "esencial" e "imprescindible" para "la auténtica entrada en vigor" de la LOPJ es la Ley de Demarcación y Planta Judicial, que aún no está ni en fase de anteproyecto ya que por ahora lo único que existe es la propuesta de los expertos. Y sin ella, se alerta, "no resulta posible -de momento- la articulación de los tribunales de instancia".
En una disposición del anteproyecto de Gallardón se contempla un plazo de 2 años para que el Gobierno remita a las Cortes el proyecto de la Ley de Planta,la norma que debe determinar "la constitución y puesta en funcionamiento" de la nueva organización judicial. El Poder Judicial afirma que "tal remisión en el tiempo" de esta reforma clave supone dejar la LOPJ en una situción de "indefinición"sine die, que podría dar lugar a su "frustración definitiva" ya que no sería posible articular la referida Ley de Planta esta legislatura.
Tras ser aprobado el 27 de junio por el Pleno del Poder Judicial, ayer trascendió el contenido íntegro del informe con las alegaciones del órgano de gobierno de los jueces a la reforma de Gallardón. Un texto de 713 páginas en el que, entre otras muchas cuestiones del anteproyecto, se hace una extensa valoración del nuevo modelo de los TPI. Si bien lo ve como una "organización idónea y adecuada" -ya que conllevaría "aspectos positivos" para la Administración de Justicia como "una mayor racionalización y economía" de los medios o el favorecimiento de la "especialización" de los órganos judiciales-, el CGPJ realiza a continuación toda una serie de alegaciones. Y lo hace tras referir que la supresión de partidos judiciales que proyecta el ministerio, cuestión que ve "delicada", es también "uno de los aspectos más controvertidos" del anteproyecto, recordando las "severas críticas" vertidas por administraciones locales, así como colegios de abogados y procuradores, con respecto a que su eliminación supondrá un alejamiento de la Justicia a quienes no vivan en las capitales. Sin olvidar al respecto las obras realizadas en los últimos años en numerosos edificios judiciales.
Uno de los puntos sobre los que llama la atención el Poder Judicial es que los nuevos TPI vulneran competencias de comunidades que -como la gallega- tienen asumidas competencias en Justicia, por lo que alerta de que toda nueva norma que afecte a la organización judicial -la LOPJ y en el futuro la Ley de Demarcación y Planta Judicial- debe evitar estas "injerencias". "Por ello, resulta necesario mantener, recogiéndose así en la ley proyectada, la participación de las comunidades autónomas en la demarcación y planta judicial en los términos previstos en los artículos 35.2 y 6 de la vigente LOPJ", se señala. Y aquí se refiere a que corresponde a las comunidades elaborar una propuesta fijando las demarcaciones judiciales de su territorio y que, además, les compete "por ley" "determinar la capitalidad" de de estas circunscripciones judiciales.
Otro modelo
Y frente al modelo de Gallardón, el Poder Judicial propone otro que rompe con esa centralización y que permitiría la pervivencia de más partidos judiciales. Y es que además de los TPI de las capitales y de los tribunales también autónomos y con su presidente en ciudades como Vigo -que agruparían a los "municipios más próximos" y que llevarían el nombre de la localidad donde se ubiquen -, el CGPJ respalda que en el nuevo mapa, y por debajo de estos, pervivan otros órganos de rango inferior. Así, plantea "tribunales de base" como primer escalón de la Justicia, con jueces que lleven asuntos civiles, penales y contenciosos "de menor entidad y complejidad". Y también respalda sedes desplazadas de los TPI al menos en todas las ciudades que ahora tienen audiencia provincial, así como sedes también delegadas de "unidades judiciales" en otras poblaciones. Ello, se señala en todo caso, "no puede significar un mantenimiento exacto de la situación actual". Se refiere así a que no se pueden conservar "todas y cada una" de las actuales cabeceras de partidos judiciales, ya que pervivirían "vicios" que "lastran" la efectividad judicial.
Una norma en situación de ´indefinición´ que podría verse ´frustrada´ si falta la Ley de Planta
Ya lo advirtió el Consejo Fiscal. Y también lo hace el CGPJ. Un norma "esencial" e "imprescindible" para "la auténtica entrada en vigor" de la LOPJ es la Ley de Demarcación y Planta Judicial, que aún no está ni en fase de anteproyecto ya que por ahora lo único que existe es la propuesta de los expertos. Y sin ella, se alerta, "no resulta posible -de momento- la articulación de los tribunales de instancia".
En una disposición del anteproyecto de Gallardón se contempla un plazo de 2 años para que el Gobierno remita a las Cortes el proyecto de la Ley de Planta,la norma que debe determinar "la constitución y puesta en funcionamiento" de la nueva organización judicial. El Poder Judicial afirma que "tal remisión en el tiempo" de esta reforma clave supone dejar la LOPJ en una situción de "indefinición"sine die, que podría dar lugar a su "frustración definitiva" ya que no sería posible articular la referida Ley de Planta esta legislatura.
