La semana pasada, por sorpresa, en el pleno del Senado Alberto Ruiz-Gallardón reactivó un tercer frente: el de la gestión del Registro Civil, anunciando que sería encomendada, por decreto, a los registradores mercantiles. El Consejo de Ministros del viernes prorrogó la Ley del Registro Civil del 2011 y oficializó la entrega de su gestión que se hará efectiva en el plazo de un año.
En las trincheras de este tercer frente tendrá a una parte del colectivo dividido de los registradores -1.000 de la propiedad y 120 mercantiles-, encabezados por su presidente Gonzalo Aguilera, los actuales funcionarios del Registro Civil y los secretarios judiciales, que reivindican para sí la gestión de este servicio público y a los sindicatos.
Consenso roto
Los mercantiles son minoría dentro del Colegio Nacional de Registradores, un colectivo que, en principio, estaba muy interesado en asumir la gestión de este servicio, pero que finalmente dijo que no, porque la condición era que tendrían que hacerlo sin coste directo alguno para el ciudadano -como se está prestando hasta la fecha desde los juzgados- y sin compensaciones económicas por el gasto que supondrá la creación de una plataforma digital.
El Registro Civil, ese al que los ciudadanos acuden para inscribir nacimientos, defunciones, matrimonios, divorcios, cambios de apellido y otros asuntos similares, realiza 3,3 millones trámites al año. Desde el siglo XIX ha estado adscrito a la Administración de Justicia y al frente del mismo estaba un juez o un juez de paz.
En julio del 2011, a propuesta del ministro socialista Francisco Caamaño, todos se pusieron de acuerdo en aprobar una ley que delegase todas las tareas administrativas «en funcionarios públicos distintos de aquellos que integran el Poder Judicial del Estado» para liberar de ellas a los jueces. En previsión de que esa transición iba a ser compleja, el Congreso fijó una vacatio legis que concluye el próximo día 22.
Desde su llegada al ministerio, Gallardón buscó desesperadamente a quien endosarle esta tarea. Hace un año que lo venía intentando con los registradores de la propiedad y mercantiles, un colectivo de funcionarios públicos muy sui generis, al que pertenece el presidente del Gobierno y varios de sus familiares, así como parientes del propio ministro, que han de aprobar una dura oposición para obtener plaza pero luego no cobran de los Presupuestos del Estado, sino de los aranceles que pagan los usuarios por sus servicios.
Parecía que las cosas iban por buen camino. De hecho, en febrero de este año, el decano del colegio nacional de registradores les comunicaba por escrito a todos sus afiliados que iban a asumir en breve la gestión del Registro Civil. Las negociaciones en curso se rompieron hace un par de meses porque el ministerio se mantuvo inflexible en su postura de seguir manteniendo, al menos de entrada, la gratuidad del servicio para el ciudadano, y la mayoría del colectivo se resiste a asumirlo en esas condiciones.
Como solución alternativa proponían que no se cobrasen actos registrales obligatorios, como los nacimientos o defunciones, pero sí los voluntarios, como el cambio de apellidos, separaciones, divorcios o capitulaciones matrimoniales.
Las negociaciones siguieron con una parte del colectivo, los registradores mercantiles, que solo son una mínima parte y parece que le han dicho sí, aunque nadie sabe a cambio de qué. Nada más anunciarlo el ministro en el Senado, el Colegio de Registradores hizo público su rechazo al tiempo que le recordaba que «los registradores mercantiles no existen jurídicamente puesto que se trata de un cuerpo único de funcionarios».
Los trabajadores denuncian una privatización encubierta del servicio público
Según el ministerio, cuando se implante la interoperatividad entre las Administraciones el 85 % de las certificaciones que ahora expide serán innecesarias
¿Qué intereses están en juego en este conflicto judicial que ha suscitado y seguirá suscitado numerosas manifestaciones de rechazo, especialmente por parte de los trabajadores de la Administración de Justicia?
Por una parte están los de los 4.800 trabajadores, un 20 % de ellos funcionarios interinos, que ven peligrar sus puestos de trabajo, al menos en su actuales lugares de residencia, y los secretarios judiciales que consideran son ellos los que debieran asumir la gestión del Registro Civil.
El ministerio dice que garantiza el mantenimiento de todos esos puestos de trabajo, «en la misma ciudad o en una cercana» a los 1.400 que trabajan en juzgados con competencias no transferidas, pero los 3.400 restantes quedan a expensas de lo que decidan sus respectivas comunidades autónomas. La batalla de los sindicatos en los últimos meses se ha centrado en combatir una iniciativa ministerial en la que ven un primer paso para la privatización de un servicio
Según la versión del ministerio, cuando se implante la interoperatividad entre las Administraciones -que supuestamente hará posible la nueva plataforma digital que le exige a los registradores-, el 85 % de las certificaciones que ahora expide el Registro Civil serán innecesarias.
Los sindicatos de la administración de Justicia alegan que eso ya puede ser posible hoy con una modificación en el programa Inforeg, dado que ya se han gastado más de 130 millones de euros en la digitalización de los libros a partir del año 1950. Por todo ello, la federación de servicios de Comisiones Obreras anunció la convocatoria de una huelga en la Administración de Justicia una vez que se aprobase la iniciativa de Gallardón. El verano judicial se presenta caliente.
Publicado o 06/07/2014 en www.lavozdegalicia.es
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Etiquetas: Prensa , Rexistro Civil
