La Permanente ha acogido así el criterio del vocal Juan Manuel Fernández, recogido en un informe en el que recordaba que el artículo 49 de la Constitución obliga a los poderes públicos a realizar políticas de integración de los discapacitados y a ampararles en el ejercicio de sus derechos y que el artículo 301.8 de la LOPJ dispone que en las convocatorias para el ingreso en la carrera judicial se reservará un cupo no inferior al 5 % de las vacantes para ser cubiertas por personas con discapacidad en grado igual o superior al 33 %.
El informe de Fernández, que también es presidente del Foro Justicia y Discapacidad, sostenía que son excepcionales los medios de prueba “que exijan la utilización del sentido de la vista de un modo insustituible” y agregaba que en la actualidad existen instrumentos tecnológicos que hacen fácilmente accesible cualquier documento a las personas invidentes.
También consideraba que no puede afirmarse que la vista sea un sentido imprescindible en las audiencias a testigos y partes, mientras que las leyes procesales conceden importancia a elementos aprehensibles a través del oído, como la evasión en las respuestas, los titubeos o las vacilaciones.
El informe admite que algunas fuentes de prueba solo son apreciables a través de la vista –como el reconocimiento de un terreno a efectos de deslinde, por ejemplo-, pero estima que ello no es suficiente para denegar de forma tajante a los invidentes el acceso a la carrera judicial.
Hay que recordar que hace unos días el Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (Cermi) planteaba al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) que modificase la normativa de acceso de personas con discapacidad a la carrera judicial, para que ninguna persona con discapacidad con aptitudes para ejercer las funciones judiciales quede excluida de este tipo de responsabilidades públicas.
Según el Comité, no existe un procedimiento que permita tener un pronunciamiento previo del CGPJ sobre si las personas con discapacidad que aspiren a ingresar en la carrera judicial tengan garantías plenas de que su discapacidad sea compatible con las tareas judiciales, en caso de aprobar finalmente la oposición.
La Ley Orgánica del Poder Judicial y el Reglamento de Acceso a la Carrera Judicial establecen una reserva del 5% en favor de personas con discapacidad, pero requieren que se acredite que la discapacidad sea compatible con la función de juez.
Con ese pronunciamiento, el aspirante podría programar sin incertidumbres una oposición que suele llevar varios años de preparación, sabiendo que si concluye con éxito el proceso selectivo podrá ingresar en la citada carrera, pues su aptitud para el desempeño del puesto ya estaría acreditada.
Esta petición del Cermi se produce poco después de conocerse el caso de Gabriel Pérez, el vallisoletano ciego licenciado en Derecho que quiere ser juez, que aguarda que la justicia responda a su pregunta sobre si, efectivamente, podría ejercer como magistrado cuando aprobara las oposiciones correspondientes.
Pérez formuló el 1 de julio de 2013 al CGPJ si le permitiría ser juez en caso de aprobar el examen correspondiente pese a su discapacidad. "No voy a parar hasta que me contesten", declaró a Servimedia. Entonces le dijeron que la respuesta le llegaría en el plazo de un mes, algo que todavía no se ha producido. Ahora, ya sabe que habrá una reforma legislativa que le permitirá formarse en la carrera judicial.
Publicado o 14/05/2014 en www.lawyerpress.com/
Ligazón permanente
Etiquetas: Xuíces
