La maquinaria judicial madrileña se desmorona ante los ojos de jueces, secretarios, funcionarios, abogados y público.
El estado de abandono es flagrante.
Asomarse a la realidad de la Justicia madrileña es como mirar por la mirilla de un caleidoscopio de escenas y situaciones insólitas, a veces grotescas. Lejos de la imagen mil veces versionada de la diosa Temis sosteniendo la balanza con una venda en los ojos, abundan otras mucho más terrenales e indignas. Como, por ejemplo, la del secretario judicial Fernando Benítez sacándose del bolsillo y enseñando sin pudor los blíster de Tranquimacín y Orfidal que le permiten mantener la calma ante el retraso de los aproximadamente mil asuntos que tiene pendientes: “Hace cuatro o cinco años solíamos tener sólo 80, una tardanza de un mes y medio”. Benítez —camisa perfectamente planchada, corbata y una toga gastada por el uso— trabaja en el Juzgado de lo Social número 34 de Madrid desde 1997 y tiene la pinta de un hombre ordenado y diligente. Sin embargo, en su despacho los expedientes se acumulan en torres de carpetas y las sentencias andan esparcidas en archivadores de cartón por el suelo “porque no me traen las estanterías que he pedido y porque —aunque hay que encuadernarlas por ley— el encuadernador de la Comunidad de Madrid ha dejado de hacer su trabajo porque dice que no le pagan”. Benítez también parece atascado en este juzgado, uno de los 41 que hay en un edificio de diez plantas —la cuarta era hasta hace poco una agencia de viajes—, con techos bajos y espacios panelados con planchas de formica y contrachapado. Está ubicado en el número 3 de la calle Princesa. Sólo la sala de Benítez, una de las que lleva menos retraso, resolvió el año pasado 1.667 asuntos, frente a los “entre 600 y 850” que asegura se considerarían razonables: “¿Sabes el agobio que te entra cuando sabes que si tu no tramitas un expediente esa señora se quedará sin cobrar su sueldo o su pensión durante meses?”.
Hace cuatro años teníamos un retraso de 80 asuntos, ahora son mil
No hacemos libros de sentencias como dice la ley porque no pagan al encuadernador
“Aquí la única justicia que hay es que cada vez que se cae el sistema informático —ocurre todos los días— lo hace de forma igualitaria e idéntica para todos”, bromea Benítez. “Bueno, eso también es aplicable en caso de incendio: moriríamos todos por igual porque el otro día tardamos 25 minutos en conseguir salir del edificio”, apostilla el magistrado.
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— Consejero, ¿ha estado en los Juzgados de lo Social?
— Suelo ir a los juzgados sin avisar
— ¿Pero ha estado en esos?
— Soy consciente de las condiciones de trabajo y de documentación, estoy a la espera de un informe de la subdirección general de infraestructuras y de un estudio.
— Pero ese edificio llega a acoger hasta a 4.000 personas al día, entre personal, abogados, seguridad y público. ¿Es seguro?
— La titularidad de los edificios la lleva Hacienda. Es susceptible de mejoras, pero unas dependen del arrendatario y otras del propietario.
— Pero los medios materiales y de personal dependen de la Comunidad y hay expedientes y sentencias por los suelos, ¿por qué faltan estanterías, por ejemplo?
— Porque a veces no hay ni siquiera espacio para ubicarlas. Tenemos que sustituir el papel y digitalizar muchos procesos. Estamos en ello. Acabamos de crear el Portal de la Justicia para evitar que la gente tenga que ir al juzgado. En todo caso, el principal problema es que las competencias están repartidas.
En caso de incencio moriremos todos, porque tardamos 25 minutos en salir
En esa situación de colapso, llega al juzgado 34 de lo Social una joven magistrada de refuerzo, una de los 160 jueces recién salidos de la Escuela enviada por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). El juez Seoane la recibe con agrado. Pero su Secretario, Benítez —que depende, como el resto de secretarios, de Ministerio de Justicia— y las funcionarias —que dependen, a su vez, de la Comunidad de Madrid— la miran con horror porque: “Si no alcanzamos a sacar el trabajo para un juez, ¿cómo vamos a hacerlo para dos?”. La joven magistrada se va por donde ha venido. “El Consejo nos manda jueces pero la Comunidad no nos manda el peronal, quizá tengamos que renunciar al refuerzo”, comenta Seoane resignado. Tres administraciones descoordinadas y la justicia literalmente por suelos.
— ¿Mandarán personal consejero?
— A mí nadie me ha preguntado. Alguien ha mandado un juez sin contar con la Comunidad.
— ¿Y ahora qué?
— Pues tendrán que esperar hasta que podamos proveer al juzgado del personal necesario.
El presupuesto de la Comunidad de Madrid para Justicia es de 400 millones al año, apunta Victoria, que ya planteó abiertamente la devolución de esas competencias al Estado y que reconoce que es “siempre insuficiente, con el resultado de una justicia lenta”. Aproximadamente 30 de esos 400 millones se emplean en pagar los alquileres de los edificios que albergan sedes judiciales y más del 60% se va en personal.
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En opinión del Consejero, la mejora de las condiciones de la Justicia madrileña pasa por “la creación de las oficinas judiciales”, desde las que se repartirían los asuntos a todos los juzgados y se evitarían duplicidades y “la incorporación de nuevas tecnologías”.
La mejora pasa por incorporar las nuevas tecnologías, dice el consejero
Entretanto, y tras el infarto sufrido hace un año por un magistrado del juzgado 25 de lo Social con resultado de muerte, han incorporado desfibriladores al edificio y una doctora pasa consulta en la primera planta. Eso sí, no tiene ordenador y no ha cobrado desde que ocupó su puesto hace dos meses y medio.
Publicado o 08/06/2014 en www.elpais.com
