Hace tres meses, cuando la escandalosa gestión de la fiscalía coruñesa ya era innegable, Esther Fernández García fue trasladada a la Audiencia de Asturias.
[A última hora de anteayer viernes, fuentes funcionariales y jurídicas me comentaron la decisión del juez-instructor y al filo de la pasada medianoche, totalmente comprobada la veracidad de la información, ahí va:]
El titular del Juzgado de Instrucción número 3 de A Coruña ha remitido a la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo las diligencias correspondientes a la denuncia presentada por una falsificación documental perpetrada en la Fiscalía de A Coruña, según constata el examen pericial. De modo que tras las pesquisas realizadas el juez-instructor ha reiterado que hay indicios racionales de delito y, por tanto, corresponde imputar a la ex fiscal-jefa de la Audiencia de A Coruña, Esther Fernández García, como autora, coautora o cómplice en la comisión del delito penal denunciado en noviembre de 2012.
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La sospechosa trabaja actualmente en Asturias, adonde fue trasladada [real decreto 431/13] en calidad de fiscal-jefa de esa audiencia provincial tras haber trascendido públicamente las singulares circunstancias que agitaban y desprestigiaban el órgano que esa profesional de la Justicia dirigía en la ciudad gallega.
Adjunto copia facsímile del primer folio del auto más un párrafo posterior que resulta especialmente esclarecedor.
Fernández sería la segunda imputada en las diligencias por falsificación, pues el instructor ya había decretado la imputación de una persona: Mercedes Gallo Fernández, funcionaria que cuando se produjeron los hechos investigados laboraba a las órdenes de Esther Fernández, tal como "info-comenté" en ImP el pasado 25 de junio:
«Tal como el represaliado [el fiscal Frago] alegaba, hay gato encerrado. El asunto tiene miga y debe (o debería) desembocar en la adopción de medidas (quizá ceses).
«Estos días es noticia que una subalterna de la fiscal-jefa de A Coruña ha sido imputada por el Juzgado número 3 de A Coruña, acusada de ser autora o coautora de un delito de falsedad documental, ardid en el que estarían basadas las medidas adoptadas contra el fiscal Juan Antonio Frago, que durante unos meses ostentó el honor de ser el primer acusador público expulsado del cuerpo [sanción que fue anulada por la Sala de lo Contencioso-administrativo de la Audiencia Nacional, que algo debía saber o sospechar... ¿o no?]»
La previsible imputación de la hoy fiscal-jefa de Asturias ha obligado al juez instructor de A Coruña a remitir las diligencias al Supremo, pues la sospechosa está aforada en virtud del artículo 35.2 del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal, que ordena trasladar a esa instancia jurisdiccional todas las instrucciones y enjuiciamientos que afecten a los fiscales de los tribunales superiores de las comunidades autónomas y a los fiscales-jefes provinciales, medida idéntica a la que se adopta cuando se trata de presidentes de los tribunales superiores de Justicia o presidentes de audiencias provinciales.
Para quienes no hayan seguido tan enrevesado episodio, es útil leer los tres post precedentes, relacionados aquí por orden cronológico:
* 6 diciembre 2012: «La pugna entre dos funcionarios ilumina la "cocina" de la Fiscalía de A Coruña»;
* 30 enero 2013: «El funcionario que denunció irregularidades en la Fiscalía de A Coruña ha sido despedido» (expulsión que posteriormente fue declarada contraria a Derecho y anulada), y
* 26 junio 2014: «La imputación de una funcionaria por falsedad confirma que en la Fiscalía de A Coruña hay o había "lodo"».
Publicado o 07/09/2014 en http://im-pulso.blogspot.com.es
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