El Gobierno gallego alega que se decidió en una comisión mixta con el Tribunal Superior, que lo niega - De Lara augura un "colapso total e irreversible" de la sala, desde la que también instruye la 'Carioca'
Para De Lara, el recorte de "dos funcionarios, nada más y nada menos," en el juzgado de Instrucción número 1 de Lugo, que preside, los conduce a una "absoluta situación de desamparo". "Ya que no hay peor castigo para los que tratamos de cumplir de forma leal y diligente con nuestro trabajo que el vernos privados de los mecanismos personales y materiales precisos para ello", lamenta la magistrada en una carta remitida al Director Xeral de Xustiza.
"Ni esta juez ni el secretario judicial ni los funcionarios podemos hacernos responsables ni de las dilaciones que se puedan producir en un futuro relativamente cercano ni de otras disfunciones procedimentales tanto en relación a los asuntos a tramitar", previene. Solicita que se mantengan las dos funcionarias de refuerzo de las que habían dispuesto hasta el momento y augura que, de no corregirse la situación, "se va a producir el ahogo total y absoluto del juzgado", pese a la "generosa voluntad que todo el personal de la oficina tiene", trabajando "por las tardes, en fines de semana y a deshora".
El recado más contundente es para los responsables políticos, a los que reprocha que es un "contrasentido" tomar "las medidas que ahora se anuncian" y, al mismo tiempo, prometer "públicamente ayudas y apoyos, tanto materiales como personales, a los órganos jurisdiccionales" que, como el juzgado de Instrucción número 1 de Lugo, tramitan "causas relacionadas con delitos relativos a la corrupción, que tanta preocupación causan en la sociedad, que demanda cada vez más una justicia ágil y eficaz".
La juez explica en el escrito, remitido a la Xunta y al que ha tenido acceso este periódico, que ha intentado, sin éxito, comunicar su opinión por teléfono al director xeral de Xustiza, pero que únicamente logró explicarle la situación a la secretaria del alto cargo, según describe, por lo que decidió remitir la carta tanto a la Consellería de Vicepresidencia como al Tribunal Superior de Xustiza de Galicia.
La juez relata que en febrero de 2013 tuvo una visita de la inspección del servicio del Consejo General del Poder Judicial (CGPG), cuando solo tenían una funcionaria de refuerzo que no tenía que ver con Pokemon ni Carioca, sino que era una figura que también tienen otros juzgados, según fuentes judiciales. Las conclusiones de los inspectores es que se necesitaba, mientras se concluían los dos macroprocesos, un "juzgado bis", con un juez, un secretario judicial y cuatro funcionarios (así se hizo, por ejemplo, en el caso de Instrucción 3 de Santiago con el tema de Angrois). Finalmente, cinco meses después, se nombró una juez sustituta.
La magistrada habla de un "deficiente rendimiento" por parte de dicha juez de refuerzo, que comunicó al Tribunal Superior de Xustiza y al CGPJ. "Me tuve que ocupar de cuatro de cada diez números de asuntos penales, además de continuar tramitando las causas de especial complejidad", asegura. También se dotó al juzgado de un secretario de refuerzo que todavía continúa (aunque es el único ya que el titular está de baja y no se ha sustituido) y un funcionario de refuerzo. La juez narra que, ante tal situación, está ella misma asumiendo algunas de las transcripciones de las grabaciones de Vigilancia Aduanera.
En diciembre de 2014 el juzgado recibió otra inspección del CGPJ, en el que solicitó como propuestas externa que se reforzase a la juez titular mediante el nombramiento de un juez de adscripción territorial, para que la juez se pudiese hacer cargo de la tramitación de las causas "de especial complejidad".
Tras recibir la comunicación telefónica de la marcha de las dos funcionarias, De Lara reacciona con esta misiva, en la que augura que la decisión de la Xunta "conduce inevitablemente al colapso total e irreversible de este juzgado, justo cuando empezaba a salir del atolladero en el que actualmente se encuentra", expresando su "profundo malestar por la caótica y lamentable situación en la que quedará el órgano jurisdiccional".
Contradicción Xunta-Superior
La Xunta se apresuró ayer a responder la comunicación de la magistrada Pilar de Lara, que había relatado que no fue capaz de ponerse en contacto con el director xeral vía telefónica. Pero sus aclaraciones provocaron, a su vez, la réplica del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) contradiciendo el argumentario de San Caetano. Y mientras el Gobierno gallego manifiesta que las reducciones se deciden en un grupo de trabajo creado en una comisión mixta entre la Xunta y el Superior, el Alto Tribunal indica que el cese de funcionarios de apoyo en el juzgados es "decisión exclusivamente de la Xunta".
Fuentes del TSXG explicaron a Europa Press que no tienen capacidad "ni de poner ni de sacar funcionarios", aunque participe en el debate de "requisitos" de la comisión mixta a la que alude la Xunta en su comunicado de respuesta a De Lara. El Superior insiste que, en todo caso, el tribunal no forma parte del grupo de trabajo en el que, según dijo la Xunta, "acordó reducir" los refuerzos de Lugo.
El Ejecutivo autonómico quiso además repartir responsabilidades con el Consejo General del Poder Judicial, alegando que retiraron a los funcionarios porque el CGPJ retiró a la juez de refuerzo y que los repondrán si el órgano repone el juez. El Gobierno gallego justifica también que el informe de los inspectores del Poder Judicial constatando las necesidades de la sala de Lugo, al que alude la magistrada instructora de Lugo, no está en sus manos y "no tiene constancia" de su existencia. Finalmente, la Xunta defiende su "importante esfuerzo presupuestario, invirtiendo más de un millón de euros anuales en este cometido"
Publicado o 21/02/2015 en www.laopinioncoruna.es
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Etiquetas: Lugo , Prensa , Reforzos , Xulgados
