La EPA, por Bernardo Vergara

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Bernardo Vergara

Ligazón

Galicia supera por primera vez los 100.000 hogares con todos sus miembros en paro

A Coruña lidera el alza de las personas sin trabajo y la destrucción de empleo en la comunidad.

El paro baja en España hasta marzo, algo que no ocurría desde hace nueve años, pero descienden los ocupados.

La autonomía gallega es la segunda en que más subió el paro en el primer trimestre y roza los 300.000 desempleados.

Distintos representantes políticos apuntan en los últimos meses a que la situación económica está mejorando y que pronto se creará empleo neto, pero lo cierto es que en Galicia el paro no deja de crecer y cada vez son más las familias que pasan por dificultades económicas ante la falta de ingresos. De hecho, en el primer trimestre del año los hogares gallegos con todos sus miembros en paro superaron por primera vez los 100.000, hasta los 101.500, frente a los 95.900 del último trimestre de 2013, según los datos de la Encuesta de Población Activa publicados ayer por el Instituto Nacional de Estadística (INE) y su homólogo gallego (el IGE). Las más de 5.000 familias que se sumaron a la ya numerosa lista de hogares con todos sus miembros desempleados pertenecen fundamentalmente a la provincia de A Coruña, donde el número de unidades familiares con todos sus integrantes sin trabajo aumentó en 3.500 entre enero y marzo de este año, hasta un total de 38.700, cifra que solo supera Pontevedra, con 39.200, tras aumentar en 400. Mientras, en Lugo repuntó en 2.200 y en Ourense descendió en 600. En el conjunto del Estado los hogares con todos los miembros en paro aumentaron en 53.000 y rozan ya los 2.000.000.

En cuanto a la cifra total de parados, la comunidad gallega tampoco sale bien parada en el primer trimestre del año y es la segunda autonomía española con mayor aumento de los desempleados, con 16.100 más (+5,7%) que al cierre del año pasado, un repunte que solo supera Baleares, con 18.800. Esta subida deja el número total de gallegos sin trabajo, según la EPA, en 296.900, rozando ya los 300.000, una cifra que nunca se alcanzó desde que hace seis años comenzó la actual crisis económica.

Al igual que en el caso de los hogares, la provincia de A Coruña aporta la mayoría de los nuevos parados registrados en Galicia, al contabilizar 9.000 más que al cierre de 2013, con lo que alcanza ya los 116.400. Mientras, Pontevedra sumó 4.200 en los tres primeros meses del año y llega a la misma cifra que A Coruña, 116.400. Mientras, Lugo se queda con 34.800, 4.700 más, y Ourense con 29.400, tras registrar 1.700 desempleados menos. La tasa de paro, por su parte, es del 23,3% en Galicia, del 21,7% en A Coruña -la más baja entre las provincias gallegas-, del 21,9% en Lugo, del 25,8% en Ourense y del 22,1% en Pontevedra.

La situación de más de la mitad de los parados gallegos es especialmente dramática, pues llevan más de un año buscando empleo, los que se consideran desempleados de larga duración. Concretamente, 172.600 de los 272.900 totales, el 60%. Y casi 110.000 de ellos, cuatro de cada diez, llevan más de dos años sin trabajar.

La evolución del paro en el conjunto del Estado registró entre enero y marzo una leve mejoría, al contabilizarse 2.300 parados menos que en el último trimestre de 2013, pero la cifra desempleados sigue cercana a los seis millones, en 5.933.300 personas que carecen de un puesto de trabajo. El descenso, sin embargo, es el primero en un primer trimestre del año en los últimos nueve ejercicios.

Esta mejor tendencia estatal en cuanto al número de desempleados ya no se produce en lo que al dato de ocupados se refiere. Tanto Galicia como España destruyeron empleo en el primer trimestre del presente ejercicio. La comunidad gallega cuenta con 19.800 ocupados menos que un trimestre antes, hasta las 982.800 personas con empleo, mientras que en el conjunto del Estado la cifra de ocupados cayó en 184.600, hasta quedar en menos de 16.950.600 profesionales que cuentan con un empleo.

En el caso gallego nuevamente la provincia coruñesa se lleva la palma en cuanto a la aportación a esa pérdida de empleos. Galicia perdió 19.800 ocupados entre enero y marzo pero solo A Coruña se quedó sin 10.200. Pontevedra fue la segunda que más vio caer su nómina de trabajadores, con 6.700 menos, seguida de Lugo, con una bajada de 3.700. Ourense vuelve a registrar un comportamiento antagónico al del resto de las provincias gallegas y logró crear empleo en el primer trimestre, con 800 ocupados más.

Los datos de la EPA confirman nuevamente que los jóvenes son los que más difícil tienen acceder a un empleo, con las tasas de paro más alto, y siguen al alza. Un nivel de desempleo que va reduciéndose según aumenta la edad de los afectados. La tasa de desempleo entre los jóvenes de 16 a 19 años es del 67%, baja al 47,1% entre los de edades comprendidas entre los 20 y 24 años y al 35% en el caso de los de 25 a 29. Los de 30 a 34 tienen una tasa de paro del 23,6%, ya cercana a la media de la comunidad, y los de 35 a 39 del 22,5% de desempleo. El resto de grupos quedan ya muy por debajo.

Pese a las malas cifras del mercado laboral, la Xunta defendió ayer que Galicia sigue con tasas de desempleo inferiores a las de España y el Gobierno valoró el dato del paro y dijo que en los próximos meses se confirmará la mejoría.


Publicado o 30/04/2014 en www.laopinioncoruna.es

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Guía para entender o funcionamento do control do horario

Bos días dende Alternativas-Xustiza. 

Xa podes consultar a nosa guía sobre o control do horario. A resposta a 22 preguntas, que nos pode evitar algunha que outra sorpresa.

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Boas noites dende Alternativas-Xustiza.

Bolsa de interinos de Ceuta 2014

Na páxina web do Ministerio de Xustiza publicouse a convocatoria da bolsa de interinos de Ceuta para o ano 2014

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Descripción del proceso

Nombre: Bolsa de Interinos de Ceuta 2014

Ámbito territorial: Ceuta

Instancia: Instancia (PDF. 830 KB)

Fecha de inicio de presentación de instancias:1 de mayo de 2014

Fecha de fin de presentación de instancias:10 de mayo de 2014

Convocatoria (PDF. 4,52 MB)

Unha loita de todos

"Un hombre ha matado esta pasada noche a uno de sus hijos y ha herido a otro.

Un padre que ha matado a uno de sus hijos y ha intentado matar al otro para infligir el peor de los daños a su ex mujer, el peor, porque cualquier mujer prefiere su propia muerte a la de un hijo. Él lo sabía y por eso lo ha hecho, el maltrato llevado al extremo más cruel.

Asesinar a los propios hijos para dañar, para destrozar la vida de la persona a la que ha estado maltratando pero que tuvo el valor de abandonarle. Un padre que en lugar de asumir la separación mata a sus hijos porque sabe que el dolor para quien le ha abandonado será insuperable. Una monstruosidad. La violencia machista también es esto, los niños también son víctimas.

El caso de hoy es extremo, pero los niños que conviven en casa con maltratadores sufren el maltrato, aunque no les golpeen, aunque no haya maltrato físico. Los niños viven en el mismo infierno, infierno que muchas veces no acaba con la separación, a menudo estos niños cumplen con un régimen de visitas, y las madres tienen que dejarles pasar el tiempo que marca el juez con un hombre que saben que es un maltratador, con el riesgo que esto supone.

Hay que hacer algo, no se pueden soportar más muertes, ni de mujeres ni de niños. No se puede soportar tanto sufrimiento. Un maltratador es un mal padre, es el peor de los padres, dejar a los hijos en sus manos es dejar la herramienta con la que sabe que puede dañar a la mujer.

Y esta no debe ser una lucha únicamente de las mujeres, debe ser una lucha de toda la sociedad, que no puede pasar página de una muerte como la de hoy como si pasara la página de un asesinato escabroso.

Insisto, la violencia machista es esto, y hay que legislar o dearrollar las leyes existentes para evitar más asesinatos. Y hay que denunciar, sobre todo hay que denunciar."

Por ÀNGELS BARCELÓ



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Boas noites dende Alternativas-Xustiza.

Substitucións: Novos avisos de desocupación de postos para a súa cobertura mediante substitución entre titulares

Publicados novos avisos de desocupación de postos que se ofertan para a súa cobertura mediante substitución entre titulares con data 28 de abril de 2014.

As prazas ofértanse conxuntamente para a súa cobertura en substitución vertical ou horizontal. De acordo coa normativa reguladora, terá preferencia a tramitación das substitucións verticais, e dentro de cada un dos apartados operan os criterios de preferencia determinados na norma.

Os avisos prodúcense pola necesidade de cubrir postos de traballo reservados aos funcionarios integrantes dos corpos xerais ao servizo da Administración de xustiza en Galicia, que actualmente se atopan desocupados por estaren vacantes ou por ausencia do titular por periodos de longa duración.

Os/as interesados/as nas substitucións poden presentar as súas solicitudes conforme ao modelo Anexo II, facendo constar no espacio adicado ao órgano xudicial, o órgano no que se atopa destinado, así como aquel para o que fai a súa solicitude.

A información sobre os postos ofertados pode consultarse no documento Avisos de desocupación.

Preme na imaxe para ampliar

Substitucións. Publicada a listaxe coas adxudicacións das últimas prazas ofertadas para a súa cobertura

Publicada con data 28 de abril de 2014 a listaxe coas adxudicacións da ultima publicación de prazas ofertadas para a súa cobertura en substitución entre persoal titular ao servizo da Administración de Xustiza en Galicia.

Poden consultar a información no documento adxudicación de postos.


Adxudícase unha praza de xestión no xulgado de instrución 2 de Pontevedra.

Levantemos a dignidade de Ferrolterra: Todas e todos diante da antiga porta do estaleiro o martes 29 de Abril ás 7 da tarde

QUEN?

As Marchas da Dignidade que viven, medran e marchan en Ferrolterra.

QUE?

Concentración de protesta e asemblea aberta, micrófono aberto.

CANDO E ONDE?

O próximo martes 29 de Abril ás 7 da tarde diante da antiga porta do estaleiro, fronte ao Campo de Ferrándiz en Esteiro (Curva da Estrada de Circunvalación en Esteiro).

POR QUE?

Porque en Ferrol Terra temos DIGNIDADE. Somos unha comarca loitadora, que se rebela contra as decisións políticas que a agreden.

Porque queremos recoller o exemplo que as miles de prendas de roupa colgadas na rella da antiga Bazán simbolizan, se o pobo está unido si se pode.

Porque non nos rendimos ante aqueles que teñen decidido condenarnos a pobreza e ao traballo sen dereitos, non nos rendimos ante aqueles que teñen decidido facer da nosa comarca un deserto en ruínas, non nos rendimos ante aqueles que teñen decidido facer dos nosos dereitos o seu negocio, non nos rendimos ante aqueles que teñen decidido que a nosa ría continúe a ser unha esterqueira e non nos rendimos ante aqueles que teñen decidido a liquidación dos nosos estaleiros.

Porque se as loitas se unen si se pode: a loita d@s pensionistas; a loita d@s preferentistas; a loita polo dereito ao aborto e contra a violencia machista; a loita pola defensa da vida e da Ría fronte a ameaza de Reganosa; a loita sindical contra os EREs e na defensa dos postos de traballo; a loita contra os desafiuzamentos e pola vivenda digna; a loita pola defensa da sanidade, o ensino e os servizos públicos; a loita en defensa da construción naval, polo levantamento do veto á construción naval civil e pola construción do dique flotante, a loita polo saneamento integral da Ría; contra os recheos da Malata, o tren polo norte; a loita pola rehabilitación de Ferrol Vello, do barrio de Recimil, e do resto do Ferrol desafiuzado; a loita en defensa e rehabilitación do Mercado de Caranza; ...

Seguiremos marchando ... : polo dereito ao traballo; polos dereitos sociais e o dereito a unha renda básica; polo dereito a unha vivenda digna, polos servizos públicos, a sanidade e a educación; contra a corrupción , os corruptos e os corruptores; contra o pago da débeda ilexítima que nos afoga; contra a estafa e o roubo bancario; ... pola dignidade.

PAN, TRABALLO E TEITO - Á RÚA, QUE XA É HORA!!!

Marchas da Dignidade de Ferrolterra
Contacto: columnacaranceira@gmail.com | Blogue de apoio ás Marchas de FerrolTerra: http://marchas-da-dignidade-ferrolterra.blogspot.com.es/ | Blogue galego: http://marchasdadignidade.blogspot.com/ | Web Estatal:http://marchasdeladignidad.org/



Máis información aquí

Los progresistas del Consejo dirán un ‘no’ rotundo a la reforma de Gallardón

La norma que proyecta el ministro de Justicia permite amordazar a los medios de comunicación a través del Poder Judicial.

La reforma legal con la que el ministro Alberto Ruiz-Gallardón pretende poner patas arriba a toda la justicia española (blindando al Príncipe como aforado, restando protagonismo a los jueces estrella, amordazando a los medios de comunicación que el Consejo del Poder Judicial interprete que inquietan a los jueces y, además, creando tribunales judiciales de instancia) se va a encontrar con un primer no en el camino hacia su aprobación final. El bloque progresista del Consejo ni siquiera va a perder el tiempo matizándola: quiere que esa reforma de laLey Orgánica del Poder Judicial sea retirada íntegramente. Y así lo votará en su momento en el pleno. Y avanza que si sus colegas conservadores tiran del rodillo de su mayoría absoluta para avalarla (el Consejo tiene que informar sobre ella y remitir sus conclusiones, no vinculantes, al Gobierno), presentarán una cascada de votos particulares.

Para informar de esta ley, a diferencia de lo ocurrido con la de Seguridad Ciudadana y la del aborto, el Consejo ha variado su proceder. En esta ocasión, el informe lo hará la Comisión Permanente, que controla Lesmes. Y luego será debatido por el resto de vocales. Aparte de incluir entre los aforados al Príncipe y a su esposa y eliminar el fuero a numerosos políticos, la reforma de Ruiz-Gallardón contiene un aspecto, resaltan fuentes judiciales, de “un enorme calado” para la libertad de prensa. Se incorpora la posibilidad de que el amparo que el Consejo concede a un juez que lo solicite incluya una orden para que cese la conducta perturbadora y abre la posibilidad de acusar a un medio de comunicación de un delito contra la Administración de Justicia. Fuentes del Consejo señalan que esta medida está orientada "a los políticos" que entorpecen la actividad judicial con declaraciones inadecuadas. “Es una ley mordaza en toda regla”, advierten fuentes judiciales. "Una vez aprobada, vale para todos", añaden.

Ya intentó Ruiz-Gallardón implantar una norma que también fue muy criticada y que otorgaba poder a los jueces para acallar a un medio si este, por ejemplo, desvelaba investigaciones secretas. La reacción en la calle fue tal que decidió aparcarla. "Ahora, por la puerta de atrás, la de la figura del amparo en el Consejo, vuelve a intentarlo", denuncian las citadas fuentes judiciales.


Publicada o 27/04/2014 en www.elpais.com

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Cuatrocientos jueces, sin destino ante la falta de dinero para crear juzgados

Malestar entre las dos últimas promociones de la Escuela Judicial de Barcelona por la alta rotación entre juzgados, trabajando como sustitutos y sin poder hacer planes. 

«Seguimos en una situación de interinidad inaceptable, sin saber dónde estaremos los próximos meses, usándonos como jueces sustitutos, sin poder concertar un alquiler anual y sin poder, los que tenemos hijos, planear algo tan básico como buscar colegio para el próximo curso porque no tenemos ni idea de dónde vamos a estar ni hasta cuándo». Así se expresa un juez de una de las dos últimas promociones, la 63 y la 64, de la Escuela Judicial de Barcelona, que ha tenido la mala fortuna de lograr la toga cuando en España no hay un euro para crear un juzgado y, por tanto, no tendrá un destino fijo en años. Muchos de los afectados, por cierto, son malagueños.

La falta de dinero se aúna en estos tiempos con el cambio de la filosofía de las altas cumbres judiciales, que preconiza la muerte del juzgado y el nacimiento de los tribunales de instancia con servicios comunes. En concreto, hay actualmente 400 jueces, de dos promociones, recién salidos del cascarón que no saben en qué ciudad van a ejercer en las próximas semanas, por cuánto tiempo, ni la especialidad de su juzgado.

La promoción 63 empezó sus estudios en septiembre de 2011, en la Escuela Judicial de Barcelona, y las prácticas acabaron en abril de 2013, cuando todos, los 231 nuevos jueces, se incorporaron a sus destinos. De esos 231, sólo 40 fueron adscritos a un juzgado español como titulares. El resto, 191, fueron nombrados en expectativa de destino. Ello quiere decir que la mayor parte de los mismos cubrieron vacantes ofertadas por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) en comisiones de servicio con relevación de funciones, es decir, se les mandó a lugares que dejaron a su vez otros jueces que querían cambiar de destino temporalmente. «No tenían ni idea de lo que hacer con nosotros», precisa uno de los afectados. Otros acudieron a juzgados como refuerzo.

«Al no haberse creado por los distintos gobiernos los juzgados prometidos, que eran muy necesarios para mitigar la enorme carga de trabajo de los juzgados en España, no hay destino para nosotros. No tenemos destino. No tenemos seguridad, no sabemos qué va a pasar con nosotros a medio y largo plazo. Ya llevamos un año en expectativa de destino sin que, a día de hoy, sepamos cuándo nos van a dar uno».

A ello se suma otra circunstancia: a finales del próximo mes, 204 jueces de la 64 promoción juran el cargo y ninguno de ellos tiene destino. En principio, se les va a nombrar Jueces en Expectativa de Destino, en funciones de apoyo de apoyo a Jueces de Adscripción Territorial (JED-JAT). Con los 191 magistrados de la 63 promoción también adquieren la misma condición, una vez que terminen el trabajo en los sitios en los que han desarrollado su comisión de servicio. «La conclusión es que, a finales de mayo, habrá 395 jueces en expectativa de destino», precisa uno de los afectados, lo que no quiere decir que los jueces estén ociosos, sino que pasarán entre uno y varios meses en distintos órganos de ciudades diversas, sin saber el tiempo que van a estar, qué función les tocará, haciendo el papel de sustitutos e incluso en juzgados especializados como los Mercantiles o los Contenciosos para los que no tienen la preparación suficiente, como reconocen algunos de ellos.

«En su mayor parte, estos 395 estarán desaprovechados para el efectivo servicio al ciudadano y sin tener ni idea de cuándo se nos va a ofrecer el destino de juez, por el que hemos opositado duramente», precisa. «Te sueltan en un juzgado especializado sin tener un mínimo de preparación», aclara, ya que ellos están formados para órganos de Instrucción o Primera Instancia. «A los de la 63, por lo menos, nos ofrecieron elegir una ciudad. A los de la 64 ni siquiera. El que elige Málaga no sabe si va a estar en Vélez o en Archidona. Dónde sacamos el alquiler, dónde el colegio, nos tienen sin saber sine die nuestro destino. Además, pueden pasar años sin que se creen los tribunales de instancia», precisa.

«Para los de la 63 promoción se ha cumplido ya un año en expectativa de destino y no sabemos si el Gobierno va a crear las más de 400 plazas necesarias para darnos una. Mientras tanto, seguimos en una situación de interinidad inaceptable, sin saber dónde estaremos los próximos meses, usándonos como jueces sustitutos, sin poder concertar un alquiler anual y sin poder, los que tenemos hijos, planear algo tan básico como buscar colegio para el próximo curso porque no tenemos ni idea de dónde vamos a estar ni hasta cuándo», reflexiona uno de los denunciantes de la situación.


Publicado o 28/04/2014 wn www.laopiniondemalaga.com

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Denuncia da manipulación: As cifras da sanidade

Bos días dende Alternativas-Xustiza.

 A manipulación da información, dos datos, das estatísticas forma parte da estratexia para agochar as consecuencias dos recortes nos servizos públicos. As cifras da sanidade, un exemplo.

Critican el aumento de las listas de espera en Galicia

La Asociación Galega para a Defensa da Sanidade Pública ha criticado este sábado el "incremento" de las listas de espera en Galicia, extremo que ha relacionado con la política de "recortes" que desarrolla la Consellería de Sanidade "con la excusa de hacer frente a la crisis" para "garantizar el pago del rescate de los bancos".

En un comunicado, esta entidad ha salido así al paso de la información facilitada por la Xunta, según la cual la espera media para operarse en los hospitales gallegos ha descendido ligeramente en el primer trimestre de 2014 de los 83,4 días a 31 de marzo de 2013 a 82,8 a finales del mismo mes de este año, mientras que la demora para las primeras consultas ha bajado en nueve días.

No obstante, esta plataforma ha puesto de manifiesto que el número de pacientes en espera quirúrgica experimentó un incremento "sustancial"desde 2009, pasando de 34.403 a 38.106 pacientes. Asimismo, los pacientes en espera quirúrgica más de 12 meses aumentaron "mucho más", desde los 148 pacientes de 2009 a los actuales 833.

Por todo ello, ha denunciado "el oscurantismo y el maquillaje de las listas", pues existen "buzones" que almacenan numerosos pacientes que no cuentan en situación de espera y porque siguen sin publicarse los datos de las listas no estructurales.

Publicado o 26/04/2014 en www.europapress.es

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Boletín diario de Alternativas-Xustiza. Control do horario: Guía para entender o seu funcionamento

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Nese número incluímos unha completa guía para entender o funcionamento da aplicación para o control do horario e evitar así sorpresas.

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Boas noites dende Alternativas-Xustiza.

Granada: Un protocolo para desahucios impulsado por el Decanato frena diez desalojos en la ciudad en 4 meses

Los funcionarios de Justicia piden un servicio exclusivo para desahucios. 

Un grupo de funcionarios de los juzgados de Granada sensibilizado con el grave problema de los desahucios ha solicitado a la Junta de Andalucía la creación de un servicio específico para atender a las personas inmersas en procedimientos de ejecuciones hipotecarias. La propuesta, que ha sido entregada en mano esta semana por escrito a la propia presidenta, Susana Díaz, persigue ofrecer una atención más directa y cercana al ciudadano, de cara a articular todos los mecanismos posibles antes de que se produzca el lanzamiento de la vivienda y buscar soluciones.

El funcionario de Justicia Miguel Ángel Herrera, que aunque ahora presta sus servicios en el Juzgado de lo Social 1 de la capital tiene experiencia a la hora de practicar lanzamientos y embargos , es uno de los 'padres' de esta iniciativa, que, como explica, consistiría en "la creación de un servicio de información al ciudadano y coordinación administrativa en materia de desahucios".

"Cuando como funcionarios vamos a practicar un lanzamiento, es decir, vamos a privar a alguien de su vivienda por una orden judicial, nos encontramos con que en muchas ocasiones no se han agotado todos los mecanismos que como sociedad nos hemos dado ante este tipo de casos", señala Herrera.

Por eso, ya a finales de 2013 se impulsó por parte del Decanato de los Juzgados de Granada y los Servicios Sociales del Ayuntamiento un protocolo de actuación para casos de desahucio, gracias al que se han frenado, en menos de cuatro meses, diez desalojos en la capital, existiendo otros 50 procesos en trámite.

Pero, aparte de este protocolo, hace falta, en opinión de estos funcionarios, dar un paso más: crear ese servicio específico dentro de la Administración de Justicia que evitaría el 'laberinto' administrativo en el que se suelen perder las familias afectadas, que muchas veces se ven obligadas a realizar un incómodo "peregrinaje" en busca de soluciones que al final no llegan a tiempo.

Herrera y sus compañeros entienden que ya que el juzgado es el que marca los tiempos -decide el día del lanzamiento y la hora- podría también ofrecer "un servicio de atención al ciudadano". De este modo, desde este servicio se podría informar al afectado y recoger su autorización para poder gestionar su caso ante los Servicios Sociales y el resto de organismos implicados antes de que se produzca el lanzamiento.

"Aquí las personas vienen contando situaciones imposibles, muchas veces bloqueadas, y se vive de una forma terrible. Pero claro, un expediente judicial se rige por cuestiones meramente procesales, con lo cual cuando una persona viene a decirme que no tiene dinero yo le puedo entender como persona, pero materialmente no le puedo dar una solución", recalca Herrera. De ahí la importancia del servicio propuesto, porque ante una situación así, "a raíz de hablar con el funcionario, se pondrían en circulación todos los recursos existentes".

Por su parte, Miguel Esteban, otro de los funcionarios que abogan por la creación del servicio, recuerda que el problema de los desahucios es "un problema de primer orden" y "no espera", por lo que se hace necesario que "los políticos tomen las riendas de una vez" para atajarlo.

En el documento entregado a la presidenta, al que ha tenido acceso este diario, Herrera, Esteban y un tercer funcionario de Granada, Joaquín Ángel Martínez, justifican su petición "ante la apremiante situación que se vive a diario en la Administración de Justicia y en interés ciudadano", e invocan el "impulso político" necesario desde Sevilla para que el servicio propuesto sea una realidad. Aseguran que el coste de crearlo sería mínimo y proponen realizar una "experiencia piloto" con uno o dos funcionarios, dependiendo de que el servicio se iniciase con ámbito local o provincial.

Para los solicitantes, dado que el desalojo de una familia afecta a un derecho tan básico como es el que tiene toda persona a una vivienda digna, debe producirse "en cualquier caso, una vez se hubiesen agotado los recursos sociales y administrativos" existentes, a fin de evitar que los afectados se encuentren ante una grave situación de desamparo y exclusión.

La iniciativa, según afirman, ha sido también trasladada a la Presidencia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA).


Publicado o 26/04/2014 en www.granadahoy.com

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Manel Fontdevila

Ás veces temos a impresión de que os únicos intelectuais capaces de explicar o que está a suceder son os "humoristas".

Bos días dende Alternativas-Xustiza. 

Manel Fontdevila en Faccebook

Juan Manuel Fernández Martínez: ´El modelo de partidos judiciales ha dado todo lo que tenía que dar´

"La Justicia tiene que seguir siendo próxima a los ciudadanos, no hacerla solo para los que viven en grandes poblaciones, por lo que se van a mantener oficinas judiciales en los otros núcleos". 

-¿Qué papel tiene el Consejo General del Poder Judicial en esta reforma?

-Emitirá un informe, que no es vinculante. La política judicial en España la establece el Parlamento y la iniciativa legislativa la tiene el Gobierno. Lo que hace es informar los proyectos que después van a ser planteados en el Parlamento. Acorde con la experiencia que nosotros tenemos, en cuanto a que después somos los jueces los que aplicamos las leyes.

-Se propone la desaparición del partido judicial de Betanzos, donde se estrenó como juez.

-Así es, en el año 1985, le tengo un gran cariño a Betanzos por muchos motivos y también profesionalmente porque allí empecé.

-Desde esa experiencia ¿cómo puede afectar a una ciudad como Betanzos esta reforma?

-La fórmula que se plantea en el anteproyecto es concentrar los efectivos judiciales en muy pocas sedes, con el objeto de optimizar recursos y evitar las disfunciones que se producen actualmente, ya sea en carga de trabajo, de unos juzgados que están muy agobiados y otros que tienen menor peso, y evitar que en juzgados de la misma categoría se den soluciones diferentes al mismo problema. Eso sí, conlleva la supresión de los actuales partidos judiciales. Lo que hay que tratar es de combinar esos beneficios que se buscan con que la justicia siga siendo próxima a los ciudadanos, no alejarla, no hacerla solo para los ciudadanos que viven en grandes poblaciones, que son sedes de los tribunales, de forma que lo que se va a mantener son oficinas judiciales en esos núcleos.

-Pero la obligación de desplazamiento de los vecinos vuelve a penalizar el acceso a la Justicia.

-Lo que no puede pasar es que, a efectos del servicio público de la Justicia, haya ciudadanos de primera y de segunda. Por eso digo que lo que está en el espíritu del anteproyecto, que tenemos que informar y aportar, es combinar esos factores para que la gente que viva en esos núcleos de población más pequeños tengan un fácil, rápido y cómodo acceso a una serie de oficinas más cercanas. El mantenimiento de la situación actual, con tantos partidos judiciales, es un modelo que ha dado todo lo que tenía que dar. Y las comunicaciones cambiaron mucho, se llega mucho antes a los sitios.

-¿Cree que es posible realizar la reforma sin la contestación de los municipios afectados?

-Hay que tener una absoluta sensibilidad, primero en la formulación definitiva del proyecto. Estamos en una fase inicial importante porque hay un proyecto elaborado pero que será enriquecido por las aportaciones que haga el Consejo General del Poder Judicial, la Fiscalía General, y los órganos constitucionales llamados a informar. Después espera un largo proceso parlamentario y esa sensibilidad habrá que tenerla presente en todo momento para evitar lo que digo, que haya ciudadanos e instituciones municipales que se sientan maltratados por el nuevo modelo. Y al mismo tiempo el establecer esas oficinas judiciales, aunque sea un modelo distinto, que garantice un sistema radial que permita que la presentación de una denuncia, de una demanda, se pueda hacer en sitios más próximos, que sin tener que ir a esas sedes centrales de ámbito provincial.

-En cuanto a A Coruña, donde se concentraría la actividad, la comunidad judicial demanda un aumento de medios.

-La reforma exige algo que no existe aún, el pleno desarrollo de las nuevas tecnologías. No existe aún un proceso que sea absolutamente telemático, que permita la presentación telemática de escritos y así culmine hasta el final. Es importantísimo porque se ganará en seguridad y agilidad, y se evitan los parones actuales. Punto segundo, se necesita un número de jueces suficiente adecuado para atender las cargas de trabajo. La concentración de efectivos en unas pocas sedes va a ayudar a permitir una distribución más racional de esa carga pero hay que ver que ese número sea suficiente. Y en tercer lugar, la existencia de esas sedes principales tiene que coordinarse con oficinas, que hagan la justicia muy próxima a los ciudadanos.


Publicado o 26/04/2014 en www.laopinioncoruna.es

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Sin cobrar el paro por atasco judicial

Una mujer cuyo despido fue declarado nulo por el Tribunal Supremo espera el subsidio.

Desde hace cuatro años se mantiene en el limbo la ejecución de su sentencia. 

"Ayer vendí una docena de huevos, pero si los vendo no los comemos nosotros. Ya solo me quedan tres gallinas, porque otras dos se me murieron de hambre. En tiempos llegué a tener cuatro cerdos y 20 o 30 pollos. Pero ahora ni la huerta me da de comer. Este año llovió tanto que se me inundó varias veces, y si quieres que te hagan una obra para remediarlo tienes que pagar. Los niños, al mediodía, comen en el cole, y el viernes se van a casa del padre y ya comen allí. Menos mal. Porque el dilema mío es: o comes o pagas la hipoteca. Este mes, además, tengo que pagar la contribución municipal. Me dicen que hay que estar al día para optar a un abogado de oficio. Así que yo voy pidiendo prestado para la casa, pero debo tres meses. Si el día 1 no pago, el Popular me mandará otra vez la notificación para el embargo”.

María José Garza trabajó como limpiadora, cotizó con ello unos ocho años y tiene derecho a un paro que no cobra y que espera desde 2009. Explica que la empresa que la despidió, la monfortina JC Farmayor (del mismo conglomerado que Celtifarma, un almacén farmacéutico que cayó bajo la lupa de los inspectores de Sanidade, fue investigado por la Guardia Civil por supuesto tráfico de opiáceos y tiene abierta una causa en los juzgados de Monforte por presunto fraude fiscal), nunca la dio de baja. Y por esto, y porque la justicia mantuvo en un limbo —según un portavoz de los tribunales, a causa de un sinfín de escollos— la ejecución de la sentencia que declaró nulo su despido, vive en la pobreza extrema.

Fue la sala de lo Social del Tribunal Superior de Xustiza la que en diciembre de 2010 dictó la nulidad de su despido, un fallo que después ratificó el Supremo al no admitir siquiera el recurso de casación de la empresa. “El juzgado de lo Social número 2 de Lugo tenía que hacer efectiva la ejecución de la sentencia, pero hasta ahora no lo hizo”, explica de manera resumida María José. Un cúmulo de circunstancias, según el portavoz de los juzgados, entorpecieron este desenlace. Entre las muchas que cita, está “la imposibilidad de encontrar bienes embargables” a la empresa, que “sin embargo sigue dada de alta”. “Este no es un problema aislado”, continúa el portavoz: desde que arrecia la crisis, los juzgados de lo Social se encuentran atascados por situaciones parecidas, sobre todo en la provincia de Pontevedra. A expensas de esto y angustiados porque pasa el tiempo, los extrabajadores esperan cobrar mientras algún magistrado ordena “rastrear los movimientos bancarios y el patrimonio” de empresas que a estas alturas ya “no tienen nada a su nombre”. Llegados a este punto, cuando con unos medios que los propios jueces califican de precarios fracasa el intento de “trabar las cuentas” y realizar embargos para saldar las deudas con los empleados, se opta, al fin, por declarar insolventes a las sociedades. El caso de María José es límite. Cuatro años después de la sentencia del Superior, esta parada monfortina que ha quedado al margen del mercado laboral, (atrapada sin encontrarle explicación en algún engranaje del aparato judicial) decidió hacer público su caso. Pidió ayuda a través de los medios. Alguien en los juzgados, según cuenta, le había informado últimamente de que la empresa para la que trabajaba “nunca iba a ser declarada insolvente”.

Sin embargo, una semana después de telefonear este periódico a los tribunales, el pasado día 9, interesándose por su caso, María José ha recibido la buena nueva: desde el mismo juzgado de lo Social, cuenta ahora, le comunicaron este lunes la declaración de insolvencia. “En medio mes”, esta trabajadora podrá “solicitar el paro [le corresponden dos años] y recurrir al Fogasa”, del que calcula que debería recibir 40.000 euros por “la indemnización y los sueldos” que ha dejado de cobrar, aunque probablemente será bastante menos lo que al final ingrese. “A los niños les daba vergüenza que saliese en la prensa, pero es que ya no podía más”, reconoce. La solución llega, pero demasiado tarde, y por el camino María José y su familia han perdido muchas cosas. Al no poder acceder al paro, pidió una ayuda familiar de 426 euros, y cuando esta se agotó se acogió al Fondo de Integración Social, que también se acabó. Desde el 3 de diciembre del año pasado asegura que no percibió ya ningún tipo de subsidio.

Si no fuese porque de momento tiene techo y va pidiendo prestado aquí y allá, esta mujer y los hijos que viven con ella no habrían tenido, en los últimos meses, más que siete euros para “comida y recibos”. El padre de las criaturas les pasa “una pensión alimenticia de 187 euros”, pero 180 se van en la cuota de una hipoteca que ella firmó cuando era mileurista con 12 pagas anuales. Al comprar la casa, esta empleada de limpieza tenía un matrimonio y un trabajo. Ahora ya lleva dos divorcios. El del padre de sus cuatro hijos y el del hombre que más tarde llegó a su vida: “La convivencia”, tras el despido y la agonía judicial que se ha prolongado desde su denuncia, en 2009, “se complicó bastante”. “Reconozco que vivir conmigo, ahora, es dificilillo. Me despierto a las cuatro de la mañana y ya no puedo dormir”, dice María José. “Creo que fue mía la culpa de la separación. Él viene por aquí, e intenta ayudarme en lo que puede, a pesar de que los niños no son suyos. Su madre, mi exsuegra, también me echa una mano: un día me regaló medio cerdo, y de ahí comemos ahora”.

María José tiene cuatro hijos. “El mayor es Guardia Civil en Euskadi, tuvo que pedir un crédito, y ahora va a vender el coche para ayudarme”, contaba hace tan solo unos días, antes de recibir la última buena noticia de los juzgados. “Los otros tres son una chica de 21 años y dos mellizos, niño y niña, de 17. Este año, la verdad es que doy gracias a Dios de que los pequeños repitiesen curso... Así no hubo que comprar libros nuevos”. “La de 21 también pasa lo suyo: tiene fibromialgia, y no le puedo comprar las cosas que necesita”, sigue ahondando María José en las desgracias que le quitan el sueño cada madrugada. Ahora esta hija vive más con su padre que con ella por mera supervivencia. Con siete euros disponibles al mes, dar desayunos y cenas a dos bocas cada día es un infierno.

Empresa subvencionada

María José cuenta que el despido fue repentino: “Llegué como todos los días, en moto, a las siete de la mañana. Y ya no me abrieron. El burofax me lo mandaron luego, a las 11.30”. El grupo político Independientes de Lemos denuncia que tanto JC Farmayor, SL, como “otras cinco firmas relacionadas” figuraban en una lista que publicó el DOG (9 de mayo de 2011) como beneficiarias de otras tantas ayudas de Traballo e Benestar para la “implantación de planes de igualdad” en las empresas.

Las subvenciones iban de los 7.200 a los 8.400 euros. “¡Es tan injusto lo que me toca vivir. Un día de estos me cortan la luz!”, exclamaba antes de Semana Santa esta madre sin amparo. “Y mientras tengo que ver a mis antiguos jefes, gente influyente, con negocios dentro y fuera de Monforte, paseando con su ropa de lujo. ¡Se ríen de mí!”. En casa de María José, los pequeños ya se han acostumbrado a heredar las prendas. Solo en Navidad, cuando los Reyes Magos pasan por según qué casas, el hermano que viene del País Vasco “se lleva a los mellizos a Primark, y les compra ropa interior y alguna camiseta”.


Publicado o 26/04/2014 en www.elpais.com

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A beleza fireume para sempre. A obra de Xosé María Díaz Castro

Bos días dende Alternativas-Xustiza.

Este ano o día das nosas letras está dedicado a Xosé María Díaz Castro.

La empresaria que insulta a los trabajadores “que no valen para nada” es dueña de la firma que vigilaba el Madrid Arena

Mónica de Oriol es presidenta y principal accionista de Seguriber, encargada de vigilar el Madrid Arena la noche que fallecieron cinco jóvenes que asistían a una fiesta de Halloween en noviembre de 2012.

Los trabajadores de la empresa se movilizaron recientemente para protestar por la "degradación" de sus condiciones laborales.

Se queja de que la ley obligue a pagar un salario mínimo a trabajadores no cualificados, "aunque no valgan para nada".

La empresaria Mónica de Oriol, que se ha quejado de que la ley obligue a pagar un salario mínimo a trabajadores "aunque no valgan para nada", es la presidenta y principal accionista de la empresa Seguriber, encargada de la vigilancia del Madrid Arena la noche que fallecieron cinco jóvenes que asistían a una fiesta de Halloween.

Aquel 1 de noviembre de 2012, el responsable de la sala de videovigilancia no estaba en su puesto cuando se produjo la avalancha y tampoco llamó al 112. Hace unas semanas, el juez Eduardo López Palop imputó a ese vigilante de seguridad de la empresa de Mónica de Oriol.

En su página web, la empresa de Oriol presume de los siguientes valores en relación con sus empleados: "Nos preocupa la motivación, seguridad y formación de las personas que trabajan con nosotros". Pero la realidad, más allá de la página web, es diferente. A principios de año, los trabajadores se movilizaron para protestar por la constante "degradación" de sus condiciones laborales. Algo que no puede sorprender a la vista de las ideas de la dueña de Seguriber.

Mónica de Oriol, que es presidenta del Círculo de Empresarios, propuso este jueves pagar sueldos inferiores al Salario Mínimo Interprofesional (SMI) para los trabajadores menos cualificados y reducir la brecha del coste del despido entre los trabajos temporales y los indefinidos. De Oriol ha pedido así al Gobierno una "segunda vuelta" de la reforma laboral que habría de ir acompañada, en su opinión, de una mayor reducción de empleos en la Administración Pública y de una rebaja de cotizaciones para las empresas en el marco de la reforma fiscal.

De Oriol señaló que tras el estallido de la burbuja inmobiliaria, alrededor de un millón de personas, muchos de ellos jóvenes, han quedado sin trabajo ni cualificación, pero no considera acertado que la normativa obligue a pagar a estos trabajadores, "aunque no valgan para nada", un salario mínimo "que no producen". Ahora bien, añadió, "todos compramos cuando lo que se nos ofrece es a precio razonable".

La presidenta del Círculo de Empresarios declaró también que la actual prestación por desempleo no incentiva la búsqueda activa de empleo yfavorece situaciones de "parasitismo" entre los desempleados.

Comisiones Obreras reaccionó de forma inmediata a los insultos de Mónica de Oriol y emitió un comunicado en el que califica las palabras de la empresaria como “groseras ocurrencias, incompatibles con las más elementales exigencias de un sistema democrático”.

Publicado o 24/04/2014 en www.infolibre.es

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El Constitucional convierte en indefinido el plazo para recurrir el silencio administrativo

De esta manera, el ciudadano ya no tiene que estar agobiado o preocupado por que se le pase el plazo para volver a insistir en sus demandas. 

Hasta ahora cualquier particular que no recibía contestación de la administración ante un recurso (silencio administrativo) tenía de plazo seis meses para volver a insistir en su pretensión. Desde ahora, ese plazo de tiempo se convierte en indefinido y se podrá recurrir en cualquier momento.

La decisión del tribunal es relevante, según los expertos en derecho administrativo, porque el Constitucional ha defendido los derechos de los ciudadanos al decidir que si la administración no da respuesta a las reclamaciones presentadas, el ciudadano ya no tiene que estar agobiado o preocupado por que se le pase el plazo para volver a insistir en sus demandas. Hasta ahora, existía un plazo de seis meses para volver a recurrir. Con la sentencia del tribunal de garantías se podrá recurrir en cualquier momento.

El alto tribunal resuelve un caso de un particular a quién la comunidad autónoma de Castilla-La Mancha impuso una multa por haber podado encinas sin la autorización correspondiente. El hombre recurrió la sanción pero no obtuvo respuesta de las autoridades y volvió a protestar, esta vez por el silencio administrativo. El Constitucional entiende que cuando el silencio administrativo tiene sentido negativo (es decir, cuando desestima la petición del particular) el recurso que este particular puede volver a presentar no está sujeto a plazo temporal alguno. No existen limitaciones en el tiempo para que ese ciudadano pueda volver a recurrir.


Publicado o 25/04/2014 en www.cadenaser.com

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Auto del Supremo sobre la paga extra de Navidad retirada a los funcionarios

Ligazón ao Auto do Tribunal Supremo sobre a paga extra de Nadal, publicado polo Consello Xeral do Poder Xudicial


Auto TS Cont 02-04-2014 [pdf, 327,90 KB]

El Supremo lleva ante el Constitucional la supresión de la paga extra de los funcionarios

El Tribunal duda que suprimir la extra de forma retroactiva, tal y como se hizo en 2012, sea constitucional. 

Los magistrados aclaran que no dudan de su constitucionalidad "en sus efectos futuros, pero se ve obligada a hacerlo en sus efectos retroactivos o retrospectivos". 

El Tribunal Supremo (TS) ha planteado al Tribunal Constitucional (TC) una cuestión de inconstitucionalidad sobre la supresión a los empleados públicos de la paga extra de diciembre de 2012 al estimar que pudo vulnerar la prohibición de retroactividad de las leyes.

La decisión del pleno de lo Contencioso Administrativo del Supremo, que ha adoptado por unanimidad con el visto bueno de la Fiscalía y en contra de la Abogacía del Estado, deriva del recurso de un funcionario adscrito al Constitucional que demandaba la devolución de la parte proporcional de su extra de Navidad generada entre el 1 de junio y el 14 de julio y que cifra en 769,44 euros.

Los magistrados, que ya adelantaron su fallo el pasado marzo, aclaran que no dudan de la constitucionalidad de la medida "en sus efectos futuros, pero se ve obligada a hacerlo en sus efectos retroactivos o retrospectivos", es decir, que la supresión de la extra por decreto con efectos del 15 de julio afectó a derechos retributivos generados desde el 1 de junio de 2012.

En el sector público la paga extra de junio se corresponde con el periodo trabajado desde el 1 de diciembre anterior hasta el 31 de mayo, en tanto que la de diciembre se devenga entre el 1 de junio y el 30 de noviembre.

Por tanto, el decreto ley que suprimió la paga extra de diciembre y que entró en vigor el 15 de julio afectó a la parte devengada entre el 1 de junio y el 14 de julio, fecha hasta la que los empleados públicos mantenían el derecho a percibir las dos pagas extra en 2012.

"Entiende esta sala, así, que en el caso de la paga extraordinaria y otras retribuciones extraordinarias vinculadas a ella se está ante una retribución que constituye una contraprestación de un trabajo ya realizado y que, por tanto, guarda una evidente vinculación a la efectiva prestación laboral", dice el TS.
Por ello, considera que la supresión de la paga extraordinaria "sólo habría podido afectar a la parte de la misma que no se encontraba devengada al tiempo de su entrada en vigor, esto es, el 15 de julio de 2012".

Así, responde a la Abogacía del Estado que "no se puede mantener que se estaba ante una mera expectativa de derecho", pues "lo cierto" es que, llegado el 1 de junio de 2012, el derecho a la percepción de la extra de diciembre "ya había nacido y permanecía vigente durante ese intervalo temporal en el que los empleados públicos efectivamente prestaron su trabajo".

"No es admisible constitucionalmente afectar ablatoriamente a retribuciones ya generadas o efectos consolidados respecto de días efectivamente trabajados por el empleado público, ya que se incurre en una retroactividad", prohibida por el artículo 9.3 de la Constitución, concluye el Supremo.

EL TC ya ha admitido a trámite varias cuestiones de inconstitucionalidad sobre este asunto, entre ellas una presentada por la Audiencia Nacional.

Tras esta resolución, Comisiones Obreras ha pedido al Gobierno un "acuerdo urgente" para hacer efectivo este derecho de los empleados públicos y ha exigido que se abra un proceso de negociación para "recuperar el empleo y las condiciones laborales y salariales recortadas por los sucesivos gobiernos desde el inicio de la crisis".


Publicado o 25/04/2014 en www.eldiario.es

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Auto del Supremo sobre la paga extra de Navidad retirada a los funcionarios by eldiario.es

Consello de Ministros: Permisos xuíces, xubilación funcionarios e oposicións

O Consello de Ministros celebrado hoxe, 25 de abril, aprobou a remisión ás Cortes Xerais dun Proxecto de Lei que reforma a Lei Orgánica do Poder Xudicial para, entre outros aspectos, mellorar os permisos de xuíces e fiscais, que quedarán equiparados aos do resto da función pública, delegar nas Comunidades Autónomas que asumiron as competencias de Xustiza a xestión da xubilación do persoal ao servizo da Administración de Xustiza dos corpos xerais e especiais, así como as posibles prórrogas de permanencia no servizo, e suprimir a constitución obrigatoria dos tribunais delegados para o acceso aos corpos dos funcionarios da Administración de Xustiza.

Nota informativa do Ministerio

APROBADO UN PROYECTO DE LEY QUE MEJORA LOS PERMISOS DE JUECES Y FISCALES

Quedarán equiparados con los del resto de la función pública.

El Consejo de Ministros ha aprobado la remisión a las Cortes Generales de un Proyecto de Ley que reforma la Ley Orgánica del Poder Judicial para, entre otros aspectos, mejorar los permisos de jueces y fiscales, que quedarán equiparados a los del resto de la función pública. De esta forma, los miembros de la carrera judicial y de la fiscal dispondrán de cinco días en lugar de los tres a los que se les redujo en 2012 como consecuencia de la situación económica.

También se reforma la Ley Orgánica del Poder Judicial para delegar en las Comunidades Autónomas que han asumido las competencias de Justicia la gestión de la jubilación del personal al servicio de la Administración de Justicia de los cuerpos generales y especiales, así como las posibles prórrogas de permanencia en el servicio.

Con esta medida se persigue una agilización de los trámites de jubilación y una organización más eficiente, ya que se harán cargo de los mismos los órganos de las Comunidades Autónomas que ya gestionan todas las demás materias relativas al estatuto y régimen jurídico de este personal.

Tribunales delegados

Por otra parte, se suprime la constitución obligatoria de los tribunales delegados para el acceso a los cuerpos de los funcionarios de la Administración de Justicia, que en ocasiones han resultado poco operativos e innecesariamente costosos, además de producir un incremento de la litigiosidad.

La supresión de esta obligatoriedad afecta a los tribunales delegados que intervienen en estas pruebas selectivas realizando funciones meramente administrativas que pueden llevar a cabo otros órganos de esta naturaleza de la Administración autonómica. Estos tribunales delegados territoriales se podrán seguir constituyendo cuando lo aconsejen circunstancias de carácter objetivo, como el tipo de pruebas a realizar, el contenido de las funciones a desarrollar o el número de plazas convocadas, atendiendo siempre a criterios de racionalidad.

Medidas de la CORA

Este Proyecto de Ley Orgánica complementaria de racionalización del sector público y de medidas de reforma administrativa incorpora las medidas aprobadas en la Comisión para la Reforma de las Administraciones Públicas (CORA), constituida dentro del programa de reformas económicas gubernamentales que tienen como finalidad corregir ineficiencias y redundancias competenciales que implican gastos innecesarios y suponen falta de agilidad y transparencia.


Texto do proxecto:

140425 PLO_MODIFICACIÓN_LOPJ-CORA_WEB.PDF (PDF. 39 KB)

Los juzgados de Badajoz, sin fotocopiadora desde hace más de un mes

El secretario judicial alerta de la imposibilidad de trabajar. 

El Juzgado de Primera Instancia nº2 de Badajoz se encuentra desde hace un mes paralizado y sin posibilidad material de cursar sus tareas comunes. Así lo ha denunciado de forma oficial su secretario judicial, que ha plasmado en un escrito la situación a través de una diligencia elevada al Ministerio de Justicia, firmada el pasado 28 de marzo, y a la que ha tenido acceso EL MUNDO.

"Yo, el secretario judicial, mediante esta diligencia hago constar que no se puede cumplimentar el presente exhorto, toda que en este Órgano Judicial no dispone de fotocopiadora y el funcionario del Cuerpo de Auxilio está en situación de baja por enfermedad", detalla en la misiva. Desde la fecha de su denuncia, la situación no se ha solucionado a día de hoy, según han asegurado diversas fuentes a este periódico, que ratifican que la máquina en cuestión continúa estropeada.

Preme para ampliar

Al parecer, la situación no es nueva en los juzgados pacenses, que llevan denunciando los problemas técnicos también en otros juzgados de la región extremeña desde hace ya tiempo -desde el último año y medio aproximadamente- alertando de que esta situación se repite en una decena de órganos judiciales. En otras localidades lo han parcheado acudiendo el funcionario a realizar las fotocopias a otros juzgados que comparten edificio -a los que sí les funciona la fotocopiadora- pidiéndoles un favor a sus compañeros de trabajo.

Siguiendo esta extraña costumbre, así debería de haber ocurrido en éste también de Badajoz, porque en el edificio de la Avenida de Colón nº4 de la capital pacense se encuentran hasta cuatro juzgados, pero dichas fuentes ratifican que este secretario judicial se decidió a dar el paso y dejar constancia de los hechos por escrito, cansado de pedir favores a los compañeros. "En el mismo edificio sí hay otras fotocopiadoras, que sí funcionan, pero en otros departamentos", aseguran otras fuentes.

El problema -comentan fuentes de dicho juzgado- es que hace aproximadamente un año y medio se cursó de forma oficial al Ministerio de Justicia la petición de la necesidad de renovar varias fotocopiadoras en la región extremeña. Sin embargo, la orden de compra fue rechazada -aseguran- desde otro ministerio, en este caso el de Hacienda, por su elevado coste.

Se argumentaba que estaban intentando regularizar la adquisición de un gran volumen de nuevas fotocopiadoras no sólo para Extremadura sino para todo el país a través de una operación de leasing conjunta con la intención de ahorrarse los elevados desembolsos que ocurrían en épocas anteriores, cuando se adquirían una a una, y el precio era muy costoso.


Publicado o 24/04/2014 en www.elmundo.es

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Los jueces de Vigo reclaman una sede judicial autónoma

La junta de jueces aprobó por unanimidad reclamar la creación en Vigo de un tribunal de instancia con plenas atribuciones, en lugar de que la ciudad quede jerárquicamente subordinada a Pontevedra, como plantea el proyecto de Gallardón.

Los magistrados vigueses hacen oficial su rechazo al proyecto de reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial aprobada por el Consejo de Ministros y que apuesta por una configuración provincial de la justicia. La junta de jueces aprobó por unanimidad reclamar la creación en Vigo de un tribunal de instancia con plenas atribuciones en lugar de que la ciudad quede jerárquicamente subordinada a Pontevedra como plantea el proyecto de Gallardón.

El juez decano, Germán Serrano, hará llegar los acuerdos a la sala de gobierno del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia y al Consejo General del Poder Judicial para que analice las peticiones de los jueces de Vigo antes de emitir su informe definitivo sobre el proyecto legislativo.


Publicado o 24/04/2014 en www.farodevigo.es

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El juez Taín a los empresarios de Vigo: «A lentitude da Xustiza é responsable da crise»

Ve insuficientes las reformas de Gallardón y pidió ya la digitalización de la Justicia para evitar más quiebras de empresas «zombi». 

El titular del Juzgado de Instrucción Número 2 de Santiago, José Antonio Vázquez Taín, ha advertido hoy en un almuerzo con los empresarios de Vigo en el Círculo de Empresarios de Galicia y Club Financiero de Vigo sobre los efectos de la lentitud de la justicia en la microeconomía. El magistrado, que dirige el caso Asunta y sobre el que evitó pronunciarse, hizo una autocrítica y admitió parte de la responsabilidad de la Justicia en muchas quiebras durante la crisis del ladrillo e insistió en que ninguna reforma judicial, como la que plantea Gallardón, será eficaz si no acomete antes la digitalización de la Administración judicial para agilizar la tramitación de expedientes, lo que evitaría la quiebra en cadena de empresas que llegan muertas al concurso de acreedores en el juzgado de lo mercantil. «A lentitude da Xustiza creou empresas zombis porque a Xustiza é demasiado lenta para a sociedade comercial», admitió en su conferencia.

Para Taín, la dotación de más recursos en la Justicia habría permitido resolver con más rapidez las demandas de los preferentistas, lo que habría evitado una montaña de demandas como hay ahora. Recalcó que «se a primeira vez que se plantease unha preferente, a Xustiza dese unha resposta áxil, non teríamos esta cantidade inxente de demandas que teñen que presentar. Somos responsables dunha pérda económica importante dentro do país, non soubemos dar una resposta na crise en materia concursal para resolver todo e evitar que as empresas se liquidaran. Nós demos asumir a nosa responsabilidade pero a Xustiza, sin medios, é imposible que funcione», dijo a La Voz unos minutos antes de entrar en el almuerzo con los empresarios.

Taín dijo que si la Justicia tuviese capacidad y agilidad para resolver los conflictos de reclamación de cantidades, entre empresas o por delitos que afectan a la base de empresa se evitaría el llamado reparto equitativo de pérdidas. «Como unha empresa non paga, o concurso se retrasa, todo se dilata no tempo, ao final todos os acreedores desa empresa terminan perdendo os cartos e saen perxudicados porque a Xustiza non da unha resposta». dijo el magistrado.

El juez advirtió sobre la falta de medios en los tribunales y recordó que la forma de trabajar del personal de Justicia es «voluntarista» y, puso como ejemplo, que él mismo, en unos juicios de esta mañana, tuvo que carretar expedientes porque «botamos horas» en buscar papeles para preparar un juicio. Esto lo achaca a la falta de digitalización en los juzgados, algo con lo que sí cuenta la Sanidad, las entidades locales, la Agencia Tributaria o las propias empresas. «Co mesmo personal, co expediente dixital daríamos resposta», dijo.

Duda que las reformas que plantea el ministro de Justicia, Alberto Ruíz-Gallardón, para suprimir los partidos judiciales sirvan de algo. «Como outras reformas é facer que se fai», criticó. Asegura que en el plan de Gallardón falta la base porque si no le dan medios a la Justicia no se agilizará la tramitación, y eso se consigue con la informatización, da igual que se cree un juzgado o se concentren muchos.

«Se a Xustiza fose máis áxil se evitarían as empresas zombi ou que algúns habilidosos dilatasen o pago de débedas e unha vez que se lles colle catro anos despois, a liquidan e volven a empezar. Non damos resposta á sociedade comercial por ser demasiado lentos», concluyó.


Publicado o 24/04/2014 en www.lavozdegalicia.es

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Cheque infantil en escolas infantís 0-3 anos

No Diario Oficial de Galicia número 79, do 25 de abril do 2014, publícase a Orde da Consellería de Traballo, do 21 de abril de 2014, pola que se regulan as axudas económicas para atención da primeira infancia en escolas infantís 0-3 non sostidas con fondos públicos a través do programa Cheque infantil, e se procede á súa convocatoria.


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Lei pola igualdade de trato e a non discriminación de lesbianas, gays, transexuais, bisexuais e intersexuais en Galicia.

No Diario Oficial de Galicia número 79, do 25 de abril do 2014, publícase a Lei 2/2014, do 14 de abril, pola igualdade de trato e a non discriminación de lesbianas, gays, transexuais, bisexuais e intersexuais en Galicia.

Esta lei entrará en vigor o día seguinte ao da súa publicación no Diario Oficial de Galicia.

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25 de abril: Grandola, Vila Morena

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Bos días dende Alternativas-Xustiza

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Boas noites dende Alternativas-Xustiza.

Horario: Incidencias por servizos de garda

Publicado na intranet xudicial. 

Dende o día de hoxe está dispoñible a través da OPAX a incidencia parcial por horario e xornada especial, que deberá ser cuberta polo persoal que presta servizos de garda, para que o programa de control horario sume os tempos traballados fóra da franxa horaria xeral fixada polo calendario laboral vixente. Desta forma, calquera servizo motivado nun servizo de garda ou nun cambio da quenda de rexistro civil, realizado con posterioridade ás 18.30 da tarde e ata as 07.30 da mañá, en horario de inverno, ou dende as 17.30 da tarde e ata as 08.00 da mañá, en horario de verán, requirirá da cubrición da correspondente incidencia. Ao igual que o resto das incidencias de control horario, na súa tramitación non se require a sinatura por parte do superior funcional da unidade, ao que se lle habilitará unha opción de consulta na súa bandexa de entrada, para poder facer un seguimento das incidencias tramitadas polo seu persoal.

A forma de proceder nestas situacións será a seguinte:

• A incidencia deberase de realizar ao día seguinte da prestación dos servizos.

• Entrar na OPAX/Control horario/Parte individual de incidencia/Incidencia parcial por horario e xornada especial.

• Escoller o motivo (Servizo de garda/Cambio na quenda de rexistro civil) e seleccionar o día para o que se quere tramitar a incidencia.

• O programa recuperará as marcaxes realizadas para o día seleccionado, poñendo como hora de inicio a do remate da franxa xeral do horario, e como hora de fin a rexistrada en Kronos como saída para ese día. No caso de non haber marcaxes, cubrirase o correspondente apartado.

• Gardar a solicitude e asinala electronicamente. Dende ese momento, a incidencia pasará a estar dispoñible na bandexa de entrada do servizo de persoal correspondente. A través do apartado de consulta de incidencias poderase seguir o estado das peticións realizadas.

Sinatura electrónica das incidencias de control horario

Publicado na intranet xudicial. 

De acordo coas instrucións aprobadas por Resolución do 12 de febreiro, xa está habilitada a sinatura electrónica do parte individual de incidencias dispoñible na OPAX. As incidencias deberán rexistrarse ao día seguinte ou o primeiro día hábil de traballo tras a reincorporación ao posto. Dende o momento da sinatura, a incidencia pasará a estar dispoñible para o servizo de persoal correspondente, que procederá á súa validación e carga no sistema de control horario. Desta forma, para a tramitación de calquera incidencia de control horario, xa non é precisa a sinatura por parte do superior funcional da unidade, ao que se lle habilitará unha opción de consulta na súa bandexa de entrada, para poder facer un seguimento das incidencias tramitadas polo seu persoal.

As únicas situacións vinculadas co horario, cuxa tramitación tamén é telemática en todos os seus pasos, pero que si precisa da validación e sinatura electrónica por parte do superior funcional, son:

• Acumulación de horas por actuacións urxentes e inaprazables: no corpo da solicitude é preciso describir a xustificación das actuacións realizadas, incluíndo as horas da súa prestación, para poder aplicar as compensacións correspondentes. Ao seren validadas e asinadas polo superior funcional, enténdese como certificada a obrigatoriedade dos traballos, polo que non é preciso achegar ningún papel sobre as circunstancias, salvo requirimento do servizo de persoal correspondente.

• Solicitude de días de libranza por acumulación de horas: a súa tramitación é totalmente equiparable neste momento á dos días de permiso por asuntos particulares, sendo obrigatoria a tramitación electrónica.

• Nestes dous supostos, nos que é preciso o visado electrónico do superior xerárquico no caso de producirse calquera problema técnico neste paso, o funcionario deberá remitir a súa solicitude vía fax ao servizo de persoal no prazo máximo de cinco días hábiles dende o rexistro e sinatura electrónica por parte do interesado.