[28/11/2014] Novos avisos de desocupación de postos para a súa cobertura mediante substitucións entre titulares

Na intranet xudicial publicáronse novos avisos de desocupación de postos que se ofertan para a sua cobertura mediante substitución entre titulares con data 28 de novembro de 2014.

As prazas ofértanse conxuntamente para a súa cobertura en substitución vertical ou horizontal. De acordo coa normativa reguladora, terá preferencia a tramitación das substitucións verticais, e dentro de cada un dos apartados operan os criterios de preferencia determinados na norma.

Os avisos prodúcense pola necesidade de cubrir postos de traballo reservados aos funcionarios integrantes dos corpos xerais ao servizo da Administración de xustiza en Galicia, que actualmente se atopan desocupados por estaren vacantes ou por ausencia do titular por periodos de longa duración.

Os/as interesados/as nas substitucións poden presentar as súas solicitudes conforme ao modelo Anexo II, facendo constar no espacio adicado ao órgano xudicial, o órgano no que se atopa destinado, así como aquel para o que fai a súa solicitude.

A información sobre os postos ofertados pode consultarse no documento Avisos de desocupación (só accesible dende o posto de traballo)

[28/11/2014] Publicada a listaxe coas adxudicacións das últimas prazas ofertadas para a súa cobertura

Na intranet xudicial publicouse con data 28 de novembro de 2014 a listaxe coas adxudicacións da ultima publicación de prazas ofertadas para a sua cobertura en substitución entre persoal titular ao servizo da Administración de Xustiza en Galicia.

Poden consultar a información no documento adxudicación de posto (só accesible dende o teu posto de traballo)

Lesmes pide la marcha de la vocal que entró por Andorra con 9.500 euros

Pigem, miembro del Poder Judicial a propuesta de CiU, alega que el dinero se lo dio su madre.

El presidente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Carlos Lesmes, exigió ayer su renuncia a Mercè Pigem, vocal a propuesta de CiU en el órgano de gobierno de los jueces, que fue sorprendida intentando entrar en España desde Andorra con 9.500 euros en efectivo. La vocal viajaba en un coche con su hermana, que llevaba 10.360 euros. Lesmes convocó a Pigem por la mañana de manera urgente tras conocerse la noticia y le pidió que dejara el cargo, pero, según fuentes del Poder Judicial, todavía no había dado una respuesta a las 21.30.

El límite permitido de entrada de dinero efectivo sin declarar en España es de 10.000 euros, por lo que la vocal no lo superaba y los agentes no le abrieron expediente en la frontera. Pero sí se lo abrieron a su hermana, que excedía el tope permitido. Según publicó ayer El Periódico de Catalunya, ambas mujeres contaron a la Guardia Civil que su madre vive en Andorra y les había dado el dinero para hacer compras de Navidad en España. Pero otras fuentes aseguran que la madre vive habitualmente en Lérida.

La vocal contó ayer a Lesmes la misma versión que había dado a la Guardia Civil, pero el presidente del Poder Judicial le pidió que renunciara a su puesto. En un comunicado difundido tras reunirse con Pigem, Lesmes señaló que, aunque la conducta de la vocal no supone la “comisión de ningún delito ni infracción administrativa”, le había pedido que se marchara por entender que el órgano de gobierno de los jueces “debe ser expresión de ejemplaridad y generar confianza en los ciudadanos”. Estos valores “podrían verse comprometidos” por la situación creada por Pigem, añadió Lesmes.
El presidente del Poder Judicial no tiene potestad para destituir a los vocales, que son nombrados por la carrera judicial o por el Congreso y el Senado. A Pigem, abogada especializada en Derecho Matrimonial y de Familia, la nombró el Senado a propuesta de CiU.

El reglamento del Consejo contempla la posibilidad de que el pleno fuerce la salida de un vocal si lo votan tres quintas partes de sus miembros. Pero este mecanismo solo se prevé para cuando el vocal haya actuado mal en el ejercicio de sus funciones, por lo que no es aplicable en el caso de Pigem. La única opción que le quedaba ayer a Lesmes para que Pigem dejara el cargo era pedirle su renuncia.
La vocal escuchó al presidente, pero no le dio una respuesta. Se comprometió a estudiar la petición y a contestar “a la mayor brevedad posible”, pero no contactó con la cúpula del Poder Judicial durante la tarde de ayer, según fuentes de este órgano.

La vocal a propuesta de CiU es también uno de los seis miembros de la comisión permanente, el principal órgano de gobierno del Poder Judicial. Lesmes sí tiene competencia para proponer sustituir a un vocal por otro en esta comisión y, según fuentes consultadas, podría hacerlo aprovechando que a final de año hay que renovar el mandato de este órgano. El presidente puede proponer no cambiar a ninguno de sus miembros o sustituir a algunos, una opción que, según estas fuentes, podría activar si Pigem no renuncia. La votación para renovar a la comisión permanente se celebrará en el pleno previsto para el próximo 18 de diciembre.

Si Pigem renuncia al cargo en el Poder Judicial, la sustituirá como vocal el senador Antonio Álvarez Buylla, que en el acta de elección del actual Consejo figura, a propuesta del PP, como primer suplente de la abogada catalana.


Publicado o 28/11/2014 en www.elpais.com

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[28/11/2014] Consejo de ministros: Modificados los límites presupuestarios para invertir en nuevas tecnologías en la administración de Justicia

Acordos do Consello de ministros celebrado o 28 de novembro.

El Consejo de Ministros ha autorizado la modificación de los límites establecidos en la Ley General Presupuestaria para permitir la contratación de diversos proyectos de inversión en el ámbito de las nuevas tecnologías en la Administración de Justicia.

El Ministerio de Justicia, a través de la Subdirección General de Nuevas Tecnologías adscrita a la Secretaría General de la Administración de Justicia, tiene atribuidas las funciones de planificación estratégica, dirección y ejecución de la modernización tecnológica de juzgados y tribunales, así como del Ministerio Fiscal y de los registros de apoyo a la actividad judicial.

En ese ámbito, se ha justificado la necesidad de iniciar durante el presente ejercicio 2014 la ejecución de distintos expedientes de contratación de inversiones, con cargo a ejercicios futuros, relacionados con proyectos ya suscritos por parte del Ministerio de Justicia; proyectos de nuevas tecnologías para la Administración de Justicia que van a suponer en ese año un total de 51,2 millones de euros, 16 millones más que en el año 2014. Es decir, los Presupuestos de 2015 cuentan con un incremento del 41 por 100 para nuevas tecnologías en la Administración de Justicia.

Inversiones para 2015

Estas inversiones, estos 51,2 millones de euros, se distribuyen en cuatro programas de actuación:

• Organización de la actividad judicial, con una inversión total de 2,5 millones de euros, de los que 1,7 se destinarán al despliegue de la Oficina Judicial.
• Infraestructuras tecnológicas y servicios de la actividad judicial, programa al que se destinarán 40,6 millones de euros y en el que se incluyen programas estratégicos como el Expediente Judicial Electrónico y la mejora de la gestión procesal, con una inversión prevista de 2,9 millones de euros, y el Sistema Integrado de Justicia, de interoperabilidad entre los distintos Registros.
• Cooperación entre servicios de la actividad judicial. La inversión total de este programa será de 5,7 millones de euros, de los que 2,5 millones corresponden al esquema judicial de interoperabilidad y seguridad, LEXNET, el esquema compartido de datos, y 2,7 millones de euros al sistema integrado de Registros Administrativos de apoyo a la actividad judicial.
• Procedimientos de gestión de la Administración de Justicia, 2,2 millones de euros, aplicados a proyectos relacionados con el Portal de Subastas Electrónicas, que, como saben, llevará a cabo el Boletín Oficial del Estado; estrategia web, estadística judicial y cuadro de mandos.

El Acuerdo hoy aprobado eleva los límites establecidos en las leyes presupuestarias para adquirir ya compromiso de gasto con cargo a ejercicios futuros para facilitar la contratación de esta inversión.

Así, se modifica la encomienda de gestión a la entidad TRAGSATEC para la gestión de los registros de apoyo administrativo a la actividad judicial y sus plataformas, y a los sistemas de información del Ministerio Fiscal y otras actuaciones relacionadas con la modernización tecnológica de la Administración de Justicia. El coste de la misma asciende a una cuantía total de 6.594.585,69 euros, de los cuales 10.000 euros pertenecen al ejercicio 2014 y los 6.584.585,69 envíos restantes al año 2015.

ISDEFE

La adenda a la encomienda de gestión encargada a la entidad Ingeniería de Sistemas para la Defensa de España (ISDEFE), para la realización de actividades de mantenimiento del sistema de gestión procesal, cuenta con un importe total a suscribir de 1.469.784,76 euros: 20.575,59 de ellos durante 2014 y 1.449.209,17 en el próximo año 2015. En relación con ISDEFE, existe otra adenda relacionada con la realización de actividades de pruebas de verificación, certificación y compatibilidad (VVCC), cuadros de mando y Esquema Judicial de Interoperabilidad y Seguridad (EJIS), que supondrá un coste de 1.407.561,28 euros, repartidos entre los 1.064,11 euros correspondientes al ejercicio actual y los 1.406.497,17 euros de 2015.


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29N: sobran los motivos

Por Agustín Moreno.

La dignidad vuelve a la calle porque el Gobierno no ha dado ninguna respuesta a las necesidades populares. Porque la situación es insostenible para millones de personas.

Los tiempos oscuros que vivimos obligan a salir a la calle, que es uno de los mejores sitios para protestar. El movimiento de las Marchas de la Dignidad convoca de nuevo a la clase trabajadora, a la ciudadanía y a los pueblos. Se ha organizado una semana de lucha del 24 al 29 de noviembre que culminará el sábado 29N con una manifestación en Madrid que se prevé inmensa. Hay que recordar que el 22 de marzo participaron más de un millón de personas.

La dignidad vuelve a la calle porque el Gobierno no ha dado ninguna respuesta a las necesidades populares. Porque la situación es insostenible para millones de personas. Porque la herencia del Gobierno de Rajoy es insoportable y urge impulsar el cambio político. Porque siguen siendo válidas y urgentes las demandas por las que se convocó el 22 de marzo: pan, trabajo, techo… dignidad.

Las cosas desde entonces no han dejado de empeorar. El paro y la pobreza no remiten y afectan al 24% de los trabajadores y casi a la cuarta parte de la población; sigue el exilio laboral de nuestros jóvenes; la reforma laboral y de pensiones sigue empobreciendo a amplias capas de trabajadores activos y pasivos; no cesan los recortes contra servicios públicos esenciales como educación, sanidad, dependencia; siguen enajenando el patrimonio de todos con las privatizaciones.

Continúan los desahucios masivos a un ritmo de 150.000 al año. Cuando en un país se puede dejar a una anciana de 85 años en la calle, como ha pasado con Carmen Martínez, de Vallecas, y la tienen que rescatar unos futbolistas, difícilmente se puede hablar de democracia y de Estado de Bienestar.

Aquí no hay más recuperación que los beneficios de las grandes empresas del Ibex, para las que gobierna descaradamente el Partido Popular. Acabamos de conocer que las empresas ganan un 64% más hasta septiembre, mientras que los salarios suben sólo el 0,6%. Uno de los casos más paradigmáticos, por escandaloso, ha sido el colocar a todo el Estado al servicio de la multinacional Repsol para sus prospecciones petrolíferas en aguas de Canarias. Aunque las encuestas dicen que el 75% de los ciudadanos canarios están en contra, el Gobierno del PP ha negado la consulta con la amenaza de volver a utilizar al Tribunal Constitucional. También ha utilizado la Marina para impedir de forma brutal cualquier protesta, tal y como ha denunciado Greenpeace.

En medio de este saqueo a la población, la corrupción llega a cotas estratosféricas. Cada día nos indignamos con un nuevo escándalo de la rancia clase política. O con regalos gubernamentales a las empresas, como los 3.000 millones perdonados a las eléctricas o los 1.300 millones indemnizados por el proyecto Castor o el rescate a las entidades financieras (no devuelto) y a autopistas ruinosas.

Para intentar aplastar la protesta se procesa a cientos de trabajadores por ejercer el derecho de huelga. Y se quiere aprobar una ley mordaza a la carrera en el Parlamento, aunque sea una norma que atenta contra derechos democráticos fundamentales e instaure un estado policial.

Pero afortunadamente la situación política está cambiando. El PP está desgastadísismo y la mayor parte de sus dirigentes, desprestigiados y amortizados. El PSOE no levanta cabeza, lo que le obliga a colocarse en contra del artículo 135 de la Constitución. Hay una expectativa de cambio para la izquierda que la debería obligar a unirse para que no se frustren las esperanzas populares.

Es, por tanto, el momento de recuperar la movilización por muchas razones: para defender causas justas y para impulsar el cambio político. Sin movilización no hay garantías de que se produzca y de echar a la derecha. Sin un apoyo popular activo y masivo no se podrá aplicar el programa de transformación social que necesita este país y vencer las resistencias y dudas que aparezcan. Sería un error confiarlo todo al resultado de las urnas en la recta final de 2015.

Por todo ello, se necesita continuar resistiendo las agresiones sociales y exigir que se revierta la situación y se recuperen derechos. Lo que nos robaron con el BOE hay que recuperarlo con el BOE. Hay que seguir luchando por la regeneración democrática del país. Recuperando la acción política para los trabajadores y la ciudadanía, para que no quede en manos de incompetentes, interesados o corruptos. Abandonar ese espacio ha tenido graves consecuencias para todos. Ahora es el momento de salir a la calle a pasearnos a cuerpo, que diría Gabriel Celaya, para anunciar un tiempo nuevo.


Publicado o 26/11/2014 en www.eldiario.es

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Los jueces también tendrán libro de estilo

El Tribunal Supremo y la Real Academia Española han suscrito un convenio para elaborar un diccionario de términos jurídicos y un Libro de Estilo de la Justicia, cuya versión electrónica se cederá gratuitamente a todos los miembros de la carrera judicial.

El presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial, Carlos Lesmes, y el director de la Real Academia Española (RAE), José Manuel Blecua, han suscrito este miércoles un convenio de colaboración que tiene como objetivo la elaboración de un diccionario de términos jurídicos y la preparación de un Libro de Estilo de la Justicia. Con ello se pretende evitar que los ciudadanos tengan tantas dificultades para entender sentencias y otras resoluciones judiciales, en cuyo contenido se abusa de terminología demasiado técnica y se usa un estilo poco claro.

Concretamente, el texto del convenio señala que se pretende mejorar la “calidad expositiva y literaria” de las resoluciones judiciales ya que, si bien existen iniciativas dirigidas a lograr que el lenguaje de las leyes sea claro, el de la jurisprudencia, que también es decisivo para la claridad e interpretación del Derecho, “ha sido objeto tradicionalmente de menor atención”.

Según el convenio, está previsto que el libro contenga normas de escritura; formas de manejar los nombres, las abreviaciones y los signos; reglas gramaticales; errores frecuentes o utilización de términos de otros idiomas extranjeros, etc. tal y como lo hacen otros libros de estilo ya existentes en otros colectivos profesionales, como son los medios de comunicación.

El proyecto del diccionario de términos jurídicos estará dirigido por el académico de número y catedrático de Derecho Administrativo Santiago Muñoz Machado, que contará con un equipo de colaboradores formado por al menos cincuenta profesores universitarios entre los que habrá especialistas en cada una de las ramas principales en que el Derecho se divide académicamente. Los lexicógrafos de la RAE prestarán asistencia técnica al proyecto.

El CGPJ, por su parte, podrá proponer la incorporación a los trabajos de magistrados, jueces y letrados que, por razón de sus conocimientos y especialización, contribuyan al desarrollo y ejecución del diccionario. Mientras tanto, la elaboración del Libro de Estilo corresponderá en sus aspectos generales a un equipo de lexicógrafos de la RAE bajo la dirección de uno o varios académicos. La Real Academia requerirá del CGPJ la colaboración que precise en relación con la especialización jurídica que exige la preparación de esta obra.

El órgano de gobierno de los jueces cederá la explotación de los derechos de autor de las dos obras, mientras que la RAE se compromete a dar acceso de forma gratuita a todos los miembros de la Carrera Judicial a la edición electrónica del Libro de Estilo y del diccionario de términos jurídicos.


Publicado o 27/11/2014 en http://www.diariojuridico.com/

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El CGPJ podría sacar a concurso la plaza de Ruz la semana próxima, lo que impediría su renovación por 6 meses más

El sector progresista se opondrá a la maniobra por entender que afecta a la instrucción de causas clave y a la imagen del Consejo. 

El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) podría incluir en la Comisión Permanente que se celebrará el próximo martes la aprobación de un concurso público que afecta a 38 plazas de juez entre los que se encuentra la que ocupa actualmente el juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz lo que, de aprobarse, impediría la renovación del magistrado por seis meses más en este órgano.

Así lo han señalado a Europa Press fuentes del órgano de gobierno de los jueces, que señalan que la inclusión de este punto en el orden del día de la Comisión se conocerá mañana por la tarde.

El pasado 24 de junio el CGPJ acordó prorrogar por seis meses la comisión de servicio que el juez Pablo Ruz viene desempeñando en el Juzgado de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional, donde instruye causas como el denominada "caso Gürtel", la supuesta financiación ilegal del PP (papeles de Bárcenas) y otras de carácter económico o relacionadas con la justicia universal.

La Ley permite renovar dicha prórroga por seis meses más, hasta junio del próximo año, si bien para ello el magistrado debería haber solicitado dicha renovación y la Sala de Gobierno haberla informado favorablemente. No consta que esta petición de Ruz se haya producido, aunque el juez del caso "Gürtel" aún está en plazo para hacerlo.

CONCURSO CON OTROS 38 JUECES

No obstante, según las mismas fuentes, en vez de optar por esta vía el Consejo estaría estudiando incluir la renovación de la plaza de Ruz conjunto con otros 37 jueces de toda España que gozan del mismo estatus administrativo, denominado comisión de servicios. Todos sustituyen al titular del puesto mientras éste se encuentra cumpliendo otras funciones en servicios especiales.

Ruz, que tiene su plaza en el Juzgado de Instrucción número 4 de Móstoles, ocupa desde junio de 2010 el Central número 5 de la Audiencia Nacional mientras su titular, Miguel Carmona actúa de juez de enlace en Reino Unido.

El CGPJ estudia actuar en este asunto en cumplimiento del artículo 335 bis de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ), que prevé que los destinos cuyos titulares se encuentren en situación de servicios especiales se puedan cubrir por los mecanismos ordinarios de sustitución.

EL MÁS ANTIGUO LA OBTENDRÁ

De este modo, y de salir su plaza a concurso, la obtendría aquel que opte a la misma con mayor antigüedad, lo que dejaría a Ruz fuera de esta opción.

La incógnita sobre la inclusión no de este concurso en la Comisión Permanente de la semana pasada se desvelará mañana, que es cuando se dará a conocer el orden del día de la reunión. No obstante, fuentes consultadas han señalado a Europa Press que puede que el asunto se incluya en las previsiones y no llegue a abordarse.

En fuentes del sector progresista del Consejo se ha señalado que es previsible que los vocales Mar Cabrejas y Álvaro Cuesta se opongan a la aprobación de la medida, si bien ambos son minoría en un órgano del que también forman parte los vocales Juan Manuel Fernández, Gerardo Martínez Tristán -ambos designados a propuesta del PP- Mercé Pigem -a propuesta de CiU- y el propio presidente del Consejo, Carlos Lesmes.

En este sector se señala que Ruz todavía está en plazo de pedir la renovación y sería más razonable aplazar el concurso de esta plaza hasta junio del próximo año, que es cuando se agotan legalmente las posibilidades de volver a renovarle. Debería ser así dada complejidad de los asuntos que maneja de forma ya muy avanzada, como es el propio "caso Gürtel".

IMAGEN DEL CONSEJO

Las mismas fuentes apuntan lo perjudicial que sería para la imagen del Consejo apartar ahora a Ruz, a pocos días además de la inclusión por éste de la ya exministra Ana Mato en la citada causa como partícipe a título lucrativo. Podría ser interpretado como una maniobra política.

Según otras fuentes, hasta esta semana no se había hablado de incluir para una próxima discusión el concurso para las 38 plazas citadas de jueces que se encuentran en comisión de servicios sino el referido a las 282 previstas para dar una solución a los miembros de la Carrera Judicial en activo que ya han aprobado la oposición pero no tienen un destino asignado.

Entre las causas que instruye Ruz se encuentra el 'caso Gürtel', en el marco del cual ha propuesto juzgar a 43 personas por las actividades desarrolladas en la "primera época" de la trama (entre los años 1999 y 2005), y la pieza separada en la que se investiga la supuesta contabilidad B del PP a raíz de los denominados 'papeles de Bárcenas'.

Además, investiga el origen de la fortuna del hijo mayor del expresidente de la Generalitat de Cataluña, Jordi Pujol Ferrusola; el fichaje por el Fútbol Club Barcelona del brasileño Neymar; las torturas que habrían sufrido cuatro presos en la base estadounidense de Guantánamo; y dos causas sobre el genocidio que se habría producido en el Sáhara Occidental.

En materia económica el instructor que dirige el Juzgado Central de Instrucción número 5 persigue el falseamiento de cuentas en Caja Castilla-La Mancha y en la empresa Pescanova o la estafa masiva de Forum Filatélico.


Publicado o 27/11/2014 en www.europapress.es

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Nova Oficina Xudicial. Concurso específico para a provisión de postos de traballo para o Corpo de Secretarios Xudiciais.

No Boletín Oficial do Estado número 288, do 29 de novembro de 2014, publícase a Orde JUS/2211/2014, do 12 de novembro, pola que se convoca concurso específico para a provisión de postos de traballo para o Corpo de Secretarios Xudiciais.


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29-N: Eu vou

O 29N, Alternativas na xustiza galega estará en Compostela, na praza do Obradoiro

O 29-N as 12 no Obradoiro, reivindicación e festa

A partir das 12 da mañá nesa mítica praza do Obradoiro ateigada de camiñantes de todo o país. Todas e todos xuntos imos esixir unha vez máis que se vaian xa!!!

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Días inhábiles no ámbito da Administración Xeral do Estado para o ano 2015

No Boletín Oficial do Estado número 287, do 27 de novembro de 2015, publícase a Resolución do 17 de novembro de 2014, da Secretaría de Estado de Administracións Públicas, pola que se establece o calendario de días inhábiles no ámbito da Administración Xeral do Estado para o ano 2015, para os efectos de cómputos de prazos.

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El presidente del TS y CGPJ; partidario de un profundo cambio organizativo de nuestra justicia

Crear nuevas plazas y el fomento de la mediación ayudarían, al mismo tiempo a mitigar la litigiosidad de nuestro sistema judicial.

El presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial, Carlos Lesmes, reclamó ayer un profundo cambio en el modelo de organización de la Justicia española para adaptarla a las necesidades del siglo XXI y ha señalado que “si no hay una Justicia que funcione, no hay Estado de Derecho ni hay regeneración de las instituciones”. Durante su comparecencia ante la Comisión de Justicia del Congreso de los Diputados, Lesmes ha asegurado que la legitimidad de una institución se fundamenta y solo es posible desde el respeto a la ley, de manera que solo puede hablarse de Estado de Derecho cuando sus instituciones ejerzan sus poderes con plena sujeción al ordenamiento jurídico.

La garantía del sometimiento al imperio de la ley de los ciudadanos y de los poderes públicos, ha añadido, corresponde en última instancia a los jueces y magistrados que forman el Poder Judicial, de modo que solo será posible la efectividad del Estado de Derecho con una Justicia que funcione.

Entre las iniciativas para mejorar el funcionamiento de la Justicia en un país con una tasa de litigiosidad tan alta como la española, el presidente del TS y del CGPJ ha señalado la necesidad de crear nuevas plazas de jueces y el fomento de la mediación y de los sistemas alternativos de resolución de conflictos, pero también la de acometer un profundo cambio en el modelo de organización de la Justicia para adaptarla a las necesidades del siglo XXI.

Lesmes recordó, en este sentido, que la Ley Orgánica del Poder Judicial ha sufrido cerca de cuarenta modificaciones en treinta años de vigencia, y ha considerado que es precisa una nueva organización de los Tribunales, tanto territorial como funcional, una redefinición de la carrera de los jueces, el impulso de una oficina judicial moderna, la introducción y mejora del uso de las nuevas tecnologías y la potenciación de la seguridad jurídica con un nuevo diseño del recurso de casación y de la posición institucional del Tribunal Supremo.

En la misma necesidad de cambio, indicó el presidente del CGPJ, incurre la Ley de Planta y Demarcación de 1988, ya que desde su publicación el sistema de Justicia se ha visto sometido a los cambios de la sociedad española, con un incremento de la población de más del 15 % y un aumento de la litigiosidad del 100 % en los últimos veinte años.

Aunque se han creado más de 2.500 plazas judiciales y diversos órganos de nuevo cuño –como los Juzgados de Violencia de Género, los de lo Mercantil, los de Menores o los de lo Contencioso-Administrativo-, ello no se ha traducido en una disminución exponencial de la pendencia, acreditándose lo inadecuado de la organización judicial a la nueva realidad española.

Durante su intervención en el Congreso, el presidente del TS y del CGPJ también ha hecho balance de los compromisos adquiridos en su comparecencia del pasado 13 de mayo y ha avanzado los datos de actividad de los Juzgados y Tribunales durante el primer semestre de 2014.

Fiel a su compromiso de convertirse en “la casa de todos los jueces”, el CGPJ ha puesto en marcha distintas medidas para potenciar la agilización y la eficacia administrativa en las cuestiones que afectan a la carrera judicial, entre ellas la implantación del sistema de gestión gubernativa Servicios Técnicos-Comisión Permanente y la homogeneización, publicación y distribución entre la carrera judicial del criterio del Consejo sobre aspectos de interés profesional: compatibilidades, licencias formativas y de enfermedad, concursos de traslado, jubilación anticipada, etc.

Algunos parlamentarios le preguntaron por el futuro de los jueces sustitutos, colectivo apartado de la carrera judicial hace casi dos años por una normativa que aprobó el Ministro Gallardón. A este respecto, Lesmes fue bastante lacónico “ Sé que han ganado sentencias que reconocen su antigüedad y trienios y que ahora siguen con otras reclamaciones”, comentó sin querer profundizar en una problemática que afecta a más de 1300 jueces y fiscales apartados de la carrera judicial y que hoy, día de las elecciones a los miembros de Sala de Gobierno de los TSJ no podrán con casi toda seguridad votar.

Radiografía de la Justicia en España: primer semestre de 2014

Durante los primeros seis meses del años, en los Juzgados y Tribunales españoles ingresaron 4.424.561 asuntos y fueron resueltos 4.569.211. El número de asuntos en trámite a 30 de junio era de 2.539.665 y la cifra de sentencias dictadas hasta esa fecha de 846.823.

Jurisdicción	Ingresados	Resueltos	En trámite	Sentencias
Penal	3.125.276	3.221.487	959.502	379.987
Civil	963.463	994.687	998.283	263.906
Contencioso	106.398	127.748	235.767	83.648
Social	229.259	225.138	346.001	119.280

Las cifras indican que la tasa de litigiosidad global apenas ha experimentado variación (0,6 %), aunque se observa un aumento en la jurisdicción civil (13,3 %) y en la contencioso-administrativa (8,5 %) y un descenso en la penal (2,4 %) y en la social (7,1 %).

Por otra parte, la tasa de resolución global ha disminuido un 2,4 %, aunque la de pendencia ha bajado el 2,2 % y la de congestión se ha reducido en un 0,7 %.

Los datos indican asimismo que la duración media de los procedimientos ha bajado considerablemente respecto al primer semestre de 2013 –un 3,9 % en primera instancia y un 8,7 % en segunda instancia-, salvo en el Tribunal Supremo, donde ha aumentado un 2,5 %.


Publicado o 26/11/2014 en http://www.lawyerpress.com/

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La Administración de Justicia: ¿un problema sin solución?

La falta de medios personales y técnicos, el consiguiente colapso de los tribunales o el amplio tiempo de resolución de las causas son algunos de los problemas visibles que hay que solucionar en la Justicia.

La Administración de Justicia lleva años sufriendo evidentes carencias de medios profesionales, económicos y técnicos. La aparición de innumerables causas de corrupción, sumado a los recortes presupuestarios a raíz de la crisis, ha mostrado el evidente colapso de los tribunales.

En esta retrospectiva sobre los problemas de la Justicia, el presidente del Consejo General de la Abogacía Española, Carlos Carnicer, y los portavoces de Jueces para la Democracia (JpD) y Asociación de jueces Francisco de Vitoria (Ajfv), Joaquim Bosch y Marcelino Sexmero, respectivamente, comparten con EXPANSIÓN sus propuestas para mejorar el sistema.

Falta de inversión

Una de las mayores dificultades que sufre la justicia española es la falta de presupuesto con la que cuenta. "Éste es el problema con mayor peso. Si no se desbloquea dinero para adaptar nuestra justicia al siglo XXI, ningún cambio será posible y no conseguiremos nada", explica Carnicer.

"Tenemos una evidente falta de medios y esto provoca que contemos con una justicia infradotada en todos los sentidos: en gastos en justicia, en número de jueces y en medios técnicos e informáticos. Es difícil poner una cifra exacta, pero es evidente que el Gobierno debería entender que la justicia es un apartado en el que siempre hay que invertir para el buen funcionamiento del país, como sucede en Alemania", completa Bosch.

Número de jueces

Otro de los asuntos que merma la falta de eficacia y agilidad de nuestra administración de justicia es, según estos expertos, la escasez de jueces.

"Estamos muy por debajo de la media de la UE en el número de jueces por habitante. No sólo no nos acercamos al ratio medio europeo –21 jueces por cada 100.000 personas, según la Comisión–, sino que nos faltan 10 jueces por cada 100.000 ciudadanos para alcanzar ese nivel. Necesitamos duplicar nuestra cifra de magistrados y pasar de los 5.155 actuales a unos 9.000 ó 10.000", comenta Sexmero.

Evolución tecnológica

"Tecnológicamente estamos anclados en el pasado. Contamos con sistemas informáticos de mediados del siglo XX, cuando estamos en 2014", dice el portavoz de la Ajfv.

Un dato que corrobora Bosch y que completa al afirmar que "la Administración de Justicia sufre carencias estructurales e informáticas de peso. No es lógico que el sistema utilizado por la Fiscalía no sea compatible con el de ciertos juzgados o el utilizado en las diferentes comunidades autónomas. Tenemos que tender a la eliminación de papel".

Por su parte, Carnicer pone como ejemplo a seguir el expediente electrónico de justicia gratuita desarrollado por el CGAE.

Los tres aseguran que si se hubiera realizado hace 15 ó 20 años una inversión semejante a la realizada en la Agencia Tributaria o en la Seguridad Social, la situación de la justicia española actual no tendría nada que ver.

Normativas poco eficaces y con mala dotación

La polémica ley de tasas es el ejemplo escogido por los tres expertos como una reforma innecesaria y que ha generado una justicia menos eficaz y que ha limitado drásticamente el acceso de los ciudadanos a ella.

También coinciden en citar como un gran fracaso la ley orgánica sobre la Oficina Judicial. "Esta herramienta lleva 10 años estancada por falta de una inversión adecuada. Es evidente que este sistema habría generado una justicia más eficaz, pero si éste no va acompañado de una dotación adecuada, nunca podrá echar a andar", asegura el portavoz de JpD.

Reformas necesarias

Sexmero afirma que una de las normas que deberían revisarse con urgencia es la Ley de Enjuiciamiento Criminal, "ya que no se adapta a los tiempos actuales, a las nuevas técnicas de investigación y no aporta las garantías suficientes a muchos procesos".
De la misma opinión se muestra el portavoz de JpD, que asegura que "se trata de una ley del siglo XIX, farragosa y que no tiene en cuenta la delincuencia actual".

(Re)organización

Para Bosch, el sistema organizativo de nuestra justicia "es igualmente del siglo pasado y no se ajusta a las necesidades actuales y por eso hay que llevar a cabo una reforma profunda y estratégica, para repartir mejor la carga de trabajo y apoyar a los tribunales más sobrecargados. Pero esto no se debe de hacer mediante la centralización, porque esto implicaría alejar la Administración de Justicia de los ciudadanos".

Corrupción y sobrecarga

Frente a la sobrecarga de trabajo de los jueces que se hacen cargo de macrocausas, además de los asuntos de su tribunal, Carnicer apuesta por una suerte de liberación del magistrado de los asuntos con menor peso.

Por su parte, Bosch cree que "se está empezando a apoyar a estos jueces, pero es necesario hacerlo más y mejor, para que las macrocausas se resuelvan antes y la ciudadanía perciba que la justicia es justa y eficaz".

Arbitraje y mediación

Tanto Bosch como Carnicer creen que el arbitraje y la mediación pueden servir de alivio a la Administración de Justicia, pero nunca serán la solución a sus problemas.
Sexmero, por su parte, sí cree en la mediación y piensa que "sería una buena medida para aligerar los procesos penales y evitar conflictos judiciales. Pero siempre que contara con una ley ambiciosa".

Pacto de Estado

Otro asunto en el que los tres juristas coinciden es en la necesidad de alcanzar un pacto de Estado que dé estabilidad a la justicia española y que prevea un plan de inversión a largo plazo.

De esta manera, la justicia no sufriría los vaivenes generados por los cambios de color político del Gobierno y no viviría desinversiones presupuestarias por la situación económica del país.

Ministro fuerte

Según Bosch, todos los cambios estructurales y estratégicos necesarios para que todo funcione mejor y de manera más ágil sólo pueden venir de la mano de un ministro "fuerte, conocedor de los entresijos de la justicia, concienciado con la necesidad de cambios y que cuente con un equipo ministerial muy técnico e informado".

Decálogo para un buen funcionamiento

Carlos Carnicer, Joaquim Bosch y Marcelino Sexmero creen que existen muchos asuntos por resolver para que la justicia sea más ágil y eficaz, pero proponen ciertas soluciones para cambiar el sentido de esta Administración del Estado:

1. Apostar por la justicia en los presupuestos generales del Estado y adecuar las cifras de inversión a las medias de los mejores miembros de la UE.

2. Ampliar definitivamente el número de jueces para, una vez más, ponerse a nivel de la media europea. España necesitaría duplicar su cifra actual.

3. Mejorar los sistemas informáticos para lograr el objetivo de papel cero.

4. Centrarse en las reformas importantes que permitan agilizar la justicia, como el cambio de la Ley de Enjuiciamiento Criminal.

5. Que antes de generar un cambio legislativo se tenga en cuenta la dotación económica necesaria para llevarla a cabo.

6. Realizar una reforma profunda de la organización actual del sistema judicial.

7. Ampliar el apoyo en cuestión de personal y en asuntos técnicos de los jueces que se enfrenten a macrocausas.

8. Dotar al sistema del arbitraje de una buena ley para que sirva de alivio a la carga de trabajo de los tribunales.

9. Alcanzar un pacto de Estado en cuestión de justicia para realizar cambios a largo plazo.

10. Contar con un ministro conocedor de los problemas que esté dispuesto a realizar cambios radicales para solventarlos.


Publicado o 26/11/2014 en www.expansion.com

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Los funcionarios de los juzgados de Familia de Vigo ven ´insostenible´ su situación y urgen la sala de refuerzo

Trabajadores comparecieron hoy para denunciar demoras en juicios por la falta de medios. Urgen la sala de refuerzo.

Una buena parte de la plantilla de funcionarios de los dos juzgados de Familia de Vigo comparecieron hoy para denunciar la situación "insostenible" y de "colapso" que atraviesan estas salas por la falta de medios. Los trabajadores urgen el juzgado de refuerzo y que de "forma inmediata" se creen nuevas plazas de funcionarios.

El personal, en una rueda de prensa con el portavoz de Alternativas na Xustiza-Cut Pablo Valeiras, denunció que la elevada carga de trabajo impide llevar un control de las incapacidades que corresponden a estos juzgados, causan demoras de hasta cuatro meses en juicios para decretar medidas provisionales urgentes de guarda custodia o alimentos en procesos de divorcios y retrasa la entrega de las certificaciones que demandan los ciudadanos.

Estas salas sufren una carga de trabajo que supera el 150% en función de los módulos que fija el Consejo General del Poder Judicial. La petición del juzgado de refuerzo ya realizada y elevada por el decanato vigués está "en estudio" pendiente de abordarse en Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia.


Publicado o 26/11/2014 en www.farodevigo.es

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Os funcionarios dos xulgados de Familia en Vigo piden reforzos para evitar o colapso

Admiten que non poden facer os controis a anciáns e incapacitados, o que xera situacións de desamparo. 

Os funcionarios dos dous xulgados de Familia de Vigo pediron esta mañá o envío de reforzos para evitar o colapso porque a situación é «insostible», segundo dixo o sindicalista de Alternativas dá Xustiza-Cut.

Alegan que os inspectores do Poder xudicial admiten que a carga de traballo de Familia en Vigo están por encima do 180 por cento por encima do normal. Engaden que de cada execución dun procedemento se ramifican outras causas separadas polo que hai máis casos que non son visibles nas estatísticas. A iso súmanse as visitas durante a semana de garda a inspeccionar xeriátricos nos que non se celebran xuízos.

Tamén teñen que facer un seguimento de 150 persoas á semana e revisións mensuais de cen asuntos.

Perigos da saturación

Segundo Valeiras, os xulgados deben revisar 400 incapacidades e controis semestrais aos titores dos incapacitados pero que os propios traballadores admiten que non se poden facer por falta de tempo. Pode crear situacións de desamparo se un titor ten a man longa, «que os hai».

O traballo tamén aumenta polas modificacións de medidas de divorciados que quedaron en paro e que tardan seis meses en resolverse, o que xera tensión e denuncias por incumprimento de pagamentos de pensións.

Agora mesmo, os xuízos que entran hoxe sinálanse para maio, o que xerará un colapso, segundo din. Culpan á Dirección Xeral de Xustiza por non tomar medidas e que permitiu tres semanas a cubrir tres vacantes.

Engaden que os funcionarios atenden fóra de horario aos afectados do público para non prexudicalos. Os funcionarios piden a creación dun novo xulgado de Familia, ou ben un reforzo e denuncian que a Xunta amortizou unha praza de tramitador.


Publicado o 26/11/2014 en www.lavozdegalicia.es

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26/11/2014, ás 13:15. Asemblea de Alternativas en Vigo

A violencia contra as mulleres que non cesa

No que vai de ano morreron en Galicia 6 mulleres por violencia machista, máis do dobre que en 2013. No Día da Violencia de Xénero realizaranse marchas nas principais cidades galegas contra esta lacra.

Día triste para as mulleres. Este 25 de novembro conmemorase o Día contra a Violencia de Xénero, un día que no que se tería que celebrar o cese ou a diminución desta lacra en Galicia pero no que as cifras din todo o contrario.

E é que no que vai de ano, seis mulleres morreron por violencia machista, o que supón duplicar a cifra de falecidas en 2013 e constitúe o número máis elevado desde 2008, cando se produciron 7 mortes na Comunidade.

De feito, ao longo do primeiro semestre de 2014 presentáronse un total de 2.569 denuncias por violencia de xénero, cifra lixeiramente superior ás 2.552 presentadas no mesmo período de 2013. Destas denuncias, 1.098 presentáronse na provincia de Pontevedra, 917 na Coruña, 305 en Lugo e 294 na provincia de Ourense.

Sen embargo, as ordes de protección ditadas foron menores. Os xulgados galegos comunicaron até o mes de novembro un total de 694 ordes, entre medidas cautelares e ordes de protección e afastamento, fronte ás 834 rexistradas na mesma data de 2013.

Estas cifras e o empeoramento da situación teñen feito que todos os partidos galegos, sen excepción, teñan criticado a situación de indefensión na que se atopan moitas mulleres en Galicia e piden medidas de visibilización desta violencia na sociedade. Con todo, os grupos da oposición denuncian que esta situación ten que ver cos recortes públicos do Goberno de Alberto Núñez Feijóo.

Este martes, e para denunciar esta situación, celebraranse marchas en varias cidades galegas e mesmo xa se activou un hashtag en twitter #ForaMachismo25N.

25N

As convocatorias da Marcha Mundial das Mulleres terán lugar en:

Vigo: martes 25 ás 20h manifestación, saída dende a Farola de Urzaiz

Ourense: martes 25 ás 20.30h na Praza do Ferro
Ferrolterra: martes 25 ás 20h na Praza da Escola de Fene

Compostela: martes 25 / ás 20h na Praza 8 de Marzo, manifestación conxunta do movemento feminista

Pontevedra: martes 25 ás 20h na Praza da Peregrina

Publicado o 25/11/2014 en http://www.galiciaconfidencial.com/

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El Día Contra la Violencia de Género, 10 años después

Por Susana Gisbert. Fiscal. Fiscalia Provincial de Valencia

Un año más, se nos cae encima el Día contra la Violencia de Género con un montón de mujeres muertas durante el año, y muchísimas más mujeres maltratadas, algunas con un procedimiento pendiente ante los Juzgados y otras de las que apenas nadie sabe nada porque ni siquiera se han atrevido a denunciar. Tan solo unos días más tarde, nuestra ley integral cumplirá diez años, ahí es nada. Por ello, es una buena ocasión para hacer balance.

La ley, como todos sabemos, fue fruto del consenso, lo que ya la convierte en rara avis. No es fácil encontrar en nuestro país alguna cosa en la que todos los grupos políticos se pongan de acuerdo. Y el instrumento ideado para la lucha contra la violencia de género lo consiguió. Así de importante es la cuestión, aunque a veces parece olvidarse. No lo perdamos de vista.

He oído muchas voces que afirman que la ley ha sido un fracaso. Que las más de 700 mujeres muertas en los últimos diez años no son sino la terrible prueba de este fracaso. Pero, aunque la cifra es espeluznante, yo no comparto ese punto de vista. Creo que hemos avanzado aunque aun nos queda, por desgracia, un largo camino por delante. Y la ley ha sido el medio de transporte que nos traslada en ese viaje. Un medio que despegó como un cohete pero que, en algunos tramos del camino, parece haber vuelto a los tiempos de los coches de caballos.

La ley es una buena ley, ya lo he dicho muchas veces. Pero un buen texto no es una varita mágica que todo los solucione con el poder de sus artículos. Ya quisiéramos. Y si no se desarrolla debidamente, y faltan medios, pues corre el riesgo de convertirse en papel mojado. Y eso es algo que debíéramos evitar a toda costa.

Cuando se habla de la ley contra la Violencia de Género, se usa el nombre, pero se olvida el apellido, “Integral”. Y ahí radica gran parte del problema. Al referirnos a esta horrible pandemia –no uso el término “terrible lacra social” porque a base de utilizarlo se ha quedado hueco-, las primeras imágenes que se nos vienen a la cabeza son las de mujeres asesinadas, las de juicios, juzgados y denuncias. Y parece lógico, porque ésa es la parte que ha trascendido de la ley, la parte penal y judicial, dejando bastante abandonado todo lo referente a educación y prevención, como si fueran meros principios programáticos. Y así nos va.

En diez años de vigencia de la ley integral lo que puede constatarse es una hipertrofia de su parte represiva en detrimento de una atrofia del resto. Y olvidamos que el Derecho Penal, y toda la maquinaria judicial que lo acompaña, no hace otra cosa sino gestionar el fracaso. Actúa cuando ya se ha cometido un delito, adoptando las medidas para el castigo del culpable y para la protección de la víctima pero cuando esta ya es eso, una víctima. Los juzgados de violencia sobre la mujer y la fiscalía necesitamos un presupuesto para entrar en acción: la comisión de una infracción penal. Y el fin último de la ley debería ser exactamente el contrario, que no se llegara a cometer infracción penal alguna. Y aquí es donde andamos rezagados en la carrera. Y donde debería ponerse el acento.

¿Puede decirse por ello que ha fracasado la ley? Mi respuesta es un rotundo “no”. Quienes han fracasado, en todo caso, son los gestores encargados de que esta se cumpla. Y también una sociedad que no está todo lo concienciada que debería estarlo, quizás porque quienes tienen el poder de espolear nuestras conciencias no lo utilizan, o no lo hacen con el suficiente ímpetu.

Porque diez años tras la entrada en vigor de la ley integral, nuestra especialización sigue siendo un camelo en muchos casos, ya que la mayoría de juzgados de Violencia sobre la Mujer –mas allá de las grandes capitales y de algunas otras ciudades- no son otra cosa que juzgados mixtos a los que se ha añadido la etiqueta y las competencias de esta materia. Y aun en la mayoría de los especializados, ni siquiera hay servicio de guardia ni atención fuera de las horas laborables. Pero, con todo y con eso, seguimos trabajando en ello. Como no podía ser de otro modo. Con las enormes carencias que sufrimos todos en justicia. Y valiéndonos de una ley del siglo XIX que, entre otras cosas, consagra el derecho a que la víctima pueda echarse atrás en cualquier momento, y que pide a gritos un cambio radical.

Sin embargo, como decía, seguimos trabajando. Porque mientras siga existiendo el machismo que late en la base de nuestra sociedad, no nos faltará el trabajo, por desgracia. Mientras siga recortándose en recursos para estas mujeres, seguirán ocultando el maltrato entre los muros de su casa. Mientras la publicidad y los medios de comunicación sigan mostrándonos un día tras otro imágenes que perpetúan los roles de desigualdad entre hombres y mujeres, seguirán cometiéndose estos delitos. Y seguiremos siendo necesarios.

La ley es mejorable, desde luego, pero la mayor mejora que necesita es que se cumpla. Ni más ni menos. Para que llegue el día en que nuestro trabajo no sea necesario.


Publicado o 25/11/2014 en http://www.lawyerpress.com/

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Falece o fiscal xefe de Lugo, Juan José Begué

Ocupaba o cargo na capital lucense desde o verán do pasado ano.

O mundo xudicial de Lugo levantouse consternado esta mañá coa noticia do falecemento do fiscal xefe de Lugo, Juan José Begué, que morría no seu domicilio da Coruña. Begué ocupaba o cargo de fiscal xefe de Lugo desde o verán do pasado ano e baixo o seu mandato fóronse desenvolvendo algunhas das macrooperaciones que están en marcha na cidade. Juan José Begué, nacido en Huesca en 1970, comezou a súa carreira como fiscal en 1997, cando foi destinado á Fiscalía Provincial de Xirona. No 2008 incorporouse á Fiscalía Provincial da Coruña.


Publicado o 25/11/2014 en www.lavozdegalicia.es

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El anteproyecto de Ley de Colegios profesionales prevé la liberalización de los aranceles de los procuradores

La Ley de Servicios y Colegios Profesionales puede suponer una rebaja importante de aranceles para los procuradores. Si finalmente el texto es aprobado como proyecto de ley por el Consejo de Ministros, los aranceles dejarán de ser una tarifa fija para convertirse en la cuantía máxima que estos profesionales podrán cobrar por sus servicios, abriendo la puerta a una liberalización de precios.


Según un artículo firmado por Almudena Vigil en el diario Expansión, así aparece reflejado en el último texto del Anteproyecto que circula actualmente y con el que podrían estar negociando los diferentes ministerios implicados. El texto tiene fecha del 11 de noviembre y va acompañado por una memoria de impacto normativo de la misma fecha.

Esta última versión contempla la aprobación de un real decreto que, “con el fin de incentivar la competencia entre procuradores y evitar aranceles desproporcionados y prácticamente ilimitados”, regule el arancel de acuerdo con una serie de parámetros. En este sentido, la cuantía del mismo tendrá carácter de máximo y los procuradores estarán obligados a entregar un presupuesto previo a sus clientes en el que conste expresamente la disminución ofrecida respecto del tope previsto en la normativa. En caso de que no haya disminución, también tendrá que reflejarse este hecho.

Además, la cuantía global que podrán cobrar por un mismo asunto, actuación o proceso no podrá exceder de 75.000 euros, una cifra que se ha visto reducida respecto al texto que circulaba el pasado mes de julio, con el tope en 150.000 euros. En la regulación vigente, el límite está en 300.000 euros.

Respecto a los procesos concursales, el anteproyecto apunta que “la base para regular los derechos que se devenguen será el 50% del pasivo resultante de la lista definitiva de acreedores presentada por la administración concursal”.

Sin embargo, todas estas medidas dependen de la aprobación de un real decreto tras la entrada en vigor de la nueva ley. Mientras, la reforma establece medidas que serán de aplicación inmediata una vez aprobada la norma. Es el caso de la rebaja generalizada de la cuantía de los aranceles.

Rebaja de aranceles

La cantidad a pagar disminuirá en un 10% cuando la cuantía del procedimiento sea de hasta 601.012 euros –es decir, la gran mayoría de los pleitos–; en un 30%, cuando la cuantía esté comprendida entre 601.012, 01 euros y 10 millones de euros; en un 40%, cuando sea de entre 10 millones de euros y 50 millones; en un 50%, para pleitos de entre 50 millones y 100 millones de euros, y en un 60%, cuando la cuantía supere los 100 millones de euros.

En la actualidad, la norma que regula el arancel permite un incremento o disminución de hasta 12 puntos porcentuales cuando así lo acuerde expresamente el procurador con su cliente.

El texto ha descartado la opción de eliminar por completo el arancel, que sí aparecía inicialmente. La razón, según apunta la memoria de impacto, es que ello podría hacer que se fijaran tarifas por encima de lo debido: “Un escenario de formación libre de precios en un contexto oligopolístico no permite esperar que existan presiones para una formación eficiente de precios”.

Pero no todo son malas noticias para los procuradores. El texto incluye un importante éxito del colectivo en uno de los temas más delicados que ponía en peligro el futuro de la profesión: se mantiene la incompatibilidad entre abogados y procuradores, algo que el Ministerio de Economía, del que depende esta ley, insistía en suprimir. La cartera del ministro Luis de Guindos cedería en este punto manteniendo la prohibición de que una misma persona lleve la representación y defensa en juicio. Según explica la memoria de impacto, en esta decisión ha influido el informe del Consejo de Estado, que lo desaconsejaba.

Escepticismo

En declaraciones a Expansión, el presidente del Consejo General de Procuradores, Juan Carlos Estévez, se ha mostrado escéptico respecto a la aprobación definitiva de este polémico texto, que no da por bueno. Aun así, sostiene que en él se incluyen mejoras para los procuradores respecto a la versión del pasado julio, como la mencionada sobre la incompatibilidad entre abogados y procuradores, o la irretroactividad de las medidas sobre los aranceles.

La aprobación de esta reforma de la Ley de Servicios está resultando muy polémica. El texto, que depende de Economía, está generando importantes tensiones con otras carteras ministeriales, entre ellas la de Justicia, lo que puede dificultar su aprobación definitiva.

Puede consultarse un análisis más detallado de esta versión del anteproyecto, en el artículo de Manuel Merelles "La nueva versión del Anteproyecto de Ley de Servicios y Colegios Profesionales", que publicamos en Noticias Jurídicas.


Publicado o 24/11/2014 en http://noticias.juridicas.com/

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A EGAP convoca a xornada: "As posibilidades de mediación nas relacións entre os cidadáns e as administracións públicas"

No Diario Oficial de Galicia número 226, do 25 de novembro de 2014, publícase a Resolución da Escola Galega de Administración Pública do 18 de novembro de 2014 pola que se convoca a xornada "As posibilidades de mediación nas relacións entre os cidadáns e as administracións públicas".


Ligazón

Texto

Dentro do plan de actividades da Escola Galega de Administración Pública para o ano 2014 e de acordo coas funcións atribuídas pola Lei 4/1987, do 27 de maio, de creación da Escola, modificada pola Lei 10/1989, do 10 de xullo, convócase a xornada «As posibilidades de mediación nas relacións entre os cidadáns e as administracións públicas», conforme as seguintes bases:

1. Obxectivos.

O principal obxectivo desta xornada é espertar nos asistentes o interese por unha forma diferente de resolución dos conflitos entre os cidadáns e as administracións, alternativa á promoción de recursos administrativos e/ou xurisdicionais.

2. Contidos.

Serán tratados, entre outros, os seguintes temas:

– Marco legal actual e perspectivas de futuro sobre as regulacións da mediación no ámbito contencioso-administrativo.

– Experiencias de mediación nos xulgados do contencioso-administrativo.

– Posibilidades presentes e futuras da mediación contencioso-administrativa.

– Posibilidades da mediación interadministrativa e resultado da posta en marcha do proxecto piloto de mediación xudicial nos xulgados de Canarias.

– A terminación convencional dos expedientes: unha posibilidade inexplorada da LPAC.

– O tribunal multiportas ou outra forma de organizar a oficina xudicial como mecanismo para dispensar unha tutela xudicial eficaz.

– A mediación, outra forma de administrar xustiza.

– A mediación como oportunidade para obter algunha vantaxe por parte de todos os intervenientes no proceso.

– Simulación dun asunto para a mediación interadministrativa.

– Viabilidade da mediación administrativa.

3. Destinatarios.

Persoal ao servizo das administracións públicas, tanto estatal, autonómica como local, así como dos seus entes instrumentais, persoal ao servizo da Administración de xustiza, xuristas, profesionais, docentes, universitarios e interesados en xeral.

4. Desenvolvemento.

Lugar: EGAP, rúa Madrid, 2-4, Santiago de Compostela.

Data: 3 de decembro de 2014.

Horario: mañá e tarde.

Duración: oito horas lectivas.

5. Número de prazas.

Limitado pola capacidade do local.

6. Inscrición.

As persoas interesadas deberán formalizar a súa inscrición a través da área de matrícula da web da EGAP: https://egap.xunta.es/matricula/

O prazo para inscribirse estará aberto desde o día seguinte ao da publicación desta resolución no Diario Oficial de Galicia ata as 11.00 horas do día 2 de decembro de 2014.

Poderá obterse calquera outra información, das 8.30 ás 14.30 horas, nos teléfonos:

981 54 62 41 / 981 54 62 39

7. Modificacións.

A EGAP reserva para si a facultade de interpretar e de resolver as incidencias que poidan xurdir no desenvolvemento desta xornada, así como a facultade de cancelala se o escaso número de solicitudes non xustificase a súa realización.

8. Certificado de asistencia oficial.

Ao final da xornada entregarase un certificado de asistencia a aquelas persoas inscritas que participasen asiduamente e sempre que a súa asistencia fose igual ou superior ao 90 % das horas lectivas programado; para estes efectos, todos os alumnos deberán identificarse nos preceptivos controis de asistencia. Neste documento aparecerán, de forma expresa, o contido, a carga lectiva, a data, o lugar de realización e o selo oficial da institución.

Santiago de Compostela, 18 de novembro de 2014

As columnas galegas camiñan xa cara á Compostela para "encher o Obradoiro" o 29N

As Marchas da Dignidade prepáranse para a gran manifestación que o vindeiro domingo en Compostela volverá reclamar "pan, teito e traballo". Co obxectivo de "encher o Obradoiro", os sindicatos, colectivos, asociacións, partidos e movementos sociais que desde a plataforma galega do 22M apoian esta convocatoria prevén unha "grande afluencia" de cidadáns chegados de todos os puntos de Galicia. Pero algúns non viaxarán a Compostela en tren, coche ou autobús, senón que o farán a pé desde distintas localidades para xuntarse todos en Compostela.

De feito, xa son varias as persoas que camiñan nestes días cara a Compostela. Fano nas denominadas columnas que percorren o país reivindicando outra política e que berran contra os recortes, a troika e as políticas de austeridade que están a afectar milleiros de cidadáns. Malia a chuvia e o mal tempo destes días, o pasado venres foi a Columna do Morrazo a que deu inicio ás andainas levando a cabo a primeira etapa das Marchas para unir Moaña e Cangas. O sábado, as columnas do Sur -a de Valmiñor, Baixo Miño e o Condado- foron as que comezaron a camiñar cara á Compostela.

Antes, polo camiño, foi recibida a Columna do Baixo Miño en Vigo, ao igual que as que procedían de Tui e Tomiño e máis de Ponteareas se xuntaron no Porriño. Todas elas agasalladas con aplausos e foliadas. Foi un descanso para seguir no camiño cara á Redondela, onde os diferentes grupos se xuntaron e puideron gozar dun magosto para repoñer forzas. Desde alí partirán todas as columnas unidas ata Pontevedra, onde se xuntarán coa columna do Morrazo para continuar, xa todos reunidos, cara á capital galega.

Desde o norte, outras dúas columnas camiñarán nestas semana ata confluír no Obradoiro o domingo 29. A de Ferrol partirá este martes 25 ás 12 do mediodía desde a praza Dez de Marzo para ir completando etapas e durmida nos albergues en varios tramos. A primeira das tiradas levará a Columna de Ferrol ata Pontedeume, a segunda ata Betanzos e a terceira deterase no albergue de Bruma -seguindo o Camiño de Santiago-, onde se xuntarán as persoas que se despracen desde A Coruña para continuar todos xuntos cara á Compostela.

A Columna coruñesa, pola súa banda, sairá desde O Burgo o martes 26 ás dez da noite para camiñar ata Abegondo, onde tamén haberá un recibimento. Desde alí, no seguinte día, partirá cara á Bruma, onde se atoparán coa Columna de Ferrol para continuar unidas ata Sigüeiro e facer a última etapa cara á Compostela no mesmo 29N desde as 8.30 da mañá. Será daquela cando entren pola avenida Xoán XXIII para entrar logo no Obradoiro sobre as 11.30. Alí, atoparanse co resto de columnas galegas do sur e probablemente con outra que desde Ourense tamén tiña previsto facer o camiño a pé.

Ademais, desde varios puntos de Galicia as diferentes asembleas que das Marchas da Dignidade hai en diferentes localidades organizan tamén viaxes en autocar para o mesmo 29 de novembro, nunha xornada na que tamén haberá manifestacións noutros puntos do Estado e que será o punto final da denominadas "semana de loita" que deu comezo este luns.

As Marchas da Dignidade protestan ante "o saqueo da sociedade" a mans dunha "cleptocracia bipartidista do réxime do 78" e contra unha débeda "ilexítima e odiosa que os cidadáns non contraeron". Celebrarán manifestacións en case todas as capitais de provincia, coas que prevén xuntar uns cinco millóns de persoas nas rúas o vindeiro domingo. En todas elas repetirase o esquema do 22M, cando columnas chegadas de varias localidades confluíron nun mesmo punto para reivindicar "pan, traballo e teito".

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Publicado o 24/11/2014 en www.praza.com

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Los sueldos públicos inmunes a la transparencia en Galicia

La Xunta vuelve a evitar publicar los salarios de todo su personal asesor pese a que es obligatorio desde 2006.

El PSdeG introduce una enmienda en los presupuestos de 2015 para intentar conseguir los datos.

AGE insta a publicar también los salarios del Consejo de Administración de la CRTVG y advierte de que irá a los tribunales si el Gobierno gallego no se los facilita.

"Transparencia". Cuando, en el año 2006, el Gobierno de la Xunta comenzó a tramitar la Ley de Transparencia, fue objeto de numerosas chanzas desde los bancos del PP. "Ley de la página web de la Xunta" o ley "ridícula" fueron algunos de los calificativos que los conservadores le dedicaron a un texto que consideraban innecesario por no aportar nada nuevo, si bien finalmente acabaron por votar a favor. Más de ocho años después de la puesta en marcha de la norma que abrió la puerta por primera vez a la publicación de sueldos y contratos públicos o que vetó los regalos a los dirigentes gubernamentales, el Gobierno gallego incumple reiteradamente uno de sus artículos más sensibles, el 17, que obliga a la publicación "nominal" de todos los salarios del personal eventual y de gabinete, los conocidos popularmente como "asesores".

Ante estos incumplimientos, el PSdeG introdujo en los Presupuestos de 2013 y 2014 sendas enmiendas para forzar al Ejecutivo a ofrecer esta información. Las enmiendas fueron aprobadas pero, cuando ya se está tramitando el proyecto presupuestario de 2015, los datos siguen sin ser públicos. Así, en los Presupuestos Generales para el próximo ejercicio el Gobierno gallego destina un montante global de 5,8 millones de euros para pagar los salarios del personal eventual de gabinete –un 2,2% más que en 2014– ,pero no detalla de cuántas personas se trata. De este modo, en los anexos de personal de los proyectos de cuentas públicas es posible conocer, por ejemplo, el número de funcionarios y funcionarias que trabajan al servicio de cada consellería pero los recuadros destinados a explicitar el número de asesores están, simplemente, en blanco.

Los Presupuestos no informan de cuánto personal asesor sufraga el erario autonómico en los diferentes departamentos gubernamentales y tampoco lo hacen las propias consellerías a través de sus respectivos sitios web, como manda la ley de transparencia. Así, por ejemplo, la Presidencia de la Xunta informa en internet de los nombres y remuneraciones concretas de seis asesores y asesoras cuyos salarios suman algo más de 200.000 euros al año. No obstante, solo la Secretaría General de la Presidencia tiene presupuestados para 2015 más de 800.000 euros para pagar los sueldos de un número desconocido de asesores. De idéntica manera, la Vicepresidencia publica en su web los sueldos de personal asesor por importe de algo más de 80.000 euros, pero –contando solo las partidas de su Secretaría General Técnica para este fin– de un total que supera los 350.000 euros.

En este contexto, y menos de dos meses después de que el PP se negara abiertamente en el Parlamento a revelar estos datos porque, según su diputada Paula Prado, la Xunta ya está "cumpliendo la ley de transparencia", los socialistas presentan de nuevo una enmienda a este respecto para las cuentas públicas del año que viene. Se trata, señala su portavoz en materia económica, Juan Carlos González Santín, de que la Xunta publique la "identificación, funciones y remuneraciones" de cada uno de los asesores y asesoras para que la ciudadanía pueda tener esta información "de forma directa".

Los desconocidos sueldos del consejo de la CRTVG

Durante la tramitación de los nuevos Presupuestos salió de nuevo a la palestra otro agujero negro en lo que a la transparencia de los sueldos públicos se refiere: el consejo de administración de la CRTVG, el órgano de 12 miembros concebido para velar por el buen funcionamiento de los medios públicos y que, sobre el papel, está formado por personas de "acreditado prestigio profesional" en el mundo de la comunicación, si bien suelen acabar en él personas elegidas con un criterio únicamente partidario, caso por ejemplo del dirigente del PP de Lugo, José Luis Iravedra, entre otros. Como en el caso de los asesores de las consellerías, la información contenida en los presupuestos del ente público, incluidos en las cuentas de la Xunta, hace imposible saber las remuneraciones concretas de cada uno de estos directivos. El último dato del que dispone el Comité Interempresas data del año 2012, cuando se destinaron a estas remuneraciones un total de 941.610 euros, según ha podido saber este diario.

La reclamación por esta falta de información ha llegado también al Parlamento, en este caso a través de AGE, que por medio de su viceportavoz, Yolanda Díaz, y del diputado Ramón Vázquez, exige que "la Xunta deje de ocultar los datos" que ese grupo viene solicitando reiteradaAnexo de personal de Presidencia y Vicepresidencia, con los cuadros de asesores en blancomente. Dado que no existe información pública concreta, Alternativa señala que, según sus propios cálculos, "se están escondiendo de manera consciente cantidades obscenas" que el Gobierno oculta mientras "hace declaraciones grandilocuentes en defensa de la transparencia". Si estos datos no son públicos "antes del final de la tramitación de los prLigazón permanenteesupuestos", advierten, la coalición se verá "obligada" a "acudir a los tribunales para conseguir dicha información".


Publicado o 24/11/2014 en www.eldiario.es

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